OPINIÓN
Grave problemática del Poder Judicial: Carece de patrimonio propio
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //
Quienes han tenido la necesidad de acudir a un juzgado local o a una sala colegiada de segunda instancia podrán confirmar que desde siempre, las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial son pequeñas, limitadas y precarias.
En materia penal se está en el cuarto año de un cambio de sistema que trajo consigo además la necesidad de modificar las instalaciones de los juzgados para adaptarlos a la nueva composición de su personal y a la operación de la oralidad en salas con equipamiento especializado en audio y video, en distribuciones y dimensiones especiales y de materiales específicos, según las disposiciones emitidas al efecto.
Para estar atendiendo la reforma en tiempo, el Poder Ejecutivo debió aportar apresuradamente los recursos presupuestales necesarios para la construcción de dichas salas de enjuiciamiento y la adecuación y equipamiento de los espacios disponibles para las oficinas del personal judicial no solo de la zona metropolitana sino de los juzgados regionales.
La premura con la que fueron construidas y adaptadas las salas de enjuiciamiento dejó algunas deficiencias que no han podido ser resueltas, no solo de instalaciones con filtraciones y fallas eléctricas, también de sistemas de registro audiovisual, además de resultar ya insuficientes para el número de audiencias que con el nuevo sistema penal ya en marcha se han venido incrementando al grado de tener saturadas las agendas de utilización.
En ese sentido, gradualmente se ha estado migrando del sistema tradicional penal al nuevo sistema acusatorio con nuevas y diferentes instalaciones, debiendo dejar funcionando aún algunos juzgados penales tradicionales para que concluyan los procesos del anterior sistema en conjunto con los de Ejecución de Penas, a los que les urge una remodelación y acondicionamiento en general.
Por su parte, los juzgados en materia civil, familiar y mercantil tradicional y oral de la zona metropolitana, fueron concentrados en la denominada Ciudad Judicial, un proyecto largamente anhelado que tuvo un infructuoso camino desde su inicio hasta su habilitación y entrega.
El proceso de construcción de la Ciudad Judicial es una nítida representación de las dificultades que ha enfrentado desde siempre el Poder Judicial del Estado de Jalisco para contar con una infraestructura inmobiliaria digna, adecuada y suficiente que dé cabida a los tribunales de primera y segunda instancia en condiciones de eficiencia y dignidad para los servidores públicos y los usuarios de los servicios de impartición de justicia.
Las deplorables condiciones en que se asentaban los juzgados civiles, familiares y mercantiles de la zona metropolitana de Guadalajara, motivaron la gestión de un visionario proyecto que se planeó desde la administración del Gobernador Francisco Ramírez Acuña entre los años dos mil uno y dos mil seis, que la primera piedra la colocara su sucesor y gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez en el año dos mil siete y no obstante la fuerte inversión de recursos en el periodo del mandatario Emilio González Márquez, fue hasta la administración del Gobernador Aristóteles Sandoval, específicamente el día 26 de agosto del año 2013, cuando se logró utilizar parte de la obra, inspirada, por cierto, en el modelo de la Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Federación ubicada también en el predio “El Bajío”.
Con la habilitación de la magna obra, se dio fin al calvario en que operaban los juzgadores de primera instancia, hacinados en casonas viejas del centro de la ciudad, en las que ni siquiera puede decirse que hubieran sido acondicionadas para funcionar como oficinas, más bien apenas preparadas para colocar los escritorios y una que otra silla entre montones de expedientes apilados y en ocasiones hasta utilizados por los litigantes y usuarios como asientos para esperar el desahogo de alguna audiencia.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL
Por esos motivos, la Ciudad Judicial fue un proyecto largamente anhelado por la judicatura en el que participaron, gestionando arduamente, varios presidentes del Poder Judicial ante los diversos titulares del Ejecutivo en turno, siendo en la administración del Gobernador Emilio González Márquez, donde se retomó el proyecto y realizó a la par gestiones con los municipios para ubicar los predios que mejor convinieran para la obra, siendo su actual ubicación en Zapopan, la que mejor favorecía en ese entonces.
