OPINIÓN
Grave problemática del Poder Judicial: Carece de patrimonio propio
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //
Quienes han tenido la necesidad de acudir a un juzgado local o a una sala colegiada de segunda instancia podrán confirmar que desde siempre, las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial son pequeñas, limitadas y precarias.
En materia penal se está en el cuarto año de un cambio de sistema que trajo consigo además la necesidad de modificar las instalaciones de los juzgados para adaptarlos a la nueva composición de su personal y a la operación de la oralidad en salas con equipamiento especializado en audio y video, en distribuciones y dimensiones especiales y de materiales específicos, según las disposiciones emitidas al efecto.
Para estar atendiendo la reforma en tiempo, el Poder Ejecutivo debió aportar apresuradamente los recursos presupuestales necesarios para la construcción de dichas salas de enjuiciamiento y la adecuación y equipamiento de los espacios disponibles para las oficinas del personal judicial no solo de la zona metropolitana sino de los juzgados regionales.
La premura con la que fueron construidas y adaptadas las salas de enjuiciamiento dejó algunas deficiencias que no han podido ser resueltas, no solo de instalaciones con filtraciones y fallas eléctricas, también de sistemas de registro audiovisual, además de resultar ya insuficientes para el número de audiencias que con el nuevo sistema penal ya en marcha se han venido incrementando al grado de tener saturadas las agendas de utilización.
En ese sentido, gradualmente se ha estado migrando del sistema tradicional penal al nuevo sistema acusatorio con nuevas y diferentes instalaciones, debiendo dejar funcionando aún algunos juzgados penales tradicionales para que concluyan los procesos del anterior sistema en conjunto con los de Ejecución de Penas, a los que les urge una remodelación y acondicionamiento en general.
Por su parte, los juzgados en materia civil, familiar y mercantil tradicional y oral de la zona metropolitana, fueron concentrados en la denominada Ciudad Judicial, un proyecto largamente anhelado que tuvo un infructuoso camino desde su inicio hasta su habilitación y entrega.
El proceso de construcción de la Ciudad Judicial es una nítida representación de las dificultades que ha enfrentado desde siempre el Poder Judicial del Estado de Jalisco para contar con una infraestructura inmobiliaria digna, adecuada y suficiente que dé cabida a los tribunales de primera y segunda instancia en condiciones de eficiencia y dignidad para los servidores públicos y los usuarios de los servicios de impartición de justicia.
Las deplorables condiciones en que se asentaban los juzgados civiles, familiares y mercantiles de la zona metropolitana de Guadalajara, motivaron la gestión de un visionario proyecto que se planeó desde la administración del Gobernador Francisco Ramírez Acuña entre los años dos mil uno y dos mil seis, que la primera piedra la colocara su sucesor y gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez en el año dos mil siete y no obstante la fuerte inversión de recursos en el periodo del mandatario Emilio González Márquez, fue hasta la administración del Gobernador Aristóteles Sandoval, específicamente el día 26 de agosto del año 2013, cuando se logró utilizar parte de la obra, inspirada, por cierto, en el modelo de la Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Federación ubicada también en el predio “El Bajío”.
Con la habilitación de la magna obra, se dio fin al calvario en que operaban los juzgadores de primera instancia, hacinados en casonas viejas del centro de la ciudad, en las que ni siquiera puede decirse que hubieran sido acondicionadas para funcionar como oficinas, más bien apenas preparadas para colocar los escritorios y una que otra silla entre montones de expedientes apilados y en ocasiones hasta utilizados por los litigantes y usuarios como asientos para esperar el desahogo de alguna audiencia.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL
Por esos motivos, la Ciudad Judicial fue un proyecto largamente anhelado por la judicatura en el que participaron, gestionando arduamente, varios presidentes del Poder Judicial ante los diversos titulares del Ejecutivo en turno, siendo en la administración del Gobernador Emilio González Márquez, donde se retomó el proyecto y realizó a la par gestiones con los municipios para ubicar los predios que mejor convinieran para la obra, siendo su actual ubicación en Zapopan, la que mejor favorecía en ese entonces.
Siendo un proyecto de largo alcance, su construcción demoró varios años, en los que se invirtieron varios cientos de millones de pesos, financiados por el Gobierno del Estado de Jalisco, dado que el Poder Judicial no tiene los recursos económicos para una obra de esa envergadura.
La aplicación del dinero presupuestado corrió en su totalidad a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo, esto es, a las Secretarías de Desarrollo Urbano, Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas, quienes llevaron a cabo todos los procesos de licitación, su documentación y pago correspondiente, sin ingresar un solo peso a las cuentas del Poder Judicial, a quienes solo se les permitió participación con voz en algunos de los proyectos de distribución y diseño.
