OPINIÓN
Entre el castigo y la dispensa
Por Isabel Venegas //
Esta semana el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, cerró definitivamente la cárcel de “Topo Chico” en la ciudad de Monterrey; un reclusorio en el que durante varios lapsos hubo ingobernabilidad por parte del estado, con un devenir de disturbios y sublevaciones, los más crueles en la historia de nuestro país. Espacio donde la delincuencia, las drogas, la prostitución forzada, entre otros muchos aspectos dan cuenta de historias que no reflejan posibilidad alguna para ser considerado un centro de readaptación.
76 años llenos de vidas que lucharon por sobrevivir a un sistema que no pudo (o tal vez, no quiso) asumir el compromiso de salvaguardar sus derechos humanos y su integridad como personas; para algunos (políticamente poco correctos) este ya es de hecho un tema de controversia, puesto que más allá de negar la condición de personas de los presos, quieren ver ejercer una suerte de castigo que sea ejemplar de modo tal que el resto de la población entienda la lección, o que por lo menos quien cometió el delito, sufra al punto de arrepentirse profundamente.
Ya el mismo Bronco en su campaña electoral por la presidencia de la república pegaba con tubo en las encuestas al decir que le iba a cortar las manos a todo aquel que se encontrara robando o cometiendo algún delito. Ciertamente era una locura, era una política que tan solo desde el punto de vista del sector salud resultaba absolutamente inviable, ya no se diga desde el concepto constitucional; de hecho cuando se le cuestionó acerca del cómo se podría llevar a cabo semejante medida él hizo referencia a la idea de “escarmiento”, con dos o tres casos sería suficiente para que los demás aprendieran la lección y se redujera de manera impactante el número de delitos y la inseguridad.
Pero siempre hay costos que preferimos omitir cuando de crueldad se trata, un buen ejemplo es lo que no vimos durante casi 80 años de horror que vivieron los habitantes de la prisión de Topo Chico; por ejemplo, en el panel de hombres había un plafón que servía como pared falsa y que conectaba con el área de mujeres, de modo tal que cuando los líderes lo deseaban, pasaban para el lado femenino, tomaban a quien querían y le sometían a la trata de personas de la que no había forma de escapar.
Las condiciones eran feas, tristes, peligrosas, pero fuertes en orden e intención. Ahí, en ese tenebroso lugar, nacieron y crecieron bebés, fruto –la mayoría- de violaciones y vejaciones en todos los sentidos. Un penal que como muchos, tiene condiciones de contraste entre presos pobres y presos poderosos. Había quienes tenían que pagar por dormir en cama, por tener una cobija, o por gozar de protección, mientras que ahí mismo se alojaba alguien que poseía un jacuzzi, televisión por cable, internet y uno que otro lujillo, como el control del mercado interno de la droga que se distribuía entre los reos o los accesos a teléfonos para seguir manejando la empresa de la extorsión desde el penal.
Con varios siglos de tradición, seguimos queriendo enfrentar el miedo por la inseguridad a través de los mismos mecanismos de figuras icónicas como la de la cárcel.
Ahí es donde esperamos tener a todos los que hacen daño, a todos los que agreden y atacan, sin tener en cuenta que, debido a un proceso legal podrían salir en unos 4, 5 o 20 años y que ese lugar se pudo haber vuelto en la universidad para delinquir, o peor aún, el medio para arrancar toda la compasión, empatía y solidaridad humana, porque ante una sistematización de la violencia, el individuo termina por normalizarla y entenderla incluso como obligatoria.
Necesitamos reflexionar sobre la capacidad y el interés del Estado por reinsertar a la sociedad a los presos que han pagado su condena. Topo Chico con sus puertas abiertas, evidencia una construcción que está diseñada para que no sea confortable, para infringir sufrimiento, para castigar.
En los años 70 Michel Foucault hacía un análisis desde la perspectiva de la sociedad que pretende atender sus miedos a través del ejercicio del poder y del castigo; describe las razones de encerrar a los “locos” en los manicomios, a “los malos” en las cárceles, y a los “delincuentes en potencia” en las escuelas.
Ese análisis implica ver cómo las construcciones comparten la misma disposición de los espacios: edificios con torres en las que se puede tener una visión general para no perder el control, cuerpos de prefectura, tiempos delimitados para cada una de las acciones: alimentación, higiene, esparcimiento, lecciones, etc.
