OPINIÓN
Educar en la verguenza y el arrojo
Educación, por Isabel Alejandra Venegas //
Cuando Victoria Camps decía que al escribir su libro El Gobierno de las emociones, el capítulo que más le había costado trabajo redactar había sido el de “la vergüenza”, tal vez hasta se quedaba corta, ciertamente es algo muy complicado de abordar. En lo personal me llamó la atención cuando menciona: Es que todos sabemos que para que una sociedad viva de manera sana, necesita tener vergüenza, pero también es cierto que ese ha sido el mecanismo de muchos para humillar, hacer vejaciones y producir mucho sufrimiento.
Mi mente se quedó en la primer premisa ¿Es verdaderamente importante para la sociedad educar cuidando que haya pudor, recato o vergüenza? ¿Cómo es que en ello va parte de la supervivencia de una sociedad sana y en equilibrio emocional? Porque para la segunda parte no queda ninguna duda de que cuando se le ha utilizado para humillar a otros y como mecanismo de control social, el empobrecimiento cultural ha sido contundente.
Te propongo un ejercicio de razonamiento; supongamos la siguiente tesis: Es falso que se debe educar en la vergüenza a la sociedad moderna. Para hacer el análisis habrá que identificar las características principales de la sociedad actual en este sentido:
Las implicaciones de estrategias de una mercadotecnia voraz, han acentuado la cosificación del ser humano y ese concepto ha provocado un serio impacto en la conceptualización de la persona, lo que conlleva a la erotización de casi todo el ecosistema mediático. La hipersexualización en los contenidos de difusión masiva ha marcado una gran diferencia con los esquemas que se tenían anteriormente al verse liberados de la censura.
Por otro lado, la democratización de los medios de comunicación, ha hecho que los consumidores se conviertan también en productores de contenido; ahora los jóvenes no solo consumen materiales altamente erotizados sino que con el ánimo de que su impacto fuera mayor, comenzaron a subir a las redes cualquier cantidad de imágenes, videos, mensajes, charlas, que llevaban implícito o explícito la expresión de la exacerbada nueva virtud. Se volvieron entonces prosumidores (productores y consumidores a la vez).
Un fenómeno que nace con la nueva forma de comunicación es la pornificación y se refiere a la manera en que se transforma algo al estar en contacto con la pornografía, porque según Pamela Paul, es más fácil conseguir pornografía que ignorarla; así cualquier cosa que toca la empata y la imita. Todo se ve reflejado en ese espejo de placer inmediato que resulta sumamente atractivo y que pone ahora en el extremo contrario a quien no se atreve a exhibirse. Ahora pretender parecer recatado resulta bochornoso, y quienes verbalizan ideas de abstinencia o auto-control sexual son reos de burlas y críticas.
Dichas características tienen un elemento en común: La auto-promoción, que el otro me vea; así es como cada quien juega un papel crucial en una carrera descomunal por la aprobación; se sube una foto esperando una cantidad determinada de “likes”, pero esa consideración está sujeta al juicio de valor del otro, y no siempre coincide con nuestras expectativas.
Se va concediendo un peso desmedido a la mirada de los otros, mientras que esa mirada solo contempla el exterior, cosa que no es imputable al otro, sino a la sociedad entera que ha venido diluyendo el valor de la interioridad. La hipersexualización y el prosumo no propician vínculos fuertes, sino a meras relaciones sensacionales que tienen todo su valor, no en las personas sino en las sensaciones que generan; el sujeto se vincula con lo otro, da igual que sea sujeto u objeto, para la pornificación todo lo otro es cosa que tiene valor en cuanto que resulta excitante y sensual.
