OPINIÓN
El futuro del alfarismo
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Estamos a punto de llegar en Jalisco a mitad del sexenio que le toca encabezar al ingeniero civil Enrique Alfaro, quien se ha distinguido por hacer un gobierno muy diferente a sus antecesores que privilegiaban los acuerdos y las negociaciones en aras de mantener estabilidad, mientras que el político naranja ha privilegiado el estilo duro de la política al que pareciera generarle adrenalina la permanente confrontación.
A la mitad del camino, Alfaro que seguramente actúa de acuerdo a la circunstancia que le toca vivir, con una administración que no cristaliza sus grandes proyectos que quisieron llamar “la Refundación de Jalisco” que no existe más que en la narrativa del discurso.
El gran reto del movimiento alfarista será sobrevivir después del 2024 y dependerá del futuro que tenga el propio Alfaro, ya que en estos 12 años de gobiernos la única figura que creció al lado el alfarismo fue Pablo Lemus, quien obedece a una lógica muy distinta al de movimiento naranja, con una formación en el sector empresarial donde se ha nutrido para integrar sus cuadros de gobierno.
¿Cuál será el futuro del propio Alfaro? Ya ha dicho que al terminar su gobierno se retira de la política, que ya no volverá a participar en una elección más, pero finalmente se trata de palabra de político.
Claro que su sueño es mucho más que ser Gobernador de Jalisco, pero para convertirse en una figura política reconocida es hacer un buen gobierno, una administración con resultados y que sea ejemplo nacional.
Ha hecho la lucha por construir un liderazgo nacional, pero su inconsistencia ha resultado el principal obstáculo, como sucedió con su participación en la Alianza Federalista de Gobernadores a la que abandonó cuando la Fiscalía General de la República se lanzó contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y ahora le queda su consulta sobre el Pacto Fiscal que en términos prácticos su resultado no tiene implicación jurídica alguna, es un instrumento de posicionamiento político en el afán de tener vigencia en la opinión pública nacional.
Alfaro en perspectiva tiene tres opciones en el camino:
1). Ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, lo cual lo tiene al alcance de la mano, el que tenga buenos resultados, ya es otra cosa, considerando la estructura tan pequeña que tienen a nivel nacional.
2). Ser senador de la república. Esto es más terrenal y factible, pero tendría que someterse al escrutinio ciudadano, sin la seguridad de que pudiera ganar, considerando el desgaste que registre en estos seis años por su estilo de hacer política.
3). Convertirse en el jefe nacional de Movimiento Ciudadano, jubilando a su dueño actual Dante Delgado, que es factible que pudiera suceder.
JALISCO EL ENCLAVE
Para que el proyecto político de Alfaro pueda trascender su sexenio y no pierda vigencia, será muy importante que su partido se mantenga en el gobierno de Jalisco. Es factible que esto suceda, si tomamos en cuenta que no existe alguna fuerza de oposición que se le iguale o le pueda ganar en el futuro. Movimiento Naranja tiene todo para gobernar Jalisco los próximos nueve años.
Ya vimos la gran fuerza electoral en que se convirtió MC en las pasadas elecciones, arrasando en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, perdiendo Tonalá y ganando Tlaquepaque con un margen muy reducido y que después la elección quedaría anulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.
Sin embargo, el alfarismo se ha dejado ganar la partida por Pablo Lemus, quien ha mostrado tener un amplio margen de autonomía y pragmatismo.
En esa tesitura, el alfarismo requiere impulsar un Plan B, por lo que pudiera suceder en la relación futuro Alfaro-Lemus.
Una alternativa lo era Alberto Esquer, pero ante los pobres resultados electorales en la zona sur de Jalisco, donde perdió MC ante Morena se le bajaron las pilas al ex alcalde de Zapotlán El Grande y ahora se apunta hacia el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, quien ha logrado hacer un gobierno que está bien calificado por la gente de este municipio, como quedó de manifiesto en la pasada elección.
Salvador Zamora es un buen perfil que en los próximos meses seguramente lo veremos con mayor protagonismo en la opinión pública metropolitana, precisamente para tratar de equilibrar la mancuerna Lemus-Frangie, que traen su propio juego al margen de lo que quiera Alfaro.
EL CHOQUE CON LEONES NEGROS
En política las sorpresas es un elemento que no se puede dejar fuera y aquí hay que considerar el conflicto Alfaro-Padilla, que ha sido una relación de odio-amor. El último rompimiento parece que ya no tendrá retorno y ese conflicto le puede significar un mayor desgaste al gobierno alfarista.
Quedó claro que el Gobierno Federal no se meterá con la autonomía universitaria, el Presidente López Obrador está en total desacuerdo como se maneja la UdeG, pero ya expresó que es un asunto interno que a él no le toca resolver.
El contra peso al alfarismo podría venir de la UdeG y es allí donde la figura del Rector General Ricardo Villanueva Lomelí adquiere relevancia y significa una carta que puede ser utilizada en el futuro.
Aun hay mucho por ver con estos reacomodos, alianzas y rompimientos que hemos estado observando. El alfarismo está a prueba y las sorpresas es un elemento que lo distingue ante ese liderazgo tan intenso de su líder.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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