OPINIÓN
Debate entre antivacunas y provacunas: Nuevas medidas anti COVID-19, Jalisco responde
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de los temas más controvertidos en el mundo desde que inicio la pandemia ha sido el referente a las medidas sanitarias que han establecido los gobiernos del mundo para hacer frente a esta enfermedad que definitivamente nos tiene desgastados a todos psicológicamente.
El debate alrededor de las medidas ha sido recurrente y se ha ido adaptando a cada etapa de la pandemia.
Si bien recuerdan, al principio de este capítulo de emergencia sanitaria, ciudadanos de casi todos los países del mundo, especialmente en Estados Unidos, salían a marchar para manifestarse en contra del uso obligatorio de cubrebocas, algunos aseguraban que era una medida opresora y discriminatoria, esto último, refiriéndose a los establecimientos que prohibían el ingreso a quienes no portaban su cubrebocas.
Posteriormente el debate cambió y se adaptó a las nuevas medidas: a favor o en contra de la reactivación económica. En esta etapa se confrontaron aquellas personas que aseguraban que la economía del mundo debía cambiar y debía adaptarse a la vida en pandemia y otros, aseguraban que el cierre económico ya no era una opción porque los estragos generados por esta medida podrían ser irreversibles y además señalaban que debíamos iniciar un sano proceso de adaptación a la nueva normalidad.
Además, esta etapa de debate enfrentó la postura de aquellas personas que aseguraban que con un disciplinado encierro de 40 días era suficiente para acabar con el virus y de aquellas que aseguraban que los contagios jamás se iban a terminar y que por ende, el mundo no podía seguir paralizado.
Ya centrados un poco más en la actualidad, el debate volvió a mutar junto con el virus, y con Omicrón causando estragos en la salud de las personas, hoy la controversia se centra en la decisión de muchos gobiernos del mundo (incluyendo el de Jalisco) de volver la vacuna un requisito indispensable tanto para asistir a eventos deportivos y culturales, como para poder asistir al trabajo de manera presencial o bien, para poder ingresar a un país.
Siguiendo la línea que se ha trazado desde que salió el primer contagio en occidente, esta medida también ha confrontado al mundo en una pelea estelarizada por «los antivacunas y los provacunas» y al mismo tiempo, esta decisión ha llevado a las personas a cuestionar muchos conceptos relacionados con garantías individuales y con principios tan básicos como la igualdad ante la ley.
De hecho, este debate se ha intensificado sobre todo en redes sociales debido al caso en el que se vio involucrado el famoso tenista serbio Novak Djokovic a quien le fue revocada su visa ya que no contaba con un esquema de vacunación que se volvió un requisito para poder ingresar a Australia, lugar donde se celebraría uno de los torneos de tenis más importantes del mundo,
Definitivamente este es un caso que se presta para un análisis bastante interesante, no debemos olvidar que si bien es cierto que Djokovic está en todo su derecho a decidir no vacunarse, también Australia, como un país constitucionalmente soberano, tiene el derecho de establecer los requisitos que los extranjeros deben de cumplir para poder ingresar al país, pero no solo eso, también, su gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar la salud de todos los ciudadanos.
En ese contexto, y no muy alejados de las medidas tomadas por algunos países, las autoridades de nuestro estado presentaron hace unos días un nuevo paquete de medidas preventivas que se comenzarán a aplicar a partir del 14 de enero, mismas que indican que para poder ingresar a casinos, bares, antros, estadios, conciertos, o cualquier otro evento masivo los asistentes deberán presentar certificado de vacunación o bien, una prueba negativa tipo PCR impresa o digital.
Pero como es costumbre, estas medidas han generado mucha polémica ya que algunas personas aseguran que pedir certificados de vacunación para poder ingresas a eventos masivos es una medida discriminatoria que atenta contra la libertad de decidir vacunarse o no, mientras que otros aseguran que es una medida inútil ya que estar vacunado no es prueba de no estar contagiado.
Sin embargo, hablar de discriminación debido a este requisito carece de sentido, ya que las nuevas medidas, tal y como lo señalé anteriormente, dan la opción de presentar una prueba PCR a quienes no cuentan con un certificado de vacunación, pero esta medida también ha sido polémica debido al alto precio de las pruebas PCR.
Ciertamente las medidas son polémicas, pero realmente, toda medida impulsada por un gobierno en tiempo de crisis es polémica, es algo que no puede evitarse de ninguna manera, por ello, lo que debemos entender como ciudadanos y/o gobernados, es que no podemos cambiar el hecho de que estamos frente a un grave problema de salud que va más allá del dilema que exponen los anti vacunas.
Independientemente del debate sobre si la vacuna es o no efectiva, nuestras autoridades están obligadas a tomar las medidas que consideren pertinentes para evitar primero que nada, una saturación de los servicios hospitalarios que representa un problema en cadena, ya que en la medida en la que los hospitales se llenen de pacientes con COVID-19, el rezago en la atención de otras patologías aumentará exponencialmente y se dejará a un importante sector de la población desprotegida, en este tenor, nuestras autoridades están obligadas a buscar caminos que permitan garantizar un derecho fundamental como lo es el de acceso a la salud.
Por otro lado, es necesario entender que nuestras autoridades también están obligadas a tomar medidas para evitar la muerte de más ciudadanos y por ende, salvaguardar la integridad y la vida de la ciudadanía, y hoy por hoy, la única manera de hacerlo es estableciendo un sistema de monitoreo público que permita a nuestras autoridades, brindar la certeza de que aquellas personas que gozan de la necesaria reactivación económica no están propagando el virus, o bien, que aquellas personas que circulan por las calles, cuentan con una vacuna que disminuirá las probabilidades de enfermar gravemente.
De igual manera, volver obligatorio presentar pruebas PCR evidentemente aumenta el número de pruebas realizadas que al mismo tiempo aumenta la capacidad de detección, lo cual brinda a nuestras autoridades un mayor margen de maniobra de aislar pacientes o bien, de canalizarlos a los hospitales en el momento oportuno para evitar complicaciones.
Las medidas sanitarias han hecho que muchas personas cuestionen derechos fundamentales que son el pilar de la narrativa humanitaria y de dignidad de occidente, pero ciertamente, ese debate en medio de un crisis de salud pública carece de sentido, ya que debemos recordar que las decisiones sobre la tutela de derechos fundamentales deben estar debidamente justificadas mediante un ejercicio de ponderación de derechos, y en este caso, las medidas está más que justificadas.
Hoy la prioridad es garantizar la salud pública, no satisfacer caprichos individuales fundados en creencias meramente subjetivas, que aunque son respetables, no están por encima de la salud pública.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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