OPINIÓN
En la Mira: Enanos mentales
Por Óscar Constantino //
Don't you, forget about me.
Don't, don't, don't, don't.
Keith Forsey y Steve Schif.f
El compositor Jim Steinman ofreció dos canciones al cantante Meat Loaf, pero la disquera del intérprete no quiso pagarlas. El autor terminó brindándoselas a Bonnie Tyler y Air Supply: estas piezas fueron Total Eclipse of the Heart y Making Love Out of Nothing at All, que en 1983 obtuvieron el primer y segundo lugar del Billboard Hot 100, la lista estadounidense de los 100 sencillos más vendidos.
En la historia de la música del siglo XX no se recuerda al ejecutivo que se rehusó a pagar estas obras, pero sí se mantiene un registro de su tontería. Bonnie Tyler tuvo su más grande éxito, un número 1 transatlántico, en Total Eclipse of the Heart: no fue ni la primera ni la última metida de pata de un directivo musical que se convirtió en el éxito de otro. Algunos de estos errores están plenamente constatados y otros simplemente sepultados por sus causantes o beneficiarios (si alguien piensa en Billy Idol y Simple Minds o en Emmanuel y Franco, es mera coincidencia).
Esta forma de llevar los asuntos —a lo torpe— es común en el mundo de los negocios, pero es casi permanente en los gobiernos. ¿Qué nivel de ignorancia, combinada con soberbia, terquedad y estulticia, se tiene que poseer para rechazar canciones, evidentemente redondas, por no pagar algo de dinero? El mismo nivel de incompetencia que muchos directivos públicos despliegan en su labor cotidiana y que da al traste con proyectos consolidados o excelentes propuestas de acciones de gobierno.
«Lo doctor no quita lo tarugo» es una frase de un conocido académico —por cierto, con grado de doctor—, esto es evidente cuando el que acumula grados toma decisiones sobre áreas que no domina o de las que tiene una experiencia nula o meramente testimonial. La administración de Atari, en su momento encabezada por un directivo textil; o la de Apple, conducida en su peor época por un ex gerente refresquero; dan muestra patente de que la habilidad en un área no es fácilmente trasladable a otra. Cuando en una empresa se comete este tipo de errores, los amortizan los inversionistas: por el contrario, estas pifias, en el sector público, las pagan los gobernados.
Seguramente alguien en Columbia Records se preguntó por qué su subsidiaria Epic Records dejó ir un par de hits como Total Eclipse of the Heart y Making Love Out of Nothing at All. La respuesta no la conocemos: Epic Records había lanzado Thriller, el álbum más vendido del mundo; en la visión de sus ejecutivos, un par de canciones perdidas no significaban gran cosa.
No obstante, las organizaciones no tienen siempre esa fortuna. Por ejemplo, Apple dejó el liderazgo de su segmento luego de dos errores: fabricar con fallas al Apple III y el alto precio del Macintosh. Tardaron 17 años en ponerse nuevamente en camino. A otros les fue peor: Atari nunca se recuperó del error de haber extendido la vida del 2600, en lugar de haber ofrecido una plataforma mejorada, que, por cierto, tenían lista desde 1977. Los malos juegos y hardware obsoleto los sacó del mercado. Han pasado 36 años del crash de la industria de los videojuegos y Atari aún no se recupera, incluso en Japón a este suceso lo llaman Atari shock, por si queda alguna duda de su responsabilidad en esa crisis.
La vocación de los gobiernos tercermundistas a reinventar, cada nuevo periodo, al hilo negro y al agua tibia, es la versión patética de los errores de Atari. Al menos la compañía de Sunnyvale fue líder indiscutible de su ámbito: en contraste, muchos burócratas llegan sin mayor mérito que los compromisos personales o partidistas que los sientan en una silla. Ni siquiera echan a perder lo que lograron, porque nunca han hecho algo verdaderamente relevante. Eso sí, llegan a destruir lo que otros han alcanzado: son semejantes al junior que hace quebrar la empresa fundada por su abuelo (sí, esos directivos públicos parecen la versión chiquita de Javi Noble o Chava Iglesias: la misma incompetencia, pero en empaque mini).
El enanismo mental del que toma decisiones ignorantes no es sólo un problema de incompetencia, sino de deshonestidad intelectual: cuando se da en el gobierno, es un robo a toda la sociedad. Actualmente, Epic Records se encuentra altamente cuestionada. En oposición, los gobernantes torpes suelen ser como las hormigas, polillas u otras plagas: destruyen y se largan, desvaneciéndose en la misma niebla de irrelevancia en la que llegaron. Por eso los burócratas ineptos son peores que los directivos privados incapaces: las empresas, al menos, arriesgan su capital y crean riqueza; los gobiernos viven de la que los contribuyentes aportan. Si, luego de leer este texto, a usted le enoja el doble lo que va a pagar en su declaración anual, no es exagerada su reacción.
El raquitismo intelectual se resuelve con respeto al talento y resultados demostrados. Lo malo es que, usualmente, los enanos mentales tienen una soberbia gigante…
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