Foucault evidencia grandes deficiencias en la organización estructural de estas dependencias, y en gran medida gracias a sus aportaciones, grupos de defensa de los derechos humanos, así como colectivos de pedagogía y docencia elevaron su voz para exigir cambios en la disposición de los espacios, pero más aún, en la preservación de los integridad de las personas que están en cada una de las dependencias que se apegan a estas dinámicas.
Paradójicamente, hoy nos encontramos ante tres momentos y espacios de quiebre:
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En la escuela como parte de la cultura moderna, se comenzó a instaurar una dinámica mucho más comprensiva del niño, lo que para algunos se ha interpretado como la “no aplicación de la sanción”, es decir, existe el reglamento, se tienen definidas las normas, pero en la mayoría de los casos la regla no se aplica, ya sea porque los padres de familia se presenten a dialogar, se establecen compromisos de mejora, se tienen nuevas figuras como la del tutor de apoyo y seguimiento, etc.
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En las cárceles, la pobreza y la capacidad rebasada de las instancias judiciales para llevar a cabo investigaciones asertivas y efectivas, redunda en la doble injusticia, para las víctimas del delito, y para quienes son reos sin el debido proceso. Éstas suelen estar llenas de gente inocente, personas cuya capacidad económica las somete a un castigo injusto que no sirve de nada a nadie.
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En la calle se apodera del escenario el debate de la actuación de los gobiernos actuales que, por no ejercer el control permiten marchas y manifestaciones que agreden a la ciudadanía, a los comerciantes, o a los edificios de patrimonio cultural. Es decir de haber tenido actuaciones de “abuso” en el ejercicio de la autoridad, ahora transita al “desuso” del poder, en tanto que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la última marcha, utiliza a funcionarios públicos para que atiendan el evento con la misma actuación de los cuerpos policiales pero sin el equipo y el uniforme de éstos, quienes desde antes iban desarmados con la simple intención de resistir.
Estamos entonces pretendiendo formar a nuestros niños ya no en función del miedo, atendiendo sus faltas con base en el diálogo y la negociación, cuando por otro lado, seguimos construyendo cárceles sin evaluar cuántos presos son inocentes, cuántos verdaderamente logran reivindicarse y las razones de aplicar una sanción. Sé que son temas muy complejos y cuyo abordaje debe ir considerando más variables, pero en esa misma perspectiva se pueden abordar problemáticas desde preguntas como: ¿De qué sirve encarcelar a una mujer por haber abortado?
Más allá de que sea su derecho o no, o de si la vida se considera a partir desde la concepción o en una semana específica del embarazo, estamos hablando de la lógica del castigo, en la que no se observa ningún sentido en “encarcelar” a una mujer que abortó, ni desde la perspectiva de la formación de la consciencia, ni en la recuperación del hecho afectado, ni en función de la organización social; desde ninguna de las dimensiones la prisión tiene un efecto positivo y si desde este análisis quitamos esa variable de la ecuación, podremos avanzar a discutir uno de los problemas modernos que por décadas ha sido postergado por miedo a los costos políticos que implica al gobernante en turno y por la poca capacidad de escucha que tenemos los ciudadanos. Vamos pensando en la construcción de una sociedad diferente, te invito a tener una semana de mucha paz y reflexión.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CULTURA
Edición 809: La visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco: Anuncia inversión en obras estratégicas
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Conflicto en la UdeG; la rectora como factor clave: Diálogo y respeto, la ruta de la solución
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
¿Qué lecciones deja el movimiento estudiantil que se expresó al interior de la Universidad de Guadalajara en septiembre de 2025 en el contexto del proceso electoral de renovación de los integrantes del Consejo General Universitario (CGU) con la demanda de una democratización más profunda de la representación estudiantil?
El suceso puede ser visto desde diversos ángulos y lecturas, encuadrado en la era postpadilla que vive la Universidad de Guadalajara, que no implica necesariamente un cambio sustantivo en el manejo político de gobierno que se ha vivido en las últimas tres décadas con el liderazgo de Raúl Padilla López que permitió se dieran cambios sustantivos al interior de esta gigantesca institución educativa.
Habrá que apuntar que el movimiento finalmente no alteró el resultado del proceso electoral, inicialmente parecía el surgimiento de un gran movimiento que podría sacudir las estructuras de poder y control de la UdeG que ha trascendido ya a dos generaciones, hoy con los liderazgos de Ricardo Villanueva (Subsecretario de Educación del Gobierno Federal) y de la rectora general Karla Planter.
