JALISCO
Ecos de un viejo conflicto: Entre banquetas y autonomía, el presupuesto como arma política
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.
La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.
Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.
Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.
A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.
Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.
En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.
El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.
Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.
Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.
Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.
El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.
¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.
A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.
Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.
En X @DEPACHECOS
–Por Mario Ávila
Las intensas lluvias que azotaron la tarde-noche de este martes 15 de julio, impactaron gravemente en la movilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Los casos más graves se padecieron en las inmediaciones del extremo Sur de Zapopan, en particular en la zona de Tabachines y La Martinica.
Sin embargo, las consecuencias de la fuerte tormenta también se dejaron sentir en el canal de avenida Patria, por la zona del bosque de Los Colomos y en el túnel de Américas y Ávila Camacho.
-Por Francisco Junco
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado manifestó su rechazo a la posibilidad de aplicar un mecanismo de tómbola para la elección de jueces y magistrados en la reforma al Poder Judicial de Jalisco.
Mediante un comunicado de prensa, el coordinador parlamentario de dicha bancada, José Luis Tostado Bastidas, afirmó que los nombramientos deben recaer en perfiles con experiencia y capacidad, no en decisiones aleatorias.
“Con la firme propuesta de que al proceso de elección del Poder Judicial en Jalisco lleguen las personas más capacitadas y con experiencia, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado rechaza el mecanismo de tómbola”, señaló el legislador.
Aseguró que este punto representa una posición irrenunciable en las mesas de negociación que mantienen con otras fuerzas políticas para definir los términos de la reforma, que debe concretarse a más tardar en 2027, de acuerdo con lo establecido en la Reforma Constitucional.
Tostado Bastidas sostuvo que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a dejar al azar los nombramientos del Poder Judicial. “La posición no ha cambiado, no vamos a dejar a la suerte el nombramiento de quienes van a ser las o los jueces y magistrados”, reiteró.
El emecista recordó que en el Congreso del Estado se han presentado siete iniciativas sobre el tema, incluyendo la enviada por el Gobierno de Jalisco, construida con la participación de especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, y apuntó que todas las propuestas están siendo revisadas y analizadas con apertura.
“Se revisan, se analizan, se discuten las propuestas; eso es parte de dialogar; pero en ese sentido nosotros no vemos condiciones para renunciar a lo que nosotros creemos, es el mecanismo idóneo”, subrayó José Luis Tostado.
Resaltó, en su posicionamiento, que su bancada mantiene firme la postura de que el proceso debe centrarse en una evaluación rigurosa de capacidades y cualidades de los aspirantes, evitando criterios aleatorios.
Finalmente, Tostado Bastidas comparó la discusión en Jalisco con la elección federal del pasado 2 de junio, misma que consideró un ejercicio fallido, ya que los propios funcionarios del Gobierno federal o diputados federales han expresado la complejidad del ejercicio.
“El ejercicio que vimos ha fracasado. Creo que la experiencia del primero de junio lo tenemos ahí, con los resultados de todos conocidos (…) El mecanismo como se planteó en la Reforma del Poder Judicial, incluso propios funcionarios del Gobierno federal o diputados federales han expresado la complejidad del ejercicio, lo que conllevó el tema de los acordeones, ayudas o asistencias documentales para que se lleve a cabo el proceso”, puntualizó.
-Por Francisco Junco
En Jalisco hay más de 380 mil personas con alguna discapacidad, las cuales no reciben la pensión universal del bienestar, por lo que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) y diversos colectivos alzaron la voz, para exigirle al gobernador, Pablo Lemus Navarro, firme el convenio de colaboración con el Gobierno Federal para garantizar la pensión universal a las personas con discapacidad.
“Nosotros no vamos a dar paso para atrás desde el Grupo Parlamentario a las peticiones que hacemos, nosotros no vamos a negociar prebendas a cambio de que se le garanticen sus derechos al pueblo de Jalisco, y al día de hoy lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho de ustedes”, lanzó con voz firme Leonardo Almaguer Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario del PT.
“Hace dos meses se hizo un exhorto y se aprobó por la mayoría de los diputados y al día de hoy, no ha habido ni siquiera contestación, pero están preocupados lo que va a significar la FIFA”, ironizó, en referencia a la atención desmedida que, según dijo, se da a la preparación del Mundial de Futbol antes que a los derechos sociales.
La exigencia no es nueva. Pero la indiferencia oficial, tampoco. El diputado, Sergio Martín Castellanos, lo dejó claro y se sumó a la exigencia de pedir que se firme el convenio con la federación.
“Si el gobernador dice tener buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí tiene una oportunidad de demostrarlo… es una obligación que debe cumplir. Y el porcentaje es mínimo”, apuntó.
Hoy, Jalisco es uno de los siete estados rezagados que no ha firmado el convenio con la federación. Y mientras el discurso se llena de “prioridades”, los derechos siguen esperando turno.
La activista Paula Andrade, del colectivo Equipo Fénix, habló por cientos de miles. Pero lo hizo con la dignidad de quien no se deja reducir a cifras ni discursos.
“Esta lucha no es de ayer ni de hoy, es de años… señor Pablo Lemus: por favor, firme este convenio, no somos personas que solo están para tomarse la foto. Somos personas con dignidad y derechos. ¿Por qué no colabora con el gobierno federal?», dijo en el patio central del Congreso, donde se realizó la rueda de prensa para manifestar la exigencia.
Antonio Ramírez, asesor del Grupo Parlamentario del PT, no dejó espacio para excusas y aseguró que sí se puede realizar esta firma, y comparó el estado de Jalisco con el Estado de México, con condiciones similares; allá, dijo, lo logró. “¿Cuánto se necesita? Mil 500 millones de pesos, que no representan ni el 1% del presupuesto total del estado”, explicó.
“¡Firme, gobernador!”, fue el eco de la conferencia de prensa, dijo el diputado Sergio Martín, porque esto va más allá de banderas, partidos o protagonismos; hay 380 mil vidas esperando no un discurso, sino un acto concreto de justicia.
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