JALISCO
Gobierno desaparecido: La marcha que desnuda la impunidad
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
– Por Mario Ávila
Los 43 policías del municipio de La Huerta, que habían sido detenidos tras la intervención de la Fiscalía de Jalisco a la corporación policiaca, después de dos días volvieron a sus hogares y algunos volvieron a sus actividades.
Esto sucede a pesar de que el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, anunció que los gendarmes estaban siendo sometidos a una investigación relevante, por su presunta participación en el delito de secuestro y desaparición de una persona en la región de la Costa Sur de Jalisco.
Hoy, tras casi 48 horas de permanecer a disposición del Ministerio Público, los uniformados volvieron al municipio y fueron rearmados para reincorporarse a sus labores.
El Ayuntamiento de La Huerta informó a través de un comunicado que: “Los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública que habían sido retenidos ya se encuentran de regreso con sus familias y con nuestra comunidad. Hacemos del conocimiento público que, tras las gestiones correspondientes, nuestros policías han sido rearmados y se reincorporarán de manera paulatina a sus labores”.
El martes 14 de octubre, personal de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía del Estado intervino la corporación municipal como parte de una investigación relacionada con la desaparición de una persona, en la cual estarían involucrados algunos elementos.
Hasta el momento se desconoce cuántos oficiales han regresado a sus labores y cuántos continúan bajo investigación.
JALISCO
Gobierno de Jalisco entrega más de 2.5 millones de pesos a familias afectadas en Puerto Vallarta
– Por Francisco Junco
El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó en la plaza pública de Las Mojoneras la entrega de apoyos por más de 2.5 millones de pesos provenientes del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), destinados a 93 familias de Puerto Vallarta que perdieron su patrimonio durante las lluvias del 19 de septiembre.
“¿Por qué les entregamos cheques y no les entregamos una estufa? Porque después entregamos la estufa y me dicen ‘oiga, es que esa estufa que me entregaron no cabe bien en el espacio’. Entonces, mejor les entregamos el recurso y ustedes deciden qué es lo que se compran para reponer su patrimonio”, explicó el mandatario.
El Gobierno de Jalisco busca con esta acción que las familias puedan recuperar su estabilidad y reanudar sus vidas tras las afectaciones causadas por las tormentas derivadas del huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond.
En paralelo, el Sistema DIF Jalisco ha distribuido 3 toneladas de víveres, artículos de higiene y limpieza, además de colchonetas, catres y cobijas, como parte del acompañamiento continuo a las personas damnificadas.
Durante su visita, Lemus Navarro recorrió colonias como Las Palmas, donde el agua alcanzó metro y medio de altura, para verificar los avances de las acciones y mantener el diálogo directo con las y los afectados.
“El apoyo va a seguir fluyendo durante las próximas semanas”, aseguró, al recordar que continúan los censos de daños provocados por las lluvias más recientes del 11 y 12 de octubre, para que más familias puedan acceder a estos recursos.
Priscilla Franco Barba, secretaria del Sistema de Asistencia Social (SASS), destacó que la entrega representa un mensaje de esperanza.
“Qué difícil debió haber sido aquel 19 de septiembre, cuando el agua se elevaba más de un metro y veían cómo su patrimonio se dañaba. Por eso estamos aquí, para restituir 825 enseres domésticos con el respaldo del FOEDEN, equivalente al primer paso para recuperar la tranquilidad en sus hogares”, subrayó.
El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado.
“Quiero, en verdad, decirles cuánto agradecemos las y los vallartenses ese compromiso, Gobernador, que has mostrado y, sobre todo, esa agilidad con la que se ha trabajado la posibilidad de bajar los recursos del FOEDEN”, afirmó.
Entre las colonias más afectadas se encuentran Independencia, La Floresta, Ramblases, Bugambilias, Coapinole, Volcanes, Bobadilla, Joyas del Pedregal y Villa de Guadalupe.
Por su parte, Sergio Ramírez López, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), informó que la tormenta del 12 de octubre dejó 537 viviendas con daño en menaje y 60 con daño estructural. Explicó que el municipio presentó ya la Declaratoria de Emergencia para acceder a nuevos apoyos y que se activarán los subcomités técnicos encargados de evaluar daños en viviendas, escuelas e infraestructura.
En el cierre de su gira, Pablo Lemus supervisó el Nodo Vial Las Juntas, proyecto que forma parte del plan de infraestructura de conexión 2025-2026 entre Jalisco y Nayarit.
“Quisimos venir a supervisar la apertura del Nodo Vial de Las Juntas, miren qué bello quedó. Las Juntas era un cuello de botella y ahora el tráfico fluye”, expresó. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) confirmó que el puente peatonal quedará listo el 15 de diciembre, consolidando una obra con inversión conjunta de más de 2 mil 200 millones de pesos.
