OPINIÓN
Cumplir con el Acuerdo de París: Políticas ambientales post COVID-19
Comuna México, por Benjamín Mora //
Como nunca antes, el Covid-19 despertó los mayores temores de contagio y muerte por enfermedad en la inmensa mayoría de las mujeres y hombres en el mundo, en especial entre quienes ya somos mayores. El Covid-19 también dio cuenta de una naturaleza que, en breves días, sin la presencia de mujeres y hombres, sanaba sus heridas y cómo diversas especies animales retomaban los espacios que les habíamos arrebatado.
El mensaje parecía claro: Somos hijas e hijos malagradecidos dispuestos a exterminar a la Madre Tierra por capricho, soberbia y sed monetarista, aunque en ello viniese nuestra propia extinción y muerte.
En medio de la pandemia, nos vimos obligados a confinarnos y, al hacerlo, la economía mundial se contrajo en lo equivalente a muchos años de ganancias: millones de mujeres y hombres perdieron sus empleos y formas de sustento, y cientos de miles de empresas quebraron.
Las alarmas se encendieron y los más grandes laboratorios farmacéuticos, las universidades más prestigiadas del mundo y muchos gobiernos nacionales unieron sus mayores esfuerzos y recursos para encontrar la vacuna que contra el Covid-19, buscando que todo regresase a la normalidad lo más rápido posible: sin embargo, pareciese que perdimos el impulso inicial de la toma consciencia ambiental que hoy se diluye.
En México, gobiernos y empresarios han callado sus discursos ambientalistas para centrarse en una reapertura económica con sana distancia y cubrebocas que callen demandas verdes; lo mismo han desaparecido los colectivos de resistencia en el tema.
Nadie se pronuncia por una nueva consciencia ambiental, por una nueva política ambiental, por leyes cumplidas y actualizadas, por hacer realidad nuestros compromisos mundiales contenidos en tratados verdes… y al callar, otorgamos; a lo más que se llega es a criticar al Presidente López Obrador por su insensibilidad ambiental en Baja California, allá por la rumorosa, en Tabasco con su refinería, en las selvas del sureste con su tren maya y en el gran cementerio paleontológico de Santa Lucía en el Valle de México, entre otras acciones caprichosas.
Mientras México parece detenido, mientras, más allá de nuestras fronteras, suceden cosas maravillosas. Aquí dos ejemplos:
Boston Consulting Group (BCG) -gigante mundial de la consultoría- ha comprometido 400 millones de dólares en un plan de cero emisiones netas hacia 2030, tomando medidas significativas para reducir su huella de carbono y compensar cualquier impacto climático restante. BCG ha decidido ayudar a que gobiernos, industrias, ONG y coaliciones asuman una nueva cultura de impacto climático y ambiental para avanzar hacia la contaminación neta cero. BCG reducirá sus emisiones directas y relacionadas con la energía, conocidas como Alcance 1 y 2, para 2025 en comparación con una línea de base de 2018; asimismo, reducirá el impacto climático de sus viajes de negocios, que representa más del 80% de su huella de carbono total, en al menos un 30% por tiempo completo para 2025.
Hoy día, el 100 por ciento de la energía que BCG utiliza es renovable dentro de un programa de inversión continua en mejoras de eficiencia energética; además, las emisiones que hoy no se pueden erradicar se abordarán a través de un programa ampliado de compensación de carbono diseñado para generar un impacto climático neto cero para 2030. Adicionalmente, BCG ha asumido que todas sus soluciones de ingeniería estén basadas en la naturaleza.
BCG invertirá 35 dólares por cada tonelada de contaminante hacia 2025 para llegar a 80 dólares por tonelada en 2030. Hoy, la compensación voluntaria de carbono promedio mundial es de entre 3 a 6 dólares por tonelada.
Por otra parte, Microsoft se ha unido al Grupo de Líderes Corporativos Europeos (CLG Europe) en un compromiso de largo aliento: lograr emisiones de carbono “negativas netas” para 2030 y eliminar, para 2050, todo el carbono que la empresa ha emitido desde su creación en 1975, es decir, revertir todos sus impactos ambientales a lo largo de su historia a partir de algo que se conoce como neutralidad climática gracias a una política pública progresista.
Debo destacar que la Unión Europea tiene el compromiso de “convertirse en el primer continente del mundo con un clima neutro”, a pesar de la oposición de algunos estados miembros y grupos de la industria. Microsoft ha comprometido 1,000 millones de dólares para apoyar la creación de tecnologías de reducción y eliminación de carbono a través del Fondo de Inversión en el Carbono.
Estas realidades contrastan con las estrategias contra las energías limpias de Andrés Manuel López Obrador dispuesto a bloquear proyectos en proceso y ya existentes de energía eólica y solar y poner trabas para la puesta en marcha de nuevos proyectos ambientales, como lo hiciera en Baja California en una de sus giras. La política climática europea, por otra parte, busca que las políticas verdes estén al frente y en el centro de su paquete de recuperación post-COVID-19.
En ese contrasentido, el Estado mexicano no puede ser omiso en lo que se ha comprometido globalmente y debe asumir una política ambiental de cero emisiones netas hacia 2030; para lograrlo debe adoptar una estrategia muy exigente. Aquí mi sugerencia.
Que en 2021 se logren acuerdos para que, en 2030, alcancemos emisiones de carbono “negativas netas”, entre el Estado mexicano, las cámaras industriales y de comercio, los sindicatos, los centros de investigación y universidades y la sociedad civil organizada, de manera que, en diciembre de 2021, gobiernos, industriales y comerciantes entreguen un diagnóstico pormenorizado de sus impactos ambientales, así como un plan de mejora continua hasta llegar a 2030 con emisiones de carbono “negativas netas”, así como de las inversiones que deberá realizar.
Éstas podrían ser deducibles de impuestos en alguna medida. Quienes no se adhieran y cumplan, deberán pagar un impuesto adicional en la venta de sus bienes y servicios que los vuelva nada competitivos y los saquen del mercado en un plazo de 4 años. Adicionalmente, todo bien que se comercie en México deberá contener en su etiqueta la huella de carbono que alcanzó en su producción y transporte, destacando las mejoras alcanzadas en el año inmediato anterior para la toma de conciencia y decisión de compra del consumidor.
No hay otro camino para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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