Siendo un proyecto de largo alcance, su construcción demoró varios años, en los que se invirtieron varios cientos de millones de pesos, financiados por el Gobierno del Estado de Jalisco, dado que el Poder Judicial no tiene los recursos económicos para una obra de esa envergadura.
La aplicación del dinero presupuestado corrió en su totalidad a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo, esto es, a las Secretarías de Desarrollo Urbano, Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas, quienes llevaron a cabo todos los procesos de licitación, su documentación y pago correspondiente, sin ingresar un solo peso a las cuentas del Poder Judicial, a quienes solo se les permitió participación con voz en algunos de los proyectos de distribución y diseño.
El predio y la obra son propiedad del Gobierno del Estado, quien a través del Poder Ejecutivo lo entregó en comodato al Poder Judicial en 2012, albergando a la totalidad de juzgados en materia civil, mercantil y familiar e incluso actualmente a los nuevos juzgados de oralidad en materia mercantil y auxiliares de la zona metropolitana.
UN TERCER PISO INCONCLUSO
Las instalaciones tienen un tercer piso inconcluso y áreas previstas para la concesión de servicios públicos como papelerías o restaurantes, así como servicios privados que aún no se implementan, dado que presupuestalmente es un proyecto inalcanzable para el Poder Judicial sin el apoyo del Ejecutivo, no obstante haber sido planteado en ya varios proyectos de presupuesto anuales.
Se ha dicho en los diversos medios de comunicación que las instalaciones de la Ciudad Judicial representan un riesgo para quienes la utilizan dado que las grietas de los pisos, la rotura de vidrios y diversas oxidaciones de metales hacen suponer que se ha estado moviendo y hundiendo por lo que frecuentemente es materia de revisiones por peritos oficiales que hasta la fecha han despejado las dudas de riesgo, sin embargo, lo que permanece son los levantamientos de lozas, los baños clausurados por falta de reparación y otros desperfectos que por añejos se han convertido ya en parte del paisaje al que se han acostumbrado ya tanto empleados como usuarios.
Sin embargo, los juzgados ubicados en el interior del Estado son motivo de un análisis diferente, porque en el área metropolitana los juzgados se ubican, como ya se enunció, en inmuebles aportados por el Poder Ejecutivo sea en el núcleo penitenciario o en la denominada Ciudad Judicial, lo que no acontece en los municipios donde se ubican los juzgados foráneos, de los que en su mayoría debe pagarse renta o ajustarse a los espacios prestados por las autoridades municipales y en casos de los juzgados menores y de paz en su mayoría no cuentan con espacios para oficina por lo que se utilizan las casas y recursos particulares de los encargados.
LOS INGRESOS PRESUPUESTALES
La insuficiencia de los ingresos presupuestales del Poder Judicial para la adquisición, adecuación y mantenimiento de su infraestructura, se ve reflejado especialmente en las condiciones que tienen los juzgados foráneos, que funcionan en espacios adaptados y reducidos, sin mantenimiento oportuno, sujetos a la negociación con los propietarios en su caso o a los vaivenes de las representaciones políticas locales en turno.
En segunda instancia, las circunstancias son similares, porque a pesar de la previsión constitucional, no se han implementado salas colegiadas regionales de apelación por falta de recursos económicos, lo que lleva a que los once tribunales colegiados de alzada y sus estructuras administrativas se ubiquen solo en dos edificios del centro históricos de la capital del Estado, en el que se aprovechan al máximo los espacios, compartiendo mobiliario modular y utilizando hasta los pasillos para completar las funciones jurisdiccionales de notificación y oficialía de partes, resultando aun así, evidentemente insuficientes para el trabajo de estudio y análisis que debe realizarse en las mejores condiciones ambientales posibles.
