De lo justo

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En nombre de la justicia se cometen atropellos al derecho y frecuentemente lleva a los gobiernos radicales al autoritarismo y al gobernante a la tiranía. Acontecimientos recientes obligaron a miembros del actual régimen a definir su filosofía para el ejercicio del poder y rescato textualmente lo dicho por el coordinador parlamentario del partido en el gobierno, en los debates camerales para aprobar una ley en la que se incluyó, tramposa y perversamente un transitorio que viola disposiciones constitucionales:

“El conservadurismo opta por el derecho, el liberador y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario y no nos pida a sus compañeros, con todo respeto, que optemos por el derecho, porque estaríamos sumándonos a ese derecho que no garantiza lo justo, que no garantiza la felicidad, que no garantiza el desmantelamiento de un régimen corrupto en algo que es más sensible para toda la población, que es la administración de justicia”.

Así lo dijo el diputado Ignacio Mier, en una ensalada de conceptos mezclados, para hacer aparecer como reivindicador de la justicia a un acto evidentemente ilegal. Se asume como parte de un movimiento liberador que opta por la justicia, pero a la vez descalifica a la única fuente de la justicia que es el derecho.

Aristóteles, ese filosofo que cobra actualidad ante la insensatez contemporánea, decía: “Lo justo en efecto, existe solo entre hombres cuyas relaciones mutuas están gobernadas por la ley; y la ley existe para hombres entre quienes hay injusticia, puesto que la sentencia judicial es el discernimiento de lo justo y de lo injusto.” (Aristóteles, Ética Nicomaquea)

Este movimiento liberador que menciona el legislador Mier, se arroga entonces el derecho de determinar lo que es justo, pero resulta que lo que puede parecer justo para ellos, no lo es para otros y ahí es donde interviene la ley, porque no puede estar sujeto a capricho o convicciones personales tal determinación. Las normas legales son justas porque establecen situaciones generales para dirimir casos particulares, y hacerlas mutables, a conveniencia de una de las partes es en sí misma una injusticia.

Denota una grave confusión la definición política del diputado Mier, y de enorme gravedad, que ésta convicción justiciera derive de la orientación que surge del palacio nacional, pues esto confirmaría que la verdadera intención del régimen en el gobierno es establecer un gobierno autoritario que deposita en un solo hombre la facultad de declarar lo que es justo según su saber y entender, despreciando las leyes existentes.

La confusión los lleva a no distinguir entre una acción injusta y lo injusto. Se puede reconocer que una resolución judicial, como acto de justicia, pueda parecer injusta para una de las partes, pero eso no la hace injusta para el resto. Es remoto que un litigante que pierde un caso pueda reconocer como justo un fallo que le es adverso, pero resulta sumamente ilegal y contrario al pacto social que en el reclamo se llegue a extremos descalificatorios de las autoridades que dan certidumbre al desenvolvimiento social.

Es común que quien considera injusto el fallo desfavorable acuse de corrupción al juzgador y se entiende tal actitud en un ciudadano, porque obedece a un caso particular, pero no se entiende en una autoridad, la máxima en este país y en la fracción dominante en el Congreso nacional, que debiera ser el soporte de las instituciones que le dan coherencia al gobierno, que lo constituyen como tal.

En su intervención en la Cámara el diputado Mier afirma que el derecho no garantiza lo justo, la felicidad, el desmantelamiento de un régimen corrupto, centrando en eso la defensa de la evidente violación a la ley que se estaba aprobando. Tremenda contradicción que introduzcan una norma para que tenga soporte legal una decisión arbitraria.

Eso no es anteponer la justicia al derecho, es acomodar el derecho a los designios de una persona, para que a su vez, otra persona ejecute actos de justicia asignándole capacidades y atribuciones más allá del tiempo que la ley existente le otorga para tal facultad. Es una ilegaldad y un insulto para el conjunto de jueces y magistrados que integran nuestro sistema de impartición de justicia.

No se puede soslayar que detrás de este escándalo legislativo y de la introducción de ese transitorio envenenado, está el resentimiento por la emisión de resoluciones que no favorecen a los intereses “transformadores”, y que estas resoluciones han motivado ataques y señalamientos a los jueces que las emitieron, asumiendo la autoridad el papel de litigante resentido, convirtiéndose a la vez en el árbitro determinador de lo justo, pero creer que la capacidad de los jueces podrá ser mediatizada y movida a conveniencia por la prolongación del mandato del presidente de la Corte Suprema, es asumir y publicitar en cínica actitud, que el poder judicial estará durante los próximos años al servicio del poder ejecutivo.

Yo confío, quiero confiar, en la autonomía e independencia de los jueces y ministros para evitar la captura del poder judicial y para hacer prevalecer la ley por encima de los intereses políticos del régimen. Confío en su capacidad para seguir deslindando lo justo de lo injusto, para conservar la dignidad de un poder que puede acreditar con solvencia, la honestidad del cuerpo en su conjunto y depurar con justicia a quienes no son dignos de impartirla por corrupción o conflicto de intereses.