MUNDO
Golpes de Estado en América Latina: Intervención extranjera y lucha por los recursos naturales
Actualidad, por Alberto Gómez R. //
Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, gas natural, oro y otros minerales, ha sido un objetivo constante de la intervención extranjera. Desde el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, su gobierno ha enfrentado múltiples intentos de desestabilización, incluyendo el golpe de estado de 2002 y diversas estrategias de lawfare en años posteriores.
Golpe de Estado de 2002: El 11 de abril de 2002, un golpe de estado intentó derrocar a Chávez, quien fue temporalmente removido del poder. El golpe, apoyado por sectores empresariales y militares, contó con la aprobación tácita de Estados Unidos. Sin embargo, Chávez fue reinstalado en el poder dos días después gracias a la movilización popular y la lealtad de sectores militares.
Estrategias de Lawfare: En años recientes, la oposición venezolana y actores internacionales han utilizado el lawfare para deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez. Sanciones económicas, reconocimiento de líderes opositores y la manipulación de instituciones judiciales han sido parte de estas estrategias.
Bolivia: La lucha por el litio
Bolivia, con una de las mayores reservas de litio del mundo, ha sido escenario de intervenciones extranjeras centradas en este recurso estratégico. El golpe de estado de 2019 que derrocó a Evo Morales es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden desestabilizar un país.
Golpe de Estado de 2019: En noviembre de 2019, Evo Morales fue forzado a renunciar bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, tras acusaciones de fraude electoral en los comicios de octubre. La oposición, apoyada por Estados Unidos y sectores empresariales, vio en Morales una amenaza para los intereses económicos ligados al litio. Su renuncia llevó a la instalación de un gobierno interino que revirtió muchas de las políticas nacionalistas de Morales.
Honduras: La puerta de entrada
El golpe de estado en Honduras en 2009 que destituyó al presidente Manuel Zelaya es otro ejemplo de la intervención estadounidense en la región. Zelaya había iniciado políticas que favorecían la integración regional y la redistribución de recursos, chocando con los intereses de las élites locales y las corporaciones transnacionales.
Golpe de Estado de 2009: El 28 de junio de 2009, Zelaya fue arrestado por militares y enviado a Costa Rica. El golpe fue justificado por la Corte Suprema y el Congreso hondureño, pero las circunstancias sugieren la influencia de Estados Unidos, preocupado por las políticas de Zelaya y su acercamiento a Venezuela y ALBA.
Ecuador: La amenaza del lawfare
Ecuador ha sido víctima de estrategias de lawfare que han buscado deslegitimar y eliminar a líderes progresistas. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, implementó políticas de redistribución de la riqueza y la nacionalización de recursos naturales, generando tensiones con intereses extranjeros.
Lawfare contra Rafael Correa: Tras dejar el poder, Correa ha enfrentado múltiples acusaciones judiciales, que muchos consideran una estrategia para impedir su retorno a la política. Estas acusaciones, apoyadas por sectores conservadores y transnacionales, han debilitado la influencia del movimiento político de Correa en el país.
Argentina: Intervenciones judiciales
Argentina ha visto una serie de acusaciones judiciales contra líderes progresistas, utilizando el lawfare para desestabilizar sus gobiernos. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua a puestos de elección popular tras ser juzgada por corrupción en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.
Lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra Fernández de Kirchner han sido vistas como una forma de debilitar su influencia política. Estas acciones han sido respaldadas por sectores empresariales y mediáticos, alineados con intereses transnacionales.
Brasil: El caso paradigmático
Brasil ha experimentado uno de los casos más notorios de lawfare en la región, con la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes del Partido de los Trabajadores (PT) implementaron políticas que desafiaban los intereses económicos de las élites y corporaciones transnacionales.
Destitución de Dilma Rousseff: En 2016, Rousseff fue destituida de la presidencia a través de un impeachment que muchos consideraron un golpe de estado parlamentario. Las acusaciones de manipulación presupuestaria fueron vistas como un pretexto para removerla del poder y revertir las políticas del PT.
