OPINIÓN
El caos del virus
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Sigue el Presidente de la República causando un daño irreparable al país, y con una actitud inexplicablemente irresponsable ha tomado el tema de la pandemia provocada por el Coronavirus SARS COVID-19, más por temas de ideología, en forma contraria a lo que se hace en el resto del mundo.
Nuestros funcionarios no aprenden de la experiencia internacional y cometen el mismo error que España o Italia, país que ya reporta mas muertes que China por el virus, Estados Unidos está a punto de declarar una cuarentena nacional. Es terrible que el que debe poner el ejemplo, sigue realizando giras, provocando reuniones multitudinarias donde, sin cuidado alguno, sigue repartiendo saludos, abrazos y besos, ignorando las recomendaciones del propio sector salud, ¿cuántos contagios se provocan en cada uno de estos eventos?, la historia lo juzgará.
El encargado de combatir el virus, un médico que prefiere quedar bien con su jefe politizando la crisis, de la mano de un presidente incapaz de implementar medidas extremas para cuidar a la ciudadanía que dijo tanto querer durante su interminable campaña política, ahora que vemos a los líderes de otras naciones dando ánimos a sus gobernados y dando consejos de cómo sortear la epidemia, nuestro presidente se burla de la enfermedad y de los mexicanos, él sigue peleando con “Los Conservadores” y hace chistes mezclando a sus adversarios, por cierto de mal gusto, como el de la PAN-demia.
El colmo fue, en su show de stand up “La Mañanera”, donde sacó de su cartera amuletos, como un trébol, figuras religiosas, reiterando que él tenía aquí el “detente”, dando a entender a la población que él es inmune al virus por portar esos amuletos y estampitas del Sagrado Corazón, situación que ha hecho que en el extranjero se burlen de nosotros. Días antes su subsecretario, del que estoy seguro tiene sus días contados ya que la ciudadanía dejó de creer en él desde que salió con su frase, más de campaña que de encargado de encabezar las políticas y procedimientos sanitarios para combatir la epidemia, el presidente “no puede ser fuente de contagio porque su fuerza es moral”, sólo le faltó decir que si se contagiara, cosa que él desea, resucitará el tercer día.
La ONU advierte que de no frenarse la propagación del virus habrá millones de muertos, sin embargo el gobierno federal pospone irresponsablemente adoptar las medidas necesarias, y cuando son urgentes y necesarias las pruebas para detectar a los infectados, limitan con excusas burocráticas a que las efectúe cualquier laboratorio que cuente con los reactivos necesarios.
Bien lo dijo alguien, “no se puede combatir un incendio con los ojos vendados”, urge que se liberen a nivel nacional las necesarias pruebas, inclusive Corea del Sur ha desarrollado un kit de diagnóstico inmediato el cual da el resultado en 10 minutos, ¿por qué no mandar al secretario ese, el que mandaron a comprar las pipas para gasolina que nadie vio, a comprar estas pruebas?
Los resultados de las pruebas urgen ya que es necesario aislar a los que resulten positivos. El aislamiento es bueno, pero si estoy contagiado debo saberlo y el sector salud no me da la opción.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y su equipo tomo una muy adecuada decisión, sin declarar un toque de queda, recomendó a toda la población, en base a evidencia científica avalada por la Universidad de Guadalajara, que permanezcamos en nuestras casas hasta el próximo martes y ese día evaluemos qué hacer, pero además anunció que en Jalisco no se limitarán las pruebas del contagio, ni se limitará a uno o dos laboratorios privados, cerraron anticipadamente las escuelas e instalaron filtros sanitarios en puertos y aeródromos. Conocen a que se enfrentan y por ello incluso están rehabilitando en forma especial el Hospital de Zoquipan precisamente destinado a la atención de estos casos. Estos anuncios generaron gran molestia entre los integrantes de la “CuatroTé” y sus leales corifeos y han atacado furiosamente a nuestro gobernador, pero qué creen, los jaliscienses lo apoyamos y confiamos en su sano juicio. Esos que viven en nuestro Estado, y que atacan al gobernador y defienden al presidente, ¿sí están tan seguros del error, porqué no se reúnen en publico, masivamente a demostrarnos lo equivocado que estamos?, defienden como si a cambio les dieran trabajo, pero critican desde su aislamiento. ¿Cómo es eso? Todos entendemos que la mejor forma de combatir el virus, menos el presidente, es el aislamiento social.
El gobierno federal no tarda en recomendar el aislamiento social, espero no sea demasiado tarde. Lo que no entiendo es el motivo por el que evitan que opere el único ente constitucionalmente facultado, que es, el Consejo de Salubridad General. Simplemente sesionaron, creo yo por el tema de los Juicios de Amparo que les interpusieron, y declararon el tema como “enfermedad grave de atención priporitaria” sin que, a la fecha, la Secretaría de Salud haya decretado las medidas correspondientes a la “acción extraordinaria de salubridad general” en los estrictos términos del art. 181 de la Ley General de Salud, que establece que “181.- En caso de epidemia de carácter (sic) grave peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República.” El Secretarío incurre en grave responsabilidad por omisión.
La economia del país la tienen por factores internos y externos hecha un desastre, caerán las remesas, bajó el petroleo, se devaluó el peso, crecimiento esperado -4.5%, el sistema de salud colapsado, y no tiene margen de maniobra, Manuel Andrés tenía un proyecto de nación construido sobre arena y se le viene abajo, si no corrige pasará a la historia como el hombre que jamás pudo ser presidente a pesar de haber ganado la elección.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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