Luchas Sociales, por Por Mónica Ortiz //

El “horror” es una emoción compleja que combina el miedo con una fuerte sensación de asco, y provoca una reacción ante algo que se considera profundamente perturbador. El aterrador caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en la comunidad de la Estanzuela, es increíblemente desgarrador para cualquier ser humano y para la sociedad.

El hallazgo de más de 400 prendas de vestir y de posibles hornos crematorios, así como los cambios satelitales que muestran las modificaciones del lugar, superan con creces cualquier película de terror. Se asemeja más a un relato de un campo de concentración nazi o, en una comparación menos extrema, a una escena de guerra.

Al parecer, la realidad a la que nos enfrentamos los jaliscienses es la de un rancho en el que se reclutaba de manera forzada y se entrenaba a personas para integrarlas a las filas de algún cártel.

Esto, sin duda, debe estar sumamente ligado a las desapariciones ocurridas a partir de las fechas en que las imágenes satelitales del predio muestran la estructura que se encontró, es decir, desde el año 2020. Jalisco ha vivido desapariciones masivas producto de la actividad de los cárteles, y hemos aparecido en las noticias nacionales e internacionales varias veces en la última década. Aun así, la sociedad normaliza estos hechos y los gobiernos buscan evitar verse involucrados.

Las preguntas siguen en el aire, como siempre: ¿qué pasó? ¿Por qué se aseguró el rancho el año pasado y no se investigó? Es increíble que ahora la crisis por lo sucedido en el Rancho Izaguirre sea aplicada por partidos políticos y gobiernos, que dicen con enorme desfachatez: ‘yo no estaba, no estaba aquí aún’. Esto no hace, sino, aumentar el asombro ante el nivel de corrupción e impunidad, que vivimos en México, para que puedan operar los cárteles del narco en territorio nacional. Nos deja pensando: ¿es cierto que los grupos del crimen organizado tienen sometidos a los políticos y a los partidos? ¿O cuál es la razón para justificar más de cinco años de operación del Rancho Izaguirre, miles de desaparecidos en el mismo periodo, personas identificando familiares con prendas de vestir, la existencia de un catálogo en línea de las prendas encontradas en el rancho de reclutamiento?

Esto es, sin duda, un horror. Ya no voy a buscar en un catálogo en línea unos zapatos para que lleguen tres días después a casa, ahora voy a buscar a mi familiar desaparecido en un catálogo de prendas de muerte.

En este sentido, es necesario que los nuevos gobiernos, esos que dicen que van llegando, dejen de lado sus propias crisis internas y sus rivalidades, y resuelvan y atiendan con estricto protocolo la escena de terror que el Rancho Izaguirre deja en el país, en todos los sentidos. Deben dar su lugar y protección a los grupos de personas buscadoras, los cuales, evidentemente, nacieron de la necesidad ante la falta de resultados de los gobiernos en turno.

No es posible que, en un país tan bello y rico culturalmente, tengamos ranchos en donde se extermina a seres humanos para provocar terror, ampliar las cifras de inseguridad de una entidad federativa, y que sean los cárteles del narcotráfico los que provoquen que una población muera y se desplace, y no el turismo en nuestras regiones lo que desplace a la delincuencia organizada.

Dejemos de idealizar gobiernos y colores partidistas, ese es un serio problema cultural en los mexicanos. Nuestras preferencias ideológicas van más allá de la lógica y la razón; pero la desaparición de personas a manos de grupos criminales no debe tolerarse ni minimizarse. Los gobiernos son producto de una elección de la sociedad, y elegir a quien no va a trabajar en los peores males de la sociedad mexicana o jalisciense, nos deja en riesgo de seguir viviendo los horrores a los que nos somete el crimen organizado, aun cuando se supone que tenemos gobiernos y autoridades que previenen y atienden a los ciudadanos. ¡Qué iluso sonó lo anterior! Entonces, ¿por qué un Rancho Izaguirre? ¿Por qué grupos y colectivos de personas buscadoras? ¿Por qué miles de desaparecidos?

Que ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ni el gobernador Pablo Lemus Navarro busquen cómo justificar lo horrible que es y que está siendo un campo de exterminio de personas. La realidad de los familiares que buscan desde hace años, meses o días a un ser querido, los daños colaterales que deja en una familia la desaparición de uno de sus miembros, son innegables.

Que se levanten las alertas y que se sienta que tenemos gobiernos y autoridades competentes; y de no ser así, estamos perdiendo el tiempo en los periodos electorales. Sigue siendo lo mismo: un discurso elaborado sobre el mejor gobierno de los tiempos, y gobernar como si el discurso fuera real.