JALISCO
El desafío de construir comunidad: Jalisco sin pulso
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Cuando pienso en mi ciudad, viene a mi mente una singular metáfora: la de una ciudad que se queda sin semáforos. No porque haya fallado el sistema eléctrico, ni por alguna tormenta fuera de lo común, sino porque alguien, en algún punto de la cadena de decisiones, dejó de dar importancia a lo elemental.
Semáforos descompuestos, esquinas convertidas en caos, peatones que sortean autos como si se tratara de una competencia de supervivencia. Una ciudad sin semáforos es una ciudad sin reglas visibles. Por eso esta es también una metáfora precisa de lo que ocurre cuando el orden deja de importar en la administración pública.
En Jalisco, en casi todos sus rincones, hace tiempo que el orden — esa idea mínima pero poderosa que permite que una comunidad se mueva con certeza y con paz — dejó de ser una prioridad. La sensación es que hemos normalizado el desorden, lo hemos incorporado a nuestra cotidianidad al grado de que ya no nos escandalizan las estampas urbanas que deberían indignarnos.
Motociclistas que “toman” avenidas completas en las madrugadas como si se tratara de un ritual callejero, sin autoridad que los regule ni que aparezca siquiera a observar. Calles dañadas sin mantenimiento, zonas enteras que parecen atrapadas en un estado permanente de reparación y espacios públicos convertidos en campos de obstáculos urbanos.
Nada de esto es producto del azar. Son consecuencias acumuladas de administraciones que, lejos de asumir el poder como un espacio para articular el bien común, han optado por convertirlo en plataforma de promoción personal o en escenario para la simulación. Se gobierna para la cámara, para la nota, para el siguiente cargo. Se construye más desde el marketing que desde el interés público…
En los últimos años, la clase política que ha ocupado los espacios más relevantes de representación en Jalisco ha tenido muchas oportunidades para demostrar una vocación genuina de servicio, sin embargo, lo que ha predominado es una preocupante indiferencia ante lo que de verdad duele y afecta a la gente.
No obstante, lo anterior, debo precisar que no se trata de descalificar en automático ni de rechazar todo lo hecho. Sería injusto desconocer avances, logros o esfuerzos aislados (que sí han existido).
Pero dado el contexto actual, es importante precisar que cuando esos esfuerzos se ven opacados por una percepción generalizada de abandono, de soberbia, de lejanía, es momento de hacer una pausa y repensar el rumbo. Gobernar no es administrar el espectáculo. No es diseñar slogans ni coreografiar conferencias de prensa. Gobernar es saber decir que no cuando hace falta, hacer cumplir la ley, aunque no dé aplausos, construir condiciones para que el ciudadano viva mejor sin necesidad de pedir favores.
En la política local se ha instalado una peligrosa comodidad: la de creer que el control electoral equivale a legitimidad permanente. Pero los votos, aunque importantes, no son cheques en blanco. La legitimidad se renueva todos los días con decisiones sensatas, con atención al detalle, con sensibilidad frente al dolor ajeno. Y eso no se logra desde la distancia ni desde la arrogancia, sino con cercanía real, con escucha activa, con voluntad de corregir cuando se ha fallado.
Hay temas que duelen especialmente por lo que revelan. Uno de ellos es la inseguridad que no se presenta en los grandes titulares, sino en las expresiones cotidianas de miedo y vulnerabilidad. La gente ya no llama a la policía porque ha aprendido que muchas veces no llega. Las mujeres modifican sus rutas para evitar zonas donde no hay alumbrado ni vigilancia. Los jóvenes asumen que ser víctimas de robo en el transporte público es una especie de impuesto urbano no declarado. Este tipo de violencia, que se infiltra en lo cotidiano, es la que más erosiona la confianza ciudadana.
Y al mismo tiempo, se ha perdido también el sentido profundo de lo público. Muchas decisiones se toman pensando en beneficios de corto plazo, sin atender las consecuencias a futuro. Se desarrollan zonas sin infraestructura suficiente, se sobreexplotan recursos y espacios, se promueven inversiones sin planes de sostenibilidad. Todo parece orientado a mostrar resultados “visibles” que sirvan para alimentar narrativas políticas, pero que no necesariamente responden a una lógica de bienestar colectivo.
Por eso, más allá de nombres propios o colores partidistas, lo que urge en Jalisco es una nueva ética del servicio público. Una visión que recupere el valor del orden, de la legalidad, de la equidad. Que entienda que gobernar no es una oportunidad para presumir poder, sino una responsabilidad que se asume con humildad. Que sepa que el verdadero progreso no se mide por la cantidad de obras inauguradas, sino por el nivel de vida que alcanza la gente en las colonias, en los barrios, en las comunidades rurales.
