OPINIÓN
Garantizar la salud mental: Una obligación del sistema de salud pública
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En los últimos años, y aún más durante la pandemia, el tema de la salud mental ha tomado cada vez más relevancia y también, la difusión de información a través de la cual se busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de acudir con especialistas en esta rama se ha vuelto más común, especialmente en redes sociales, donde personas relatan mes tras mes sus mejoras y demás experiencias al acudir con terapeutas.
De igual manera, los medios de comunicación de distintas formas han redoblado esfuerzos para visibilizar estos problemas, de tal forma que todos los estigmas que existen alrededor de los problemas relacionados con la salud mental puedan desaparecer, esto debido a que en la mayor parte de las ocasiones, son el principal y más grande obstáculo en el proceso de buscar atención profesional de manera oportuna, ya que hasta la fecha, es muy recurrente a que muchas personas con estas condiciones se les juzgue erróneamente como locos.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también ha sumado este tema a su agenda y ha subrayado la urgencia de transformar los sistemas de salud de tal manera que estos puedan aportar en el compromiso social del Estado en la lucha contra los trastornos de salud mental.
Asimismo, la OMS en uno de sus estudios más recientes expuso que en el 2019, casi mil millones de personas, de las cuales el 15% son adolescentes, estaban afectadas por un trastorno mental. Por otro lado, el estudio señaló que los suicidios representaban más de una de cada 100 muertes, de las cuales el 58% ocurría antes de los 50 años de edad, alterando así la esperanza de vida de un importante sector de la población ya que las personas con trastornos de esta naturaleza mueren entre 10 a 20 años antes que la población general.
De igual forma, este estudio también detalló que los abusos sexuales en la infancia, el acoso por intimidación, así como las desigualdades sociales y económicas o bien, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se encuentran en las amenazas estructurales para la salud mental, de hecho, la depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia.
Ahora bien, en lo que respecta específicamente a nuestro país, las cifras más recientes indican que alrededor del 85% de personas con algún padecimiento mental no reciben atención, y quienes la reciben tardan un promedio de 14 años en obtener un tratamiento desde la aparición de los primeros síntomas.
Alrededor de esta cifra tan preocupante hay muchos factores, el primero, que ya mencionamos anteriormente corresponde la estigmatización de los problemas de salud mental, la cual produce en las personas un miedo profundo a expresar o manifestar su sentir interno por el miedo a ser juzgados o simplemente a no ser tomados en serio debido a la indiferencia con la que algunas personas aún ven estas situaciones tan delicadas.
Mientras que el segundo corresponde a un factor de carácter económico, el cual puede abordarse desde dos vertientes.
La primera es de carácter presupuestal, ya que solamente un porcentaje mínimo (entre el 1%-2%) del presupuesto federal destinado a la salud se emplea para la atención de pacientes con trastornos mentales, lo cual provoca que no exista una oferta de atención suficiente en los primeros niveles de atención, los cuales no consideran los trastornos de esta naturaleza dentro de su ámbito de competencia, dejando así en un estado de vulnerabilidad a un importante sector de la población.
Por otro lado, la segunda vertiente del factor económico corresponde a la economía familiar, ya que en algunas ocasiones la ineficiencia del Estado a la hora de garantizar atención médica oportuna en este tema, obliga a las personas a acudir al sector privado, el cual puede resultar demasiado caro, a tal grado que en algunas ocasiones, la salud mental, al igual que muchas otras necesidades básicas, se convierte en un privilegio al que solo algunas personas pueden acceder.
La OMS establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En ese orden de ideas, la salud mental es un componente integral y esencial de la salud ya que esta implica un estado de bienestar generalizado.
No podemos seguir cometiendo el error de creer que el derecho a la salud, implica única y exclusivamente a la atención médica de enfermedades que afectan la salud, como por ejemplo el COVID-19, el cáncer o cualquier otra que venga a su mente, ya que esta óptica ha provocado que en México la salud mental sea minimizada a tal grado de considerar su atención como innecesaria, provocando así que la atención integral que incluye tanto terapia como medicamentos sean costosos, exclusivos e inaccesibles para muchas personas, situación que no debemos permitir ya que es una expresión más de desigualdad.
La salud mental no puede ser un privilegio, ya que esto es una contradicción a lo establecido por nuestra Constitución Política que en su artículo 4º. otorga a todas las personas el derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios necesarios para cuidarla y garantizarla.
En ese orden de ideas, a partir de la evolución que ha tenido el concepto de salud, no podemos ser omisos en que el hecho de que el articulo 4º. establezca un concepto general de salud ya no es suficiente, esto en razón de que esta interpretación tan limitada, deja a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, desprotegidos en lo que respecta a su integridad mental, por ello, en aras de cerrar o disminuir esta gran brecha social, y que la atención de esta naturaleza deje de ser un privilegio que solo algunos pueden costear, es necesario que el Estado asegure asistencia médica para la ciudadanía una vez que su salud, sin importar la causa, ha sido afectada.
Los trastornos mentales son enemigos silenciosos que debemos enfrentar con perspectiva social, por ello, en solidaridad con todas esas personas que hoy están enfrentando una lucha interna que en algunos momentos puede ser tormentosa y asfixiante, debemos impulsar cambios necesarios en nuestro sistema de salud pública.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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