Algo muy importante de la era de Padilla fue la estabilidad que la UdeG ha vivido y que permitió la creación de la Red Universitaria, el logro de la autonomía y un presupuesto constitucional.
Las votaciones se llevaron a cabo el 25 de septiembre, renovando los 48 consejeros estudiantiles, 9 representantes del personal académico y 9 del personal directivo del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y con una participación del 38% entre el alumnado (126,413 votos de 342,076 estudiantes matriculados), un aumento del 14% respecto a 2024, pero con una abstención superior al 60% y un 12% de votos nulos —el porcentaje más alto en años recientes, especialmente en centros como el CUCSH.
Aunque el movimiento interpretó estos números como un «rechazo masivo» al sistema actual dominado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), las autoridades universitarias validaron el proceso como «pacífico y con participación histórica», procediendo con la integración del nuevo CGU.
La comunidad universitaria —compuesta por más de 350 mil estudiantes y docentes— en gran medida «hizo el vacío» a las demandas radicales del movimiento (como la suspensión inmediata de elecciones y reformas a la Ley Orgánica) por una combinación de factores, entre los que destacan la percepción de injerencia externa y la respuesta conciliadora pero firme de la rectora Karla Planter Pérez. Analicemos ambos, basados en análisis y testimonios recientes:
Injerencia de la Unión Juvenil Revolucionaria Mexicana (UJRM) como factor deslegitimador
Sí, la presencia de la UJRM —una organización de corte marxista-leninista, externa a la UdeG y vinculada al Frente Popular Revolucionario (FPR), jugó un rol clave en alienar a la comunidad. Aunque el movimiento se presentó como autónomo y orgánico, surgido de asambleas interuniversitarias en centros como CUCSH y CUCEA, críticos como el académico Martín Romero Morett (director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA) argumentan que fue «manipulado por agentes externos» como la UJRM, que usó demandas legítimas (mejoras en infraestructura, gratuidad total y transporte seguro) para escalar a tácticas desestabilizadoras como tomas de edificios y paros indefinidos.
Esta percepción de «caballo de Troya político» —buscando capturar órganos colegiados y recursos universitarios para agendas partidistas— deslegitimó el movimiento ante una mayoría que prioriza la estabilidad académica sobre confrontaciones ideológicas.
Hubo diversas opiniones externas a la UdeG que refuerzan esto: la UJRM no es un «movimiento estudiantil espontáneo», sino una amenaza que instrumentaliza luchas genuinas, lo que explica por qué solo un grupo reducido (estimado en cientos, no miles) se movilizó activamente, mientras el resto optó por la apatía o el voto nulo sin adherirse a la protesta radical.
La rectora Planter misma aludió a esta «injerencia de actores externos que manipulan causas estudiantiles para fines políticos», lo que resonó en la comunidad al evocar temores de repeticiones de conflictos pasados (como los de los 70), pero sin el contexto represivo actual.
En redes como X, posts de militantes de la UJRM muestran su reivindicación explícita de la lucha, pero también generan rechazo al ser vistos como «extremistas ajenos» a la comunidad universitaria.
LA ACTITUD CONCILIADORA DE LA RECTORA KARLA PLANTER
La intervención de Planter —quien asumió el cargo en abril de 2025 como primera rectora mujer— fue muy pertinente al expresarse contra la violencia, con un enfoque de diálogo que desinfló el momentum del movimiento. Rechazó la suspensión electoral por ser «ilegal y violatoria de derechos» de la comunidad, pero respondió públicamente al pliego petitorio estudiantil (entregado el 17 de septiembre), comprometiéndose a atender demandas viables como ampliación de cupos, becas y seguridad en transporte, mientras descartaba otras «inmorales» (ej. espacios para consumo de marihuana).
En un video mensaje, enfatizó: «La universidad es para el aprendizaje, no para sustancias», y llamó a «escuchar y dialogar» tras las movilizaciones, lo que académicos como Romero Morett elogian como «adecuado»: acepta mejoras sin ceder a lo ilegal, atendiendo limitaciones presupuestales reales (la UdeG depende de subsidios estatales limitados).