Las próximas generaciones nos juzgarán por lo que permitimos que se normalizara. Por los silencios cómplices, por las omisiones disfrazadas de eficiencia, por las prioridades mal asignadas. Y si algo podemos hacer desde la crítica —una crítica honesta, constructiva, sin estridencias ni linchamientos— es señalar que no podemos seguir aceptando administra desconectada de su gente. No podemos resignarnos a vivir en ciudades donde lo caótico se vuelve parte del paisaje.
Volver a poner orden, recuperar el sentido del servicio, construir confianza, no es tarea de un solo gobierno ni de una sola persona. Pero sí comienza por reconocer que algo no está funcionando. Que hace falta mirar con más seriedad los pequeños síntomas que revelan descomposición. Que gobernar exige más que ambición: exige vocación.
Una ciudad que pierde orden también pierde su ritmo. Y una sociedad que se acostumbra a ese caos corre el riesgo de perder su esperanza. Lo que está en juego no es una elección ni una narrativa, sino la posibilidad de volver a construir comunidad.
– Por Mario Ávila
Luego de que las autoridades estatales y federales atendieron la solicitud de audiencia de los agricultores de Jalisco que reclaman un precio de garantía al maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, quedaron conjurados los bloqueos que durante 24 horas se realizaron en los accesos al Área Metropolitana de Guadalajara.
La representación de los campesinos quejosos, aceptó la propuesta de una reunión el próximo viernes 17 de octubre, en la que estarán presentes el delgado federal de la Secretaría de Gobernación, Antonio Pérez Garibay y el delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfredo Porras Domínguez.
Con la representación del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en la negociación para levantar el bloqueo estuvieron el secretario General de Gobierno del Estado, Salvador Zamora y el secretario de Agricultura del Estado, Eduardo Ron Ramos, quienes escucharon a los agricultores que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias.
“Desde Jalisco reconocemos su lucha y les damos nuestro total respaldo y gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender sus demandas, y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica”, planteó el 02 del Gobierno del Estado, Salvador Zamora Zamora.
Entre los bloqueos destacó el cierre de la caseta de cobro en Acatlán de Juárez en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia; así como en la región de La Ciénega, en especial en la caseta de cobro de la autopista Guadalajara – Maravatío; lo mismo que en el municipio de Ocotlán.
– Por Mario Ávila
Luego de que el lunes fracasó la convocatoria a Casa Jalisco, ya que las fracciones de oposición en el Congreso del Estado desdeñaron la invitación, con excepción del PRI, la tarde del martes pudo darse «en cancha neutral» el encuentro entre el titular del Poder Ejecutivo con los legisladores de oposición.
En un restaurante de la colonia Americana se dió la reunión convocada por el gobernador Pablo Lemus, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, con los líderes opositores de Morena, PVEM, PAN PRI, Hagamos, PT y Futuro.
Poco pudo avanzarse en los acuerdos para sacar adelante la reforma al Poder Judicial, a pesar de que Jalisco es uno de los tres estados que ha incumplido con los términos de la ley federal, toda vez que el límite para reformar la ley en el Estado, venció el pasado 15 de febrero del 2025.
Movimiento Ciudadano no ha cumplido con los tiempos de ley y pese a tener en comisiones ya varias iniciativas para su estudio y dictaminación, han dejado pasar el tiempo.
Fue cuando los diputados de oposición acordaron dar primera lectura a una de las iniciativas para reformar al Poder Judicial, que la bancada naranja y el propio gobernador buscaron retomar el tema.
Al parecer no hay flexibilidad de las partes para discutir a fondo el tema, ya que han antepuesto asuntos menores para iniciar el diálogo.
El titular del Ejecutivo tenía como condición que las pláticas tuvieran lugar en Casa Jalisco; mientras que los legisladores de oposición, solo aceptaban dialogar en Hidalgo 222 es decir, en la sede del Congreso del Estado.
Otra de las condiciones del Ejecutivo, era entablar el diálogo de manera particular con cada una de las fracciones parlamentarias y no con todas al mismo tiempo.
Por ello, las cuatro horas que se sentaron a la mesa este martes, no arrojaron ningún resultado, ni con la presencia del gobernador, ni cuando Lemus abandonó el restaurante y dejó el encuentro bajo la coordinación del secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.
– Por Francisco Junco
Después de más de veinte años de espera, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instrumentar las acciones necesarias para indemnizar a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por la ocupación de sus tierras en la construcción y ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
El documento legislativo recuerda que “en 2004 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró un convenio con la comunidad indígena de Mezquitán para ocupar 26-93-22.80 hectáreas de sus tierras”, con el compromiso de cubrir una indemnización que nunca se cumplió.
