OPINIÓN
Durmiendo con el enemigo
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Como si fuera el marido que en épocas de fiestas llega en la madrugada a su casa, pisando de puntitas para no hacer ruido y se despierte la esposa, así, pareciera que actuó Genaro García Luna, para que no se dieran cuenta sus jefes de todas las maldades que andaba haciendo por el país.
Nacido en la ciudad de México, en 1968, ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana, se fue metiendo desde los 21 años de edad a tareas de inteligencia, trabajando en CISEN y desde ahí, escalando puestos, pasando a la policía judicial federal, donde posteriormente creó un proyecto que se llamó AFI, del cual fue director en la época de Fox y posteriormente, la persona de todas las confianzas de Calderón, nombrándolo secretario de seguridad publica.
Recibió capacitación en Estados Unidos, Israel, Francia, Colombia, Japón y sabe cuantos lugares más. Fue honrado como un gran policía en Colombia, donde le otorgaron condecoración excepcional, la cual tuvo que devolver, porque no sabía que tenía que pedir permiso al senado; Michele Leonhart, titular de la DEA, lo reconoció como uno de los mejores policías del mundo; también laureado en Ecuador, España y en Alemania.
CÍRCULO CERCANO
Aparece como uno de sus primeros padrinos en la política, Jorge Tello Peón, también ingeniero, que fuera director del CISEN de 1994 a 1999 y en donde empieza el camino a la cumbre del que llegó a ser el mas poderoso en el ámbito de la inseguridad en la que vivimos.
Rafael Macedo de la concha quien al ser designado procurador por Fox, le otorga el nombramiento de director de planeación para la restructuración, de donde nace la AFI de la cual es nombrado cabeza.
Wilfrido Robledo, de extracción de la Secretaría de Marina y quien fuera titular de la Policía Federal Ministerial que sustituyera a la AFI también tuvo nexos cercanos y apoyando a García Luna, trabajando juntos en las investigaciones de algunos secuestros como el de Harp Heliu y de Diego Fernández de Ceballos.
MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS
El ex secretario tenía una debilidad por verse en las pantallas de la televisión, seguramente en alguna otra vida, escribió telenovelas baratas. Hizo alianzas con algunos “comunicadores”, a los que frecuentemente citaba en su bunker para vanagloriarse de su poder.
Los montajes espurios de algunos casos sonados para que aparecieran en la televisión se hicieron frecuentes en su época. Por ejemplo, el caso Cassez-Vallarta, el cual todo lo que salió en las pantallas era mentira, o la detención de la Barbie. El caso Herrera Valles es otro de los que abiertamente hubo un abuso de su poder, llevando hasta la cárcel a quien estaba denunciando sus tropelías. Hubo muchos actos que ahora nos dejan el dolor de haber sido engañados, como por ejemplo video de supuestos enfrentamientos que después se denunciaron que los “delincuentes abatidos”, eran gente inocente, algunos que se han identificado como migrantes en transito que fueron utilizados para sus macabras farsas.
ENEMIGO INCÓMODO
Desgraciadamente para “el policía laureado” uno de los hombres que no se tragaba sus patrañas se llama Alejandro Gertz Manero, quien lo denunció por malos manejos, junto a Wilfrido Robledo, por compras de aviones, motocicletas, patrullas y equipos, en octubre de 2001, sin embargo, Gertz renuncia en 2004 a la Secretaría de Seguridad Pública, probablemente por el cochinero que estaba presenciando, y que después se haría público en el 2007 con el caso Zhenli Ye Gon. Ahora, el infortunio para Genaro es que Gertz Manero está en un escritorio que pesa mucho, siendo el fiscal de la nación. Por lo pronto ya hay muchas cuentas bancarias congeladas.
PENA AJENA
Da pena que tengan que ser los gringos los que limpien la casa, ya que nos correspondía a nuestra propio sistema de justicia, haber encontrado estos desmanes, sin embargo, viendo las cosas fríamente, es mejor que esté en aquel país, ya que la razón de su detención es haber sido mencionado por los grandes capos por ser participe de la corrupción con la que se manejo. Seguramente no son los milloncitos que están mencionando y debe ser muchísimo mas lo que recibió de sus protegidos, compras infladas y malos manejos, la verdad, con el sistema de justicia que tenemos en México, es mejor que los vecinos nos hagan el favorcito de investigar mas a fondo, de repente por ahí, sale cierto que el señor, experto en inteligencia, tiene pruebas que involucren a sus jefes, que “curiosamente nunca se dieron cuenta” de los turbios manejos de su empleado.
MUY CALLADITOS
Ahora, los que apenas hace unos días y después de haber sido mandatarios del país, como Fox y Calderón, se encuentran muy calladitos. Lo importantes es que “nos caiga el veinte” a todos, que la inseguridad en la que estamos viviendo es un basurero que se estuvo construyendo por varios sexenios y que, limpiar todo el cochinero no será fácil, imagínese usted, si el que perseguía a los delincuentes era su socio, no haya nada mas que agregar. Ojalá que verdaderamente pague por todos sus delitos ya que la protección se le ha terminado, sea bien, porque hizo algo que enojó a quienes lo tenían protegido en sus territorios o sea bien, por que su patrón los tiene molestos y le van a dar una acalambrada para que sepa quien es quien. Por lo pronto hay mucha basura que saldrá en estos meses y que algunos, pongan sus barbas a remojar. A los que todavía no entiendo es a los que siguen defendiendo los antiguos regímenes llenos de engaño y corrupción.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Conciencia TV: ¿Quiénes fueron los jaliscienses que participaron en el Movimiento de Independencia de México?
