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MUNDO

Golpes de Estado en América Latina: Intervención extranjera y lucha por los recursos naturales

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, gas natural, oro y otros minerales, ha sido un objetivo constante de la intervención extranjera. Desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, su gobierno ha enfrentado múltiples intentos de desestabilización, incluyendo el golpe de estado de 2002 y diversas estrategias de lawfare en años posteriores.

Golpe de Estado de 2002: El 11 de abril de 2002, un golpe de estado intentó derrocar a Chávez, quien fue temporalmente removido del poder. El golpe, apoyado por sectores empresariales y militares, contó con la aprobación tácita de Estados Unidos. Sin embargo, Chávez fue reinstalado en el poder dos días después gracias a la movilización popular y la lealtad de sectores militares.

Estrategias de Lawfare: En años recientes, la oposición venezolana y actores internacionales han utilizado el lawfare para deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez. Sanciones económicas, reconocimiento de líderes opositores y la manipulación de instituciones judiciales han sido parte de estas estrategias.

Bolivia: La lucha por el litio

Bolivia, con una de las mayores reservas de litio del mundo, ha sido escenario de intervenciones extranjeras centradas en este recurso estratégico. El golpe de estado de 2019 que derrocó a Evo Morales es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden desestabilizar un país.

Golpe de Estado de 2019: En noviembre de 2019, Evo Morales fue forzado a renunciar bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, tras acusaciones de fraude electoral en los comicios de octubre. La oposición, apoyada por Estados Unidos y sectores empresariales, vio en Morales una amenaza para los intereses económicos ligados al litio. Su renuncia llevó a la instalación de un gobierno interino que revirtió muchas de las políticas nacionalistas de Morales.

Honduras: La puerta de entrada

El golpe de estado en Honduras en 2009 que destituyó al presidente Manuel Zelaya es otro ejemplo de la intervención estadounidense en la región. Zelaya había iniciado políticas que favorecían la integración regional y la redistribución de recursos, chocando con los intereses de las élites locales y las corporaciones transnacionales.

Golpe de Estado de 2009: El 28 de junio de 2009, Zelaya fue arrestado por militares y enviado a Costa Rica. El golpe fue justificado por la Corte Suprema y el Congreso hondureño, pero las circunstancias sugieren la influencia de Estados Unidos, preocupado por las políticas de Zelaya y su acercamiento a Venezuela y ALBA.

Ecuador: La amenaza del lawfare

Ecuador ha sido víctima de estrategias de lawfare que han buscado deslegitimar y eliminar a líderes progresistas. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, implementó políticas de redistribución de la riqueza y la nacionalización de recursos naturales, generando tensiones con intereses extranjeros.

Lawfare contra Rafael Correa: Tras dejar el poder, Correa ha enfrentado múltiples acusaciones judiciales, que muchos consideran una estrategia para impedir su retorno a la política. Estas acusaciones, apoyadas por sectores conservadores y transnacionales, han debilitado la influencia del movimiento político de Correa en el país.

Argentina: Intervenciones judiciales

Argentina ha visto una serie de acusaciones judiciales contra líderes progresistas, utilizando el lawfare para desestabilizar sus gobiernos. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua a puestos de elección popular tras ser juzgada por corrupción en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.

Lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra Fernández de Kirchner han sido vistas como una forma de debilitar su influencia política. Estas acciones han sido respaldadas por sectores empresariales y mediáticos, alineados con intereses transnacionales.

Brasil: El caso paradigmático

Brasil ha experimentado uno de los casos más notorios de lawfare en la región, con la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes del Partido de los Trabajadores (PT) implementaron políticas que desafiaban los intereses económicos de las élites y corporaciones transnacionales.

Destitución de Dilma Rousseff: En 2016, Rousseff fue destituida de la presidencia a través de un impeachment que muchos consideraron un golpe de estado parlamentario. Las acusaciones de manipulación presupuestaria fueron vistas como un pretexto para removerla del poder y revertir las políticas del PT.

Encarnizamiento contra Lula: Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, fue encarcelado en 2018 bajo acusaciones de corrupción. Su encarcelamiento impidió su participación en las elecciones de 2018, allanando el camino para la victoria de Jair Bolsonaro. Posteriormente, se revelaron irregularidades en el juicio contra Lula, sugiriendo una conspiración para evitar su retorno al poder.