Como es claro, en materia de infraestructura el Poder Judicial de Jalisco, acusa serias deficiencias que impiden su adecuado desempeño, la falta de recursos para la consolidación de su patrimonio y para la adecuación y mantenimiento de los espacios que actualmente ocupa, lo han llevado a depender inexorablemente de otros poderes incluso para hacer frente a las reformas constitucionales que le asignan nuevas materias pero sin el correspondiente fondeo presupuestal.
Para el Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, es obligado generar y articular un entorno institucional que sea acorde a las necesidades y a los tiempos que exigen aumentar los estándares de calidad en la prestación de servicios fundamentales como lo es el de impartir justicia.
UN PRESUPUESTO PLURIANUAL
Lo que es factible a través de la gestión y en su momento la aprobación de un presupuesto plurianual que gradualmente le permita hacerse de sus propios inmuebles y dejar de pagar millonarias cantidades por renta de oficinas disminuyendo al mismo tiempo la posibilidad de injerencias insanas.
Necesita de inmediato, de un amplio proyecto de remodelación y adecuación de espacios que, apoyado incluso por las dependencias especializadas del Ejecutivo del Estado, le permita estar a la vanguardia en la impartición de justicia y facilitar la labor del Poder Judicial.
Urge fortalecer la concentración de los órganos jurisdiccionales, instituciones administrativas y de formación en un sólo lugar, con el fin de agilizar la gestión y el desempeño de los jueces, abogados y que los ciudadanos tengan acceso a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial que consagra la constitución. La Ciudad Judicial es una obra que ha sido materia de muchas historias que atienden al interés político y personal de quien las emite, pero en la práctica representa un gran avance para la administración de justicia al permitirle al Poder Judicial contar con instalaciones amplias, funcionales y transparentes, aunque falta como ya se dijo, concluir la construcción del tercer nivel, estructurar un adecuado modelo de gestión de su mantenimiento a través del aprovechamiento de las áreas comerciales y de servicios, así como complementarla con un eficiente programa de modernización y dignificación permanente de equipos informáticos y bienes muebles.
Es urgente rescatar del abandono en el que se tiene a los juzgados foráneos de Primera Instancia, Menores y de Paz, tanto en materia de infraestructura como de equipamiento.
El sistema de archivo de expedientes, que se encuentra virtualmente rebasado y en algunos casos, colapsado, obliga a la implementación inmediata de un sistema de digitalización, definiendo los criterios de conservación, depuración y destrucción de expedientes y que se acompañe además por una red de archivos regionales para evitar que se concentren únicamente en la capital del Estado.
Se requiere crear una planificación estratégica para la implementación de las salas regionales de segunda instancia en los municipios más idóneos que permitan su completo aprovechamiento.
Desde luego que hay otras alternativas viables y oportunas, por ello es que queda abierta la página web www.gobernanzajudicial-jalisco.mx para recibir sus comentarios, críticas y aportaciones.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco enfrenta un momento crítico. Las fuerzas políticas, atrapadas en intereses partidistas y sin acuerdos, tienen el desafío de construir un sistema que inspire confianza y certidumbre a los jaliscienses.
La falta de diálogo, la soberbia y las alianzas oportunistas amenazan con repetir errores del pasado, mientras el gobernador Pablo Lemus impulsa un modelo que elimine el reparto político de jueces. ¿Podrán los partidos priorizar la justicia sobre cálculos electorales o seguirán atrapados en los juegos del poder?
RECHAZO CIUDADANO A LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
El reciente proceso de reforma judicial federal dejó una lección clara en Jalisco: con una abstención del 92.97% –la segunda más alta del país tras Guanajuato–, los ciudadanos rechazaron enérgicamente la politización del Poder Judicial.
Las reformas impulsadas por Morena a nivel federal, y replicadas en algunos estados, son percibidas como una toma de poder disfrazada de “democratización”. Esta desconfianza ciudadana es un mensaje contundente que la oposición local –Morena, PAN y PRI– parece ignorar al avanzar en una reforma sin consenso amplio, excluyendo a Movimiento Ciudadano (MC), que cuenta con 11 de los 38 escaños en el Congreso del Estado.
