OPINIÓN
Entre el castigo y la dispensa
Por Isabel Venegas //
Esta semana el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias “el Bronco”, cerró definitivamente la cárcel de “Topo Chico” en la ciudad de Monterrey; un reclusorio en el que durante varios lapsos hubo ingobernabilidad por parte del estado, con un devenir de disturbios y sublevaciones, los más crueles en la historia de nuestro país. Espacio donde la delincuencia, las drogas, la prostitución forzada, entre otros muchos aspectos dan cuenta de historias que no reflejan posibilidad alguna para ser considerado un centro de readaptación.
76 años llenos de vidas que lucharon por sobrevivir a un sistema que no pudo (o tal vez, no quiso) asumir el compromiso de salvaguardar sus derechos humanos y su integridad como personas; para algunos (políticamente poco correctos) este ya es de hecho un tema de controversia, puesto que más allá de negar la condición de personas de los presos, quieren ver ejercer una suerte de castigo que sea ejemplar de modo tal que el resto de la población entienda la lección, o que por lo menos quien cometió el delito, sufra al punto de arrepentirse profundamente.
Ya el mismo Bronco en su campaña electoral por la presidencia de la república pegaba con tubo en las encuestas al decir que le iba a cortar las manos a todo aquel que se encontrara robando o cometiendo algún delito. Ciertamente era una locura, era una política que tan solo desde el punto de vista del sector salud resultaba absolutamente inviable, ya no se diga desde el concepto constitucional; de hecho cuando se le cuestionó acerca del cómo se podría llevar a cabo semejante medida él hizo referencia a la idea de “escarmiento”, con dos o tres casos sería suficiente para que los demás aprendieran la lección y se redujera de manera impactante el número de delitos y la inseguridad.
Pero siempre hay costos que preferimos omitir cuando de crueldad se trata, un buen ejemplo es lo que no vimos durante casi 80 años de horror que vivieron los habitantes de la prisión de Topo Chico; por ejemplo, en el panel de hombres había un plafón que servía como pared falsa y que conectaba con el área de mujeres, de modo tal que cuando los líderes lo deseaban, pasaban para el lado femenino, tomaban a quien querían y le sometían a la trata de personas de la que no había forma de escapar.
Las condiciones eran feas, tristes, peligrosas, pero fuertes en orden e intención. Ahí, en ese tenebroso lugar, nacieron y crecieron bebés, fruto –la mayoría- de violaciones y vejaciones en todos los sentidos. Un penal que como muchos, tiene condiciones de contraste entre presos pobres y presos poderosos. Había quienes tenían que pagar por dormir en cama, por tener una cobija, o por gozar de protección, mientras que ahí mismo se alojaba alguien que poseía un jacuzzi, televisión por cable, internet y uno que otro lujillo, como el control del mercado interno de la droga que se distribuía entre los reos o los accesos a teléfonos para seguir manejando la empresa de la extorsión desde el penal.
Con varios siglos de tradición, seguimos queriendo enfrentar el miedo por la inseguridad a través de los mismos mecanismos de figuras icónicas como la de la cárcel.
Ahí es donde esperamos tener a todos los que hacen daño, a todos los que agreden y atacan, sin tener en cuenta que, debido a un proceso legal podrían salir en unos 4, 5 o 20 años y que ese lugar se pudo haber vuelto en la universidad para delinquir, o peor aún, el medio para arrancar toda la compasión, empatía y solidaridad humana, porque ante una sistematización de la violencia, el individuo termina por normalizarla y entenderla incluso como obligatoria.
Necesitamos reflexionar sobre la capacidad y el interés del Estado por reinsertar a la sociedad a los presos que han pagado su condena. Topo Chico con sus puertas abiertas, evidencia una construcción que está diseñada para que no sea confortable, para infringir sufrimiento, para castigar.
En los años 70 Michel Foucault hacía un análisis desde la perspectiva de la sociedad que pretende atender sus miedos a través del ejercicio del poder y del castigo; describe las razones de encerrar a los “locos” en los manicomios, a “los malos” en las cárceles, y a los “delincuentes en potencia” en las escuelas.