Lula da Silva, quien pasó 580 días preso acusado de corrupción, al final, la condena fue anulada por fallas procesales.

Las riquezas naturales de Venezuela: Un botín codiciado

Venezuela, con sus vastas reservas de recursos naturales, ha sido un objetivo constante de la intervención extranjera. La riqueza del país en petróleo, gas natural, minerales y biodiversidad ha atraído la atención de potencias extranjeras y corporaciones transnacionales.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303 mil millones de barriles. Además, cuenta con vastas reservas de gas natural, estimadas en 197 billones de pies cúbicos. Estos recursos han sido el eje de la economía venezolana y el principal punto de interés para intervenciones extranjeras.

Minerales estratégicos

El país también es rico en minerales estratégicos, como el oro, bauxita, hierro y coltán. La región del Arco Minero del Orinoco, que abarca el 12% del territorio nacional, contiene enormes depósitos de estos minerales. La explotación de estos recursos ha sido un punto de conflicto, con el gobierno venezolano implementando políticas de nacionalización que han chocado con los intereses de corporaciones transnacionales.

Biodiversidad y recursos hídricos

Venezuela es uno de los países más biodiversos del mundo, con vastas selvas tropicales, una rica flora y fauna, y abundantes recursos hídricos. Esta biodiversidad es crucial para industrias como la farmacéutica y la biotecnológica, y su protección y explotación han sido temas centrales en la política interna y externa del país.

Los golpes de estado y las estrategias de lawfare han tenido profundas repercusiones en la estabilidad política, la economía y el bienestar social de los países afectados. La explotación intensiva de recursos naturales por corporaciones transnacionales ha generado consecuencias económicas, políticas, sociales y medioambientales significativas.

Consecuencias económicas

Las intervenciones para controlar los recursos naturales han tenido implicaciones económicas significativas. Si bien las élites locales y las corporaciones transnacionales han obtenido beneficios, las poblaciones locales a menudo han sido excluidas de los frutos del desarrollo. La explotación de recursos sin una distribución equitativa de la riqueza ha perpetuado la pobreza y la desigualdad.

La intervención extranjera y los golpes de estado han llevado a una desestabilización política prolongada, erosionando la confianza en las instituciones democráticas y socavando la soberanía nacional. La interferencia externa ha exacerbado las divisiones internas, creando un ciclo de inestabilidad que dificulta el desarrollo sostenible.

Consecuencias sociales

Las comunidades locales a menudo son las más afectadas por la explotación de recursos naturales. La desposesión de tierras, la contaminación ambiental y la falta de acceso a los beneficios económicos han generado tensiones sociales y conflictos. Las políticas neoliberales impulsadas por gobiernos instalados tras golpes de estado han exacerbado la desigualdad y la exclusión social.

La explotación intensiva de recursos naturales ha tenido efectos devastadores en el medio ambiente. La deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad son algunas de las consecuencias más graves. En países como Venezuela, donde la biodiversidad es extremadamente rica, la explotación irresponsable puede tener repercusiones globales.

Frente a las intervenciones extranjeras y la explotación de recursos naturales, los países de América Latina deben desarrollar estrategias que promuevan la soberanía, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Fortalecimiento de instituciones democráticas

Es crucial fortalecer las instituciones democráticas para resistir las intervenciones extranjeras y los golpes de estado. La independencia judicial, la transparencia y la participación ciudadana son elementos clave para garantizar la estabilidad política y la soberanía nacional.

Implementar políticas de redistribución de la riqueza es fundamental para asegurar que los beneficios de la explotación de recursos naturales lleguen a las comunidades locales. La inversión en educación, salud e infraestructura puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad.

Desarrollar políticas de protección ambiental es esencial para mitigar los impactos negativos de la explotación de recursos naturales. La regulación estricta, la vigilancia ambiental y la promoción de prácticas sostenibles son cruciales para preservar la biodiversidad y los recursos naturales a largo plazo.

La cooperación regional puede fortalecer la posición de los países latinoamericanos frente a las intervenciones extranjeras. Iniciativas como ALBA y UNASUR han demostrado el potencial de la integración regional para promover la soberanía y el desarrollo sostenible.

