JALISCO
¿Existen condiciones? El regreso a la escuela
Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
¿Es necesario el regreso a la escuela? Hemos vivido tiempos interesantes, ni quien lo ponga en duda. Enfrentamos una crisis sanitaria global que nos llevó a modificar nuestras conductas, replantear el modelo presencial de trabajo en oficina y abandonar las aulas por una infinidad de razones sanitarias y de movilidad.
Hoy en un país donde la educación presencial funciona en la mayoría de los casos a duras penas, ha resultado complicadísimo echar a andar un modelo a distancia sin tiempo para pruebas o planeación. Ha habido de todo, improvisación, ocurrencias, esfuerzos loables y docentes llevados a los límites de la frustración en un nuevo esquema de deficiente interacción y excesiva carga de trabajo.
¿Cuándo volvemos a la escuela? Nos preguntamos. ¿Cómo?, ¿Qué riesgos corremos?, ¿Cómo medimos el desgaste que se vive en casa con la educación a distancia?
En este orden de ideas, el pasado viernes, la diputada Mara Robles, organizó el Conversatorio “Volver a las aulas ¿Cuándo? ¿Cómo?”, con la Doctora Alma Maldonado, fundadora de la Red Educación y Derechos, la Maestra Patricia Vázquez, ex Secretaria de Educación en el Estado de Puebla, el Doctor Eduardo Andere, analista y escritor en temas de políticas públicas, política educativa y educación comparada y David Calderón, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero; que en una serie de rondas de preguntas y respuestas expresaron sus opiniones y me parece lo suficientemente interesante como para retomar un poco de lo que se dijo y comentarlo.
Fue una reunión virtual donde los ponentes tocaron el tema del regreso a clases por turnos comenzando por el hecho de que claro que se pierden un montón de elementos fundamentales de la educación y la enseñanza cuando no hay interacción.
“Hay un gran tema cuando hablamos de habilidades socioemocionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha hecho estudios, se han hecho encuestas con el personal docente y está claro que hay un desgaste, un debilitamiento de habilidades socioemocionales que vamos a tener que recuperar”, comentó la doctora Patricia Vázquez.
Claro que hay diferentes niveles de rezago y la problemática es distinta para quienes tienen un nivel socioeconómico que les permite conectarse sin problemas con sus compañeros y quienes no tienen conectividad, ni equipos adecuados y cuando se plantea un regreso a clases no se está hablando de como medir el nivel de desigualdad y qué acciones tomar para atacarla.
“El más afectado no es un niño de la clase media, que va a una escuela privada y que se conecta de ocho a tres de la tarde, ese niño o esa niña están bien relativamente. El problema son los desconectados, las niñas, los niños y los jóvenes en situación de abandono y no creo que tengamos suficientes datos de eso. La autoridad educativa hoy, no nos ha dado los datos sobre inscripciones, sobre abandono”, explicó la Doctora Maldonado.
Y están las condiciones materiales básicas e indispensables para el regreso
a clases. Olvidemos un segundo los retos que tienen que ver con las habilidades sociales y pensemos en los protocolos básicos de seguridad en una pandemia que no cede.
¿Hay agua suficiente en las escuelas para lavarse las manos constantemente? ¿Hay infraestructura para ello en los planteles? ¿Vamos a volver al mismo modelo educativo o tenemos que plantear uno nuevo, distinto, con otras formas de interacción?
Bueno, no se está planteando ni en la matrícula escolar un cambio que ofrezca tratar temáticas relativas a esta nueva modernidad. ¿Entonces dónde se discute?
Se discuta o no, se ponga atención o no al problema, es evidente que los estudiantes de los niveles más básicos de educación, la primaria y secundaria, requieren interacción porque es simplemente más eficiente que la educación a distancia pero: ¿Cómo vamos a volver? ¿Se va a decidir de manera general, desde lo nacional, sin tomar en cuenta las particularidades de las regiones o será cada estado el que adapte su modelo educativo a la realidad local? ¿Se hará un modelo híbrido?
