OPINIÓN
Despertar el pensamiento crítico: La pedagogía bancaria ante el COVID-19
Educación, por Isabel Venegas //
Paulo Freire fue uno de los pedagogos más importantes de nuestro tiempo, su propuesta significó uno de los pilares para la transformación de muchos colegios en Brasil y en todo el mundo.
Él afirmaba que la escuela tenía un modo de trabajo en el que los mecanismos de opresión social se afirmaban, se mantenían y se perpetuaban.
Los alumnos son solo depositarios del conocimiento, son como vasijas a las cuales se les debe “llenar” de contenidos y solo alguien que tiene “el saber” es la autoridad calificada para hacerlo, ellos deben destacar a partir de su capacidad de recepción; en ese sentido es valorada la paciencia, la memorización y la repetición, con lo cual se va conformando un ser ajustable y adaptable a los modos en los cuales se otorga ese material.
La escuela bancaria cuyo componente principal era “la palabra”, daba sentido a la narración desde una postura mecanizada, desde ahí Freire observaba cómo los sistemas de poder se habían ido apropiando de la educación y con ello la posibilidad de que fuese un mecanismo para que las clases sociales vulnerables pudieran salir de esos estados de pobreza y opresión.
En algunos estados la intención de otorgar educación gratuita a los ciudadanos con cobertura universal se relacionaba con orientaciones que limitaban el desarrollo pleno de las personas; países que parecían tener compromisos de formar ciudadanos con calidad de “obreros”, operarios de maquinaria –calificados- y nada más.
Ante su crítica, la mecanización y memorización comenzaron a ser muy mal vistas, y para el año de su fallecimiento, 1997, la revolución en la educación ya llevaba propuestas muy claras; si bien es cierto que muchos países no habían optado por la pedagogía crítica que él proponía, se adaptaban mejor a otras teorías que empoderaban al ser en su plenitud cognitiva: las competencias, modelo que encontró como primer obstáculo para las escuelas latinoamericanas la comprensión de su término desde la mirada etimológica.
Desde el principio fue difícil para los profesores de los diferentes niveles educativos en México dieran sentido a la palabra “competencia” separándola de su acepción como “competición”. La cantidad de cursos, capacitación y reflexiones que ha requerido transformar el modelo educativo en nuestro país ha arrojado en sí misma mucha literatura e investigación; sin embargo, lejos quedamos de plantear la propuesta de Freire: la pedagogía crítica.
Su base se centra en la pregunta, la reflexión que se puede hacer de nuestro propio entorno a partir de observar sus necesidades, sus potencialidades y las implicaciones de transformar lo que está a nuestro alrededor.
El modelo que proponía se basaba en la autonomía de los centros escolares, en la capacidad que tiene cada uno de ser su propio rector y de asumir el reto de apropiarse de la educación para emancipar al oprimido de la injusticia o para diseñar rutas de mejora en la comunidad a la que atiende cada plantel.
Programas particulares siguen en la búsqueda de modelos autogestivos para las comunidades académicas, sin embargo parece que se dio marcha atrás ante la pandemia del COVID19 que nos hizo quedar en casa para atender los temas escolares desde ahí, como se pudo, con los equipos de cómputo, con el internet que había; algunos profesores, prefectos, directivos, fueron a buscar a los alumnos a sus direcciones particulares, tratando de entender la manera en la que se les podía ayudar, en fin, todavía hace falta mucho para poder evaluar en términos generales cómo se resolvió el ciclo pasado en función de la entrega, compromiso y capacidad, el trabajo de las escuelas públicas, porque el contraste puede generar una calificación errónea en la que subyace la política de la desconfianza, la creencia de la incapacidad de las comunidades educativas de asumir el reto por la evidencia de ciertos colegiados que en lugar de sacar adelante la tarea, mostraron una indolencia y un gran egoísmo basado solo en cuidar el sueldo, cuya nómina ya estaba protegida por una partida presupuestal bien etiquetada.
El Presidente de México acaba de anunciar esta semana que el Acuerdo por la Educación, tiene como principal eje la firma con las cuatro principales televisoras del país para abastecer de materiales audiovisuales a la mayor parte de la población. Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios estarán destinando canales para que los estudiantes vean y escuchen lo que las autoridades de la Secretaría de Educación diseñaron para ellos.
¿Es más significativo mostrar a los alumnos cómo resolver un problema con el teorema de Pitágoras, en lugar de un aprendizaje situado? Por ejemplo, podemos abordar la temática de proporcionalidad, de estadística y de medidas de dispersión con las cifras de contagio que se están registrando en nuestra colonia, para que a partir de eso nuestros estudiantes se pregunten ¿Qué propuestas podemos hacer para mejorar la situación? Preguntas que debe hacerse la comunidad ante su situación particular y sus posibilidades reales.
Esteban Moctezuma mencionó que “no son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial. Las clases tendrán valor curricular y los alumnos serán evaluados sobre su contenido en su momento” y el Presidente Andrés Manuel por su parte señaló que “No es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo, se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios”
Desde la perspectiva del gobierno esta iniciativa es única en el mundo, y lo sería tal vez por la coordinación entre gobierno y empresas privadas, pero no por la presentación de información a través de la televisión, lo cual fue la base para la telesecundaria. La crítica pues, no va solo en el sentido de la cantidad de dinero que significó haber contratado a estas compañías (a las cuales el mismo Andrés Manuel había calificado como neoliberales) para que hagan la producción de los materiales educativos: 450 millones de pesos fueron parte de esa firma; sino que ese gasto en recursos es un número que se enfrenta con la imposibilidad de atender a la población que tampoco tiene computadoras o internet, pero que en su contra encuentra solo el lugar conocido de la educación bancaria, lo que importa es el contenido que los estudiantes aprenden, un lugar que debió explorar la pedagogía de la pregunta y la de la esperanza.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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