Encarnizamiento contra Lula: Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, fue encarcelado en 2018 bajo acusaciones de corrupción. Su encarcelamiento impidió su participación en las elecciones de 2018, allanando el camino para la victoria de Jair Bolsonaro. Posteriormente, se revelaron irregularidades en el juicio contra Lula, sugiriendo una conspiración para evitar su retorno al poder.
Lula da Silva, quien pasó 580 días preso acusado de corrupción, al final, la condena fue anulada por fallas procesales.
Las riquezas naturales de Venezuela: Un botín codiciado
Venezuela, con sus vastas reservas de recursos naturales, ha sido un objetivo constante de la intervención extranjera. La riqueza del país en petróleo, gas natural, minerales y biodiversidad ha atraído la atención de potencias extranjeras y corporaciones transnacionales.
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303 mil millones de barriles. Además, cuenta con vastas reservas de gas natural, estimadas en 197 billones de pies cúbicos. Estos recursos han sido el eje de la economía venezolana y el principal punto de interés para intervenciones extranjeras.
Minerales estratégicos
El país también es rico en minerales estratégicos, como el oro, bauxita, hierro y coltán. La región del Arco Minero del Orinoco, que abarca el 12% del territorio nacional, contiene enormes depósitos de estos minerales. La explotación de estos recursos ha sido un punto de conflicto, con el gobierno venezolano implementando políticas de nacionalización que han chocado con los intereses de corporaciones transnacionales.
Biodiversidad y recursos hídricos
Venezuela es uno de los países más biodiversos del mundo, con vastas selvas tropicales, una rica flora y fauna, y abundantes recursos hídricos. Esta biodiversidad es crucial para industrias como la farmacéutica y la biotecnológica, y su protección y explotación han sido temas centrales en la política interna y externa del país.
Los golpes de estado y las estrategias de lawfare han tenido profundas repercusiones en la estabilidad política, la economía y el bienestar social de los países afectados. La explotación intensiva de recursos naturales por corporaciones transnacionales ha generado consecuencias económicas, políticas, sociales y medioambientales significativas.
Consecuencias económicas
Las intervenciones para controlar los recursos naturales han tenido implicaciones económicas significativas. Si bien las élites locales y las corporaciones transnacionales han obtenido beneficios, las poblaciones locales a menudo han sido excluidas de los frutos del desarrollo. La explotación de recursos sin una distribución equitativa de la riqueza ha perpetuado la pobreza y la desigualdad.
La intervención extranjera y los golpes de estado han llevado a una desestabilización política prolongada, erosionando la confianza en las instituciones democráticas y socavando la soberanía nacional. La interferencia externa ha exacerbado las divisiones internas, creando un ciclo de inestabilidad que dificulta el desarrollo sostenible.
Consecuencias sociales
Las comunidades locales a menudo son las más afectadas por la explotación de recursos naturales. La desposesión de tierras, la contaminación ambiental y la falta de acceso a los beneficios económicos han generado tensiones sociales y conflictos. Las políticas neoliberales impulsadas por gobiernos instalados tras golpes de estado han exacerbado la desigualdad y la exclusión social.
La explotación intensiva de recursos naturales ha tenido efectos devastadores en el medio ambiente. La deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad son algunas de las consecuencias más graves. En países como Venezuela, donde la biodiversidad es extremadamente rica, la explotación irresponsable puede tener repercusiones globales.
Frente a las intervenciones extranjeras y la explotación de recursos naturales, los países de América Latina deben desarrollar estrategias que promuevan la soberanía, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
Fortalecimiento de instituciones democráticas
Es crucial fortalecer las instituciones democráticas para resistir las intervenciones extranjeras y los golpes de estado. La independencia judicial, la transparencia y la participación ciudadana son elementos clave para garantizar la estabilidad política y la soberanía nacional.
Implementar políticas de redistribución de la riqueza es fundamental para asegurar que los beneficios de la explotación de recursos naturales lleguen a las comunidades locales. La inversión en educación, salud e infraestructura puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad.