Lo que hace falta para variar es un plan que incluya a los diferentes actores, locales, estatales y nacionales, que tenga presupuesto para ejecutarlo y que nos permita tener el mejor regreso a clases posible, a la brevedad posible.
Suena imposible.
-Opinión, por Iván Arrazola
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que alguna vez fue presentado como un modelo de gobernanza metropolitana, se ha convertido en los últimos meses en el centro de una tormenta política y mediática. Lejos de cumplir con su promesa de ofrecer un servicio eficiente y equitativo, el organismo enfrenta una crisis estructural, financiera y de legitimidad. El deterioro en la calidad del servicio, sumado a decisiones controvertidas y una gestión opaca, ha hecho evidente que el verdadero problema del SIAPA no es solo técnico, sino eminentemente político.
Uno de los puntos más discutidos recientemente fue el aumento en las tarifas del servicio de agua. Aunque la comisión tarifaria propuso inicialmente un alza del 10 %, el Congreso local aprobó finalmente un aumento ligeramente menor, del 9.65 %. Sin embargo, esta decisión no logró satisfacer a la ciudadanía ni a los actores políticos, quienes han cuestionado la pertinencia del incremento en un contexto de deficiencias graves en el servicio.
La polémica se intensificó con la contratación de la comunicadora Eli Castro como asesora técnica, decisión que fue ampliamente criticada no solo por su perfil, considerado inadecuado para el cargo, sino también por la ambigüedad en sus funciones dentro del organismo. La respuesta del director del SIAPA, justificando la contratación como parte de las labores de difusión institucional, no hizo más que alimentar las críticas y reforzar la percepción de que el organismo ha sido capturado por intereses políticos y clientelares.
Como si lo anterior no fuera suficiente, la comisión tarifaria volvió a generar un amplio rechazo al aprobar aumentos de entre 40 % y 200 %. Esta medida generó reacciones inmediatas de diversos actores políticos. La situación financiera del SIAPA es alarmante: una cartera vencida que supera los 18 mil millones de pesos, adeudos por más de 4 mil millones con bancos y proveedores, colonias enteras sin acceso regular al agua, una red obsoleta con miles de habitantes sin conexión, inundaciones recurrentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una nómina onerosa y perfiles técnicos cuestionables.
Ante esta situación, el gobernador Pablo Lemus calificó el aumento como “fuera de toda proporción” y pidió revertir la decisión, prometiendo presentar una propuesta de reingeniería. En la misma línea, el presidente municipal de Zapopan declaró: “Definitivamente no podemos irnos a puros tarifazos. Lo que se necesita en el SIAPA es una reestructura total: financiera, administrativa y de infraestructura”. La presidenta de Guadalajara Verónica Delgadillo también exigió una reingeniería profunda del organismo.
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano y de oposición anunciaron que votarán en contra del incremento cuando llegue la iniciativa al Congreso. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez (Morena), fue contundente: “Ni un peso más al SIAPA hasta que saquen la mano todos los políticos. El SIAPA debe de integrarse por verdaderos técnicos”. En la misma sintonía, la alcaldesa de Tlaquepaque afirmó que el organismo “debería devolverle al pueblo lo robado”.
La contradicción más evidente surgió cuando representantes del gobierno estatal y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, que votaron a favor del aumento en la comisión tarifaria, después rechazaron públicamente la propuesta. Este viraje socavó la credibilidad de la comisión tarifaria, conformada por representantes de universidades, cámaras empresariales y gobiernos municipales, y cuya decisión fue aprobada por mayoría.
Lo verdaderamente preocupante es que los problemas estructurales del SIAPA —como el desabasto, la mala calidad del agua, las fugas, socavones y fallas en la infraestructura— no se han abordado con responsabilidad ni visión de largo plazo. En lugar de discutir soluciones técnicas basadas en evidencia, el tema se ha transformado en una disputa política con altos costos para la ciudadanía.
Las decisiones se toman desde una lógica de cálculo electoral: nadie quiere asumir el costo político de subir tarifas, pero tampoco hay voluntad de construir consensos para reestructurar el sistema. Los actores políticos prefieren “patear el balón”, hacer declaraciones mediáticas y prometer reformas, pero sin avanzar hacia una solución integral y sostenida.