Diversificación económica

Diversificar la economía más allá de la dependencia de recursos naturales es vital para asegurar el desarrollo sostenible. Invertir en sectores como la tecnología, el turismo sostenible y la agricultura puede crear nuevas oportunidades económicas y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de los commodities.

Los golpes de estado y las estrategias de lawfare en América Latina han sido herramientas de intervención extranjera para controlar los recursos naturales de la región. Los casos de Venezuela, Bolivia, Perú, Honduras, Ecuador, Argentina y Brasil ilustran cómo estas intervenciones han desestabilizado gobiernos, perpetuado la pobreza y la desigualdad, y causado daños ambientales significativos. Frente a estos desafíos, es crucial que los países de la región fortalezcan sus instituciones democráticas, promuevan políticas de redistribución de la riqueza, protejan el medio ambiente y busquen la cooperación regional, consolidando un gran bloque que fortalezca la legalidad, la democracia, y asegurar un desarrollo sostenible y soberano.

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MUNDO

¿Política pública o eslogan de campaña? «El marketing en la transparencia»

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Opinión, por Alejandro Verduzco Mendoza //

El 2024 ha sido un año de muchos acontecimientos en nuestro país y a nivel global, pero si hablamos de política y de campañas electorales podemos comentar lo acontecido en el proceso electoral del 2 de junio en México, donde los electores en su mayoría eligieron a la primera presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Consumando un hecho histórico, donde gobernará una mujer la silla de Palacio Nacional, con más de 35 millones de votos, lo cual representa el 59 % de la votación, y que en días pasados ratificó dicho triunfo la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal por el periodo del 2024 al 2030.

En dicho proceso pudimos apreciar que la campaña de Morena estuvo integrada por mensajes estratégicos a través de discursos, eslóganes de campaña, propaganda política, debates, en mítines y medios de comunicación en general, que fueron utilizados y lanzados como petardos a los electores para persuadir y mantener su posicionamiento de marca, como lo consiguió el presidente López Obrador en su campaña y gobierno, para seguir posicionando su ideología política: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”; “No le vamos a fallar al pueblo de México”; “No más corrupción en la construcción del país”; “Vamos bien, vamos avanzando”; “Por el bien de todos, primero los pobres”; y “Somos el gobierno más transparente de la historia”, entre otros.

Así mismo, en la elección de gobernador en el estado de Jalisco, que se celebró simultáneamente con las elecciones federales, el partido Morena logró posiciones significativas en alcaldías, diputaciones locales y federales, además de dos curules en el Senado por el estado. Sin embargo, el virtual ganador de la gubernatura fue Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

Durante el proceso nos percatamos como los distintos cuartos de guerra de los candidatos (war room o sala situacional) desarrollaban diversas estrategias al calor de la contienda, donde el gobernador vencedor, según el órgano electoral de Jalisco, Pablo Lemus, se describía en campaña como un jalisciense que disfruta su trabajo, con su eslogan “Porque de buenas es mejor”; destacando que así lo hizo en el municipio de Zapopan y en Guadalajara cuando fue presidente municipal, con buenos resultados y buenos gobiernos, comprometiéndose en campaña que en su gobierno van a trabajar de cerquita con la gente, escuchando, resolviendo los problemas sociales, y que, integrará los mejores perfiles para su administración, anteponiendo un gobierno transparente, con rendición de cuentas y con una ética pública.

Durante la campaña en Jalisco y en todas las entidades, la bandera de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción; pareciera que era un eslogan de campaña, una mención en los mensajes estratégicos de trámite, más que de una verdadera política pública.

Es importante señalar que la elección a gobernador en Jalisco fue impugnada por el partido Morena y su coalición, por supuestas irregularidades en el proceso, y fue el 12 de agosto que el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Pablo Lemus Navarro, quien obtuvo una votación a favor de un millón 626 mil 789 votos, lo que representa el 44.25 % del total; seguido de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco con un millón 440 mil 024, el 39.17 %. La diferencia entre uno y otro candidato fue de 186 mil 765 votos, lo que representó el 5.08 %. Esta diferencia porcentual fue el argumento por el cual el tribunal determinó la imposibilidad de ordenar la repetición de la elección en Jalisco.

Por otro lado, en un contexto similar, pero en otra región de América Latina, tenemos los recientes acontecimientos relacionados con la elección presidencial en Venezuela. El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, lo que significaría un tercer mandato, avalado por las autoridades electorales venezolanas.

