OPINIÓN
Entre el castigo y la dispensa
Por Isabel Venegas //
Esta semana el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, cerró definitivamente la cárcel de “Topo Chico” en la ciudad de Monterrey; un reclusorio en el que durante varios lapsos hubo ingobernabilidad por parte del estado, con un devenir de disturbios y sublevaciones, los más crueles en la historia de nuestro país. Espacio donde la delincuencia, las drogas, la prostitución forzada, entre otros muchos aspectos dan cuenta de historias que no reflejan posibilidad alguna para ser considerado un centro de readaptación.
76 años llenos de vidas que lucharon por sobrevivir a un sistema que no pudo (o tal vez, no quiso) asumir el compromiso de salvaguardar sus derechos humanos y su integridad como personas; para algunos (políticamente poco correctos) este ya es de hecho un tema de controversia, puesto que más allá de negar la condición de personas de los presos, quieren ver ejercer una suerte de castigo que sea ejemplar de modo tal que el resto de la población entienda la lección, o que por lo menos quien cometió el delito, sufra al punto de arrepentirse profundamente.
Ya el mismo Bronco en su campaña electoral por la presidencia de la república pegaba con tubo en las encuestas al decir que le iba a cortar las manos a todo aquel que se encontrara robando o cometiendo algún delito. Ciertamente era una locura, era una política que tan solo desde el punto de vista del sector salud resultaba absolutamente inviable, ya no se diga desde el concepto constitucional; de hecho cuando se le cuestionó acerca del cómo se podría llevar a cabo semejante medida él hizo referencia a la idea de “escarmiento”, con dos o tres casos sería suficiente para que los demás aprendieran la lección y se redujera de manera impactante el número de delitos y la inseguridad.
Pero siempre hay costos que preferimos omitir cuando de crueldad se trata, un buen ejemplo es lo que no vimos durante casi 80 años de horror que vivieron los habitantes de la prisión de Topo Chico; por ejemplo, en el panel de hombres había un plafón que servía como pared falsa y que conectaba con el área de mujeres, de modo tal que cuando los líderes lo deseaban, pasaban para el lado femenino, tomaban a quien querían y le sometían a la trata de personas de la que no había forma de escapar.
Las condiciones eran feas, tristes, peligrosas, pero fuertes en orden e intención. Ahí, en ese tenebroso lugar, nacieron y crecieron bebés, fruto –la mayoría- de violaciones y vejaciones en todos los sentidos. Un penal que como muchos, tiene condiciones de contraste entre presos pobres y presos poderosos. Había quienes tenían que pagar por dormir en cama, por tener una cobija, o por gozar de protección, mientras que ahí mismo se alojaba alguien que poseía un jacuzzi, televisión por cable, internet y uno que otro lujillo, como el control del mercado interno de la droga que se distribuía entre los reos o los accesos a teléfonos para seguir manejando la empresa de la extorsión desde el penal.
Con varios siglos de tradición, seguimos queriendo enfrentar el miedo por la inseguridad a través de los mismos mecanismos de figuras icónicas como la de la cárcel.
Ahí es donde esperamos tener a todos los que hacen daño, a todos los que agreden y atacan, sin tener en cuenta que, debido a un proceso legal podrían salir en unos 4, 5 o 20 años y que ese lugar se pudo haber vuelto en la universidad para delinquir, o peor aún, el medio para arrancar toda la compasión, empatía y solidaridad humana, porque ante una sistematización de la violencia, el individuo termina por normalizarla y entenderla incluso como obligatoria.
Necesitamos reflexionar sobre la capacidad y el interés del Estado por reinsertar a la sociedad a los presos que han pagado su condena. Topo Chico con sus puertas abiertas, evidencia una construcción que está diseñada para que no sea confortable, para infringir sufrimiento, para castigar.
En los años 70 Michel Foucault hacía un análisis desde la perspectiva de la sociedad que pretende atender sus miedos a través del ejercicio del poder y del castigo; describe las razones de encerrar a los “locos” en los manicomios, a “los malos” en las cárceles, y a los “delincuentes en potencia” en las escuelas.
Ese análisis implica ver cómo las construcciones comparten la misma disposición de los espacios: edificios con torres en las que se puede tener una visión general para no perder el control, cuerpos de prefectura, tiempos delimitados para cada una de las acciones: alimentación, higiene, esparcimiento, lecciones, etc.
Foucault evidencia grandes deficiencias en la organización estructural de estas dependencias, y en gran medida gracias a sus aportaciones, grupos de defensa de los derechos humanos, así como colectivos de pedagogía y docencia elevaron su voz para exigir cambios en la disposición de los espacios, pero más aún, en la preservación de los integridad de las personas que están en cada una de las dependencias que se apegan a estas dinámicas.
Paradójicamente, hoy nos encontramos ante tres momentos y espacios de quiebre:
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En la escuela como parte de la cultura moderna, se comenzó a instaurar una dinámica mucho más comprensiva del niño, lo que para algunos se ha interpretado como la “no aplicación de la sanción”, es decir, existe el reglamento, se tienen definidas las normas, pero en la mayoría de los casos la regla no se aplica, ya sea porque los padres de familia se presenten a dialogar, se establecen compromisos de mejora, se tienen nuevas figuras como la del tutor de apoyo y seguimiento, etc.
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En las cárceles, la pobreza y la capacidad rebasada de las instancias judiciales para llevar a cabo investigaciones asertivas y efectivas, redunda en la doble injusticia, para las víctimas del delito, y para quienes son reos sin el debido proceso. Éstas suelen estar llenas de gente inocente, personas cuya capacidad económica las somete a un castigo injusto que no sirve de nada a nadie.
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En la calle se apodera del escenario el debate de la actuación de los gobiernos actuales que, por no ejercer el control permiten marchas y manifestaciones que agreden a la ciudadanía, a los comerciantes, o a los edificios de patrimonio cultural. Es decir de haber tenido actuaciones de “abuso” en el ejercicio de la autoridad, ahora transita al “desuso” del poder, en tanto que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la última marcha, utiliza a funcionarios públicos para que atiendan el evento con la misma actuación de los cuerpos policiales pero sin el equipo y el uniforme de éstos, quienes desde antes iban desarmados con la simple intención de resistir.
Estamos entonces pretendiendo formar a nuestros niños ya no en función del miedo, atendiendo sus faltas con base en el diálogo y la negociación, cuando por otro lado, seguimos construyendo cárceles sin evaluar cuántos presos son inocentes, cuántos verdaderamente logran reivindicarse y las razones de aplicar una sanción. Sé que son temas muy complejos y cuyo abordaje debe ir considerando más variables, pero en esa misma perspectiva se pueden abordar problemáticas desde preguntas como: ¿De qué sirve encarcelar a una mujer por haber abortado?
Más allá de que sea su derecho o no, o de si la vida se considera a partir desde la concepción o en una semana específica del embarazo, estamos hablando de la lógica del castigo, en la que no se observa ningún sentido en “encarcelar” a una mujer que abortó, ni desde la perspectiva de la formación de la consciencia, ni en la recuperación del hecho afectado, ni en función de la organización social; desde ninguna de las dimensiones la prisión tiene un efecto positivo y si desde este análisis quitamos esa variable de la ecuación, podremos avanzar a discutir uno de los problemas modernos que por décadas ha sido postergado por miedo a los costos políticos que implica al gobernante en turno y por la poca capacidad de escucha que tenemos los ciudadanos. Vamos pensando en la construcción de una sociedad diferente, te invito a tener una semana de mucha paz y reflexión.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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