Esta exclusión, calificada como un “madruguete” legislativo, ignora la lección del descontento popular y arriesga generar otra reforma fallida, marcada por baja participación y una creciente percepción de control político sobre la justicia.
En marzo, este espacio destacó la oportunidad de una reforma “al estilo Jalisco”, propuesta por el gobernador Pablo Lemus para desterrar el modelo de “cuotas y cuates”. Este enfoque, basado en filtros académicos y ciudadanos, buscaba garantizar una justicia imparcial.
Foros coordinados por el jurista Arturo Zamora, con la participación de universidades, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos, sentaron las bases para un sistema judicial transparente. Sin embargo, la oposición parece desoír este llamado, optando por priorizar intereses políticos sobre el bien común, perpetuando un esquema que compromete la confianza en el Poder Judicial.
LA ALIANZA ANTINATURAL
La coalición opositora en el Congreso –Morena, PAN y PRI– resulta desconcertante por su contradicción. Estos partidos, que en su momento criticaron la reforma judicial federal por su riesgo de politizar la justicia, ahora se alían en Jalisco en un aparente intento de debilitar al gobierno de MC.
¿Qué motiva esta unión? ¿Es un simple malestar con Lemus o un cálculo electoral para erosionar el dominio de MC, que ha consolidado su liderazgo en el estado?
La alianza, lejos de estar motivada por la transparencia o la imparcialidad, parece diseñada para golpear al gobierno estatal, ignorando el llamado de Lemus a una “armonización ciudadana” construida con la colaboración de barras de abogados, universidades y sociedad civil.
El modelo actual del Poder Judicial en Jalisco, dominado por complicidades políticas entre PAN, PRI y MC, es insostenible. Lemus ha reiterado su compromiso para acabar con este sistema de cuotas que pone precio a la justicia, un esquema que ha generado un sentimiento generalizado de desconfianza entre abogados y ciudadanos que interactúan con el Poder Judicial.
Sin embargo, la oposición, al avanzar sin un diálogo inclusivo, perpetúa un sistema que traiciona la confianza ciudadana.
La pregunta es inevitable: ¿realmente están comprometidos Morena, PAN y PRI con una reforma que beneficie a los jaliscienses, o buscan solo un ajuste de cuentas políticas?
Esta unión oportunista no solo contradice sus posturas previas, sino que arriesga el futuro de una justicia imparcial en el estado.
HACIA UNA REFORMA GENUINA
La operación política del gobierno de Jalisco ha mostrado deficiencias. En un Congreso donde ninguna fuerza política cuenta con los 26 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional, Lemus ha tenido que intervenir directamente para evitar el estancamiento.
La sociedad jalisciense demanda una reforma moderna, confiable y alejada de elecciones populistas que comprometan la experiencia y profesionalismo judicial.
La oposición tiene en sus manos una oportunidad histórica para construir una justicia al servicio de los ciudadanos, no de grupos de poder que operan como mafias dentro del Poder Judicial.
El gobernador ha propuesto un diálogo abierto, inclusivo y basado en la participación de expertos y ciudadanos. Sin embargo, la rigidez de la oposición amenaza con mantener la parálisis legislativa, atrapada en posiciones maniqueas que priorizan el revanchismo político sobre el interés público.
Los próximos días serán cruciales para alcanzar acuerdos que rompan con el modelo de cuotas, fortalezcan la imparcialidad y respondan al clamor ciudadano por una justicia accesible. Jalisco no puede permitirse otra reforma fallida que profundice la desconfianza en sus instituciones.
UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA
La justicia en Jalisco no puede seguir siendo rehén de intereses partidistas. Morena, PAN, PRI y MC deben dejar atrás la soberbia y abrazar la humildad para construir un diálogo genuino.