Por su parte, el líder de la oposición, Edmundo González, y María Corina Machado publicaron en Internet que, según los datos recopilados por el frente opositor, con 24,532 actas computadas (equivalentes al 81.7 % del total), ellos tendrían la victoria con un amplio margen: el 67 % de los votos a favor, frente al 30 % obtenido por Nicolás Maduro. Esta cifra contrastó ampliamente con la información oficial del Consejo Nacional Electoral.

Cabe resaltar que en Venezuela se vivió una jornada electoral marcada por la incertidumbre, la represión y las amenazas, además de una notable falta de transparencia en los cómputos y en los resultados presentados públicamente, tanto por el órgano electoral como por el presidente Maduro. Este proceso, carente de claridad, ha creado un descontento generalizado en el país y ha provocado reacciones a nivel internacional, con pronunciamientos de líderes de otros países y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, este año, el 4 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una contienda caracterizada por numerosos incidentes en la carrera hacia la Casa Blanca, como es bien sabido, el presidente Biden inició su campaña como candidato del Partido Demócrata con la firme intención de asegurar un segundo mandato, enfrentándose al candidato republicano, el expresidente Trump.

Sin embargo, todo cambió cuando la campaña de Biden comenzó a enfrentar dificultades. El 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, el candidato Trump sufrió un atentado, en el que murieron dos personas, incluido el presunto agresor, y varias más resultaron heridas. Este ataque desató el pánico y reavivó los temores de asesinatos y atentados en Estados Unidos.

Por irónico que parezca, la bala que iba dirigida a Trump le pegó a Biden, pues el candidato republicano no solamente salió con vida, sino que además resultó empoderado y mejoró su posicionamiento entre los electores. Este hecho dejó al candidato demócrata navegando a la deriva durante las horas y días siguientes, hasta que, una semana después del incidente en Pensilvania, anunció que se bajaba de la candidatura, y propuso a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora, misma que fue elegida en la Convención Nacional Demócrata para disputar la elección contra Donald Trump; contienda, en la que dicho sea de paso, no está nada decidido.

Los 3 candidatos, Biden, Trump y Kamala, en su momento, han realizado ataques y señalamientos, utilizando como bandera la “transparencia”, dado el impacto global que esta tiene en el discurso actual. Desde luego, los candidatos han hablado de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En este contexto, considero necesario citar la definición de “política pública” de Luis Aguilar Villanueva, un referente en materia de gobernanza y administración pública, como el: “Proceso que incluye la identificación del problema, la formulación de soluciones, la implementación de estrategias y la evaluación de resultados”. En el entendido de que el concepto de la transparencia más que un eslogan de campaña electoral, debería ser una verdadera política pública.

Las políticas públicas deben ser comprendidas dentro de un marco amplio que considera la participación de diversos actores, como el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Estos actores interactúan en un espacio de deliberación donde se establecen los objetivos de las políticas, se diseñan estrategias, se discuten posibles soluciones y se toman decisiones que buscan beneficiar a la sociedad en su conjunto”, tal como lo señala el Dr. Guillermo Muñoz Franco en su obra «La Transparencia como una Forma de Vida». Reitero, pues, que el concepto de “transparencia” va más allá del uso mercadológico en las campañas políticas, del discurso de un candidato o de una bandera gubernamental; pienso que este debería convertirse en un hábito esencial, integrando tanto el «ser», en términos de ética y moral, como el «deber ser» en relación con las normas que guían la corrección de nuestras acciones como miembros activos de una sociedad.

En esta publicación me gustaría compartir con ustedes, estimados lectores, que en el año 2015 tuve la oportunidad de colaborar en la política pública de comunicación en materia de transparencia del Gobierno del estado de Jalisco, durante esa administración hubo grandes retos y logros, en ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (C.P.C.E.F.), convocó al Primer Concurso de Ensayo en «Transparencia y Rendición de Cuentas» en México, un concurso a nivel nacional con la finalidad de impulsar y promover la generación de una nueva cultura organizacional en la materia. Para ello, un servidor participó con el ensayo “El marketing en la transparencia y el acceso a la información pública en México”, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional, este abordó la creación de un modelo enfocado en la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas, considerando las distintas herramientas promocionales que permite la interdisciplinariedad del marketing, basado en Philip Kotler, mismo que hoy utilizo para escribir este texto.

