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OPINIÓN

El macro compromiso de revivir el río de la muerte

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Todo parece indicar que ante las fuertes presiones internacionales que se presentan en torno a la contaminación del río Santiago, llamado el “río de la muerte”, es posible que se pase de las palabras a los hechos y por fin la demagogia y la politiquería cedan su lugar a acciones responsables.

Se dio a conocer el pasado viernes 7 de febrero las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque fechada el 5 de febrero, a fin de que la población que vive al margen del río Santiago reciba atención médica adecuada y este río sea intervenido por el Estado. En el documento de la CIDH se precisa el alto riesgo que corre la población de los municipios de El Salto, Juanacatlán y las comunidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente y Mezcala del municipio de Poncitlán por la amplia gama de contaminantes que son arrojadas a las aguas del Santiago a las que están expuestas.

Con esta determinación de la CIDH la presión en primer término es para el Gobierno de Jalisco que tiene que prestar atención especial a la salud de estas poblaciones, donde han ido en aumento las enfermedades renales, de cáncer, malformaciones congénitas, entre otros males que ocasiona los agentes químicos.

Para que se lograra la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucho tiene ver la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental y catedrática de la Universidad de Guadalajara, quien no sólo le dio seguimiento al tema de la contaminación del río Santiago, sino que reunió la documentación y armó el documento jurídico que envío a este organismo internacional. Una labor ardua, persistente y que muestra el compromiso social que tiene la dotora Gutiérrez Nájera, que tanto incomoda a los soberbios personajes del poder que les irrita que se les critique por la omisiones e irresponsabilidades en que incurren, importándoles muy poco la salud de la población, como lo advertimos con la crisis sanitaria del dengue, culpando al cambio climático de ello y protegiendo la irresponsabilidad del titular de Salud.

Para que la CIDH dictara las medidas cautelares, mucho tienen que ver la lucha que han venido realizando grupos defensores de la población que ha sufrido severos daños en su salud, como las enfermedades renales y de cáncer que por cientos o miles en esas zonas ribereñas se han registrado desde décadas, sin que se tengan estudios certeros científicos que determinen qué elementos provocan estas epidemias.

LA MACRO EXCURSIÓN

Llama la atención que previo a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya realizado la Macro-excursión a la que convocó el gobernador Enrique Alfaro, incluyendo la invitación a los molestos “opinólogos profesionales desinformados”, así como a los titulares de la CEDHJ que habían anunciado harían una segunda Macro recomendación por la contaminación del río Santiago, precisándoles que él no requiere comendaciones, porque ya sabe lo que tiene que hacer.

Nuestro gobernador Enrique Alfaro ya tiene su diagnóstico cuando afirma que el principal agente contaminador en el río Santiago “no son las grandes industrias, sino las granjas porcícolas”.

Recordemos que el primer gran compromiso del gobierno que encabeza Alfaro que asumió el 7 de diciembre del 2018, un día después de su toma de posesión, fue encabezar un acto político en Juanacatlán con su equipo para anunciar el plan integral de rescatar de la contaminación al río Santiago, considerado el más sucio del país.

Pero poco se habló durante los siguientes 12 meses de las acciones que estaba realizando su gobierno en torno al saneamiento del río Santiago. Ninguna de sus Coordinaciones, ni su jefe de gabinete, ni su secretario de Medio Ambiente, menos su secretario de Salud, tuvieron la sensibilidad para dar a conocer qué había sucedido con ese mega compromiso de Estado.

En la presentación de su primer informe de gobierno, lo que dio a conocer el gobernador Alfaro sobre las acciones, inversiones en torno al rescate del río Santiago pasó desapercibido al prevalecer el tema de la seguridad y los desaparecidos, como asunto dominante, junto con las polémicas que provoca por confrontarse constantemente con los periodistas y medios de comunicación como consecuencia de su piel tan delgada y la mecha tan corta que lo distingue.

VER PARA CREER

Bueno, por lo visto, las condiciones son las que están empujando porque se le entre al rescate del río Santiago, el pasado viernes la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, encabezó a un grupo de funcionarios jaliscienses que se reunieron con el titular de Semarnat, Victor Manuel Toledo, a quien se le presentaron los avances de “Revive Río Santiago”, con la estrategia integral para el saneamiento de la cuenca. El secretario Toledo expresó que la estrategia del Gobierno de Jalisco es muy completa y se convierte en referente para uno de los proyectos que la Semarnat está planteando, que es la recuperación de ríos.