Esta postura conciliadora —combinada con garantías de libertad de expresión y rechazo a la violencia (hubo incidentes de represión por porros de la FEU, pero no avalados por rectoría)— convenció a muchos de que las vías institucionales bastaban, reduciendo el apoyo al movimiento. Manifestaciones de profesores (Asamblea de Profesoras y Profesores Independientes del CUCSH) respaldaron demandas, pero condenaron excesos, alineándose con el llamado al diálogo. Al final, el movimiento levantó paros temporales para «reorganizarse», pero las elecciones prosiguieron sin alteraciones mayores.
En síntesis, la «invasión» fue dual: la UJRM aportó radicalismo percibido como ajeno, erosionando credibilidad; Planter, con su diálogo conciliador, canalizó tensiones sin confrontación, priorizando la continuidad. El resultado: un CGU renovado con bajo respaldo, pero funcional, y un movimiento que, pese a visibilizar fallas (alta abstención como «éxito simbólico»), no transformó el statu quo.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un nombre puede ser un epitafio adelantado. “Operadora Dedos Sucios” —así, sin disfraz, sin rubor— se constituyó en Guadalajara en 2020. La empresa parecía una broma de cantina, pero tenía como socio mayoritario al exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruces Mada. A su lado, Jesús González Lomelí, un magnate fronterizo ligado al Cártel de Sinaloa, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo que sonaba a una ocurrencia grotesca terminó siendo un símbolo exacto: el retrato de un funcionario que confundió la política con el saqueo y la salud pública con un botín.
Cruces Mada, médico de formación, había hecho carrera en la burocracia jalisciense: titular de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, luego responsable del Seguro Popular, más tarde secretario de Salud en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Pero su verdadero oficio no fue curar cuerpos, sino extirpar presupuestos.
En 2015, mientras fungía como director del Seguro Popular Jalisco, Cruces Mada repetía una y otra vez que no existía deuda alguna con los Hospitales Civiles de Guadalajara. “Se ha cumplido cabalmente con los compromisos”, decía con aplomo frente a reporteros.
La Universidad de Guadalajara, los Hospitales Civiles y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud le respondieron con un documento demoledor: no sólo sí había deuda, sino que superaba los 764 millones de pesos. Y lo acusaban de algo más grave: querer confundir, engañar a la opinión pública con declaraciones falsas y dolosas.
Los firmantes —entre ellos el rector Tonatiuh Bravo Padilla -Hoy diputado del desaparecido partido Hagamos- y los directores de ambos hospitales— enumeraron las cifras que el funcionario pretendía evaporar: 6.5 millones de pesos en 2013, 131.9 millones en 2014 y 627.1 millones en 2015. Todo documentado, con comprobaciones entregadas al propio Seguro Popular. La estrategia de Cruces, que denunciaban, era retardar durante meses la conciliación de cuentas para usar ese retraso como pretexto y no pagar.
No era la primera vez que quedaba en evidencia. En febrero de 2013, la Secretaría de Salud, el OPD Servicios de Salud Jalisco y el Seguro Popular habían firmado junto con el Hospital Civil un acta circunstanciada de hechos por un monto de 382.6 millones de pesos adicionales al contrato de ese año. El documento reconocía plenamente el adeudo, y además constaban acuses de recepción por 200 millones de pesos en servicios prestados durante enero y febrero de 2013.
Ante semejantes pruebas, los directivos de la UdeG sentenciaban: “Es imposible desconocer estos compromisos, como ha pretendido Cruces Mada”. Recordaban incluso el decreto del Congreso del Estado de 2012, que obligaba a reconocer todos los actos jurídicos celebrados hasta febrero de 2013.
El mensaje era claro: Cruces no solo mentía, sino que trataba de borrar con declaraciones públicas lo que estaba estampado con tinta oficial.
La disputa no era un pleito de contadores. Cada peso negado significaba un insumo menos, un proveedor que dejaba de surtir, una sala quirúrgica paralizada. “La crisis financiera pone en grave riesgo la operación, capacidad y calidad de atención de esta benemérita institución”, advertían los directivos en su carta.
La escena resultaba deprimente: mientras el director del Seguro Popular juraba no deber un centavo, en los pasillos del Hospital Civil los médicos improvisaban con lo poco disponible, y los pacientes más pobres de Jalisco aguardaban en salas saturadas. El hospital convertido en rehén de la corrupción.
La impunidad, sin embargo, no duró para siempre. En febrero de 2020, Cruces Mada fue vinculado a proceso, junto con Jaime Agustín González Álvarez, por los delitos de desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.