En mi trayectoria de contribuir a una nueva cultura de transparencia en el ejercicio público, fui testigo del nacimiento de la primera Ley Federal de Transparencia en México, que entró en vigor en 2002. Esta ley dio origen en 2003 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual se estableció como el órgano garante en la materia en México. Posteriormente, en 2014, este organismo cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, convirtiéndose en un organismo público autónomo.

Para concluir, me pregunto: ¿estamos ante la posible extinción de la transparencia y su relegación a la historia? ya que como sabemos el pasado 24 de agosto, las Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una propuesta de reforma constitucional que amenaza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta reforma propone extinguir al INAI y su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que representaría un grave retroceso, eliminando décadas de esfuerzos, participación social, inversión e investigación. Dicho marco constitucional fue producto de la lucha de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales contra la opacidad de las instituciones públicas y la falta de rendición de cuentas que caracterizó a muchos gobiernos en el pasado.

La reforma plantea, entre otras cosas, la desaparición de los 32 institutos de transparencia locales como el ITEI en Jalisco y el INAI a nivel nacional, además extinguir otros 6 organismos autónomos importantes para la democracia y desarrollo de nuestro país como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). ¿Realmente estas decisiones garantizarán el estado de derecho y el bienestar social de los mexicanos?, que el tiempo, los hechos y la historia lo juzguen.

Felices fiestas patronales y que #VivaMéxico…

Por: Mtro. Alejandro Verduzco Mendoza

Mercadólogo y analista político

@averduzcom

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MUNDO

Fundamental para el desarrollo de un país: La importancia de un sistema de justicia funcional, honesto, ético y justo

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de cualquier país. Este sistema no solo asegura el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos individuales y colectivos, sino que también promueve la estabilidad política, la prosperidad económica, y la cohesión social.

La existencia de un sistema de justicia robusto y confiable es un pilar esencial para la democracia y la gobernabilidad efectiva, ya que fomenta la confianza ciudadana y la participación de la sociedad en los procesos judiciales y políticos. Países como Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos han implementado sistemas judiciales que son ejemplos de cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

SUIZA: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA JUSTICIA

Suiza es conocida por su sistema democrático directo, donde la ciudadanía juega un rol fundamental en la toma de decisiones, incluyendo en la administración de justicia. En Suiza, muchos jueces a nivel cantonal y federal son elegidos mediante el voto popular, lo que garantiza que el sistema judicial esté alineado con los valores y expectativas de la sociedad. Este proceso de elección directa permite a los ciudadanos tener un control más cercano sobre quiénes administran la justicia, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia.

La elección democrática de jueces en Suiza refuerza la independencia judicial al limitar la influencia de los partidos políticos y otros intereses externos en el proceso de selección. Además, la posibilidad de destituir a los jueces a través de referendos garantiza que se mantengan altos estándares de integridad y competencia. Esta participación activa de la ciudadanía fortalece la confianza pública en el sistema judicial y asegura que las decisiones judiciales reflejen las necesidades y valores de la comunidad.

PAÍSES BAJOS: INDEPENDENCIA Y EFICIENCIA JUDICIAL

En Países Bajos, el sistema judicial es reconocido por su independencia y eficiencia. Aunque los jueces no son elegidos directamente por los ciudadanos, el sistema incluye mecanismos que aseguran la participación de la sociedad civil en la supervisión de la justicia. Los jueces neerlandeses son nombrados por el monarca, pero el proceso de selección es altamente meritocrático y supervisado por el Consejo Judicial, que incluye representantes de la sociedad civil.

La transparencia y la profesionalización del sistema judicial neerlandés son claves para su funcionamiento. Los ciudadanos tienen acceso a procedimientos judiciales transparentes y pueden participar en consultas públicas sobre reformas legales y judiciales. Además, existen mecanismos para que los ciudadanos presenten quejas sobre la conducta judicial, lo que asegura que el sistema permanezca receptivo a las preocupaciones públicas. La eficiencia y la previsibilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un lugar atractivo para la inversión extranjera y el comercio internacional.

