OPINIÓN
El macro compromiso de revivir el río de la muerte
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Todo parece indicar que ante las fuertes presiones internacionales que se presentan en torno a la contaminación del río Santiago, llamado el “río de la muerte”, es posible que se pase de las palabras a los hechos y por fin la demagogia y la politiquería cedan su lugar a acciones responsables.
Se dio a conocer el pasado viernes 7 de febrero las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque fechada el 5 de febrero, a fin de que la población que vive al margen del río Santiago reciba atención médica adecuada y este río sea intervenido por el Estado. En el documento de la CIDH se precisa el alto riesgo que corre la población de los municipios de El Salto, Juanacatlán y las comunidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente y Mezcala del municipio de Poncitlán por la amplia gama de contaminantes que son arrojadas a las aguas del Santiago a las que están expuestas.
Con esta determinación de la CIDH la presión en primer término es para el Gobierno de Jalisco que tiene que prestar atención especial a la salud de estas poblaciones, donde han ido en aumento las enfermedades renales, de cáncer, malformaciones congénitas, entre otros males que ocasiona los agentes químicos.
Para que se lograra la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucho tiene ver la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental y catedrática de la Universidad de Guadalajara, quien no sólo le dio seguimiento al tema de la contaminación del río Santiago, sino que reunió la documentación y armó el documento jurídico que envío a este organismo internacional. Una labor ardua, persistente y que muestra el compromiso social que tiene la dotora Gutiérrez Nájera, que tanto incomoda a los soberbios personajes del poder que les irrita que se les critique por la omisiones e irresponsabilidades en que incurren, importándoles muy poco la salud de la población, como lo advertimos con la crisis sanitaria del dengue, culpando al cambio climático de ello y protegiendo la irresponsabilidad del titular de Salud.
Para que la CIDH dictara las medidas cautelares, mucho tienen que ver la lucha que han venido realizando grupos defensores de la población que ha sufrido severos daños en su salud, como las enfermedades renales y de cáncer que por cientos o miles en esas zonas ribereñas se han registrado desde décadas, sin que se tengan estudios certeros científicos que determinen qué elementos provocan estas epidemias.
LA MACRO EXCURSIÓN
Llama la atención que previo a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya realizado la Macro-excursión a la que convocó el gobernador Enrique Alfaro, incluyendo la invitación a los molestos “opinólogos profesionales desinformados”, así como a los titulares de la CEDHJ que habían anunciado harían una segunda Macro recomendación por la contaminación del río Santiago, precisándoles que él no requiere comendaciones, porque ya sabe lo que tiene que hacer.
Nuestro gobernador Enrique Alfaro ya tiene su diagnóstico cuando afirma que el principal agente contaminador en el río Santiago “no son las grandes industrias, sino las granjas porcícolas”.
Recordemos que el primer gran compromiso del gobierno que encabeza Alfaro que asumió el 7 de diciembre del 2018, un día después de su toma de posesión, fue encabezar un acto político en Juanacatlán con su equipo para anunciar el plan integral de rescatar de la contaminación al río Santiago, considerado el más sucio del país.
Pero poco se habló durante los siguientes 12 meses de las acciones que estaba realizando su gobierno en torno al saneamiento del río Santiago. Ninguna de sus Coordinaciones, ni su jefe de gabinete, ni su secretario de Medio Ambiente, menos su secretario de Salud, tuvieron la sensibilidad para dar a conocer qué había sucedido con ese mega compromiso de Estado.
En la presentación de su primer informe de gobierno, lo que dio a conocer el gobernador Alfaro sobre las acciones, inversiones en torno al rescate del río Santiago pasó desapercibido al prevalecer el tema de la seguridad y los desaparecidos, como asunto dominante, junto con las polémicas que provoca por confrontarse constantemente con los periodistas y medios de comunicación como consecuencia de su piel tan delgada y la mecha tan corta que lo distingue.
VER PARA CREER
Bueno, por lo visto, las condiciones son las que están empujando porque se le entre al rescate del río Santiago, el pasado viernes la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, encabezó a un grupo de funcionarios jaliscienses que se reunieron con el titular de Semarnat, Victor Manuel Toledo, a quien se le presentaron los avances de “Revive Río Santiago”, con la estrategia integral para el saneamiento de la cuenca. El secretario Toledo expresó que la estrategia del Gobierno de Jalisco es muy completa y se convierte en referente para uno de los proyectos que la Semarnat está planteando, que es la recuperación de ríos.
O sea, el Gobierno Federal le entra al rescate, lo que es significativo, considerando que la gran contaminación del lago de Chapala, la genera la contaminación que está a lo largo de la cuenca del Lerma-Chapala-Santiago.
Ahora, esperamos que las acciones sustituyan a las palabras y todo esto se traduzca en revertir la contaminación de las aguas de esta cuenca e impacte positivamente en la salud de los pobladores.
Y algo muy importante, se tendrá que meter el acelerador en la atención de la población dañada por esta contaminación que ha sido ignorada por todos los gobiernos.
Ver para creer.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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