JALISCO
Gobierno de Zapopan entrega apoyos a familias y negocios afectados por lluvias en La Martinica
– Por Francisco Junco
El Gobierno de Zapopan entregó recursos a las familias que resultaron afectadas por las lluvias del pasado 29 de septiembre en la colonia La Martinica, son apoyos económicos y en especie a 69 hogares y 34 negocios que sufrieron pérdidas materiales.
La ayuda, explicó la autoridad, busca reponer en lo posible los daños provocados por la tormenta y garantizar que ninguna familia quede desprotegida.
El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, destacó que la atención fue inmediata y contó con la participación de dependencias como Protección Civil y Bomberos, Servicios Municipales, DIF Zapopan y Programas Sociales.
“Lo más importante siempre es salvaguardar la vida de las personas. Una vez garantizada la seguridad, realizamos el dictamen de afectaciones y, de forma consensuada con los vecinos, definimos apoyos económicos homogéneos para las 69 familias afectadas”, explicó.
Villaseñor Aldama informó que los apoyos oscilaron entre 17 mil y 45 mil pesos, de acuerdo con el grado de daño, y que también se entregó menaje de hogar donado por la iniciativa privada.
“Fuimos muy puntuales en atender tanto a las familias como a los comercios, que también recibieron apoyo económico para reponer materiales o herramientas de trabajo. El Presidente Municipal nos instruyó a mantener criterios homogéneos, solidarios y transparentes”, señaló.
De acuerdo con la Dirección de Programas Sociales Municipales, la inversión total en esta contingencia fue de un millón 177 mil pesos para familias y 672 mil pesos para negocios. Este esfuerzo se suma al apoyo brindado tras la inundación del 15 de julio, cuando 114 familias y 30 comercios fueron beneficiados con recursos, apoyos alimentarios, albergues temporales y acompañamiento del DIF municipal, con una inversión de 3.88 millones de pesos.
“Lamentablemente algunas personas resultaron afectadas en ambas contingencias, pero estuvimos ahí desde el primer momento.
No hubo actos protocolarios, sino un diálogo directo con las y los vecinos, porque nuestro compromiso es mantener un Gobierno cercano y humano”, afirmó Villaseñor Aldama, quien además llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas que pretendan aprovecharse de la situación con fines políticos o personales.
– Por Mario Ávila
Desde su inicio en mayo, las Brigadas “Yo Jalisco” han acercado servicios de salud, asesoría legal y programas sociales a 79 mil 880 personas en 39 municipios del estado, consolidándose como una estrategia integral para reducir desigualdades y atender a comunidades de difícil acceso.
El esfuerzo coordinado entre distintas dependencias estatales ha permitido otorgar más de 39 mil atenciones médicas, 2 mil 962 servicios de la Procuraduría Social, 28 mil 390 trámites del Registro Civil, mil 323 del INEEJAD, 5 mil 344 apoyos del DIF Jalisco y 2 mil 34 refrendos de licencias por parte de la Secretaría de Transporte.
Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, resaltó que las brigadas buscan garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, desde la expedición de actas de nacimiento hasta la renovación de licencias de conducir. “Cada persona que participa tiene una meta compartida: reducir la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios”, expresó.
Por su parte, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión del Territorio, destacó que el componente de movilidad y conectividad también se fortalece con proyectos como el Plan Carretero Estatal, que en 2025 habrá intervenido 3 mil 500 kilómetros de los más de 4 mil 500 que integran la red estatal.
Entre los nuevos servicios, se anunció la incorporación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que brindará asesoría jurídica y vinculación laboral. Su titular, Ricardo Barbosa Ascensio, explicó que la dependencia busca acercar la justicia laboral a todos los municipios, especialmente a aquellos que no cuentan con centros de conciliación.
El director del OPD Servicios de Salud Jalisco, Héctor Hugo Bravo Hernández, informó que las brigadas han proporcionado consultas médicas, detecciones de cáncer, pruebas de VIH y sífilis, vacunación, salud bucal y esterilización de mascotas, entre otros servicios.
Asimismo, Héctor Pizano Ramos, procurador Social del Estado, subrayó el valor humano detrás de cada atención brindada: “Cada servicio no solo es un trámite; es una persona que recupera su identidad o una familia que accede a la justicia”, señaló.
El Registro Civil de Jalisco ha expedido 26 mil 370 actas gratuitas, mientras que el INEEJAD ha ofrecido más de mil servicios educativos mediante su “camión escuela”, que permite certificar estudios de primaria y secundaria.
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