El caso estalló por la compra irregular de equipos de videovigilancia para el Hospital General de Occidente y contratos simulados por servicios que nunca se prestaron. El daño estimado al erario: 25 millones de pesos.
El juez Juan José Rodríguez Velarde dictó medidas cautelares: resguardo domiciliario para Cruces Mada, prohibición de salida del país para sus compañeros de gabinete. Un cuarto implicado, Fernando Letipichia, exdirector jurídico, fue el único que escapó de la vinculación.
Dos años después, en octubre de 2022, el exsecretario volvió a los tribunales. Esta vez por peculado. La acusación parecía menor: haberse ausentado de su cargo en 2016 y 2017 sin permiso ni vacaciones. Pero el trasfondo era otro: desatención dolosa de la administración pública, con la consecuencia de nuevos desfalcos.
El juez le impuso prisión preventiva y, al final del proceso, la sentencia fue contundente: nueve años de cárcel y el pago de 5.7 millones de pesos por reparación del daño.
El médico que decía no deber nada terminó condenado por ausencias injustificadas y desvíos comprobados. Ironías de la justicia: no faltaba nunca a la cita con el dinero público, pero sí a la oficina.
El caso Cruces Mada no puede entenderse en solitario. Su historia está entretejida con la de una Secretaría de Salud acostumbrada a convertir el presupuesto en negocio. Jaime Agustín González, su antecesor, también enfrentó procesos.
La mecánica era conocida: retrasar pagos a hospitales, presionar con adeudos millonarios, autorizar contratos inflados, justificar privatizaciones encubiertas. Todo bajo la mirada permisiva de un Congreso local incapaz de fiscalizar y de un Ejecutivo más preocupado por la lealtad política que por la salud pública.
“Con los dedos sucios” no era solo el nombre de una empresa fantasma. Era la metáfora perfecta de un político que convirtió la salud en negocio y la mentira en política de Estado.
Cruces Mada terminó en prisión, pero el daño permanece: hospitales endeudados, proveedores reacios a surtir, pacientes en riesgo. La benemérita institución, orgullo de Guadalajara, sigue pagando los platos rotos de quienes confundieron servicio público con caja registradora.
La ironía es cruel: un médico que debía velar por la vida amputó presupuestos, cercenó derechos y abrió heridas que no cierran. La política jalisciense lo recordará no como gestor, ni como doctor, sino como lo que fue: un operador de cuentas falsas.
Ese era su prontuario cuando decidió convertirse en empresario de fachada, accionista mayoritario de una compañía que los estadounidenses señalan como lavadora del dinero sucio de Joaquín Guzmán Loera y su herencia criminal.
El Tesoro norteamericano describió a González Lomelí como un operador clave para blanquear millones de dólares en nombre de los hermanos Arzate, brazo financiero de Ismael “El Mayo” Zambada. No es poca cosa: quince de sus negocios fueron sancionados, entre ellos Veintiuno Mexicali y Botanero 21 Ávila Camacho, ambos ligados también a Cruces.
Su esposa, Nancy Karina Martínez Basañez, corredora pública, también aparece como accionista de Operadora Dedos Sucios. El nepotismo empresarial no conoce de rubores: donde uno mete la firma, el otro pone la fianza.
El asunto se volvió internacional cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sanciones a González Lomelí y a las firmas donde Cruces figura como socio. Traducido: Estados Unidos congeló activos y prohibió transacciones con esas compañías, a las que identifica como engranajes del Cártel de Sinaloa.
Y así, el epitafio adelantado de su empresa suena a sentencia: Antonio Cruces Mada vivió, gobernó y cayó con los dedos sucios.
En X @DEPACHECOS
– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez
Siguiendo con la verdad y las mentiras, Abraham Lincoln dijo que “podrás engañar a todos durante algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no podrás engañar siempre a todos”. Anónimo, ese estupendo autor mundialmente desconocido, consideró que “la mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo”.
Cicerón, emperador romano, también explicó que “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Antonio Machado, poeta de poetas, indicó que “la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés”.
Francis Bacón consideró que “la verdad es hija del tiempo, nunca de la autoridad”. George Orwell enfatizó que “en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”. Jean Cocteau dijo que “no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría”.
Simone de Beauvoir, adalid de la filosofía femenina, nos enseñó que “no es suficiente conocer la verdad, también es necesario hacerla escuchar”.
Hay una retahíla de dichos, sentencias y consideraciones sobre la verdad y las mentiras. Lo cierto es que en estos tiempos de mentiras completas y verdades a medias es necesario recordar las lecciones que dejaron algunos genios de la manipulación de la verdad.