La ciudadanía, como verdadero juez de este proceso, espera una reforma que restaure la confianza en el Poder Judicial, no que alimente la percepción de control político. Esta es una oportunidad única para que los partidos trasciendan los juegos del poder y construyan un legado que honre a los jaliscienses.
Que escuchen el mandato de las urnas y trabajen juntos por una justicia accesible, imparcial y libre de componendas. El futuro de Jalisco depende de que esta reforma sea un reflejo de los valores de sus ciudadanos, no de las ambiciones de sus políticos.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
En Jalisco la política no se cuece: hierve. La reforma judicial levantó la tapa y escapó el vapor de lo obvio: en Casa Jalisco hubo descuido. Pablo Lemus lo admitió con retraso y promesa: “me meteré personalmente a reconstruir la relación”. Traducción en castellano llano: falló el operador, se enmoheció el diálogo y los números no dan.
En el Congreso solo rige una gramática: 26 votos.
La oposición (Morena, PAN, PRI, Hagamos, Futuro y PT) no los juntan.
El Ejecutivo, menos.
Resultado: “cabildeo” exprés, citas por separado, romería de coordinadores entre Hidalgo 222 y Palacio. No es diálogo; es caza de tres o cuatro voluntades que ajustan una Constitución.
Cuando no hay proyecto, se busca coartada: José Luis Tostado, coordinador de MC, puesto en la picota por el “descuido”. En la coda aparece el secretario de Gobierno, Salvador Zamora. Desde Casa Jalisco matizan: no habrá cabezas… por ahora. Habrá “afinación”. Misma partitura, distinto volumen.
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El Gobierno acepta desconexión con opositores.
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La oposición presume mayoría de maniobra y exige que el Gobernador dé la cara en el Legislativo.
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La IP suplica “no politizar” lo que, por definición, es político: quién nombra, evalúa y disciplina a juezas y jueces.
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La riña real no es la “tómbola” de desempate (cortina de humo), sino el control de filtros, la integración de jurados y sus lealtades.
Conclusión provisoria: la “reforma técnica” huele a reparto fino. No suena a reforma de Estado, sino a ajuste para ganar eficacia… y previsibilidad política.
Los opositores invitan a Lemus al Congreso; mientras, en Casa Jalisco operan en carriles paralelos: reuniones uno a uno, promesas, calendarios, guiños. “No es dividirlos —dicen—; es dar a cada uno su lugar”. Manual conocido: personalizar, fragmentar, diferir el texto. Cuando llegue el proyecto “conciliado”, el espacio para el escrutinio ya habrá cerrado.
Además, dos magistraturas en el alambre. Si el martes no hay designación, la afirmativa ficta ratifica a quienes hoy ocupan el asiento. El reloj —no la razón— es el arma. O amarran ya, o se quedan con lo que hay. Esto no es arquitectura constitucional; es relojería política.
Coparmex y COMCE piden sacar la reforma de la grilla. Comprensible; sin certeza, no hay inversión que resista. Pero “despolitizar” una reforma política es un oxímoron útil. Lo serio sería: minutas públicas; criterios de selección verificables; perfiles y conflictos de interés a la vista; cronograma que no dependa del humor de la mesa. Menos tribuna, más trazabilidad.
El Gobernador acepta el error; no explica su causa. Se dice que hubo disposición; faltó oficio. Y el déficit de oficio se paga caro: se erosiona la confianza entre poderes, se fortalecen los extremos y la ley se vuelve rehén del chantaje de la parálisis. En el pantano, el incentivo deja de ser institucional y se vuelve coyuntural.
Prometen “apretones de tuercas”. En papel: “un solo texto”. En práctica: expediente con zonas grises, diseño de gobernanza bajo llave y dos nombramientos que amarran hoy e hipotecan mañana. Si cierran en corto, saldrá una reforma hecha al tamaño del equilibrio de turno; si abren el proceso, quizá alcance para una reforma que sobreviva gobiernos.
