OPINIÓN
El futuro del PRONI
Metástasis, por Flavio Mendoza //
El Programa Nacional de Inglés (PRONI), como el de Escuelas de Tiempo Completo, tiene una reducción en el Presupuesto de Egresos de Federación para el Ejercicio Fiscal de este año 2020, para el caso de PRONI de ejercer 800 millones de pesos, pasará a ejercer un poco más de 400 millones de pesos a nivel federal, lo que implica una reducción del 47% del presupuesto y que principalmente se usa, con base a las reglas de operación, para el pago de docentes en escuelas de educación preescolar y primaria.
Este recorte como el que se hace a las Escuelas de Tiempo Completo, parecen tener un claro objetivo, terminar con los programas educativos, pues los recortes afectarían a las escuelas, a los alumnos quienes son los beneficiarios directos, pero además a miles de docentes quienes incluso han cumplido con los procesos de certificación que el programa les pedía para su contratación.
Para los despidos masivos que se prevén se ha establecido en las Reglas de Operación a los Asesores acreditar el perfil para ser contratados, entre lo que se establece en el apartado tercero, numeral 3.4, inciso C, contar con título de licenciatura o estudios superiores en el área de enseñanza, educación o pedagogía, si es licenciatura en la enseñanza del idioma inglés además deberá acreditar metodología de la enseñanza en lengua extranjera, experiencia en educación mínimo de 3 años, certificación del nivel del idioma inglés cuando menos un nivel arriba del nivel que enseñará, conocimiento de Planes y Programas de Estudio que se han implementado en educación básica y el dominio del enfoque sobre la enseñanza de la lengua extranjera.
Con lo anterior, el Coordinador de PRONI en la Secretaría de Educación de Jalisco a solicitado una prórroga para la aplicación de dichas reglas hasta el inicio del siguiente ciclo escolar, permitiendo que los docentes contratados para el ciclo 2019-2020 pudieran terminar el proceso educativo en las escuelas donde cuentas con dicho programa. Cabe señalar que el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados no cumplen con las Estructuras ocupacionales al respecto del personal que debe estar contratado por la Autoridad Educativa para el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos en el marco normativo del Sistema Educativo Nacional, pues la enseñanza del Inglés debe ser una obligación en todas las Escuelas de Educación Básica del país, sin embargo, como muchos otros aspectos de la ley es violentada por el propio estado mexicano y de quien depende la educación, el ejecutivo federal, pero además, hoy pretenden acabar con un programa que permitía avanzar en la enseñanza del idioma inglés, que incluso ha certificado a miles de alumnos en educación básica.
Respecto a los docentes de inglés en PRONI, seguramente la inmensa mayoría de ellos al no cumplir con lo que hoy establece las reglas de operación, serán despedidos, mismos que cumplieron con lo que en el pasado pedían y de manera retroactiva los dejarán sin la posibilidad de recibir el recurso que seguramente sostiene a una familia, que vale la pena decir, es poco, se paga tarde y sin seguridad social, ni servicios médicos y prestaciones de ley como aguinaldo, prima vacacional u otra compensación. Con todos estos requisitos y por tan malas prestaciones laborales se promueve la muerte del programa al ser nada atractivo para profesionales, hoy un nini puede ganar hasta el 50% de lo que gana un maestro de inglés y sin haber cursado ni el bachillerato.
En nuestro país no hay el número de docentes especializados en la enseñanza del inglés que acrediten lo que hoy pide el programa, pero además a quienes en la práctica ya han demostrado su certificación en la enseñanza del inglés a través de los procesos de evaluación, les impiden incrementar su carga horaria en el sistema educativo, estancando su trayectoria y crecimiento profesional y personal.
El Secretario de Educación Pública el 28 de enero de 2019, en plena discusión en la Cámara de Diputados sobre la Reforma Educativa dijo que la enseñanza del inglés la darían los maestros de grupo que para ello se estaba preparando una plataforma para que se enseñe la materia sin que el maestro domine el idioma, quizá esa sentencia esté plasmada ahora en la posible extinción del único programa que permite el acercamiento del idioma en los preescolares y primarias públicas, luego de que en otras entrevistas argumentara que el ingles lo podía enseñar cualquiera e incluso los deportados de Estados Unidos. La educación no puede seguir en las manos de quien no le entiende, un secretario que enfocó la 4ta sesión de los Consejos Técnicos Escolares en la desgracia en la escuela de Torreón.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Alicia Esparza
15 de febrero de 2021 at 09:11
A los gobiernos no les importa la educaciónn, sus discuros son mentiras por años el presupuesto de los programas que hay son para que los gobiernos estatales lo manejen a su antojo. Se compro la plataforma OK muy costosa, sabiendo que no hay laa codiciones para su implementación, que se investigue todo lo relacionado con esa plataforma.