NORUEGA: TRANSPARENCIA Y JUSTICIA INCLUSIVA

Noruega se destaca por su enfoque en la transparencia y la inclusión en su sistema judicial. Aunque los jueces no son elegidos por voto directo, existen comités de selección que incluyen a miembros de la sociedad civil y que trabajan para asegurar que los candidatos sean seleccionados en base a sus méritos y ética. Este modelo promueve una justicia que no solo es eficiente, sino también profundamente ética y alineada con los valores de equidad y transparencia que definen a la sociedad noruega.

El sistema judicial noruego también enfatiza la rehabilitación y la reintegración social, en lugar de centrarse únicamente en la retribución. Este enfoque reduce las tasas de reincidencia y promueve una sociedad más segura y cohesionada. La participación ciudadana se extiende a través de programas de jurados populares y consultas públicas, lo que asegura que la justicia refleje las aspiraciones y valores de la comunidad. Esta transparencia y el enfoque inclusivo no solo fortalecen la confianza en la justicia, sino que también contribuyen a una distribución más justa de la riqueza, al garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tengan acceso a la justicia.

CANADÁ: PROTECCIÓN DE DERECHOS Y JUSTICIA ACCESIBLE

En Canadá, la justicia es vista como un derecho fundamental y un componente esencial de la democracia. El sistema judicial canadiense es conocido por su enfoque en la protección de los derechos humanos y la accesibilidad de la justicia. Aunque los jueces son nombrados por el gobierno, el proceso de selección incluye consultas públicas y revisiones por parte de comités independientes, lo que asegura que los candidatos sean evaluados por su integridad, competencia y compromiso con los principios de justicia.

La participación ciudadana en Canadá se facilita a través de numerosas organizaciones de la sociedad civil que actúan como vigilantes del sistema judicial y defensores de los derechos. Estas organizaciones trabajan en colaboración con las instituciones judiciales para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. Además, existen programas de asistencia legal y tribunales especializados que abordan cuestiones como los derechos de los indígenas y la justicia juvenil, asegurando que la justicia sea accesible para todos los sectores de la sociedad.

ESTADOS UNIDOS: ELECCIÓN DIRECTA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En Estados Unidos, algunos estados, como California, permiten la elección directa de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales mediante el voto ciudadano. Este modelo promueve una justicia más conectada con la comunidad, al permitir que los ciudadanos elijan a aquellos que administrarán la justicia en sus distritos. Esta participación directa puede fortalecer la rendición de cuentas y hacer que los jueces sean más receptivos a las necesidades y valores de la comunidad.

Sin embargo, este modelo también presenta desafíos, como la influencia del dinero y la política en las elecciones judiciales, lo que puede poner en riesgo la imparcialidad. A pesar de estos retos, la elección directa sigue siendo un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede ser un componente clave para un sistema de justicia democrático.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

La existencia de un sistema de justicia funcional y justo tiene un impacto directo y positivo en la economía de un país. La seguridad jurídica que ofrece un sistema judicial confiable es un pilar para atraer inversiones y fomentar la actividad empresarial. Cuando los inversionistas tienen la certeza de que sus derechos serán protegidos y que las disputas se resolverán de manera imparcial y eficiente, se sienten más dispuestos a invertir y a expandir sus negocios.

Por ejemplo, la previsibilidad y la estabilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un centro de comercio y finanzas internacionales. De manera similar, la claridad y eficiencia del sistema judicial en Canadá promueven la innovación y el desarrollo económico al proteger los derechos de propiedad intelectual y asegurar un entorno legal favorable para los negocios.

En contraste, países con sistemas judiciales percibidos como corruptos o ineficientes tienden a experimentar una disminución en la inversión y un crecimiento económico más lento. La falta de confianza en la imparcialidad y la transparencia del sistema legal puede llevar a la evasión fiscal, la corrupción y un entorno empresarial menos competitivo.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA

Un sistema de justicia justo y funcional también tiene un impacto profundo en la cohesión social y la estabilidad política de un país. La justicia que se administra de manera equitativa y accesible promueve la paz social al reducir las desigualdades y al proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los grupos más vulnerables.

En Noruega, por ejemplo, el enfoque en la rehabilitación en lugar de la retribución ha creado un sistema que no solo castiga, sino que también busca reintegrar a los individuos en la sociedad. Esto no solo mejora la seguridad pública, sino que también fomenta una sociedad más inclusiva y menos propensa a la violencia y la criminalidad.