La incapacidad de los gobiernos y representantes ha quedado en evidencia, al privilegiar intereses políticos por encima del bienestar colectivo. En lugar de funcionar como una entidad técnica especializada, el organismo ha sido convertido en un botín político y en un campo de disputa,
El SIAPA, más que una institución técnica, se ha convertido en un reflejo del fracaso político para gestionar servicios públicos de forma eficiente, transparente y sostenible. La ciudadanía paga las consecuencias de esta irresponsabilidad: con servicios deficientes, tarifas injustas y un sistema de agua colapsado. Mientras no se asuma el problema como lo que es —una crisis política disfrazada de técnica— difícilmente se podrá avanzar hacia soluciones reales. El reto no es solo arreglar el SIAPA, sino recuperar la confianza en las instituciones y devolverle al servicio del agua su carácter público y ciudadano.
-A título personal, por Armando Morquecho Camacho
En la Argentina de los años 70 y 80, las Madres de Plaza de Mayo desafiaron el silencio de la dictadura, marchando con pañuelos blancos y fotos de sus hijos desaparecidos, exigiendo verdad y justicia en un país roto por el miedo.
En 2025, Jalisco vive un eco de esa lucha: más de 15,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, han dejado un vacío que atraviesa los hogares de Guadalajara, Zapopan y los rincones más remotos de Los Altos.
Como aquellas madres argentinas, las buscadoras de Jalisco caminan con retratos en el pecho, enfrentando burocracia, estigma y dolor, exigiendo que sus seres queridos regresen, vivos o al menos con un nombre.
Esta tragedia, lejos de ser solo una cifra, es un grito que resuena en un estado orgulloso de su historia y cultura, pero incapaz de sanar a sus familias, y que a su vez nos enfrenta con una verdad dolorosa: la búsqueda de los desaparecidos no es solo una tarea institucional, sino un reflejo de nuestra humanidad.
Jalisco enfrenta una crisis que desgarra el alma de sus comunidades; en materia de desaparecidos es el estado más golpeado de México. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco concentran la mayoría de los casos, pero lugares como Lagos de Moreno también sufren esta realidad.
La impunidad, con un 94% de casos sin resolver, según Data Cívica, agrava el dolor de las familias. Colectivos como Por Amor a Ellxs denuncian la lentitud de las fiscalías, la escasez de recursos para las búsquedas y el estigma que culpa a las víctimas, acusándolas de estar “en algo turbio”. En 2024, las fosas clandestinas halladas en El Salto y Tonalá, con más de 30 cuerpos, revelaron la magnitud de la tragedia.
La sociedad jalisciense, atrapada entre el miedo y la resignación, muestra signos de despertar: marchas y hashtags como #NiUnoMás reflejan un clamor creciente, aunque fragmentado. Esta crisis no es solo un problema de búsqueda; es un drama humano que exige una respuesta socialmente integral, desde encontrar a los ausentes hasta sanar a quienes los buscan.
El impacto de las desapariciones trasciende las cifras. Cada persona ausente deja una herida abierta en su familia y su comunidad, un recordatorio de la fragilidad de la vida en Jalisco. Las madres buscadoras, como las de Luz de Esperanza, recorren cerros y lotes baldíos con picos y palas, cargando no solo el peso de la incertidumbre, sino la indiferencia institucional y el juicio social.
Casos como el de los tres jóvenes desaparecidos en Santa Anita en 2023 han marcado barrios enteros, donde el silencio se impone por temor a ser señalados. Según el INEGI, el 71% de los jaliscienses se siente inseguro, y la percepción de abandono institucional profundiza esta fractura.
En colonias como Oblatos, hablar de desaparecidos es tabú; en zonas como Providencia, la clase media parece desconectada de esta realidad. Las familias enfrentan no solo la pérdida, sino la falta de apoyo psicológico para sobrellevar el trauma. Sin embargo, las redes sociales están rompiendo el silencio, con videos y publicaciones que dan voz al dolor colectivo. Esta tragedia nos pregunta cómo hemos permitido que la ausencia se normalice, dejando a las familias solas en su duelo.