Ante esa omisión, la comunidad emprendió procesos legales que derivaron en sentencias favorables por parte de los tribunales agrarios, mismas que no habían sido ejecutadas hasta ahora.
En su exposición de motivos, Alberto Maldonado y el grupo de legisladores firmantes sostienen que: “los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, especialmente quienes representamos a Jalisco, solicitamos cumplir con las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios”.
En el documento legislativo, añaden, la resolución busca que “se haga justicia a esa comunidad y se concluya el proceso de indemnización que por más de 21 años ha quedado pendiente, afectando la dignidad, el patrimonio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezquitán”.
El punto de acuerdo aprobado por la cámara establece en su parte resolutiva que “la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias de los juicios agrario y de amparo, a fin de garantizar las indemnizaciones a favor de la comunidad indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco, evitando con ello mayor afectación a su patrimonio y a sus derechos colectivos”.
Con este acuerdo, el Congreso federal reconoce formalmente la deuda histórica con la comunidad y respalda el derecho de los pueblos originarios a la reparación del daño.
En palabras del propio documento legislativo, la resolución se inscribe “bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios, eje primordial de la Cuarta Transformación”.
La Secretaría de Administración, a través del oficio SA/1241/2025, confirmó la “liberación de recursos correspondientes a la indemnización en favor de la comunidad indígena de Mezquitán”, en cumplimiento a lo instruido por el Poder Legislativo. En dichos documentos se reitera que el procedimiento se ejecutó “de conformidad con el marco jurídico y presupuestal vigente, atendiendo lo establecido por los órganos legislativos competentes”.
El caso de Mezquitán representa un precedente de reparación y justicia para las comunidades originarias del estado. Como se consigna en el propio acuerdo legislativo presentado por el diputado Alberto Maldonado, “la atención a las comunidades indígenas es una obligación moral y legal del Estado mexicano, que debe garantizar la justicia y la reparación a quienes han sido históricamente postergados”.
– Por Mario Ávila
Con una sesión solemne, en la que se develó una inscripción en el muro de honor del Cabildo municipal, con fecha “12 de octubre de 1925”, el Gobierno de Guadalajara se sumó a la celebración por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En el acto, Karla Planter Pérez, rectora General de la deG , agradeció el acto del Gobierno Municipal de Guadalajara para inscribir la fecha de la refundación de la institución con letras doradas, e indicó que entre la universidad y la ciudad existe un vínculo natural forjado a lo largo de muchas décadas. “Una, sin la otra, no se pueden entender”, sentenció.
La grandeza de Guadalajara -dijo-, reclama una universidad que brille por la excelencia de su quehacer, que desarrolle las innovaciones tecnológicas necesarias para acompañar el desarrollo de nuestra urbe, que contribuya desde la ciencia, a la solución de los grandes problemas de la ciudad y, por supuesto que, desde el cultivo del arte, acompañe el esplendor estético de la capital de Jalisco”.
Expuso que después de la refundación, la educación dejó de ser un privilegio para algunos cuantos y se convirtió en un derecho para todas las personas.
“Los más necesitados, los hijos de la cultura, del esfuerzo, los más pobres, los campesinos, los artesanos, los que habían estado excluidos, por primera vez, tuvieron la posibilidad, no solo de soñar en las personas que querían convertirse, sino en verdaderamente acceder a esa realidad. La educación fue también una base sustancial para construir justicia social y eso fue lo que logró también la refundación de la Universidad de Guadalajara”, planteó.
Por su parte, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, reflexionó sobre lo que querría el primer fundador de la universidad, Fray Antonio Alcalde, para el futuro y crecimiento de la institución.
“Lo que querría es que la rectora general y su servidor y todos, trabajemos para seguir creciendo la red universitaria y, si hablamos del legado de Fray Antonio Alcalde, creo, apreciada rectora, que el día que grabamos aquel mensaje juntos en el Hospital Civil para anunciar esta inversión conjunta entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la creación de la primera red, diría mundial, de hospitales escuela, que será aquí en Jalisco, Fray Antonio Alcalde esbozó una gran sonrisa desde el cielo”.
Mencionó que en estos 100 años se tendría que hablar forzosamente de Raúl Padilla López y cómo, a través de la red universitaria, cambió la lógica de miles de jóvenes que ya no tuvieron que salir de sus regiones o municipios para estudiar.
En su oportunidad, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el ambiente de colaboración, confianza y trabajo que existe entre la Universidad de Guadalajara y el Estado, y que ha llevado a que hoy día la casa de estudios tenga un presupuesto constitucional.
En la develación, estuvieron presentes además, la diputada Martha Estela Arismendi, presidenta del Congreso del Estado; la magistrada de la Sexta Sala en Materia Penal, Ruth Gabriela Gallardo, en representación del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; así como integrantes del Consejo General Universitario.
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