O sea, el Gobierno Federal le entra al rescate, lo que es significativo, considerando que la gran contaminación del lago de Chapala, la genera la contaminación que está a lo largo de la cuenca del Lerma-Chapala-Santiago.

Ahora, esperamos que las acciones sustituyan a las palabras y todo esto se traduzca en revertir la contaminación de las aguas de esta cuenca e impacte positivamente en la salud de los pobladores.

Y algo muy importante, se tendrá que meter el acelerador en la atención de la población dañada por esta contaminación que ha sido ignorada por todos los gobiernos.

Ver para creer.

 

EDUCACIÓN

Conciencia TV: Los retos de los Leones Negros en la era Postpadilla

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Los Leones Negros en la era Postpadilla. Los retos y desafíos que enfrentan Ricardo Villanueva y Karla Planter. El análisis de Gabriel Ibarra Bourjac y Nadia Madrigal, con Amaury Sánchez y Lucio Becerra, en Conciencia TV.

 

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JALISCO

Edición 810: Claroscuros de la reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum: Javier Hurtado ve la mano de EEUU, GAFI y T-MEC

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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

Claroscuros de la reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum: Javier Hurtado ve la mano de EEUU, GAFI y T-MEC

El modelo de Zapopan frente a municipios quebrados

Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia

 

El objetivo de rendir cuentas: Diputada Claudia Salas impulsa armonización legislativa en materia de fiscalización

Viaducto subterráneo y drenaje profundo: Propuestas de César Madrigal para una cirugía mayor contra el colapso metropolitano

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JALISCO

El modelo de Zapopan frente a municipios quebrados

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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

En el intrincado tablero de la política jalisciense, donde cada movimiento puede significar el avance hacia el progreso o el retroceso hacia el estancamiento, una pregunta resuena con fuerza: ¿quiénes son más efectivos para gobernar, los políticos tradicionales, maestros de la retórica y las promesas, o los empresarios, forjados en la disciplina de los resultados financieros y la toma de decisiones pragmáticas?

En Zapopan, la respuesta no se encuentra en discursos grandilocuentes ni en teorías abstractas, sino en una década de hechos concretos, números impresionantes y transformaciones visibles en las calles y la vida de sus habitantes.

Bajo el liderazgo de Pablo Lemus y Juan José Frangie, este municipio ha emergido como un modelo de gestión pública que combina la eficiencia empresarial, transparencia, eficiencia y compromiso social, transforma realidades, superando deudas heredadas y presupuestos limitados para construir municipios más fuertes, equitativos y sostenibles

Demuestra que la buena administración no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para combatir la desigualdad, fomentar el desarrollo económico y construir un futuro sostenible.

Cuando Lemus y Frangie asumieron las riendas de Zapopan, encontraron un municipio sumido en una crisis financiera y administrativa. El presupuesto municipal apenas alcanzaba los 5 mil millones de pesos, lastrado por deudas a proveedores cercanas a los mil millones. Los procesos administrativos eran lentos y opacos, con demoras de hasta dos años para pagar a los proveedores, lo que generaba una percepción de ineficiencia y desconfianza hacia el gobierno local.

En un contexto nacional donde los municipios dependen en gran medida de las aportaciones federales —en Jalisco, el 86% de los ingresos municipales provienen de estas, según datos recientes de la Secretaría de Hacienda—, Zapopan enfrentaba el desafío de revertir esta situación sin recurrir a nueva deuda, una trampa que ha hundido a muchos gobiernos locales en un ciclo de insostenibilidad financiera.

Diez años después, el panorama es radicalmente distinto. Zapopan ha triplicado su presupuesto hasta alcanzar los 13 mil millones de pesos anuales, un logro que no se debe a milagros contables, sino a una estrategia fundamentada en tres pilares: transparencia, eficiencia y compromiso social.

La transparencia ha sido el antídoto contra la desconfianza que permeaba las relaciones entre el gobierno y sus proveedores. Al asumir el mando, Frangie y su equipo implementaron mecanismos digitales y procesos estandarizados que redujeron los tiempos de pago de dos años a tan solo dos o tres semanas.

Este cambio no solo agilizó las operaciones administrativas, sino que convirtió a Zapopan en un referente nacional de confiabilidad. En un México donde la corrupción ha erosionado la fe en las instituciones públicas, esta transformación representa un acto de justicia restaurativa, devolviendo la confianza a los proveedores y fortaleciendo la relación entre el gobierno y el sector privado.