Las causas de esta crisis son profundamente estructurales. La burocracia en las instituciones, la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la escasez de recursos son obstáculos insalvables para muchas familias. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, creada en 2018, enfrenta críticas por su lentitud y falta de personal capacitado. Según México Evalúa (2024), Jalisco destina solo el 0.8% de su presupuesto a la búsqueda de desaparecidos, una cifra irrisoria frente a la magnitud del problema.
La estigmatización social agrava la situación: las víctimas son frecuentemente juzgadas, lo que desincentiva las denuncias y aísla aún más a las familias. La ausencia de tecnología forense y una base de datos efectiva, como en el caso de las fosas no identificadas, perpetúa la incertidumbre.
A esto se suma una sociedad abrumada, donde la indiferencia se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. Sin un enfoque integral que priorice no solo la búsqueda, sino el acompañamiento emocional y social de las familias, Jalisco seguirá atrapado en un ciclo de dolor y olvido.
La solución a esta tragedia exige una respuesta socialmente integral, donde el gobierno asuma su responsabilidad no solo en encontrar a los desaparecidos, sino en sanar a las familias y comunidades afectadas. Jalisco necesita fortalecer la Fiscalía Especializada con más recursos y personal capacitado, implementar tecnología forense avanzada y crear un sistema de alerta inmediata para casos recientes.
Pero más allá de la logística, urge un programa estatal de acompañamiento psicológico, con terapeutas especializados que apoyen a las familias en su duelo prolongado. Los colectivos, como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, deben ser aliados en la toma de decisiones, aportando su experiencia para diseñar políticas públicas efectivas. Una campaña estatal de sensibilización podría combatir el estigma, fomentar la denuncia y reconectar a la sociedad con esta causa.
El modelo de Coahuila, donde la colaboración con colectivos ha mejorado la identificación de restos, muestra un camino posible. La ciudadanía también tiene un rol: organizarse, participar en marchas, apoyar a los colectivos y exigir un gobierno que priorice la vida y la dignidad. Si Jalisco quiere sanar, nuestras autoridades tienen el reto de transformar el dolor en acción, devolviendo rostros a los nombres y esperanza a los corazones.
Jalisco no puede seguir siendo un estado donde los desaparecidos son solo estadísticas. Cada ausencia es una deuda con nuestra humanidad, un recordatorio de que hemos fallado como sociedad. Las Madres Buscadoras, como las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, nos enseñan que la esperanza persiste, pero necesitan nuestro apoyo. Es hora de que Jalisco escuche, actúe y devuelva la dignidad a quienes buscan, no solo con búsquedas, sino con un abrazo colectivo que sane. Porque mientras un solo rostro falte, todos estamos incompletos.
-Por Mario Ávila
Por la realización del trabajo periodístico “Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos”, Miriam Ramirez, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), recibió el galardón Gabo 2025, en el marco del Festival en honor del escritor Gabriel García Márquez, en Bogotá, Colombia.
Se trata de un trabajo realizado entre la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de El Universal, donde ella labora, en colaboración con The Washington Post y Lighthouse Reports.
El trabajo ganador aborda, a través de un análisis forense, datos oficiales y testimonios sobre la migración en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos; revela cómo la militarización agrava los riesgos y criminaliza la movilidad humana.
Analiza también las políticas migratorias restrictivas que provocan hechos como el que entre 2017 y 2023, mil 107 personas murieron ahogadas al querer cruzar al lado estadounidense.
La integrante del consejo rector del Premio Gabo, Luz Mely Reyes, entregó el galardón a Miriam Ramírez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, quien pronunció un mensaje en la recepción junto al equipo mexicano del diario El Universal.
“Queremos dedicar este premio a las personas migrantes que han perdido la vida cruzando el Río Bravo: a quienes murieron sin nombre, sin despedida y sin justicia. Este trabajo nació de la urgencia de no dejarlos en el olvido, de no permitir que sus muertes sean una cifra más en una política de contención de una frontera cada vez más militarizada y militarizante”, dijo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.