Ese análisis implica ver cómo las construcciones comparten la misma disposición de los espacios: edificios con torres en las que se puede tener una visión general para no perder el control, cuerpos de prefectura, tiempos delimitados para cada una de las acciones: alimentación, higiene, esparcimiento, lecciones, etc.
Foucault evidencia grandes deficiencias en la organización estructural de estas dependencias, y en gran medida gracias a sus aportaciones, grupos de defensa de los derechos humanos, así como colectivos de pedagogía y docencia elevaron su voz para exigir cambios en la disposición de los espacios, pero más aún, en la preservación de los integridad de las personas que están en cada una de las dependencias que se apegan a estas dinámicas.
Paradójicamente, hoy nos encontramos ante tres momentos y espacios de quiebre:
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En la escuela como parte de la cultura moderna, se comenzó a instaurar una dinámica mucho más comprensiva del niño, lo que para algunos se ha interpretado como la “no aplicación de la sanción”, es decir, existe el reglamento, se tienen definidas las normas, pero en la mayoría de los casos la regla no se aplica, ya sea porque los padres de familia se presenten a dialogar, se establecen compromisos de mejora, se tienen nuevas figuras como la del tutor de apoyo y seguimiento, etc.
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En las cárceles, la pobreza y la capacidad rebasada de las instancias judiciales para llevar a cabo investigaciones asertivas y efectivas, redunda en la doble injusticia, para las víctimas del delito, y para quienes son reos sin el debido proceso. Éstas suelen estar llenas de gente inocente, personas cuya capacidad económica las somete a un castigo injusto que no sirve de nada a nadie.
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En la calle se apodera del escenario el debate de la actuación de los gobiernos actuales que, por no ejercer el control permiten marchas y manifestaciones que agreden a la ciudadanía, a los comerciantes, o a los edificios de patrimonio cultural. Es decir de haber tenido actuaciones de “abuso” en el ejercicio de la autoridad, ahora transita al “desuso” del poder, en tanto que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la última marcha, utiliza a funcionarios públicos para que atiendan el evento con la misma actuación de los cuerpos policiales pero sin el equipo y el uniforme de éstos, quienes desde antes iban desarmados con la simple intención de resistir.
Estamos entonces pretendiendo formar a nuestros niños ya no en función del miedo, atendiendo sus faltas con base en el diálogo y la negociación, cuando por otro lado, seguimos construyendo cárceles sin evaluar cuántos presos son inocentes, cuántos verdaderamente logran reivindicarse y las razones de aplicar una sanción. Sé que son temas muy complejos y cuyo abordaje debe ir considerando más variables, pero en esa misma perspectiva se pueden abordar problemáticas desde preguntas como: ¿De qué sirve encarcelar a una mujer por haber abortado?
Más allá de que sea su derecho o no, o de si la vida se considera a partir desde la concepción o en una semana específica del embarazo, estamos hablando de la lógica del castigo, en la que no se observa ningún sentido en “encarcelar” a una mujer que abortó, ni desde la perspectiva de la formación de la consciencia, ni en la recuperación del hecho afectado, ni en función de la organización social; desde ninguna de las dimensiones la prisión tiene un efecto positivo y si desde este análisis quitamos esa variable de la ecuación, podremos avanzar a discutir uno de los problemas modernos que por décadas ha sido postergado por miedo a los costos políticos que implica al gobernante en turno y por la poca capacidad de escucha que tenemos los ciudadanos. Vamos pensando en la construcción de una sociedad diferente, te invito a tener una semana de mucha paz y reflexión.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
– Por Mario Ávila
Desde su inicio en mayo, las Brigadas “Yo Jalisco” han acercado servicios de salud, asesoría legal y programas sociales a 79 mil 880 personas en 39 municipios del estado, consolidándose como una estrategia integral para reducir desigualdades y atender a comunidades de difícil acceso.
