OPINIÓN
Escuelas de Tiempo Completo no morirán
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Sin duda esta semana fue de mucho ruido y movimiento respecto a la Educación, algo que en este semanario advertimos desde hace más de 2 años, por la cancelación definitiva del Programa Escuelas de Tiempo Competo en el que Jalisco destacó a nivel nacional, debido a la resistencia de 9 escuelas que siguen ofreciendo el servicio educativo y que movieron a casi todos los medios locales para denunciar este golpe a la educación sin precedentes.
Fueron organizaciones sociales, organizaciones de padres de familia, medios de comunicación y este grupo magisterial de los 9 directivos quienes han organizado a los padres de familia para defender a sus escuelas, este movimiento hoy aboga por 2,190 alumnos de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, así como de 40 docentes afectados y más de 4 mil familias beneficiadas indirectamente por este programa y todo lo que implica la operación del tiempo completo.
Posterior a la presión social a través de los medios, luego de dar a conocer historias de familias quienes sin este servicio tendrían afectaciones mayores al punto de poner en riesgo la estabilidad de su hogar, el tema fue tendencia a nivel nacional, los medios comenzaron a investigar sobre el caso Jalisco, mientras en otros estados comenzaron a moverse los padres de familia principalmente para no dejar perder dicho proyecto, mientras los gobernadores y autoridades educativas también, al sentir la presión social y mediática.
Son 13 estados que han manifestado la posibilidad de continuar con el proyecto, que es importante decirlo con claridad, el “revisar o ver” la posibilidad de que el estado resuelva la continuidad de las Escuelas de Tiempo Completo no significa que reabrirán o seguirán en operación, por ejemplo, en Colima la autoridad dijo que van a resolver el tema de tiempo completo con la apertura de los turnos vespertinos, quizá por desconocimiento, pero esa decisión entierra por completo la posibilidad de reactivar el proyecto en esa entidad. Son sólo 3 estados los que han confirmado que se resolverá y continuarán el Tiempo Completo, Ciudad de México, Puebla y Querétaro.
Mientras que en Nuevo León, Samuel García ya había anunciado que se comenzaría con una inversión para el rescate de 160 escuelas de este tipo. Todos los gobernadores coinciden en que la decisión es mala, pero también conocen al ejecutivo federal, así como de su exagerado egocentrismo que le hace creer que su palabra y sus otros datos están por encima y al margen de cualquiera, incluso de la propia constitución, prefiere dar de comer a Dos Bocas que a 3.5 millones de niños, prioriza entregar dinero a los ninis que en invertir para su erradicación. Ante ellos los gobernadores que no se han pronunciado enfrentan dos problemas, la presión social y mediática por un lado, pero por otro más grave cómo resolver en términos financieros el recurso extraordinario que se requiere para operar estas instituciones.
Para Jalisco, el Gobernador que prometió que todas las escuelas serían de tiempo completo al término de su mandato, Enrique Alfaro Ramírez, sigue sin manifestar absolutamente nada al respecto de este tema. Mientras el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dice que seguirá gestionando con la federación para que la SEP le entregue los 300 millones de pesos que se requieren para operar las 945 escuelas de esta modalidad.
El plan educativo que presentó el actual gobierno y que denominaron Recrea, incluyó una modalidad de tiempo completo, a la que llamaron Escuelas para la Vida, mismo que ya opera y tiene recursos etiquetados desde el estado, también es importante mencionar que para este proyecto fueron seleccionados 50 planteles educativos de la entidad, sin embargo sólo hay 8 escuelas que operan en la modalidad de tiempo completo con servicio de alimentación, algunos casos que incluso realizan contratación de empresas que entregan la comida, similar a como operaba el programa en la Ciudad de México, elevando hasta 3 veces más la operación con relación a las 9 escuelas que actualmente operan con autosuficiencia.
A nombre del Bloque de los 9 y sus comunidades educativas, exigimos al gobernador Enrique Alfaro retomar la mesa de negociación de las Escuelas de Tiempo Completo, quienes ya tienen propuesta para resolver el conflicto, para ello se requiere que se incorporen al Programa Escuelas para la Vida. La exigencia no es sólo por la promesa que hizo antes y después de asumir el poder, sino además porque queremos hacer valer la participación en la vida democrática de la sociedad, este gobierno ha solicitado créditos que los jaliscienses seguiremos pagando, es tiempo de exigir en que queremos que se invierta nuestro presupuesto público, aquello que ellos llamaron presupuesto participativo. Es hora de cumplir, para ello anunciaremos nuestra estrategia de acción que incluye la promoción de amparos, así como continuar con la presión mediática y una movilización masiva en próximos días.
@FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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