Aquí y en China, pasando por Gaza, Ucrania, Nepal, África, EEUU y demás naciones en conflictos internacionales o internos, hay una “fiebre” por las mentiras; una obsesión por ocultar la verdad y tergiversar la realidad a las conveniencias de quienes detentan los poderes públicos pocas veces vista en la historia de la humanidad.
La fuerza de la repetición de las ideas en el subconsciente es la estrategia maestra. Las frases descalificadoras, los insultos velados o crudos, las negaciones, las mentiras, las medidas verdades son la tónica de los gobernantes actuales, de todos los colores y sabores y de todas las naciones.
No es casualidad, es causalidad. Dicha estrategia la practicó con demasiado éxito Joseph Goebbels, al frente de la propaganda de Hitler.
Goebbels se sumergió en las teorías de Sigmund Freud, especialmente las del inconsciente, donde habitan los peores miedos, fobias y emociones varias de los humanos, para elaborar una maniobra que permitiera a Hitler “lavar los cerebros” de los alemanes y no pocos fanáticos desperdigados por el mudo entero, que aún suspiran por “lo que hubiera sido, si hubiera ganado el führer”.
Aquí algunas de las frases del genio de la manipulación nazi para manipular a la gente:
1. “Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad verosímil”;
2. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa y difunde con profusión otras que las distraigan”;
3. “Hay que brindar constantemente argumentos e informaciones nuevas con un ritmo tal que, cuando el enemigo responda, el público esté ya interesado en otras cosas”;
4. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel de mensaje al menos inteligente de los sujetos a los que se dirige. “Cuanto mayor sea la masa a convencer, menor esfuerzo mental debe realizar el conglomerado y, por ende, el individuo. “La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa, por lo que tiene gran facilidad para olvidar;
5. “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”;
6. “Miente, miente, miente y vuelve a mentir, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”;
7. “Sin la radio (adecuando esa particularidad, hoy decimos que, sin los medios de comunicación masiva, incluyendo o resaltando las redes sociales) no habría sido posible conquistar al poder”.
En aquel entonces, la radio era el medio más influyente e importante entre un movimiento espiritual y la nación, “entre la idea y el pueblo”;
8. “Hay que ‘Individualizar’ al adversario en un único enemigo”.
Está claro que el objetivo de Goebbels fue ideologizante, político y sectario. También que su método de difundir a los cuatro vientos frases repetidas -contundentes en la mentira hasta rayar en lo cínico, carentes de veracidad, con evidencias de ello, pero desdeñadas por los gobernantes, no han perdido vigencia y son recurrentes en las tácticas de los gobernantes para “conquistar a las masas”.
El propagandista nazi supo conjuntar elementos psicológicos, sociológicos y políticos para los fines perversos del Tercer Reich.
Su procedimiento lo confeccionó con base en la psicología, utilizando los conocimientos del inconsciente que Sigmund Freud, (judío) descubrió. (Nadie sabe para quién trabaja).
Debido a esta manera de “convencer” No es de asombrar que personas que antaño tenían un juicio mesurado, que ponderaban las informaciones con sensatez, y hasta escepticismo, de repente se hayan vuelto fanáticas del modo de gobernar de los morenistas. Lo lamentable es que repiten como eco las frases hechas de los que gobiernan en mayoría y que (dicen) tienen en sus “granjas de teléfonos celulares” a sus más fieles repetidores de sus mitomanías.
Cavar en la mente colectiva ha sido un trabajo lento, persistente, constante, falto de pudor e intolerante de parte de aquellos que han dictado las nuevas reglas a seguir.
Los efectos de esas normas y maniobras “cuatro teístas” se han dejado sentir en nuestro país.
En Mexicalpán de las Tunas, la ideología gubernamental se dicta en las conferencias mañaneras y las redes sociales; no pocas veces se hace con métodos poco éticos, pero eficientes y eficaces, que parece lo mismo, pero no es igual.
No hay duda de que el manual de Goebbels, en materia de propaganda política se aplica en cada renglón del discurso gubernamental, sea del Ejecutivo, Legislativo y ahora del Judicial. Desde la punta de la pirámide, hasta la base de esa estructura, “fabricada” desde el sexenio pasado, se escuchan sus verdades mentirosas y mentiras que quieren hacen parecer verdades.
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