Políticamente, un sistema judicial independiente actúa como un contrapeso esencial a los otros poderes del Estado, protegiendo los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. En Suiza, la elección democrática de jueces asegura que las decisiones judiciales estén alineadas con la voluntad popular, mientras que en Estados Unidos, la separación de poderes y la supervisión del Senado sobre los nombramientos judiciales garantizan que el poder judicial opere con un alto grado de independencia.

Un sistema de justicia equitativo contribuye a una distribución más justa de la riqueza en un país. La equidad en la administración de justicia asegura que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para acceder a recursos y servicios, lo cual es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades económicas.

En Canadá, la aplicación equitativa de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores contribuye a una economía más inclusiva y a una sociedad en la que las oportunidades de éxito están más igualmente distribuidas. Asimismo, en Noruega, la protección robusta de los derechos sociales y laborales, asegurada por un sistema judicial independiente, ayuda a mantener una baja disparidad económica y un alto nivel de bienestar para todos los ciudadanos.

Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de un país. Los ejemplos de Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos muestran cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden crear sistemas judiciales que no solo administran justicia, sino que también reflejan los valores y necesidades de la sociedad. La justicia accesible y equitativa fortalece la economía, mejora la cohesión social, promueve la estabilidad política y contribuye a una distribución más justa de la riqueza, cimentando así un desarrollo integral y sostenible para todos los ciudadanos.

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MUNDO

Primer debate de elecciones en EEUU el 10 de septiembre: Viene recta final con acusaciones de guerra sucia contra demócratas

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Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

De Trump ya hemos oído de todo. Desde sus excesos en vocabulario hasta sus asuntos íntimos. Como lo hemos dicho antes, cuando Biden estaba en campaña la elección era prácticamente de Donald para perderla, pero el cambio de candidato dio un vuelco inesperado a la campaña de EUA y posiblemente al resultado de la elección.

Pero de Kamala Harris hemos escuchado poco en comparación con lo que normalmente sabríamos de otros candidatos a estas alturas de la campaña. Algunos sabemos que fue abogada general del Estado de California y de ahí subió a ser senadora por ese estado desde donde se lanzó como precandidata a presidenta de EUA en el 2019 y perdió contra Joe Biden quien la invitó como su compañera de fórmula para la elección del 2020.

Los estrategas de la vicepresidenta argumentan que su campaña ha traído “alegría” a su partido y que es la evolución de la “esperanza” que trajo la campaña de Obama hace 17 años. Comentan que lo corto de la campaña debe ser utilizado para tratar de llegar directamente a los ciudadanos sin la necesidad de dar largas o constantes entrevistas en TV o en redes, sino llevar la campaña a eventos multitudinarios tipo Trump.

Dicha sea la verdad, Biden iba en picada y seguramente habría perdido contra Trump y arrastrado consigo a los candidatos a Senadores y a Congresistas de muchos estados de su partido en la Unión Americana. Desde que Kamala fue designada como candidata las encuestas muestran que está o empatada o por arriba de Trump en la mayoría de los estados que se consideran indecisos, es decir los que no están históricamente cargados a un partido o a otro de los dos partidos mayores en ese país.

Como comentario recordemos que en ese país hay de facto un bipartidismo entre los Republicanos, fundados por Abraham Lincoln, y los Demócratas fundados años después de la independencia de EUA. Pero hay también la figura de candidatos independientes y dos partidos pequeños que han tratado de sobresalir, pero nunca lo han logrado. Dichos partidos son el Partido Verde y el Partido Libertario.

Como lo hemos indicado, las encuestas están muy apretadas y con una ligera ventaja para Kamala Harris. Su campaña la ha mantenido lejos de los escándalos o de las controversias, lo que evita que le puedan pegar por declaraciones reales o mal interpretadas. Recordemos que normalmente los candidatos pasan un año o más en el escrutinio público intenso en sus procesos partidistas internos y después en la campaña general por lo que al haberla nombrado recientemente no ha habido ese periodo de crítica y análisis típico.

Pero esto también ha sido causa de ataques ya que muchos ciudadanos y claro la oposición critican que se esté tratando de elegir con base en la apariencia y no en la sustancia. De todos modos, su estrategia está dando resultado. A casi dos meses solo ha dado una entrevista en la que ratificó que sus valores no han cambiado desde que fue candidata en el 2019 pero que había propuestas que en ese entonces hizo que ya no apoya. Pero el principal argumento de su partido y de ella es que no son Donald Trump a quien señalan como un peligro para la democracia.