El predio y la obra son propiedad del Gobierno del Estado, quien a través del Poder Ejecutivo lo entregó en comodato al Poder Judicial en 2012, albergando a la totalidad de juzgados en materia civil, mercantil y familiar e incluso actualmente a los nuevos juzgados de oralidad en materia mercantil y auxiliares de la zona metropolitana.
UN TERCER PISO INCONCLUSO
Las instalaciones tienen un tercer piso inconcluso y áreas previstas para la concesión de servicios públicos como papelerías o restaurantes, así como servicios privados que aún no se implementan, dado que presupuestalmente es un proyecto inalcanzable para el Poder Judicial sin el apoyo del Ejecutivo, no obstante haber sido planteado en ya varios proyectos de presupuesto anuales.
Se ha dicho en los diversos medios de comunicación que las instalaciones de la Ciudad Judicial representan un riesgo para quienes la utilizan dado que las grietas de los pisos, la rotura de vidrios y diversas oxidaciones de metales hacen suponer que se ha estado moviendo y hundiendo por lo que frecuentemente es materia de revisiones por peritos oficiales que hasta la fecha han despejado las dudas de riesgo, sin embargo, lo que permanece son los levantamientos de lozas, los baños clausurados por falta de reparación y otros desperfectos que por añejos se han convertido ya en parte del paisaje al que se han acostumbrado ya tanto empleados como usuarios.
Sin embargo, los juzgados ubicados en el interior del Estado son motivo de un análisis diferente, porque en el área metropolitana los juzgados se ubican, como ya se enunció, en inmuebles aportados por el Poder Ejecutivo sea en el núcleo penitenciario o en la denominada Ciudad Judicial, lo que no acontece en los municipios donde se ubican los juzgados foráneos, de los que en su mayoría debe pagarse renta o ajustarse a los espacios prestados por las autoridades municipales y en casos de los juzgados menores y de paz en su mayoría no cuentan con espacios para oficina por lo que se utilizan las casas y recursos particulares de los encargados.
LOS INGRESOS PRESUPUESTALES
La insuficiencia de los ingresos presupuestales del Poder Judicial para la adquisición, adecuación y mantenimiento de su infraestructura, se ve reflejado especialmente en las condiciones que tienen los juzgados foráneos, que funcionan en espacios adaptados y reducidos, sin mantenimiento oportuno, sujetos a la negociación con los propietarios en su caso o a los vaivenes de las representaciones políticas locales en turno.
En segunda instancia, las circunstancias son similares, porque a pesar de la previsión constitucional, no se han implementado salas colegiadas regionales de apelación por falta de recursos económicos, lo que lleva a que los once tribunales colegiados de alzada y sus estructuras administrativas se ubiquen solo en dos edificios del centro históricos de la capital del Estado, en el que se aprovechan al máximo los espacios, compartiendo mobiliario modular y utilizando hasta los pasillos para completar las funciones jurisdiccionales de notificación y oficialía de partes, resultando aun así, evidentemente insuficientes para el trabajo de estudio y análisis que debe realizarse en las mejores condiciones ambientales posibles.
Como es claro, en materia de infraestructura el Poder Judicial de Jalisco, acusa serias deficiencias que impiden su adecuado desempeño, la falta de recursos para la consolidación de su patrimonio y para la adecuación y mantenimiento de los espacios que actualmente ocupa, lo han llevado a depender inexorablemente de otros poderes incluso para hacer frente a las reformas constitucionales que le asignan nuevas materias pero sin el correspondiente fondeo presupuestal.
Para el Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, es obligado generar y articular un entorno institucional que sea acorde a las necesidades y a los tiempos que exigen aumentar los estándares de calidad en la prestación de servicios fundamentales como lo es el de impartir justicia.
UN PRESUPUESTO PLURIANUAL
Lo que es factible a través de la gestión y en su momento la aprobación de un presupuesto plurianual que gradualmente le permita hacerse de sus propios inmuebles y dejar de pagar millonarias cantidades por renta de oficinas disminuyendo al mismo tiempo la posibilidad de injerencias insanas.
Necesita de inmediato, de un amplio proyecto de remodelación y adecuación de espacios que, apoyado incluso por las dependencias especializadas del Ejecutivo del Estado, le permita estar a la vanguardia en la impartición de justicia y facilitar la labor del Poder Judicial.
