JALISCO
El desafío de construir comunidad: Jalisco sin pulso
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Cuando pienso en mi ciudad, viene a mi mente una singular metáfora: la de una ciudad que se queda sin semáforos. No porque haya fallado el sistema eléctrico, ni por alguna tormenta fuera de lo común, sino porque alguien, en algún punto de la cadena de decisiones, dejó de dar importancia a lo elemental.
Semáforos descompuestos, esquinas convertidas en caos, peatones que sortean autos como si se tratara de una competencia de supervivencia. Una ciudad sin semáforos es una ciudad sin reglas visibles. Por eso esta es también una metáfora precisa de lo que ocurre cuando el orden deja de importar en la administración pública.
En Jalisco, en casi todos sus rincones, hace tiempo que el orden — esa idea mínima pero poderosa que permite que una comunidad se mueva con certeza y con paz — dejó de ser una prioridad. La sensación es que hemos normalizado el desorden, lo hemos incorporado a nuestra cotidianidad al grado de que ya no nos escandalizan las estampas urbanas que deberían indignarnos.
Motociclistas que “toman” avenidas completas en las madrugadas como si se tratara de un ritual callejero, sin autoridad que los regule ni que aparezca siquiera a observar. Calles dañadas sin mantenimiento, zonas enteras que parecen atrapadas en un estado permanente de reparación y espacios públicos convertidos en campos de obstáculos urbanos.
Nada de esto es producto del azar. Son consecuencias acumuladas de administraciones que, lejos de asumir el poder como un espacio para articular el bien común, han optado por convertirlo en plataforma de promoción personal o en escenario para la simulación. Se gobierna para la cámara, para la nota, para el siguiente cargo. Se construye más desde el marketing que desde el interés público…
En los últimos años, la clase política que ha ocupado los espacios más relevantes de representación en Jalisco ha tenido muchas oportunidades para demostrar una vocación genuina de servicio, sin embargo, lo que ha predominado es una preocupante indiferencia ante lo que de verdad duele y afecta a la gente.
No obstante, lo anterior, debo precisar que no se trata de descalificar en automático ni de rechazar todo lo hecho. Sería injusto desconocer avances, logros o esfuerzos aislados (que sí han existido).
Pero dado el contexto actual, es importante precisar que cuando esos esfuerzos se ven opacados por una percepción generalizada de abandono, de soberbia, de lejanía, es momento de hacer una pausa y repensar el rumbo. Gobernar no es administrar el espectáculo. No es diseñar slogans ni coreografiar conferencias de prensa. Gobernar es saber decir que no cuando hace falta, hacer cumplir la ley, aunque no dé aplausos, construir condiciones para que el ciudadano viva mejor sin necesidad de pedir favores.
En la política local se ha instalado una peligrosa comodidad: la de creer que el control electoral equivale a legitimidad permanente. Pero los votos, aunque importantes, no son cheques en blanco. La legitimidad se renueva todos los días con decisiones sensatas, con atención al detalle, con sensibilidad frente al dolor ajeno. Y eso no se logra desde la distancia ni desde la arrogancia, sino con cercanía real, con escucha activa, con voluntad de corregir cuando se ha fallado.
Hay temas que duelen especialmente por lo que revelan. Uno de ellos es la inseguridad que no se presenta en los grandes titulares, sino en las expresiones cotidianas de miedo y vulnerabilidad. La gente ya no llama a la policía porque ha aprendido que muchas veces no llega. Las mujeres modifican sus rutas para evitar zonas donde no hay alumbrado ni vigilancia. Los jóvenes asumen que ser víctimas de robo en el transporte público es una especie de impuesto urbano no declarado. Este tipo de violencia, que se infiltra en lo cotidiano, es la que más erosiona la confianza ciudadana.
Y al mismo tiempo, se ha perdido también el sentido profundo de lo público. Muchas decisiones se toman pensando en beneficios de corto plazo, sin atender las consecuencias a futuro. Se desarrollan zonas sin infraestructura suficiente, se sobreexplotan recursos y espacios, se promueven inversiones sin planes de sostenibilidad. Todo parece orientado a mostrar resultados “visibles” que sirvan para alimentar narrativas políticas, pero que no necesariamente responden a una lógica de bienestar colectivo.
Por eso, más allá de nombres propios o colores partidistas, lo que urge en Jalisco es una nueva ética del servicio público. Una visión que recupere el valor del orden, de la legalidad, de la equidad. Que entienda que gobernar no es una oportunidad para presumir poder, sino una responsabilidad que se asume con humildad. Que sepa que el verdadero progreso no se mide por la cantidad de obras inauguradas, sino por el nivel de vida que alcanza la gente en las colonias, en los barrios, en las comunidades rurales.
Las próximas generaciones nos juzgarán por lo que permitimos que se normalizara. Por los silencios cómplices, por las omisiones disfrazadas de eficiencia, por las prioridades mal asignadas. Y si algo podemos hacer desde la crítica —una crítica honesta, constructiva, sin estridencias ni linchamientos— es señalar que no podemos seguir aceptando administra desconectada de su gente. No podemos resignarnos a vivir en ciudades donde lo caótico se vuelve parte del paisaje.
Volver a poner orden, recuperar el sentido del servicio, construir confianza, no es tarea de un solo gobierno ni de una sola persona. Pero sí comienza por reconocer que algo no está funcionando. Que hace falta mirar con más seriedad los pequeños síntomas que revelan descomposición. Que gobernar exige más que ambición: exige vocación.
Una ciudad que pierde orden también pierde su ritmo. Y una sociedad que se acostumbra a ese caos corre el riesgo de perder su esperanza. Lo que está en juego no es una elección ni una narrativa, sino la posibilidad de volver a construir comunidad.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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