OPINIÓN
El muro de Donald Trump
Columna Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Pues sí, Donald Trump tendrá su muro –humano- y lo costeará México, aunque no estará en la frontera entre México y Estados Unidos de Norteamérica sino en nuestra frontera sur con Guatemala. Trump le cumplirá a sus electores y López Obrador le agradecerá ufano si acaso le complace los resultados al propio Trump, resultado de un acuerdo que es más una imposición imperial.
Debo, sin embargo, señalar que la protección de nuestra frontera sur de invasiones “tipo hormiga” o en caravanas es un asunto de soberanía del Estado mexicano que jamás se había atendido y que ahora se cumplirá por presiones meta nacionales. A Trump deberemos el ideal orden migratorio mexicano.
La porosidad de nuestra frontera sur obedecía a la subordinación del Estado mexicano a diferentes tipos de mafias dentro de nuestro territorio que representaba millones de pesos a partir de la violación de derechos humanos, violaciones de mujeres, trata de personas y coyotaje sobre migrantes, y en ello estaba involucrado el propio gobierno en sus tres órdenes.
Hoy, el posible orden fronterizo obliga al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar marcha atrás en su pretendida política de puertas abiertas a miles de migrantes centroamericanos por razones de humanidad.
Vivimos en una era en que hasta los dichos populares pierden vigencia. Hoy “a las palabras no se las lleva el viento” pues aquellas quedan video grabadas o se guardan en la nube, o díganme cómo hoy nos es posible revivir el momento en que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunciaba ufana que habían ingresado a territorio nacional 8,727 personas provenientes de Angola, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, o díganme cómo es que ahora –está video grabado- la propia secretaria Sánchez Cordero nos asegura no saber por dónde llegaron y prosiguieron los miles de migrantes, que enojan a Donald Trump, desde la frontera sur a la frontera norte de México. Y díganme, cómo es que la señora aun es secretaria de Gobernación.
Al gobierno de la Cuarta Transformación le ganan las declaraciones pletóricas de fantasías. Sin entender que el avión presidencial en venta aún se debe y que debe cubrirse el costo de su resguardo en EEUU, el presidente López Obrador asume que podrá disponer del total de la venta, y nos dice que Naciones Unidas ya evaluó al avión.
Al revisar los objetivos de la Organización de Naciones Unidas no encuentro ninguno que hable de evaluar bienes que alguno de sus miembros decida vender. Parece pues, que en México se vive en dos realidades… no necesariamente paralelas: La que México comparte con el resto del mundo y la de del presidente López Obrador, así como hay números que todos manejamos y otros números que solo tiene el presidente.
La palabra, al comunicar, adquiere identidad y asume símbolos, tonalidades y variaciones según la fuerza y el momento en que es pronunciada. La palabra nos ayuda a conferir dirección, impartir conocimiento, revelar aquello oculto y aclarar lo que mal se interpreta. Por ello, el hablar con la verdad y el sabernos expresar es un arte que requiere inteligencia y dominio del lenguaje y es, además, fuente de poder.
Dicen que “por su boca muere el pez” y podría ser que por boca de sus voceros la 4T muera antes de transformar.
Del “acuerdo impuesto por Trump al gobierno mexicano” nos quedan serias dudas: Cuál será la medida que satisfaga al gobierno norteamericano sobre la reducción de migrantes que crucen México en pos del sueño americano; por cuánto tiempo México dará asilo, educación, salud y empleo a los centroamericanos que EEUU nos envíe; con qué se cubrirán esos gastos cuando del avión presidencial –ya se aclaró- solo quedarán bicocas; qué pasará con los hijos de los centroamericanos y demás migrantes que pudieran nacer en territorio mexicano; cómo evitaremos legitimar los muros fronterizos y las guardias fronterizas en EEUU si nosotros las desplegamos en nuestra frontera sur…
La palabra moldea al pensamiento y la realidad de la persona hasta llegar a su subconsciente, y hoy, en el subconsciente colectivo se siembra la duda sobre las capacidades transformadoras de López Obrador quien enfrenta a entuertos no previstos como el amparo de diversos colectivos ciudadanos en contra de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la construcción del de Santa Lucía. Hoy, por unanimidad de votos de los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, las obras del primero de los aeropuertos no se tocan y se preservan, y las obras del segundo no se suspenden.
En Santa Lucía el asunto es de la mayor importancia e interés mundial: Existen vestigios de animales prehistóricos que exigen su protección gubernamental por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se carece de un estudio de impacto ambiental.
Desde la 4T no se entiende que, si bien en el discurso pueden “transformar a México a su imagen, medida y semejanza”, y acusar sin pruebas de mil delitos, en la realidad eso no es posible. Un juez del Estado de México concedió a 44 estancias infantiles la suspensión definitiva contra el recorte presupuestal ordenado por AMLO que le afectaba y ordenó a la Secretaría del Bienestar entregar a dichas guarderías 950 pesos mensuales por cada menor inscrito en dicho programa. Esto podría darse en otros casos que ya promovieron amparos.
Este divorcio entre la realidad de todos y el imaginario de la 4T se evidencia en la declaración de Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien afirma que a Texcoco “no se le mueve ni un pelo” y que Santa Lucía “sí va”.
En fin, a querer o no, la realidad aun no despierta a la 4T quien aún se mantiene en su lecho presidencial triunfal. La realidad es que, el muro de Trump lo financiaremos y, además, construiremos en nuestro territorio. Se dice que la invitación de Peña Nieto a Trump, siendo candidato, le dio el triunfo. Hoy se podrá decir que el acuerdo de Marcelo Ebrard con el secretario de Estado Mike Pompeo le dará la posible reelección a Trump. Tan malo uno como otro. En el primero fue un error, en el segundo, una grave sumisión.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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