Urge fortalecer la concentración de los órganos jurisdiccionales, instituciones administrativas y de formación en un sólo lugar, con el fin de agilizar la gestión y el desempeño de los jueces, abogados y que los ciudadanos tengan acceso a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial que consagra la constitución. La Ciudad Judicial es una obra que ha sido materia de muchas historias que atienden al interés político y personal de quien las emite, pero en la práctica representa un gran avance para la administración de justicia al permitirle al Poder Judicial contar con instalaciones amplias, funcionales y transparentes, aunque falta como ya se dijo, concluir la construcción del tercer nivel, estructurar un adecuado modelo de gestión de su mantenimiento a través del aprovechamiento de las áreas comerciales y de servicios, así como complementarla con un eficiente programa de modernización y dignificación permanente de equipos informáticos y bienes muebles.
Es urgente rescatar del abandono en el que se tiene a los juzgados foráneos de Primera Instancia, Menores y de Paz, tanto en materia de infraestructura como de equipamiento.
El sistema de archivo de expedientes, que se encuentra virtualmente rebasado y en algunos casos, colapsado, obliga a la implementación inmediata de un sistema de digitalización, definiendo los criterios de conservación, depuración y destrucción de expedientes y que se acompañe además por una red de archivos regionales para evitar que se concentren únicamente en la capital del Estado.
Se requiere crear una planificación estratégica para la implementación de las salas regionales de segunda instancia en los municipios más idóneos que permitan su completo aprovechamiento.
Desde luego que hay otras alternativas viables y oportunas, por ello es que queda abierta la página web www.gobernanzajudicial-jalisco.mx para recibir sus comentarios, críticas y aportaciones.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.
Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?
El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.
Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.
Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.
En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?
El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.
En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.
Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.
Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.
La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.
Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.
En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.
Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.
Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.
Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.
La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.
Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.
Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.
La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.
Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un millar de delegados, el 92% de la lista, acudieron puntuales a la llamada del partido naranja en su quinta convención estatal. La cifra es presentada como muestra de unidad, pero también exhibe el peso de la disciplina: en Movimiento Ciudadano nadie quiere desentonar cuando la batuta la llevan el gobernador Pablo Lemus y el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.
La aclamación fue unánime, sin votos en contra, sin voces disonantes. En la política, los unanimismos suelen esconder más temores que entusiasmos.
¿Es lo mismo que está pasando en la Universidad de Guadalajara con las “elecciones” de sus sindicatos: el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG)?
La protagonista, Mirza Flores, recibió la ratificación como coordinadora estatal hasta 2028. Ella misma lo dijo: “La silla del poder es prestada”. Una frase que suena a advertencia, pero que también funciona como vacuna retórica frente a los males que hundieron al PRI y al PAN: la soberbia y el alejamiento de la gente. Flores lo sabe y lo repite como mantra, consciente de que su papel no es el de caudillo, sino el de guardiana de la cercanía. Sin embargo, no deja de ser paradójico: en un partido que se ufana de ser movimiento ciudadano, las decisiones se siguen tomando de arriba hacia abajo, con respaldo calculado y bendiciones previas.
Curioso… Lo mismo pasó en la UdeG, donde los nombres de los lideres sindícales ganadores ya se conocían, ¡Solo faltaban las elecciones!
El plan que presentó Mirza Flores tiene ambición de hegemonía: conquistar todas las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuperar territorios perdidos como Puerto Vallarta y Tepatitlán, y mantener a Jalisco como la cantera de votos más fértil para el partido. Nada menos que replicar el éxito de 2021, cuando MC logró mayoría en el Congreso local, pero ahora bajo la sombra de Pablo Lemus, un político con estilo empresarial que intenta suceder al caudillismo alfarista. Caudillo que, por cierto, dobló a la universidad en cuyas instalaciones se realizó la convención estatal que ungió a Mirza Flores.
En este juego de equilibrios, Flores se ubica como la bisagra: entre el legado de Enrique Alfaro —al que define como respeto e inspiración— y la proyección de Lemus como jefe político del estado. El discurso es claro: unidad interna, cero fracturas, disciplina férrea.
La pregunta incómoda es si este modelo podrá resistir el desgaste natural del poder y el embate de Morena en 2027, que ya acecha con candidatos competitivos en la metrópoli. Entre los cuales, por cierto, no estará Ricardo Villanueva como candidato, ni repetirá Jesús Becerra -líder del SUTUdeG- quien actualmente está desaparecido como regidor en Guadalajara.
Los discursos en la convención abundaron en promesas de cercanía y servicio. Se recordaron programas sociales: medicamentos oncológicos gratuitos para niños, útiles y calzado escolar, infraestructura educativa. Nada mal como vitrina de logros.