Convertir a Jalisco en el “Silicon Valley mexicano” requiere más que parques y pitch decks: requiere un Poder Judicial independiente, profesional y previsible. El capital tolera impuestos; lo que no tolera es incertidumbre. Y la certeza no nace de tómbolas ni de boletines, sino de reglas claras, procesos públicos y decisiones revisables.
La crisis legislativa obligó a todos a mostrar la mano: el Ejecutivo admitió que perdió el control fino, la oposición evidenció que, sin MC, puede marcar agenda, pero no coronarla, la IP recordó que sin garantías no hay relato de progreso que aguante. Falta lo principal: que la ciudadanía vea, en tiempo real, cómo y por qué se cambiará la justicia que la toca a diario.
La historia enseña que las reformas cocinadas en silencio terminan gritando en los tribunales. Prudencia no es callar: es abrir puertas, encender luces y dejar que la aritmética se escriba con tinta pública. Solo así el mea culpa pasa de pose a corrección. Solo así la reforma será reforma, y no reparto con fecha de caducidad.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Miguel Anaya
Siempre me ha parecido curioso que, quinientos treinta y tres años después, sigamos hablando de la Conquista como si hubiera ocurrido ayer, como si Hernán Cortés acabara de desembarcar en Veracruz con la mirada puesta en Tenochtitlán y el corazón lleno de encomiendas. No deja de ser fascinante la capacidad mexicana de contar la historia, no como tragedia, sino como pretexto.
Se nos enseñó que fuimos cruelmente conquistados. Lo aceptamos con un dramatismo casi teatral, como si los pueblos originarios hubieran sido un solo cúmulo de inocencias y los españoles, solamente un ejército de codicia y brutalidad.
Pero la realidad, siempre tan poco romántica, fue más compleja: hubo alianzas, traiciones, intereses, cálculos y, sobre todo, normalidad. La conquista no fue una excepción, fue la regla de una época donde conquistar territorios era tan legítimo como hoy hacer fusiones empresariales o acuerdos comerciales.
El poder siempre ha tenido el mismo rostro, solo cambia sus formas.
Nos empeñamos en sentirnos víctimas eternas. Reclamamos por la Conquista como si estuviéramos esperando una disculpa de los siglos XVI o XVII. Exigimos perdón retroactivo, pero la historia, aunque a veces cruel, no tiene oficina de quejas. Lo único que hace es avanzar, mezclando a vencedores y vencidos hasta que se olvida de qué lado viene cada quién. De esa mezcla —dolorosa, contradictoria, fecunda— nació México.
Porque, aunque duela, México no es lo que quedó de los mexicas, ni lo que impusieron los españoles: es lo que ambos se vieron obligados a inventar. Un país mestizo, con dioses de piedra y vírgenes de yeso, con voces indígenas en el eco del español y una fe que huele a copal y a incienso. Esa es nuestra conquista: haber sobrevivido al choque de mundos sin dejar de ser un poco de ambos.
Lo que llamamos sincretismo no fue solo una mezcla cultural; fue una estrategia de supervivencia. Los pueblos indígenas no desaparecieron: se mimetizaron, aprendieron el idioma del invasor y escondieron a sus dioses detrás de santos. Los españoles no triunfaron del todo: quedaron atrapados en una tierra que los absorbió, que los hizo perder el acento y, en muchos casos, amar más esta tierra que la propia. De esa contradicción nació nuestra identidad: un mestizaje que no se elige, pero que se asume.
A pesar de lo anterior, hay quienes añoran un pasado indígena idealizado, como si los mexicas hubieran sido una comuna perfecta; otros sueñan con una Europa que nunca los reconocerá como su reflejo. Ambos extremos son falsos, pero cómodos en la narrativa: uno ofrece la inocencia, el otro la superioridad.
El mestizaje, en cambio, exige madurez: aceptar que venimos de una violencia, pero también de una creación; de una herida, pero también de una fecundidad.
