OPINIÓN
Debate entre antivacunas y provacunas: Nuevas medidas anti COVID-19, Jalisco responde
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de los temas más controvertidos en el mundo desde que inicio la pandemia ha sido el referente a las medidas sanitarias que han establecido los gobiernos del mundo para hacer frente a esta enfermedad que definitivamente nos tiene desgastados a todos psicológicamente.
El debate alrededor de las medidas ha sido recurrente y se ha ido adaptando a cada etapa de la pandemia.
Si bien recuerdan, al principio de este capítulo de emergencia sanitaria, ciudadanos de casi todos los países del mundo, especialmente en Estados Unidos, salían a marchar para manifestarse en contra del uso obligatorio de cubrebocas, algunos aseguraban que era una medida opresora y discriminatoria, esto último, refiriéndose a los establecimientos que prohibían el ingreso a quienes no portaban su cubrebocas.
Posteriormente el debate cambió y se adaptó a las nuevas medidas: a favor o en contra de la reactivación económica. En esta etapa se confrontaron aquellas personas que aseguraban que la economía del mundo debía cambiar y debía adaptarse a la vida en pandemia y otros, aseguraban que el cierre económico ya no era una opción porque los estragos generados por esta medida podrían ser irreversibles y además señalaban que debíamos iniciar un sano proceso de adaptación a la nueva normalidad.
Además, esta etapa de debate enfrentó la postura de aquellas personas que aseguraban que con un disciplinado encierro de 40 días era suficiente para acabar con el virus y de aquellas que aseguraban que los contagios jamás se iban a terminar y que por ende, el mundo no podía seguir paralizado.
Ya centrados un poco más en la actualidad, el debate volvió a mutar junto con el virus, y con Omicrón causando estragos en la salud de las personas, hoy la controversia se centra en la decisión de muchos gobiernos del mundo (incluyendo el de Jalisco) de volver la vacuna un requisito indispensable tanto para asistir a eventos deportivos y culturales, como para poder asistir al trabajo de manera presencial o bien, para poder ingresar a un país.
Siguiendo la línea que se ha trazado desde que salió el primer contagio en occidente, esta medida también ha confrontado al mundo en una pelea estelarizada por «los antivacunas y los provacunas» y al mismo tiempo, esta decisión ha llevado a las personas a cuestionar muchos conceptos relacionados con garantías individuales y con principios tan básicos como la igualdad ante la ley.
De hecho, este debate se ha intensificado sobre todo en redes sociales debido al caso en el que se vio involucrado el famoso tenista serbio Novak Djokovic a quien le fue revocada su visa ya que no contaba con un esquema de vacunación que se volvió un requisito para poder ingresar a Australia, lugar donde se celebraría uno de los torneos de tenis más importantes del mundo,
Definitivamente este es un caso que se presta para un análisis bastante interesante, no debemos olvidar que si bien es cierto que Djokovic está en todo su derecho a decidir no vacunarse, también Australia, como un país constitucionalmente soberano, tiene el derecho de establecer los requisitos que los extranjeros deben de cumplir para poder ingresar al país, pero no solo eso, también, su gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar la salud de todos los ciudadanos.
En ese contexto, y no muy alejados de las medidas tomadas por algunos países, las autoridades de nuestro estado presentaron hace unos días un nuevo paquete de medidas preventivas que se comenzarán a aplicar a partir del 14 de enero, mismas que indican que para poder ingresar a casinos, bares, antros, estadios, conciertos, o cualquier otro evento masivo los asistentes deberán presentar certificado de vacunación o bien, una prueba negativa tipo PCR impresa o digital.
Pero como es costumbre, estas medidas han generado mucha polémica ya que algunas personas aseguran que pedir certificados de vacunación para poder ingresas a eventos masivos es una medida discriminatoria que atenta contra la libertad de decidir vacunarse o no, mientras que otros aseguran que es una medida inútil ya que estar vacunado no es prueba de no estar contagiado.
Sin embargo, hablar de discriminación debido a este requisito carece de sentido, ya que las nuevas medidas, tal y como lo señalé anteriormente, dan la opción de presentar una prueba PCR a quienes no cuentan con un certificado de vacunación, pero esta medida también ha sido polémica debido al alto precio de las pruebas PCR.
Ciertamente las medidas son polémicas, pero realmente, toda medida impulsada por un gobierno en tiempo de crisis es polémica, es algo que no puede evitarse de ninguna manera, por ello, lo que debemos entender como ciudadanos y/o gobernados, es que no podemos cambiar el hecho de que estamos frente a un grave problema de salud que va más allá del dilema que exponen los anti vacunas.