El esfuerzo coordinado entre distintas dependencias estatales ha permitido otorgar más de 39 mil atenciones médicas, 2 mil 962 servicios de la Procuraduría Social, 28 mil 390 trámites del Registro Civil, mil 323 del INEEJAD, 5 mil 344 apoyos del DIF Jalisco y 2 mil 34 refrendos de licencias por parte de la Secretaría de Transporte.
Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, resaltó que las brigadas buscan garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, desde la expedición de actas de nacimiento hasta la renovación de licencias de conducir. “Cada persona que participa tiene una meta compartida: reducir la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios”, expresó.
Por su parte, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión del Territorio, destacó que el componente de movilidad y conectividad también se fortalece con proyectos como el Plan Carretero Estatal, que en 2025 habrá intervenido 3 mil 500 kilómetros de los más de 4 mil 500 que integran la red estatal.
Entre los nuevos servicios, se anunció la incorporación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que brindará asesoría jurídica y vinculación laboral. Su titular, Ricardo Barbosa Ascensio, explicó que la dependencia busca acercar la justicia laboral a todos los municipios, especialmente a aquellos que no cuentan con centros de conciliación.
El director del OPD Servicios de Salud Jalisco, Héctor Hugo Bravo Hernández, informó que las brigadas han proporcionado consultas médicas, detecciones de cáncer, pruebas de VIH y sífilis, vacunación, salud bucal y esterilización de mascotas, entre otros servicios.
Asimismo, Héctor Pizano Ramos, procurador Social del Estado, subrayó el valor humano detrás de cada atención brindada: “Cada servicio no solo es un trámite; es una persona que recupera su identidad o una familia que accede a la justicia”, señaló.
El Registro Civil de Jalisco ha expedido 26 mil 370 actas gratuitas, mientras que el INEEJAD ha ofrecido más de mil servicios educativos mediante su “camión escuela”, que permite certificar estudios de primaria y secundaria.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco enfrenta un momento crítico. Las fuerzas políticas, atrapadas en intereses partidistas y sin acuerdos, tienen el desafío de construir un sistema que inspire confianza y certidumbre a los jaliscienses.
La falta de diálogo, la soberbia y las alianzas oportunistas amenazan con repetir errores del pasado, mientras el gobernador Pablo Lemus impulsa un modelo que elimine el reparto político de jueces. ¿Podrán los partidos priorizar la justicia sobre cálculos electorales o seguirán atrapados en los juegos del poder?
RECHAZO CIUDADANO A LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
El reciente proceso de reforma judicial federal dejó una lección clara en Jalisco: con una abstención del 92.97% –la segunda más alta del país tras Guanajuato–, los ciudadanos rechazaron enérgicamente la politización del Poder Judicial.
Las reformas impulsadas por Morena a nivel federal, y replicadas en algunos estados, son percibidas como una toma de poder disfrazada de “democratización”. Esta desconfianza ciudadana es un mensaje contundente que la oposición local –Morena, PAN y PRI– parece ignorar al avanzar en una reforma sin consenso amplio, excluyendo a Movimiento Ciudadano (MC), que cuenta con 11 de los 38 escaños en el Congreso del Estado.
Esta exclusión, calificada como un “madruguete” legislativo, ignora la lección del descontento popular y arriesga generar otra reforma fallida, marcada por baja participación y una creciente percepción de control político sobre la justicia.
En marzo, este espacio destacó la oportunidad de una reforma “al estilo Jalisco”, propuesta por el gobernador Pablo Lemus para desterrar el modelo de “cuotas y cuates”. Este enfoque, basado en filtros académicos y ciudadanos, buscaba garantizar una justicia imparcial.
Foros coordinados por el jurista Arturo Zamora, con la participación de universidades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos, sentaron las bases para un sistema judicial transparente. Sin embargo, la oposición parece desoír este llamado, optando por priorizar intereses políticos sobre el bien común, perpetuando un esquema que compromete la confianza en el Poder Judicial.
