OPINIÓN
Educación, pilar del desarrollo: Instituciones o personas ¿quién es el problema?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Sin lugar a duda los modelos educativos forman parte fundamental del desarrollo económico, cultural y social de cualquier país del mundo, no por nada, los países con mayor índice de desarrollo pueden presumir que cuentan con los mejores sistemas o modelos de educación.
De hecho, estos modelos son tan importantes, que podemos encontrar casos de países como Alemania, Japón, Corea del Sur y Finlandia, en los que sus procesos de transformación social comenzaron con ambiciosos cambios en sus políticas educativas que al día de hoy, se constituyen como pilares fundamentales de sus proyectos de nación.
Los modelos educativos y la eficacia de las políticas públicas en este rubro siempre van a ser un parámetro para medir el nivel o fortaleza de una democracia, por eso, no debería sorprendernos que alrededor del mundo haya tantos gobiernos con el ánimo de innovar y mejorar en este aspecto.
Por ello, trabajar arduamente en este tema es un win-win ya que a través de la educación se puede aportar mucho a una sociedad. Por un lado, se brinda a los ciudadanos una serie de herramientas que a la larga les permitirá adentrarse en una economía de mercado, y por otro lado, también se pueden fortalecer temas más sensibles e igual de relevantes para la vida en sociedad como lo son la identidad nacional y los valores cívicos o bien, la consolidación de una sociedad más abierta y con mayor aceptación a la convergencia de ideas, estilos de vida y opiniones.
En el caso en concreto de nuestro país, aunque parezca increíble, nuestros últimos presidentes y representantes han estado más que conscientes de la importancia que juega la educación en el proyecto político de la nación.
Es así, que en los últimos 26 años, se han experimentado cuatro grandes reformas educativas (la reforma de Salinas y Zedillo, la de Vicente Fox, la de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador), y aunque a primera instancia leer esto podría hacer a algunos pensar que esto es positivo, es importante señalar que si ponemos esto en números, en nuestro país el modelo educativo cambia cada 6 años y medio.
Ahora, para poder dimensionar un poco mejor lo que esta cifra implica, las autoridades especialistas en materia educativa señala que un modelo educativo tarda aproximadamente 20 años en materializar los resultados para los cuales fue diseñado, en virtud de esto, cuando hablamos del éxito de los modelos educativos de los países antes mencionados, es necesario ser puntuales al señalar que su éxito no se debe más que a la voluntad política de respetar acuerdos gubernamentales proyectados a largo plazo y que significan un impacto positivo en el desarrollo social.
Pero en el caso en particular de nuestro país, los debates sobre los cambios en materia educativa tienen un grado de complejidad mayor debido a que el debate acerca de ciertos temas de la agenda pública carece de objetividad y se ve rodeado de un juego de intereses que ven en temas sensibles como la educación una simple moneda de cambio, lo que ha llevado durante muchos años a que nuestros representantes dejen de preguntarse cosas tan fundamentales como: ¿Dónde estamos parados? y ¿hacia dónde vamos?
No obstante, otro de los problemas alrededor de este debate tan importante para el futuro del país, es que la narrativa acerca de la necesidad de realizar cambios en la política educativa es tan cambiante como las políticas mismas.
Y ahora, aunque no lo parezca, la inconsistente narrativa alrededor de este problema, es un tema de contraproducente ya que hasta la fecha, nuestras autoridades simplemente no terminan de ponerse de acuerdo si el problema con nuestro sistema educativo está en las personas que lo manejan, o en las instituciones mismas, y mientras este eterno debate que parece ser más que nada una moneda de cambio político, se perderá una oportunidad real de transformar los modelos que garantizan uno de los derechos humanos más importantes.
Ahora, no dudo que en algunos casos en concreto, cambiar de raíz el sistema o las instituciones sea más que necesario, de hecho en casos como Japón, se requirió de una guerra y un par de bombas nucleares entender que era necesario hacer un cambio total en su modelo educativo, especialmente en lo que respecta a la identidad nacional.
Pero por otro lado, no podemos ignorar que hay casos en que los modelos educativos aunque no son perfectos, sí son perfectibles y además cuentan con una importante base sobre la que se puede trabajar siempre y cuando la clase política sepa poner en primer lugar los intereses de la ciudadanía antes que los intereses partidistas o personales.
Ciertamente, no podemos tapar el sol con un dedo, y tal y como he señalado en más de una ocasión en este espacio, en palabras de Yuval Noah Harari, la principal condición para superar una condición adversa, es aceptarla, y en nuestro caso, es necesario reconocer que la educación y su posibilidad de progreso, están secuestrados, pero ojo, no cometamos el error de creer o asegurar que esto es un problema nuevo, porque ciertamente no lo es, y tal vez, la antigüedad de este problema es lo que debería de preocuparnos.
Dicho lo anterior y adentrándonos un poco más al caso de México, creo que valdría la pena entender que no en todos los casos, los gobiernos no necesariamente son malos por sus estructuras o instituciones, sino por quienes los manejan.
Y desgraciadamente en nuestro país se ha invertido una importante cantidad de recursos tratando de cambiar por completo todas y cada una de nuestras instituciones, dejando de lado que aquello que realmente debemos enfrentar con mucha seriedad, es la preocupante crisis de personas que ha sofocado y drenado a nuestras instituciones.
De esta manera, en la medida en la que seamos capaces de entender que muchos de nuestros problemas radican más en la clase política y no en nuestras instituciones, podremos ser capaces, como sociedad, de poder consolidar grandes cambios con visión a largo plazo que sean la insignia de un modelo de nación común y consensuado con todas las fuerzas y expresiones políticas.
Si no se hace de esta manera, la educación en México continuará atrapada en un bache que se ha ido haciendo cada vez más profundo debido a un modelo de país que pondera una visión unipartidista que pone por delante los intereses de ciertos grupos de poder.
Lo he dicho en más de una ocasión, México es un país de oportunidades, no es un país perfecto, pero sí es un país perfectible que lamentablemente hoy atraviesa una crisis política y social grave, pero justamente eso es lo que vuelve este momento tan perfecto para impulsar cambios reales en la manera en la que se diseñan políticas públicas.
Cambiemos el chip y comencemos a impulsar un sistema en el que los acuerdos sean producto de consensos planteados a largo plazo que permitan, principalmente gestionar cambios importantes para la sociedad mediante el aprovechamiento real y efectivo de los beneficios de un rubro tan importante como la educación, que no solo prepara al ciudadano, sino que también lo empodera.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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