Pero mientras tanto, la memoria de Cecilia Ruvalcaba, regidora asesinada en Teocaltiche, flotaba como recordatorio de la fragilidad del proyecto naranja en territorios violentos. La mención de Máynez no fue casual: fue un acto de contrición forzada para reconocer que no todo es marketing ni aplausos en la Casa Ciudadana.
Respecto a la promesa que hizo Pablo Lemus de pacificar Teocaltiche en 45 días… No se pronunció ninguna autocrítica.
Mirza Flores, abogada formada en género y ciudadanía, se presenta como rostro fresco y feminista en un partido dominado por varones con oficio de caudillos. Su apuesta es a la inclusión y a la disciplina, al trabajo territorial y al contacto con la gente. En la entrevista previa a la convención lo resumió con precisión: “Mi tarea es sumar y multiplicar”. Pero el riesgo, otra vez, es el de la aritmética política: sumar cuadros puede implicar también sumar vicios, y multiplicar estructuras puede derivar en multiplicar cuotas.
Recordé a Natalia Juárez, nueva secretaria del STAUdeG, que en redes al saberse ganadora dijo: “Estamos convencidas y convencidos de que la suma de esfuerzos es la mejor manera de responder a los retos que enfrentamos y de construir un sindicato que represente con dignidad y unidad a todas y todos los académicos de la UdeG”, esperemos que no pase lo mismo que con el PRD Jalisco, donde, también hablaba de unidad… y terminó enterrando al partido.
La convención de emecistas cerró con unidad exhibida, metas ambiciosas y discursos de confianza. Pero bajo la superficie laten los dilemas de siempre: ¿podrá MC conservar su ADN de cercanía o caerá en la burocracia que promete evitar? ¿Se convertirá Jalisco en bastión rumbo a la presidencia de 2030 o en laboratorio de tensiones internas?
El partido naranja se ufana de ser diferente, pero la política mexicana —esa que Mirza dice haber aprendido desde que tocaba puertas en 2012— enseña una lección vieja: los partidos que olvidan de dónde vienen terminan repitiendo la historia de los que prometieron nunca ser iguales.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Erick Brandon Palacios Sánchez
Queridos amigos y lectores de Conciencia Pública, es un honor para mí volver a escribir en las páginas de este prestigioso semanario.
En los últimos meses, he tenido la satisfacción de alcanzar algunos logros importantes. El pasado 8 de agosto, recibí mi título profesional como Licenciado en Periodismo Digital por la UdeG. Y el sábado 30 de agosto de 2025, tuve el honor de ser invitado a la asamblea de elecciones del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C., donde fui propuesto como Vicepresidente de esta honorable organización gremial.
Este nombramiento simboliza un enorme compromiso para mí, ya que tengo la firme convicción de hacer que el periodismo jalisciense sea un espacio que abra las puertas al periodismo de inclusión, dando voz a las personas con discapacidad, adultos mayores y todos los sectores que necesiten una voz, un reflector o una pluma para describir sus necesidades.
Deseo expresar mi gratitud al Maestro Xavier Zaragoza Núñez, presidente honorario vitalicio y fundador del Círculo, por su voto de confianza para asumir esta gran misión.
La nueva mesa directiva
– Presidente: Sergio Octavio García Aceves
– Secretaría General: Victoria Falcón Águila
– Vicepresidente: Erick Brandon Palacios Sánchez
– Secretario de Actas y Acuerdos: Horacio García González
– Secretario de Organización: Arturo Robles Grey
Reconozco la gestión del presidente saliente, C. Pablo Arturo Morales Euzarraga.
Fundación y misión del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C.
Esta organización gremial nació en 2009, inspirada en personajes jaliscienses del periodismo independiente como David Hernández Hurdanidia y Salvador Quesada Ramírez. Sus fundadores fueron el Maestro Xavier Zaragoza Núñez y Miguel Ángel Torres Delgado. Entre sus principales tareas está darle voz a la llamada prensa chica y agrupar a escritores y periodistas interesados en el fenómeno informativo y en el acontecer social.
PRINCIPALES OBJETIVOS
– Agrupar a periodistas y escritores para promover valores como la ética, el respeto y la capacitación continua del gremio.
– Promover actividades culturales de alto impacto, como la entrega de la medalla David Hernández Hurdanidia.
MI PLAN DE TRABAJO
Como vicepresidente del círculo, mi plan es promover cursos de capacitación presencial para que los jóvenes desarrollen el amor por las letras y la pluma. También busco involucrar a las juventudes en las actividades de nuestra organización y consolidar de manera profesional el oficio del periodismo en las nuevas generaciones.
Gracias por su amable atención, queridos lectores del Semanario Conciencia Pública.
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Conciencia TV: Análisis de los informes los informes de Veronica Delgadillo y Juan José Frangie
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