Desarrollar políticas de protección ambiental es esencial para mitigar los impactos negativos de la explotación de recursos naturales. La regulación estricta, la vigilancia ambiental y la promoción de prácticas sostenibles son cruciales para preservar la biodiversidad y los recursos naturales a largo plazo.
La cooperación regional puede fortalecer la posición de los países latinoamericanos frente a las intervenciones extranjeras. Iniciativas como ALBA y UNASUR han demostrado el potencial de la integración regional para promover la soberanía y el desarrollo sostenible.
Diversificación económica
Diversificar la economía más allá de la dependencia de recursos naturales es vital para asegurar el desarrollo sostenible. Invertir en sectores como la tecnología, el turismo sostenible y la agricultura puede crear nuevas oportunidades económicas y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de los commodities.
Los golpes de estado y las estrategias de lawfare en América Latina han sido herramientas de intervención extranjera para controlar los recursos naturales de la región. Los casos de Venezuela, Bolivia, Perú, Honduras, Ecuador, Argentina y Brasil ilustran cómo estas intervenciones han desestabilizado gobiernos, perpetuado la pobreza y la desigualdad, y causado daños ambientales significativos. Frente a estos desafíos, es crucial que los países de la región fortalezcan sus instituciones democráticas, promuevan políticas de redistribución de la riqueza, protejan el medio ambiente y busquen la cooperación regional, consolidando un gran bloque que fortalezca la legalidad, la democracia, y asegurar un desarrollo sostenible y soberano.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
MUNDO
Cielos de Europa en alerta: la OTAN dispara por primera vez contra drones rusos en territorio aliado
– Por Redacción Conciencia Pública
El 10 de septiembre de 2025 marcó un hito en la historia de la defensa colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): por primera vez, aviones del pacto —en apoyo a Polonia— abrieron fuego contra drones rusos que penetraron en el espacio aéreo aliado, convirtiéndose en la primera acción militar directa de la alianza sobre su territorio desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Polonia reportó la entrada de hasta 19 drones, algunos procedentes de Bielorrusia, los cuales fueron considerados amenazas directas y, por ello, neutralizados con apoyo de aviones caza F-16 polacos y F-35 neerlandeses.
Las operaciones implicaron el cierre temporal de los aeropuertos de Varsovia y Lublin, y órdenes de resguardo para la población en regiones orientales del país, cercanas a Ucrania.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el incidente como una “provocación a gran escala” de parte de los rusos, y afirmó que la situación era “la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”.
A raíz de lo ocurrido, Polonia invocó el Artículo 4 de la organización, dando inicio a consultas urgentes entre los países aliados, entre los que se encuentra Estados Unidos, el país con más capacidades militares en el tratado.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, condenó firmemente la acción rusa y reafirmó el compromiso de la alianza de defender cada centímetro de su espacio aéreo. El coronel Martin O’Donnell, portavoz del Mando Supremo Aliado en Europa (SHAPE), enfatizó: «Esta es la primera vez que aviones de la OTAN han enfrentado amenazas potenciales en el espacio aéreo aliado».
La incidencia se produjo durante un amplio ataque de Rusia contra Ucrania la noche de ayer, que involucró cientos de drones y decenas de misiles.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, advirtió que al menos ocho de esos drones estaban dirigidos hacia Polonia y consideró el episodio como un “precedente extremadamente peligroso para Europa”.
Aunque Polonia activó el Artículo 4, no llegó a invocar el Artículo 5, que establece el mecanismo de defensa colectiva inmediata (en ese artículo se señala que todos los países de la OTAN deben acudir inmediatamente a defender al país atacado). Analistas consideran este movimiento como una señal de diplomacia firme más que un preludio a una escalada militar mayor.
Mientras tanto, la Unión Europea propone reforzar la protección de sus fronteras, con iniciativas como la construcción de una “muralla antidrón” en el este del continente.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
TMEC enfrenta nubarrones económicos: riesgo de estanflación en la región
El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional
Cielos de Europa en alerta: la OTAN dispara por primera vez contra drones rusos en territorio aliado
Completa Sudamérica sus cupos para el Mundial; Bolivia va al repechaje