Quizá lo que más nos cueste reconocer es que seguimos conquistándonos unos a otros, porque así es el mundo, porque así es la humanidad. Los nuevos conquistadores hablan diversos idiomas y prometen inversiones; la riqueza ya no se mide en lingotes, sino en clics, bitcoins y contratos. Las conquistas no se acabaron, se digitalizaron.
Por su parte, México sigue celebrando el Día de la Raza sin saber muy bien qué raza celebra, o marchando por la Independencia confundiéndola con la revolución, porque en el imaginario popular, cabe casi todo. Tal vez esa sea nuestra mayor conquista: haber aprendido a vivir en medio de la contradicción.
No somos víctimas ni victimarios; somos descendientes de ambos. Al final, hay que entender y aceptar nuestro pasado para abandonar la narrativa de la victimización y abrazar el discurso del desarrollo, pues toda nación es el resultado de una conquista: la del tiempo sobre la memoria, la del sistema sobre el individuo, la del extraño que traspasó sus fronteras.
Y si algo nos enseña la historia es que, aun después de la conquista o aun después de la derrota, los pueblos que saben adaptarse y construir una narrativa de progreso se fortalecen.
Así fue con Japón, así fue con Alemania y así puede ser con México.
– De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
LOS ORGANIZADORES y directivos del Premio Nobel, enviaron un mensaje al mundo con la designación dedicada a la paz mundial de la edición 2025 de ese galardón: Un “no” rotundo a las dictaduras y un reconocimiento a quienes luchan por la democracia en las naciones.
La opositora al “chavismo” en Venezuela, María Corina Machado, recibió la noticia de haber sido elegida como ganadora del Premio Nobel de la Paz, con la emoción de quien se sabe, triunfadora histórica contra los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro en su país, Venezuela.
Sabía que el reconocimiento es un contundente mensaje del mundo en contra de una dictadura que mantiene a su pueblo sojuzgado por el Estado, con un individuo maniatado, sin libertad y con el sufrimiento de su pueblo a consecuencia de la hambruna.
Machado se ha convertido en la principal defensora de la democracia en esa nación sudamericana. Quizá haya opositores que luchan por la misma causa en Cuba y en Nicaragua, pero ella representa el triunfo electoral que, aunque contundente, recibió la dura represión de la bota “chavista”.
Y desde luego, su designación como ganadora del Premio Nobel de la Paz, trajo reacciones positivas en la mayor parte de las naciones en el mundo… excepto en México.
No debía extrañarse. El régimen iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado por imponer por encima de los grandes intereses de la nación, su ideología, la que incluye mensajes de odio a quienes no piensan como ellos, además de llamarlos sus “enemigos o adversarios”.
En su “mañanera” en Palacio Nacional, un reportero requirió la opinión de la presidenta respecto a la noticia sobre Corina Machado y su respuesta fue lacónica: “Sin comentarios”.
Enseguida hizo referencia al pretexto utilizado ahora para evitar opinar de quienes no forman parte de su cofradía: “Nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos”. No había terminado cuando le preguntaron sobre la caída de Dina Boluarte, presidenta del Perú, acontecimiento ocurrido unas horas antes:
“Nosotros insistimos en la liberación de Pedro Castillo (amigo de AMLO), quien fue elegido por el pueblo del Perú y que se le aplique un juicio justo”.
Y ante ello, ¿dónde quedó la actitud de respetar la autodeterminación de los pueblos?
Evidentemente, hay una incongruencia inocultable, cuando el gobierno mexicano utiliza parte de nuestros impuestos para obsequiar gasolina a la dictadura de Cuba y no poner condiciones a la llegada de un ganado enfermo proveniente de Nicaragua.
Ambos regímenes son dictaduras.
Por eso, aunque es mujer y ha entregado su vida por la democracia en Venezuela, Corina Machado no recibirá el reconocimiento de la presidenta de México, porque es “enemiga de la 4-T” al oponerse a la dictadura de Nicolás Maduro.
Aunque el mundo diga lo contrario.
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