OPINIÓN
¡Feliz Día del Médico! Los claroscuros de una profesión
Educación, por Isabel Venegas //
Muchos ubican la época en la que el maestro, el doctor y el sacerdote eran las figuras importantes de una comunidad, carreras profesionales difíciles de conseguir: no cualquiera era tan inteligente, tan resistente al desgaste o tenía el dinero suficiente para sufragar los gastos que ellas significaban.
Al mismo tiempo, el pueblo no podía carecer de estas figuras, se hacía entonces indispensable buscar que alguien cubriera ese espacio para lo cual solían estar los mecenas (políticos o empresarios que tenían mayor estabilidad económica), quienes se encargaban de patrocinar a algún ahijado al que se le notara el gusto, la capacidad y la vocación.
En algún punto del camino el aprecio se invirtió y en cierto modo, la visión de ponderar por encima de todas las cosas al dinero, dejó en un pedestal más importante a aquellas carreras que producían más y con menos esfuerzo. La popularidad que un futbolista, un cantante o un actor político podían tener dentro de la sociedad, lejos de ser visto como una crítica a sus procesos de formación, tuvo una fuerte vinculación con el descrédito a las primeras áreas, porque con la llegada de nuevos estilos de liderazgo se tuvo también el incremento de campañas que hacían señalamientos a muchos y muy serios errores.
Desafortunadamente aquellos que criticaban lo hacían con razón, porque en la necesidad de formalizar la profesión, éstas se fueron convirtiendo en estructuras que se consolidaron en sistemas, pagando el enorme precio de la burocratización y la masificación de los servicios.
El sistema de salud, el sistema educativo y la institucionalización de la religión con el deseo de cumplir su compromiso con el acceso universal de estas áreas, se encontraron también ante una serie de vicios en la cual quedaron englobados casi todos los médicos, profesores y sacerdotes.
Este viernes 23 de octubre se conmemoró el día del médico, justo en medio de una pandemia en la cual se han evidenciado los claroscuros de una profesión que lucha contra la enfermedad del siglo; criticados por la comunidad que se sigue preguntando si las medidas son necesarias, suficientes o prudentes, y encontrando en ellos a los paganos de políticas que también fueron fruto de la sorpresa y las limitantes de cada región. Fueron tantos los casos de agresiones en la calle a los doctores y a casi todo el personal del sector salud, que la mayoría de los gobiernos estatales y municipales debieron diseñar estrategias para protegerlos, como por ejemplo conseguir albergues cercanos a los hospitales, contratar transporte exclusivo para ellos, además de apostar a la guardia civil en las inmediaciones de los principales hospitales Covid.
Jornadas extenuantes, agresiones cotidianas, frustración al ver a la ciudadanía que no acata las medidas de prevención y que no terminan por dimensionar el problema; falta de insumos para atender a los pacientes o medidas que responden a políticas públicas, pero van en contra de sus esquemas individuales. Cuando iniciaba la pandemia en nuestro país, la mayoría se preocupaba por tener la mayor cantidad de respiradores artificiales posibles con disponibilidad, sin entender que al mismo tiempo eso terminaría por representar la posibilidad de morir casi en un 80%, es decir, si bien es cierto que los respiradores ayudan en última instancia, también significa que muy probablemente se deberá enfrentar ante una serie de complicaciones que limita la intervención de los médicos y reduce sus posibilidades de salvarle la vida.
Las marchas del sector salud exigieron al gobierno federal apoyos reales, puesto que los insumos para su seguridad parecían una burla: batas, cubrebocas y botas de pésima calidad, ventiladores a sobreprecio y fuera de los estándares requeridos, pero principalmente dañino: mensajes que no terminaban por dar el respaldo a una comunidad que lucha a contracorriente para salvar a la población, muchas veces de ella misma.
Ese sistema de salubridad que hizo todo lo posible por no saturar sus hospitales para no verse en la dolorosísima necesidad de decidir a quién dar una cama y a quien no, tuvo que pensar en estrategias que a muchos les ha costado el prestigio que apenas estaban tratando de reconquistar, reconocimiento que se seguirá viendo empañado por una serie de empleados del sector salud que de todos es conocido, entraron ahí por tener una plaza segura porque sus padres eran médicos y de una u otra forma la inercia familiar los llevó ahí, o porque en el proceso fueron deformando los ideales y la ética que en un principio sí tuvieron. Sí, todos hemos visto los casos de doctores que no deberían usar una bata, bata que por cierto hace mucho dejó de ser blanca; ¿Cómo hace un país para no determinar el sistema entero por los casos negativos?
Los profesores que no están trabajando como se debe, los doctores que no les importan sus pacientes y que solo esperan la quincena para cobrar su sueldo, o los sacerdotes que no piensan en su comunidad doliente; no son el cuerpo, son la parte enferma que hay que sanar, pero no por eso aniquilas el sistema, no por eso desacreditas la construcción de tantos años que ha servido para que a muchísimas comunidades sin acceso a estas tres disciplinas les llegara la sanidad, la educación y un espacio de articulación entre la interioridad y la hermandad, relación que hoy se busca a través de muchos medios pero que se nombra de diferentes maneras.
¡Vaya, pues tenemos que hacer algo! Así que para rescatar las tres áreas medulares de una nación, debemos volver a los orígenes: el patrocinio a los talentos universitarios que han optado por estas vocaciones, identificando aquellos que durante su proceso de formación dan muestra de talento, voluntad y empeño, capacidad para sobreponerse a la adversidad y fortaleza para resistir las batallas que dan momentos como los del covid19. Todos aquellos profesores, directivos y tutores, deben velar por ir más allá del cumplimiento de las cuotas de eficiencia terminal e índices de aprobación; estándares que han ido en detrimento del sentido profundo de la educación. Repensar el papel de los asesores escolares y de los tutores universitarios, a fin de que su ejercicio vaya en un sentido integral, apuntalando el andamiaje ético con el que deberán enfrentar la realidad del mundo profesional.
Casi todos los debates que se han ido posponiendo en la vida moderna distraídos por una serie de artefactos (que nos facilitan el trabajo diario, pero que no resuelven las necesidades trascendentales del ser humano), siguen demandando la misma atención que en un principio, puesto que hoy vemos aparecer sistemas alternativos que ¡no es lo mismo, pero es igual! A la medicina le aparecieron terapias alternativas, a la escuela le llegaron los youtubers, y en lugar de rezar el rosario, ahora se repiten mantras; no es que lo segundo esté mal sino que demuestran que la necesidad de atender estos temas sigue estando latente; quiere decir que en cuanto tengamos el “Sistema público de acceso universal al Yoga” volveremos a ver al instructor que, justo en media crisis emocional le pidió a su compadre que le extendiera una incapacidad para ir renovándola cada mes…, mientras que junto a él hay otros tantos dando la vida por ayudar a encontrar su centro espiritual a sus hermanos de luz, sin importar que sean pocos los que lo noten.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
