OPINIÓN
Desde antes, ¡ya nos faltaban abrazos!
Educación, por Isabel Venegas //
Hay una tendencia a no romantizar las ideas que justamente están en tendencia, es una de las tantas paradojas de nuestra era y de nuestras redes, ¡No romantices el día de las madres!, decían hace apenas unos días, haciendo referencia a tantas mujeres que teniendo hijos no actúan con el prototipo de entrega, abnegación y bondad; un juicio duro y cruel para un ejercicio que va más allá de las circunstancias y de la preparación: la maternidad no elimina todas sus complicaciones por el simple hecho de ser deseada y programada, es pasar por muchas crisis antes de aprender y saber más o menos dónde se está parado.
El ejercicio docente guarda una estrecha relación con la maternidad por la tutela y la guía; puedo asegurar que a la mayoría de las profesoras nos ha tocado más de algún alumno que nos llamó “mamá” en lugar de “maestra”, alguno que se acercó a pedirnos consejo, que aceptó un regaño y nos permitió asumir ese papel tan importante, pero hubo un punto en el que debimos aprender a marcar límites en aras de enseñarle a los niños a definir sus propias fronteras.
Es esa compleja tarea de saberse educador, pero no invadir los terrenos del psicólogo, formador pero no exceder en tareas de paternidad, couch de vida pero no papá o mamá; de hecho desde hacía algunos años se habían emprendido campañas en las que se les pedía a los maestros que mantuvieran distancia con sus alumnos, que dejaran de darles abrazos, besos, expresiones de cariño diversas y que se abstuvieran de tenerlos en sus redes sociales.
Ya fuera por proteger a los alumnos del acoso o a los maestros y maestras por falsas denuncias, la recomendación a muchos los confundió y comenzó a difuminar la figura cariñosa, el ser cercano, afectivo y cálido con los alumnos. Mientras el Observatorio de Innovación Educativa del Tec de Monterrey (el 18 de febrero del 2020) mostró la evidencia del impacto positivo que tienen los abrazos en la vida de los estudiantes, en enero de este mismo año Reporte Índigo sacaba un reportaje en donde ponía de manifiesto el incremento del nivel de riesgo que implica la labor docente: “La falta de garantías y de normas que velen por la seguridad de los docentes en las aulas del país, sumado al deterioro de los valores familiares, han convertido esta actividad en todo un peligro para quienes la ejercen, pues no solo se enfrentan a alumnos violentos, también a padres que los amenazan o agreden”.
El incremento a las agresiones que pueden ir desde burlas, insultos, maltrato constante hasta golpes y disparos a profesores y profesoras en todos los niveles educativos, tanto de escuelas privadas como públicas, deja ver que hay un problema en una funcionalidad que resulta ser simultánea: tanto se requiere la confianza en la madurez y profesionalismo de los docentes, como ellos y ellas necesitan saber que realizan un trabajo como parte de una comunidad que los respalda y protege, que busca fortalecer los lazos de unión y que comprende a las diferentes personalidades y estilos desde el acompañamiento constante y positivo.
La crisis por la contingencia del coronavirus, una pandemia que nos ha confinado en nuestras casas dejando vacías las aulas, y que nos ha empujado a buscar alternativas de enseñanza, nos ha hecho cometer muchos errores, algunos excesos y otras omisiones.
Para algunos alumnos la tarea fue demasiada, para otros ni siquiera llegó, unos encontraron herramientas poderosas a través de internet y otros solo aprovecharon para distraerse, o googlear información superflua; a pesar de tantos errores, de muchos alumnos reclamando que ya era un montón de tarea y que no encontraban cómo atender tanto trabajo, el reconocimiento a los profesores fue gratamente positivo, el 15 de mayo nos extrañamos todos.
Hemos valorado más que nunca la oportunidad de estar juntos, de compartir, de regularnos, de aprender a tolerarnos porque en internet el conocimiento está, pero la experiencia de vida solo se da en el aula, en el laboratorio, en los comedores estudiantiles. Nada puede sustituir el momento de compartir el lonche, de estar en el patio de recreo para platicar sobre lo que hicieron el fin de semana, los juegos y las competencias intercolegiales.
Los estudiantes encuentran en sus compañeros redes de apoyo para la mayoría de sus problemas, y a veces son ellos los que me platican cosas de fulanito: “maestra, es que su papá está muy enfermo”, “maestra, es que nos contó que no ha visto a su mamá desde hace tres meses”, etc. Esas redes son ejes fundamentales en las comunidades de vida y de aprendizaje, y éstas a su vez operan básicamente a través de los sistemas del lenguaje y la expresión.
Por el contrario, los estudiantes que no se sienten escuchados o comprendidos por sus profesores no le dan sentido a sus procesos de formación escolar porque forzosamente ello implicaría una serie de transformaciones en su vida, que de no ser verbalizadas con los alumnos, poco impacto tendría en la generación de una motivación intrínseca, y es que el proceso de enseñanza – aprendizaje es simultáneo, tanto aprende el maestro como enseña el alumno, por ello el diálogo que se entabla entre los dos agentes da valor y orienta a ambos por igual.
Plantear lo que estamos viviendo, su impacto, las herramientas de análisis de las que disponemos y/o proponer nuevos mecanismos, ubica a la escuela en verdaderos espacios de comunidad y generación de ideas. Por ejemplo: ¿Cómo es que los miembros de la comunidad educativa están entendiendo este momento? Será tremendamente rico si las escuelas y universidades registran, documentan y dan seguimiento formal a la concepción y percepción de nuestros estudiantes y profesores frente a una situación que para muchos sigue siendo un imaginario, una manipulación del gobierno, una trampa en una estrategia global; para ellos puede no representarle más compromiso personal que una acción mínima (como traer un cubrebocas para no ser multado, por ejemplo) o incluso tal vez ni eso. Si no entendemos lo que ellos entienden, nos quedamos con un sistema de comunicación disfuncional y caduco.
Profesores y alumnos comparten el mismo valor, requieren del mismo espacio de reflexión y viven la dinámica de enseñanza–aprendizaje de manera simultánea. ¿Cómo se reconcilia esa mirada y se recompone la labor docente de modo sustantivo? El abrazo es una simultaneidad de cariño, se entiende como ese acto de amor y generosidad que deriva o es precedido de confianza pero que es urgente para volver a tener procesos de alta significación en donde los maestros y los alumnos se sienten en el sitio propicio para dar rienda suelta a su imaginación, a su ingenio y a su creatividad. Si los abrazos y los besos quedan suspendidos hasta no tener una vacuna en contra del virus, vayamos alistando el camino, generando la red de soporte para que el contacto solo sea la forma donde el fondo esté asegurado.
¡Feliz día del maestro! A todos esos maravillosos seres que desde las aulas han entregado sus vidas a luchar por un mundo más lleno de bondad, de generosidad, de conocimientos; a quienes hoy están estudiando en las escuelas normalistas o universidades en el ámbito de la pedagogía y la educación, a todos los que desde los posgrados están colaborando para que los profesores tengan más herramientas didácticas y cognitivas de modo que puedan seguir contribuyendo profunda y significativamente, a todos ¡Muchas felicidades! ¡Abrazo grande con toda admiración y cariño!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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