OPINIÓN
El partido de las regiones: Ucrania vs Rusia, una pugna de identidad
A título personal, por Armando Morquecho // (Segunda parte)
La semana pasada tuve la oportunidad de abordar algunos puntos de carácter histórico para profundizar un poco más en este conflicto militar y diplomático que tiene al mundo entero alerta y cuyas raíces son profundas y van más allá de los intereses económicos que tienen algunos involucrados como Estados Unidos.
En esta ocasión, dando seguimiento a los antecedentes del conflicto que hoy se desarrolla en la frontera que divide a estos dos países, me enfocaré un poco más en los antecedentes de conflicto más recientes y que además, podríamos considerar como el génesis de todo este problema que está a una llamada telefónica, ya sea del Kremlin o de la Casa Blanca, de salirse de control.
Si bien recuerdan, la semana pasada en las páginas de este medio señalé que la caída de la Unión Soviética a finales del Siglo XX, aunque para muchos fue un triunfo de la democracia, para otros fue una crisis ya que muchas personas que se identificaban a sí mismas como rusas, quedaron «atrapadas» en países como Ucrania, que con el paso de los años establecerían dentro de sus fronteras una serie de valores que les permitirían establecer y fortalecer una idea de identidad nacional liberada de los fantasmas, y aunque esto fue bien recibido por la mayoría de los habitantes del país hubo sectores que se oponían firmemente a esto.
En el caso de Ucrania, pese a que a diferencia de Kazajistán o Bielorrusia, ha tratado de marcar una mayor autonomía política de Rusia, el importante número de personas que se identifican con la etnia rusa (17%) facilitó la creación de partidos políticos prorrusos, como el Partido de las Regiones, que más adelante, sería determinante en los conflictos políticos y sociales del país.
Es fundado el 26 de octubre de 1997 bajo el nombre de Partido del Renacimiento Regional de Ucrania hoy Partido de las Regiones se presentó en el escenario público como una opción política capaz de defender los derechos de la etnia rusa en Ucrania.
Con el paso de los años y después de una profunda reforma y de varios acuerdos políticos con importantes actores del medio, el Partido de las Regiones logró cosechar importantes triunfos tras concentrar su trabajo en las regiones denominadas como ‘’Nueva Rusia’’, así como en el este y el sudeste del país.
Pese a su importante expansión, como a todo partido político que nace de la oposición, su proyecto requirió tiempo, paciencia y recursos amablemente donados por aquellos con un especial interés en llevar sus proyectos ideológicos prorrusos a los espacios públicos más importantes del país.
Es así que para el 2004 el partido ya sería un protagonista en el escenario político y tras ‘’revolución naranja’’ que provocó un recuento de votos, la candidatura presidencial del partido encabezada por Víktor Yanukóvich (en ese entonces primer ministro) lograría tener un segundo lugar, lo cual lejos de representar una derrota, le dio al partido un triunfo político ya que lograron que la ciudadanía pusiera en duda la legitimidad del régimen actual y que además, consideraran la urgente necesidad de un cambio político en el corto plazo.
Años después, y tras consolidarse con mayoría en la Rada Suprema, en el 2010, después de unas elecciones algo controversiales, el partido prorruso logró llegar al poder con la candidatura del mismo Víktor Yanukóvich, convirtiéndose así en la primera fuerza política del país.
Su gobierno fue polémico, pero la gota que derramó el vaso tuvo lugar en el 2013, cuando debido a las presiones económicas de Rusia y su influencia en Ucrania, el gobierno de ese país anunció que suspendían el proceso de firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
No mucho tiempo después, este anuncio, aunado hartazgo que existía entre la población por el deterioro del estado de derecho, de los valores democráticos y de los ideales de soberanía nacional, provocarían el surgimiento de la Revolución de la Dignidad, mejor conocida como Euromaidán, movimiento social encabezado por universitarios, que tras 4 meses de presión y de fuertes manifestaciones y disturbios logró derrocar al entonces presidente ucraniano, dándole un final político bastante poético, ya que resulta peculiar que quien creció gracias al malestar generalizado de la población materializado en movimientos sociales, encontraría su fin en otro movimiento de la misma naturaleza.
No obstante, tal y como lo mencioné en la columna de la semana pasada, nada de esto evitó que el gobierno ruso cumpliera con lo que parecía ser su verdadero objetivo: anexionarse la Península de Crimea. De hecho, pareciera que ellos esperaban con más ansias la remoción del cargo del presidente, ya que cuando ésto se concretó, desplegaron tropas en Crimea bajo el argumento de que Ucrania era un estado fallido, adjudicándose así un importante triunfo en su avanzada contra occidente.
En este orden de ideas y atendiendo a los acontecimientos históricos entre estos territorios, creo que vale la pena que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos analicen este conflicto con mayor frialdad, ya que solo de esta manera, podrán desentrañar el verdadero objetivo de Rusia.
En el 2014, mientras la comunidad internacional monitoreaba con detenimiento lo sucedido durante el Euromaidán motivado por la presión de Rusia para suspender un acuerdo de colaboración entre Ucrania y la UE, el Gobierno de Vladimir Putin tejía bajo la mesa la que era su verdadera jugada.
Probablemente hoy, en el terreno político hay en juego algo más que la inconformidad del Gobierno Ruso por las negociaciones entre Ucrania y la OTAN, tal vez la clave sea el Nord Stream 2, o tal vez no, tal vez haya algo más, y en ese sentido, el reto de Estados Unidos y de sus aliados es analizar una y otra vez el tablero tanto político como geopolítico, y por ende, tal vez no sería descabellado que voltearan a ver a otro actor en este juego de intereses: China, país con el que Vladimir Putin ha estrechado lazos en las últimas semanas.
Quiero insistir en que este conflicto es complejo pero no solo por estos antecedentes que acabo de mencionar, sino porque todo parece indicar que Ucrania se ha convertido, como en su momento lo fueron Corea, Alemania, Vietnam y Cuba, en un territorio sobre el cual las potencias mundiales pueden desahogar libremente sus conflictos políticos y económicos producto de este eterno conflicto entre Occidente y Oriente.
Mucho se ha hablado de como este conflicto puede traer grandes cambios en el orden mundial, pero creo que valdría la pena que, una vez identificados los intereses de cada actor, el problema se abordara desde una óptica más humana, ya que si hacemos ese ejercicio, sería fácil entender que los principales afectados por este conflicto son los ucranianos, no Estados Unidos o Rusia, por ello, cualquier posible solución a este conflicto, debería partir de una estrategia pensada en términos humanitarios y no financieros o políticos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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