LA ALIANZA ANTINATURAL
La coalición opositora en el Congreso –Morena, PAN y PRI– resulta desconcertante por su contradicción. Estos partidos, que en su momento criticaron la reforma judicial federal por su riesgo de politizar la justicia, ahora se alían en Jalisco en un aparente intento de debilitar al gobierno de MC.
¿Qué motiva esta unión? ¿Es un simple malestar con Lemus o un cálculo electoral para erosionar el dominio de MC, que ha consolidado su liderazgo en el estado?
La alianza, lejos de estar motivada por la transparencia o la imparcialidad, parece diseñada para golpear al gobierno estatal, ignorando el llamado de Lemus a una “armonización ciudadana” construida con la colaboración de barras de abogados, universidades y sociedad civil.
El modelo actual del Poder Judicial en Jalisco, dominado por complicidades políticas entre PAN, PRI y MC, es insostenible. Lemus ha reiterado su compromiso para acabar con este sistema de cuotas que pone precio a la justicia, un esquema que ha generado un sentimiento generalizado de desconfianza entre abogados y ciudadanos que interactúan con el Poder Judicial.
Sin embargo, la oposición, al avanzar sin un diálogo inclusivo, perpetúa un sistema que traiciona la confianza ciudadana.
La pregunta es inevitable: ¿realmente están comprometidos Morena, PAN y PRI con una reforma que beneficie a los jaliscienses, o buscan solo un ajuste de cuentas políticas?
Esta unión oportunista no solo contradice sus posturas previas, sino que arriesga el futuro de una justicia imparcial en el estado.
HACIA UNA REFORMA GENUINA
La operación política del gobierno de Jalisco ha mostrado deficiencias. En un Congreso donde ninguna fuerza política cuenta con los 26 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, Lemus ha tenido que intervenir directamente para evitar el estancamiento.
La sociedad jalisciense demanda una reforma moderna, confiable y alejada de elecciones populistas que comprometan la experiencia y profesionalismo judicial.
La oposición tiene en sus manos una oportunidad histórica para construir una justicia al servicio de los ciudadanos, no de grupos de poder que operan como mafias dentro del Poder Judicial.
El gobernador ha propuesto un diálogo abierto, inclusivo y basado en la participación de expertos y ciudadanos. Sin embargo, la rigidez de la oposición amenaza con mantener la parálisis legislativa, atrapada en posiciones maniqueas que priorizan el revanchismo político sobre el interés público.
Los próximos días serán cruciales para alcanzar acuerdos que rompan con el modelo de cuotas, fortalezcan la imparcialidad y respondan al clamor ciudadano por una justicia accesible. Jalisco no puede permitirse otra reforma fallida que profundice la desconfianza en sus instituciones.
UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA
La justicia en Jalisco no puede seguir siendo rehén de intereses partidistas. Morena, PAN, PRI y MC deben dejar atrás la soberbia y abrazar la humildad para construir un diálogo genuino.
La ciudadanía, como verdadero juez de este proceso, espera una reforma que restaure la confianza en el Poder Judicial, no que alimente la percepción de control político. Esta es una oportunidad única para que los partidos trasciendan los juegos del poder y construyan un legado que honre a los jaliscienses.
Que escuchen el mandato de las urnas y trabajen juntos por una justicia accesible, imparcial y libre de componendas. El futuro de Jalisco depende de que esta reforma sea un reflejo de los valores de sus ciudadanos, no de las ambiciones de sus políticos.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
En Jalisco la política no se cuece: hierve. La reforma judicial levantó la tapa y escapó el vapor de lo obvio: en Casa Jalisco hubo descuido. Pablo Lemus lo admitió con retraso y promesa: “me meteré personalmente a reconstruir la relación”. Traducción en castellano llano: falló el operador, se enmoheció el diálogo y los números no dan.
En el Congreso solo rige una gramática: 26 votos.
La oposición (Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro y PT) no los juntan.
El Ejecutivo, menos.