La eficiencia en la recaudación ha sido el segundo pilar del éxito zapopano. A diferencia de muchos gobiernos locales que heredan deudas insostenibles, Zapopan logró triplicar su presupuesto sin incurrir en nueva deuda. El logro se debe a una recaudación responsable, impulsada por actualizaciones catastrales bien diseñadas y alianzas estratégicas con cámaras empresariales como CANACO.

Estas políticas han liberado recursos para financiar proyectos de alto impacto: 600 kilómetros de calles pavimentadas, hospitales modernos, plazas públicas renovadas y programas sociales que atienden directamente a los sectores más vulnerables.

En un país donde la recaudación tributaria municipal permanece estancada, a pesar de incentivos federales como el Fondo de Fomento Municipal, Zapopan destaca por su enfoque en la corresponsabilidad, incentivando la inversión privada y la generación de empleo.

El compromiso social, el tercer pilar, ha sido la brújula ética de esta administración. Frangie ha enfatizado que los avances financieros no son un fin en sí mismos, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

Este enfoque se materializa en obras que fomentan la convivencia y la inclusión, como escuelas equipadas, comedores comunitarios, unidades deportivas modernizadas y espacios públicos revitalizados.

Los proveedores, lejos de ser meros contratistas, son considerados aliados estratégicos cuya experiencia y calidad humana impulsan un ecosistema económico próspero. Este modelo ha permitido a Zapopan liderar la generación de empleo en México, creando miles de puestos de trabajo que fortalecen la base tributaria y generan un círculo virtuoso: más ingresos locales se traducen en mayor inversión en infraestructura, servicios y programas sociales que combaten la desigualdad.

Los resultados de esta visión son innegables. En una década, Zapopan ha invertido 14 mil millones de pesos en infraestructura, renovado 600 kilómetros de calles, modernizado 73 de 90 unidades deportivas y 135 escuelas, y reducido la deuda municipal del 40% al 8%.

Estos logros reflejan una planeación de largo plazo que ha transformado la vida de cientos de miles de habitantes, particularmente en colonias marginadas donde los contrastes entre riqueza y pobreza eran más marcados.

La capacidad de respuesta del gobierno ante la desigualdad ha cambiado la realidad de estas comunidades, brindando oportunidades y mejorando las condiciones de vida a través de una infraestructura que prioriza el bienestar colectivo.

En su cuarto informe, Frangie destacó que Zapopan se ha consolidado como el motor económico de Jalisco, captando la mayor inversión extranjera directa del estado. Con más de 40 parques industriales y el 70% de las empresas de semiconductores, el municipio se ha convertido en un polo de desarrollo económico.

Alberga los mejores centros comerciales, las empresas más innovadoras y los empleos mejor remunerados del Occidente del país, ofreciendo salarios competitivos que fortalecen la economía local.

Esta fortaleza no solo alivia la pobreza, sino que posiciona a Zapopan como un modelo replicable para otros municipios que buscan reducir su dependencia de las aportaciones federales y fortalecer su autonomía financiera.

La continuidad ha sido un factor determinante en el éxito de este proyecto. A diferencia de administraciones marcadas por el oportunismo electoral y las soluciones de corto plazo, el liderazgo de Lemus y Frangie ha priorizado una visión de largo alcance.

La colaboración con los proveedores, reconocida en eventos como el reciente encuentro con 300 de ellos, refleja un modelo de gestión que valora la corresponsabilidad y mide el éxito en resultados tangibles.

Este enfoque ha permitido a Zapopan no solo superar sus desafíos financieros iniciales, sino también sentar las bases para un futuro sostenible, donde la eficiencia administrativa y el compromiso social van de la mano.

La continuidad de este proyecto, respaldada por cuatro victorias electorales consecutivas, es una prueba de que la confianza ciudadana se gana con resultados, no con promesas. Zapopan no solo es un faro de esperanza para Jalisco, sino un ejemplo de lo que es posible cuando el liderazgo combina visión, disciplina y un compromiso inquebrantable con el bienestar de su comunidad.

 

 

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JALISCO

La salud en disputa: Entre el credo y la soberbia

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.

De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.

El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.

En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.

Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.

No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.

Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.

Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.

El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.

Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”

Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.

Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.

En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.

Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.

En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.

Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.

El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?

Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.

En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.

Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.

La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.

Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.

El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.

La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.

Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.

Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.

En X @DEPACHECOS

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