OPINIÓN
Delitos de lesa humanidad: Delirios y ofuscaciones de un presidente
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Al leer la página de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, encontré que comete crímenes de lesa humanidad quien lleva a cabo actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas; entonces, me pregunto, qué motivó a la creación del coronavirus causante del Covid-19 y, por tanto, también me pregunto, si quienes crearon el coronavirus, supuestamente chinos, son también culpables de los millones de enfermos y cientos de miles de muertes y por tanto, sujetos de juicio por crímenes de lesa humanidad, y si, el gobierno chino tendría alguna responsabilidad pues, es bien sabido que, en aquella nación nada sucede sin la aprobación o complacencia gubernamental.
El primer pecado, según el Génesis, fue querer ser como dioses. En China, quienes crearon el coronavirus jugaron a ser dioses y se volvieron demonios, y son culpables, por tanto, de los miles de enfermos y muertes y las crisis emocionales y económicas que sufrimos millones de mujeres y hombres en el mundo. ¿Quién presentará la primera demanda penal y económica en contra de quien resulte responsable en China?
En México, a diario mueren cientos de hombres y mujeres por Covid-19 por una política gubernamental errática de salud; enfermos y muertos por graves irresponsabilidades de un presidente que se niega a detener su refinería y tren, y destinar sus recursos en la aplicación de pruebas rápidas a población general que detecten a tiempo a personas infectadas de Covid-19, y eviten su muerte cruel, evitando mayores contagios. Así las cosas, me pregunto, si en el escenario antes explicado pudiera considerarse como inhumana la actitud presidencial hacia los miles de enfermos y muertos y, por tanto, posible causa de a un crimen de lesa humanidad.
En Jalisco, sufrimos de un gobernador incapaz de entender que la Salud Pública es asunto de Estado y gobierno al que no puede renunciar y dejar en manos de cada ciudadano, sin caer en causal de acción penal. ¿Cuál será su siguiente renuncia, a la responsabilidad de dar seguridad ciudadana, de la que es incapaz, o al cargo que parece empequeñecerlo?
En este escenario de asombro y terror, los mexicanos llegaremos a la mitad de 2020.
No hay duda, los resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son malos y el pronóstico es que empeorarán a niveles de hundimiento de nuestra economía y confrontación social profunda y casi insalvable; digámoslo claro: radicalizada; Andrés Manuel es un hombre incapaz y terco. Ante ello, la incertidumbre electoral en 2021, consustancial en toda democracia, le hace vivir situaciones estresantes y emotivas de incomodidad que lo ha llevado a inventarse un Bloque Opositor Amplio y anunciarlo en sus delirantes mañaneras. Sabe, pero no lo comprende, que, si pierde en 2021, su 4T naufragará y en 2022 su mandato podría serle revocado.
López Obrador sufre de un trastorno obsesivo compulsivo manifestado en pensamientos persistentes y repetitivos que acompañan sus mañaneras con rituales, evidentemente enfermizos y cobardes, de repartir culpas de sus ineficiencias e irresponsabilidades: Mafias del poder, enemigos de México y opositores a su 4T, resumidos en los complots de siempre.
Nuestro futuro común, como nación, ha sufrido diversos infartos con la llegada de la Cuarta Transformación de López Obrador: Un aeropuerto extraordinario cancelado, unas estancias infantiles cerradas, la desaparición del Seguro Popular, la fallida marcha atrás a las energías limpias, etc. López Obrador no alcanza a tomar conciencia de los daños que ha provocado ni del malestar social que crece. En su pequeñez liliputiense, cree que ha detenido el avance de los enemigos de México y no mira las razones de la evolución de su impopularidad entre los ricos, la clase media y los pobres, y las críticas mundiales.
Desde su inicio en lo público, López Obrador se ha caracterizado por ser un hombre profundamente antisocial pues siempre ha quebrantado las normas y los intereses sociales sin importarle el daño provocado, y ahora, como presidente, maneja a sus huestes al antojo de sus impulsos meta legales. López Obrador no ha madurado psicosocialmente; no ha logrado controlar sus impulsos; no ha intentado la supresión de su agresión verbal y emocional; no ha asumido responsabilidad alguna sobre su mandato presidencial, por sus actos y obligaciones constitucionales, y sigue resistiéndose al diálogo con quienes no comparten sus ideal, visiones y delirios.
Como eterno Peter Pan, López Obrador guía sus valores y motivaciones por una eterna emancipación. Su patrón de conducta es, inevitablemente, desinhibido e inestable, aunque persistentemente terco. Es predecible: Siempre agresivo, aunque diga que es un hombre de amor y paz; siempre impulsivo y siempre carente del control de sus emociones.
Estoy convencido de que Andrés Manuel López Obrador posee una personalidad antisocial: frío al elegir y estigmatizar a sus enemigos –o están conmigo o están en mi contra aunque sea una verdad de Perogrullo-; con una carencia ética y moral casi total como cuando incendió pozos petroleros en su natal Tabasco o se hizo del gobierno del Distrito Federal sin tener la residencia legal obligada para poder ser candidato; ausente de ética como cuando acusó de corrupción en la asignación de los contratos del aeropuerto propuesto para Texcoco y jamás logró probarlo ni dio marcha atrás; manipulador, al tomar decisiones a mano alzada en plazas públicas en asuntos de la mayor trascendencia nacional o en consultas públicas carentes de toda legalidad y valor científico.
En este gravísimo escenario, nos abriremos a la economía y competencia global cuando el Covid-19 sigue con altos grados de peligrosidad y contagio, en medio de un escenario de dos gobiernos incapaces: el federal de López Obrador y el de Jalisco de Alfaro. Mal augurio.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
