OPINIÓN
Dispositivos digitales: Pueden tener efectos negativos en el desarrollo cognitivo de la niñez
Educación, por Isabel Venegas //
La crisis de la pandemia trajo consigo la necesidad de acelerar los procesos de investigación vinculados con la producción de vacunas y tratamientos médicos para el caso específico del Covid-19, investigaciones que por cierto, ya tenían años de avance.
En el espacio de las ciencias sociales es todavía más complicado indagar y sentar bases teóricas que permitan comprender lo que está pasando e inferir lo que puede llegar a suceder de continuar con las mismas conductas.
Hoy en día nuestros niños más pequeños están sometidos a una cantidad enorme de estimulantes audiovisuales, sin que tengamos mucha certeza de qué tan seguro pueda resultar para ellos; muchos padres de familia se enorgullecen de la capacidad que sus chicos tienen para manipular el celular, por ejemplo, los bebés que con dos o tres años identifican el ícono de Youtube y saben poner las canciones que quieren. El mercado inundó a casi todas las regiones del mundo con celulares y pantallas, mientras que se necesitan entre 10 y 15 años de investigación para indagar sobre este tipo de fenómenos, esto significa que al igual que con el virus del COVID, un día la emergencia nos tomó de frente.
Los datos apuntan a que no es tan inofensiva la situación; internet ahora invade una tercera parte de nuestras horas de vigilia, aproximadamente son 6 horas de conexión directas las que tiene un adulto, pero el problema se agrava con los bebés: no hay un compromiso laboral o académico que demande su distracción con un ejercicio práctico u operativo, así como también está el hecho de que para muchos papás el celular con los videos y aplicaciones lúdicas representan un alivio en el control conductual.
El tiempo que hace falta para descubrir las afectaciones tiene otra complicación: la ética. Resulta altamente delicado hacer estudios de manera directa con bebés, aunque sí se ha trabajado ya con ratones. En los laboratorios se ha podido observar cambios drásticos en la conducta de estos animales cuando son expuestos durante mucho tiempo a estimulantes del tipo audiovisual.
No solo se observa el fenómeno en los bebés, sino también en los niños durante sus primeros años de edad escolar. Dentro del contexto de la crisis sanitaria muchos educadores trataron de “apropiarse” de estos dispositivos y diseñaron videos más dinámicos con música e imágenes que pretendían captar la atención de los estudiantes. Ciertamente es difícil evaluar el potencial de estos recursos todavía estando dentro de la pandemia, además de que habría que considerar como variables las condiciones en las que gran parte de los hogares aplicó dichos recursos. Para la mayoría de los estudiantes, los ambientes de aprendizaje no fueron idóneos, factor que complejiza la labor de evaluación. La dinámica de clases en línea para algunas escuelas representó la conexión en tiempo real, cosa que también significó un desgaste físico y emocional, haciendo énfasis en la distancia que hay entre esos materiales didácticos y las aplicaciones lúdicas que suelen disfrutar los estudiantes en sus tiempos de ocio.
A final de cuentas, la mayoría de los profesores coincide en que estas generaciones de estudiantes desde el nivel básico y hasta la media superior, presentan serias dificultades para lograr con éxito tareas de concentración y razonamiento. Tal parece que la destreza con la que los niños manipulan los dispositivos como el celular o la tablet, es al mismo tiempo la antesala a constreñir su potencial creativo y muchas de sus herramientas cognitivas para la auto-regulación al socializar con otros seres.
La detección de los trastornos en la interacción parecen ir a la alza; intolerancia a la frustración, problemas en la comunicación, manejo pobre del lenguaje o incluso niños que no pueden hablar, son fenómenos que se presentan cada vez más en la consulta de pediatras, psicólogos y pedagogos. Al igual que con el COVID, los estudios epidemiológicos cuantifican el incremento a una tasa acelerada de estas problemáticas que dañan la salud mental y que representan una preocupante alarma por darse durante los primeros años de vida.
La psicóloga infantil Rachel Barr, de la Universidad de Georgetown, en Washington, señala que se está teniendo evidencia suficiente para demostrar que una gran cantidad de horas de exposición a pantallas interactivas en edades tempranas puede tener efectos negativos: alteraciones del sueño, trastornos sociales, pérdida de peso y dificultades en el aprendizaje.
El problema que se presenta por la exposición de los pequeños a las pantallas digitales durante tiempos prolongados, preocupa porque sucede (en promedio) desde los cuatro meses de edad, y conforme va creciendo también aumenta el número de horas al día, aunado a eso hay otro factor que también se incrementa: la complejidad en la elaboración de los algoritmos en cada aplicación. Facebook, Whatsapp o Instagram -por ejemplo-, tienen construidas sus plataformas de manera que los adolescentes encuentren en ellas una muy pronta y profunda adicción.
Jóvenes adolescentes que tienen enormes dificultades para la concentración, para la memorización, que tienden a postergar tareas y compromisos importantes por la falacia de lo que representan las redes sociales, van dejando ver sus efectos secundarios en la precariedad de relaciones reales que no logran niveles de comunicación significativos y significantes, sin construcción de valores éticos y emocionales, así como la disociación entre lo que es real y ficticio.
Enorme reto tiene nuestra sociedad ante el deseo de aprovechar estos recursos sin dejar de ver los peligros que ello conlleva. Una invitación para los jóvenes papás que también crecieron con estos dispositivos, a que fortalezcan sus lazos familiares, la vinculación entre las miradas es mucho más significativa, relajante y terapéutica, lo será siempre más que ningún video con la superproducción que se quiera; es pues la conexión entre los más cercanos, una experiencia determinante en la construcción del ser humano, y tal parece que sigue siendo muy superior a la conexión de WiFi.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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