Esta materialización en la apreciación del ser humano vulnera a la sociedad de tal forma que va dejando evidencias a través de las redes sociales, y en el devenir de las relaciones cotidianas; será por eso que las características de la violencia escolar, no corresponden con lo que nosotros conocimos como parte del mismo ejercicio de aprender a relacionarnos. Las nuevas generaciones están viviendo en un dinamismo mucho más cruel y devastador, esa es la respuesta para quienes creen que el Bullying siempre ha existido y que los niños simplemente tienen que aprender a ser tan fuertes como nosotros lo fuimos en nuestro paso por la escuela.
Es cierto que para muchos, la pérdida de la vergüenza ha supuesto (en un entendido a priori) la liberación a muchos tabúes, y que grupos significativamente agraviados como el de las mujeres por ejemplo, debieron ser principales beneficiarios de tales procesos de inculturación, sin embargo sabemos que el progreso, la liberación y el empoderamiento de la mujer no se ha dado como tal, dado que un daño especialmente a ese género se produce con la pérdida del valor intrínseco de la persona, cuando se moldean expectativas reducidas a estándares erotizados y mercantilistas; lo mismo que con los niños, porque no cuentan con herramientas suficientes para hacer un juicio crítico y procesar así las situaciones artificiosas que se le presentan.
Si bien es cierto que la liberación no se ha logrado a cabalidad, habrá que considerar que su principal detonante fue el atrevimiento. Atreverse a hablar, a exponer la necesidad de expresar con toda libertad la vida en su más amplia gama de sensaciones y emociones, parece que es una causa justa y correcta, sin embargo el antónimo de el “atrevimiento” es justamente “la vergüenza” y la descripción de la evaluación del momento cultural por el que atraviesa nuestra sociedad, hace más que evidente la necesidad de mantener el equilibrio.
Tres propiedades de la vergüenza:
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La vergüenza dependiente: Es aquella que está en función de la moda o cánones que imponen un esquema de varol; elementos que no solemos percatarnos de que están ahí, pero que si no se cumplen nos hacen sentir feos, desaprobados, con pena de no ser tan bellos o plenos como se está estipulado.
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La vergüenza independiente: Considera a los otros como un grupo ajeno a él, y se encuentra más bello o bueno en relación a ellos. En este tipo de situaciones la mayoría emprende una competencia desmedida en la que la infelicidad es casi un resultado seguro; la capacidad estará en juego de otros, y aunque se trate de ayudar o de generar bondad, será finalmente para lucir como la mejor persona del entorno. seguramente te habrás dado cuenta que también en esta forma hay una suerte de dependencia cuando se habla de “estar en función de”.
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La vergüenza interdependiente: Cuando es la calidad humana de sus vínculos lo que le genera la bondad y belleza, esto es que se preocupa por cuidar la relación con los que lo rodean, y solo sufre cuando se da cuenta que está fallando en cultivar y edificar cosas buenas para que esa relación no se dañe ni se corrompa.
La descripción de la situación actual, pone de manifiesto un proceso evolutivo en el que se magnificó el interés por el atrevimiento pero que descuidó el valor de la interioridad, equilibrio que se protege con una cultura de la vergüenza considerada con madurez, esto es, que identifica plenamente aquella que está en función de la interdependencia, con lo cual se fortalecen los lazos comunitarios y se protege la visión de la persona per se, reduce con tendencia a anular lo que implica la dependiente e independiente, características que a pesar de haber desarrollado una cultura de arrojo social son manifestaciones de sojuzgamiento permanente y cada vez más cruel.
Identificar las circunstancias que estamos viviendo; transitar entre el atrevimiento y la vergüenza, entre el cinismo y la modestia, implica administrar ambas entidades, conociendo sus implicaciones y reflexionando sobre el proceso histórico que ya hemos atravesado y las aspiraciones que tenemos para mejorar, con lo cual se está definiendo a la educación y se contradice la tesis que se había propuesto. Dado que esa tesis estaba en negativo, al momento de contradecirla se tiene una doble negación, lo que la convierte en una afirmación y eso es, Lo Que Queríamos Demostrar (LQQD), ¡Lógica hijo!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
isa venegas@hotmail.com
Julio, 2019
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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