Resultado: “cabildeo” exprés, citas por separado, romería de coordinadores entre Hidalgo 222 y Palacio. No es diálogo; es caza de tres o cuatro voluntades que ajustan una Constitución.
Cuando no hay proyecto, se busca coartada: José Luis Tostado, coordinador de MC, puesto en la picota por el “descuido”. En la coda aparece el secretario de Gobierno, Salvador Zamora. Desde Casa Jalisco matizan: no habrá cabezas… por ahora. Habrá “afinación”. Misma partitura, distinto volumen.
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El Gobierno acepta desconexión con opositores.
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La oposición presume mayoría de maniobra y exige que el Gobernador dé la cara en el Legislativo.
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La IP suplica “no politizar” lo que, por definición, es político: quién nombra, evalúa y disciplina a juezas y jueces.
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La riña real no es la “tómbola” de desempate (cortina de humo), sino el control de filtros, la integración de jurados y sus lealtades.
Conclusión provisoria: la “reforma técnica” huele a reparto fino. No suena a reforma de Estado, sino a ajuste para ganar eficacia… y previsibilidad política.
Los opositores invitan a Lemus al Congreso; mientras, en Casa Jalisco operan en carriles paralelos: reuniones uno a uno, promesas, calendarios, guiños. “No es dividirlos —dicen—; es dar a cada uno su lugar”. Manual conocido: personalizar, fragmentar, diferir el texto. Cuando llegue el proyecto “conciliado”, el espacio para el escrutinio ya habrá cerrado.
Además, dos magistraturas en el alambre. Si el martes no hay designación, la afirmativa ficta ratifica a quienes hoy ocupan el asiento. El reloj —no la razón— es el arma. O amarran ya, o se quedan con lo que hay. Esto no es arquitectura constitucional; es relojería política.
Coparmex y COMCE piden sacar la reforma de la grilla. Comprensible; sin certeza, no hay inversión que resista. Pero “despolitizar” una reforma política es un oxímoron útil. Lo serio sería: minutas públicas; criterios de selección verificables; perfiles y conflictos de interés a la vista; cronograma que no dependa del humor de la mesa. Menos tribuna, más trazabilidad.
El Gobernador acepta el error; no explica su causa. Se dice que hubo disposición; faltó oficio. Y el déficit de oficio se paga caro: se erosiona la confianza entre poderes, se fortalecen los extremos y la ley se vuelve rehén del chantaje de la parálisis. En el pantano, el incentivo deja de ser institucional y se vuelve coyuntural.
Prometen “apretones de tuercas”. En papel: “un solo texto”. En práctica: expediente con zonas grises, diseño de gobernanza bajo llave y dos nombramientos que amarran hoy e hipotecan mañana. Si cierran en corto, saldrá una reforma hecha al tamaño del equilibrio de turno; si abren el proceso, quizá alcance para una reforma que sobreviva gobiernos.
Convertir a Jalisco en el “Silicon Valley mexicano” requiere más que parques y pitch decks: requiere un Poder Judicial independiente, profesional y previsible. El capital tolera impuestos; lo que no tolera es incertidumbre. Y la certeza no nace de tómbolas ni de boletines, sino de reglas claras, procesos públicos y decisiones revisables.
La crisis legislativa obligó a todos a mostrar la mano: el Ejecutivo admitió que perdió el control fino, la oposición evidenció que, sin MC, puede marcar agenda, pero no coronarla, la IP recordó que sin garantías no hay relato de progreso que aguante. Falta lo principal: que la ciudadanía vea, en tiempo real, cómo y por qué se cambiará la justicia que la toca a diario.
La historia enseña que las reformas cocinadas en silencio terminan gritando en los tribunales. Prudencia no es callar: es abrir puertas, encender luces y dejar que la aritmética se escriba con tinta pública. Solo así el mea culpa pasa de pose a corrección. Solo así la reforma será reforma, y no reparto con fecha de caducidad.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Miguel Anaya
Siempre me ha parecido curioso que, quinientos treinta y tres años después, sigamos hablando de la Conquista como si hubiera ocurrido ayer, como si Hernán Cortés acabara de desembarcar en Veracruz con la mirada puesta en Tenochtitlán y el corazón lleno de encomiendas. No deja de ser fascinante la capacidad mexicana de contar la historia, no como tragedia, sino como pretexto.