Así mismo, debe ser cuidadosa de no ser demasiado lejana a Biden, pero nunca demasiado cercana ya que la mayoría de los norteamericanos están descontentos con el rumbo del país. La vicepresidenta Harris ha propuesto dar dinero gratuito a los jóvenes para adquirir su primera casa y perdonar deudas médicas y de escuela a millones de personas.

Otra propuesta fue la de control de precios y la de endurecer la política migratoria, lo que causó algunas burlas por parte del equipo de Trump quien ha usado dicho tema como bandera por años, finalmente también ha propuesto eliminar los impuestos en propinas lo que también fue propuesto antes por Trump. Cosa curiosa es que las últimas cosas las puede hacer hoy como vicepresidenta.

Llevamos años diciendo que EUA está dividido y una muestra evidente y hasta cierto punto ridícula es que la famosa cantante Taylor Swift, quien ha manifestado su apoyo a Kamala Harris, es novia de uno de los jugadores más famosos de futbol americano y durante el Superbowl del 2024 se sentó en un palco junto a la esposa del más famoso jugador y mariscal de campo Mahomes, quien en fecha reciente ha manifestado su apoyo a Trump, lo que al parecer ocasionó que la cantante pidiera que se le siente en palcos separados para no estar en fotos junto a una mujer que no apoya a Kamala.

El debate entre Trump y Kamala será el 10 de septiembre, por la cadena ABC y seguramente será la única oportunidad en la que los veremos juntos. Se dice que Trump se ha preparado para el evento con el apoyo de la ex precandidata a presidente de EUA por el partido demócrata Tulsi Gabber quien ha acusado a su ex partido de ser un partido ahora dirigido por intereses de grandes capitales por la guerra. Por su lado, Kamala recibió el apoyo del ex vicepresidente de EUA, Dick Cheney, artífice de la guerra de Irak, quien a pesar de ser militante del Partido Republicano, ha dicho que Trump no debe ser presidente.

Los empresarios están divididos, unos pro-Trump, otros líderes de empresas pro-Kamala. Podemos ver que el excandidato Kennedy se sumó a Trump acusando a los demócratas de usar al departamento de Justicia para sabotear su campaña. Es interesante que Jill Stein, quien es candidata del Partido Verde a la presidencia de EUA esté acusando a los demócratas de utilizar el poder del Estado para evitar que otros candidatos puedan contender por la presidencia.

Tanto Jill como Kennedy, sin contar a Trump, aseguran que el Partido Demócrata ya no es lo que era y que en la actualidad ha utilizado a medios de comunicación afines y al sistema judicial para atacar a oponentes. Jill ha dicho que el partido que dice proteger a la democracia no quiere que haya otros candidatos.

Kamala ha conseguido el apoyo de la mayoría de los grandes sindicatos quienes tradicionalmente son pro-demócratas, pero parece ser que hay varios de esos mismos sindicatos que admiten que muchos de sus integrantes ya no creen en ese partido y buscaba votar por otras opciones como Trump o Kennedy.

Finalmente debemos recordar que la economía de EUA ha sufrido mucho del 2021 a la fecha. Esto lo admite la propia candidata Harris y por eso debe asegurar que la elección no sea un referéndum en la administración de Biden-Harris sino en la mala imagen de Trump. A pesar de que las elecciones son oficialmente el 5 de noviembre, muchos estados ya han iniciado con la recepción de votos anticipados vía correo. Es decir, que muchos ya habrán votado antes del debate.

Trump ha estado tratando de enfocar su ataque vs Kamala, pero no ha sido exitoso a pesar de eso Kamala no ha logrado ser contundente en la razón práctica del por qué ella debe ser promovida a presidenta en un momento en el que la situación mundial es cada vez más tensa y la de su país parece pedir cambio de rumbo.

Yo creo que Kamala Harris puede ser mejor que Biden, pero no ha demostrado por qué debe ganar, sin embargo, Trump por sus errores constantes hoy tampoco merece ganar. Gane quien gane nosotros perdemos dicen los ciudadanos independientes cansados de los insultos de ambos lados ¿Quién será el que gane la batalla del acarreo de votos?

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