Independientemente del debate sobre si la vacuna es o no efectiva, nuestras autoridades están obligadas a tomar las medidas que consideren pertinentes para evitar primero que nada, una saturación de los servicios hospitalarios que representa un problema en cadena, ya que en la medida en la que los hospitales se llenen de pacientes con COVID-19, el rezago en la atención de otras patologías aumentará exponencialmente y se dejará a un importante sector de la población desprotegida, en este tenor, nuestras autoridades están obligadas a buscar caminos que permitan garantizar un derecho fundamental como lo es el de acceso a la salud.
Por otro lado, es necesario entender que nuestras autoridades también están obligadas a tomar medidas para evitar la muerte de más ciudadanos y por ende, salvaguardar la integridad y la vida de la ciudadanía, y hoy por hoy, la única manera de hacerlo es estableciendo un sistema de monitoreo público que permita a nuestras autoridades, brindar la certeza de que aquellas personas que gozan de la necesaria reactivación económica no están propagando el virus, o bien, que aquellas personas que circulan por las calles, cuentan con una vacuna que disminuirá las probabilidades de enfermar gravemente.
De igual manera, volver obligatorio presentar pruebas PCR evidentemente aumenta el número de pruebas realizadas que al mismo tiempo aumenta la capacidad de detección, lo cual brinda a nuestras autoridades un mayor margen de maniobra de aislar pacientes o bien, de canalizarlos a los hospitales en el momento oportuno para evitar complicaciones.
Las medidas sanitarias han hecho que muchas personas cuestionen derechos fundamentales que son el pilar de la narrativa humanitaria y de dignidad de occidente, pero ciertamente, ese debate en medio de un crisis de salud pública carece de sentido, ya que debemos recordar que las decisiones sobre la tutela de derechos fundamentales deben estar debidamente justificadas mediante un ejercicio de ponderación de derechos, y en este caso, las medidas está más que justificadas.
Hoy la prioridad es garantizar la salud pública, no satisfacer caprichos individuales fundados en creencias meramente subjetivas, que aunque son respetables, no están por encima de la salud pública.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.
Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?
El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.
Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.
Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.
En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?
El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.
En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.
Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.
Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.
La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.
Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.
En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.
Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.
Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.
Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.
La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.
Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.
Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.
La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.
Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un millar de delegados, el 92% de la lista, acudieron puntuales a la llamada del partido naranja en su quinta convención estatal. La cifra es presentada como muestra de unidad, pero también exhibe el peso de la disciplina: en Movimiento Ciudadano nadie quiere desentonar cuando la batuta la llevan el gobernador Pablo Lemus y el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.
La aclamación fue unánime, sin votos en contra, sin voces disonantes. En la política, los unanimismos suelen esconder más temores que entusiasmos.
¿Es lo mismo que está pasando en la Universidad de Guadalajara con las “elecciones” de sus sindicatos: el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG)?
La protagonista, Mirza Flores, recibió la ratificación como coordinadora estatal hasta 2028. Ella misma lo dijo: “La silla del poder es prestada”. Una frase que suena a advertencia, pero que también funciona como vacuna retórica frente a los males que hundieron al PRI y al PAN: la soberbia y el alejamiento de la gente. Flores lo sabe y lo repite como mantra, consciente de que su papel no es el de caudillo, sino el de guardiana de la cercanía. Sin embargo, no deja de ser paradójico: en un partido que se ufana de ser movimiento ciudadano, las decisiones se siguen tomando de arriba hacia abajo, con respaldo calculado y bendiciones previas.
Curioso… Lo mismo pasó en la UdeG, donde los nombres de los lideres sindícales ganadores ya se conocían, ¡Solo faltaban las elecciones!
El plan que presentó Mirza Flores tiene ambición de hegemonía: conquistar todas las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuperar territorios perdidos como Puerto Vallarta y Tepatitlán, y mantener a Jalisco como la cantera de votos más fértil para el partido. Nada menos que replicar el éxito de 2021, cuando MC logró mayoría en el Congreso local, pero ahora bajo la sombra de Pablo Lemus, un político con estilo empresarial que intenta suceder al caudillismo alfarista. Caudillo que, por cierto, dobló a la universidad en cuyas instalaciones se realizó la convención estatal que ungió a Mirza Flores.
En este juego de equilibrios, Flores se ubica como la bisagra: entre el legado de Enrique Alfaro —al que define como respeto e inspiración— y la proyección de Lemus como jefe político del estado. El discurso es claro: unidad interna, cero fracturas, disciplina férrea.
La pregunta incómoda es si este modelo podrá resistir el desgaste natural del poder y el embate de Morena en 2027, que ya acecha con candidatos competitivos en la metrópoli. Entre los cuales, por cierto, no estará Ricardo Villanueva como candidato, ni repetirá Jesús Becerra -líder del SUTUdeG- quien actualmente está desaparecido como regidor en Guadalajara.
Los discursos en la convención abundaron en promesas de cercanía y servicio. Se recordaron programas sociales: medicamentos oncológicos gratuitos para niños, útiles y calzado escolar, infraestructura educativa. Nada mal como vitrina de logros.