Se nos enseñó que fuimos cruelmente conquistados. Lo aceptamos con un dramatismo casi teatral, como si los pueblos originarios hubieran sido un solo cúmulo de inocencias y los españoles, solamente un ejército de codicia y brutalidad.
Pero la realidad, siempre tan poco romántica, fue más compleja: hubo alianzas, traiciones, intereses, cálculos y, sobre todo, normalidad. La conquista no fue una excepción, fue la regla de una época donde conquistar territorios era tan legítimo como hoy hacer fusiones empresariales o acuerdos comerciales.
El poder siempre ha tenido el mismo rostro, solo cambia sus formas.
Nos empeñamos en sentirnos víctimas eternas. Reclamamos por la Conquista como si estuviéramos esperando una disculpa de los siglos XVI o XVII. Exigimos perdón retroactivo, pero la historia, aunque a veces cruel, no tiene oficina de quejas. Lo único que hace es avanzar, mezclando a vencedores y vencidos hasta que se olvida de qué lado viene cada quién. De esa mezcla —dolorosa, contradictoria, fecunda— nació México.
Porque, aunque duela, México no es lo que quedó de los mexicas, ni lo que impusieron los españoles: es lo que ambos se vieron obligados a inventar. Un país mestizo, con dioses de piedra y vírgenes de yeso, con voces indígenas en el eco del español y una fe que huele a copal y a incienso. Esa es nuestra conquista: haber sobrevivido al choque de mundos sin dejar de ser un poco de ambos.
Lo que llamamos sincretismo no fue solo una mezcla cultural; fue una estrategia de supervivencia. Los pueblos indígenas no desaparecieron: se mimetizaron, aprendieron el idioma del invasor y escondieron a sus dioses detrás de santos. Los españoles no triunfaron del todo: quedaron atrapados en una tierra que los absorbió, que los hizo perder el acento y, en muchos casos, amar más esta tierra que la propia. De esa contradicción nació nuestra identidad: un mestizaje que no se elige, pero que se asume.
A pesar de lo anterior, hay quienes añoran un pasado indígena idealizado, como si los mexicas hubieran sido una comuna perfecta; otros sueñan con una Europa que nunca los reconocerá como su reflejo. Ambos extremos son falsos, pero cómodos en la narrativa: uno ofrece la inocencia, el otro la superioridad.
El mestizaje, en cambio, exige madurez: aceptar que venimos de una violencia, pero también de una creación; de una herida, pero también de una fecundidad.
Quizá lo que más nos cueste reconocer es que seguimos conquistándonos unos a otros, porque así es el mundo, porque así es la humanidad. Los nuevos conquistadores hablan diversos idiomas y prometen inversiones; la riqueza ya no se mide en lingotes, sino en clics, bitcoins y contratos. Las conquistas no se acabaron, se digitalizaron.
Por su parte, México sigue celebrando el Día de la Raza sin saber muy bien qué raza celebra, o marchando por la Independencia confundiéndola con la revolución, porque en el imaginario popular, cabe casi todo. Tal vez esa sea nuestra mayor conquista: haber aprendido a vivir en medio de la contradicción.
No somos víctimas ni victimarios; somos descendientes de ambos. Al final, hay que entender y aceptar nuestro pasado para abandonar la narrativa de la victimización y abrazar el discurso del desarrollo, pues toda nación es el resultado de una conquista: la del tiempo sobre la memoria, la del sistema sobre el individuo, la del extraño que traspasó sus fronteras.
Y si algo nos enseña la historia es que, aun después de la conquista o aun después de la derrota, los pueblos que saben adaptarse y construir una narrativa de progreso se fortalecen.
Así fue con Japón, así fue con Alemania y así puede ser con México.
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