Pero mientras tanto, la memoria de Cecilia Ruvalcaba, regidora asesinada en Teocaltiche, flotaba como recordatorio de la fragilidad del proyecto naranja en territorios violentos. La mención de Máynez no fue casual: fue un acto de contrición forzada para reconocer que no todo es marketing ni aplausos en la Casa Ciudadana.
Respecto a la promesa que hizo Pablo Lemus de pacificar Teocaltiche en 45 días… No se pronunció ninguna autocrítica.
Mirza Flores, abogada formada en género y ciudadanía, se presenta como rostro fresco y feminista en un partido dominado por varones con oficio de caudillos. Su apuesta es a la inclusión y a la disciplina, al trabajo territorial y al contacto con la gente. En la entrevista previa a la convención lo resumió con precisión: “Mi tarea es sumar y multiplicar”. Pero el riesgo, otra vez, es el de la aritmética política: sumar cuadros puede implicar también sumar vicios, y multiplicar estructuras puede derivar en multiplicar cuotas.
Recordé a Natalia Juárez, nueva secretaria del STAUdeG, que en redes al saberse ganadora dijo: “Estamos convencidas y convencidos de que la suma de esfuerzos es la mejor manera de responder a los retos que enfrentamos y de construir un sindicato que represente con dignidad y unidad a todas y todos los académicos de la UdeG”, esperemos que no pase lo mismo que con el PRD Jalisco, donde, también hablaba de unidad… y terminó enterrando al partido.
La convención de emecistas cerró con unidad exhibida, metas ambiciosas y discursos de confianza. Pero bajo la superficie laten los dilemas de siempre: ¿podrá MC conservar su ADN de cercanía o caerá en la burocracia que promete evitar? ¿Se convertirá Jalisco en bastión rumbo a la presidencia de 2030 o en laboratorio de tensiones internas?
El partido naranja se ufana de ser diferente, pero la política mexicana —esa que Mirza dice haber aprendido desde que tocaba puertas en 2012— enseña una lección vieja: los partidos que olvidan de dónde vienen terminan repitiendo la historia de los que prometieron nunca ser iguales.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Erick Brandon Palacios Sánchez
Queridos amigos y lectores de Conciencia Pública, es un honor para mí volver a escribir en las páginas de este prestigioso semanario.
En los últimos meses, he tenido la satisfacción de alcanzar algunos logros importantes. El pasado 8 de agosto, recibí mi título profesional como Licenciado en Periodismo Digital por la UdeG. Y el sábado 30 de agosto de 2025, tuve el honor de ser invitado a la asamblea de elecciones del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C., donde fui propuesto como Vicepresidente de esta honorable organización gremial.
Este nombramiento simboliza un enorme compromiso para mí, ya que tengo la firme convicción de hacer que el periodismo jalisciense sea un espacio que abra las puertas al periodismo de inclusión, dando voz a las personas con discapacidad, adultos mayores y todos los sectores que necesiten una voz, un reflector o una pluma para describir sus necesidades.
Deseo expresar mi gratitud al Maestro Xavier Zaragoza Núñez, presidente honorario vitalicio y fundador del Círculo, por su voto de confianza para asumir esta gran misión.
La nueva mesa directiva
– Presidente: Sergio Octavio García Aceves
– Secretaría General: Victoria Falcón Águila
– Vicepresidente: Erick Brandon Palacios Sánchez
– Secretario de Actas y Acuerdos: Horacio García González
– Secretario de Organización: Arturo Robles Grey
Reconozco la gestión del presidente saliente, C. Pablo Arturo Morales Euzarraga.
Fundación y misión del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C.
Esta organización gremial nació en 2009, inspirada en personajes jaliscienses del periodismo independiente como David Hernández Hurdanidia y Salvador Quesada Ramírez. Sus fundadores fueron el Maestro Xavier Zaragoza Núñez y Miguel Ángel Torres Delgado. Entre sus principales tareas está darle voz a la llamada prensa chica y agrupar a escritores y periodistas interesados en el fenómeno informativo y en el acontecer social.
PRINCIPALES OBJETIVOS
– Agrupar a periodistas y escritores para promover valores como la ética, el respeto y la capacitación continua del gremio.
– Promover actividades culturales de alto impacto, como la entrega de la medalla David Hernández Hurdanidia.
MI PLAN DE TRABAJO
Como vicepresidente del círculo, mi plan es promover cursos de capacitación presencial para que los jóvenes desarrollen el amor por las letras y la pluma. También busco involucrar a las juventudes en las actividades de nuestra organización y consolidar de manera profesional el oficio del periodismo en las nuevas generaciones.
Gracias por su amable atención, queridos lectores del Semanario Conciencia Pública.
Edición 806: Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Charros vs. Diablos: Viviremos la Serie del Rey soñada
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
