OPINIÓN
Guadalajara, nada que celebrar
Agenda Política, por Alberto Tejeda //
Se cumple el primer año de la administración de Pablo Lemus en Guadalajara, es por esto que es importante y necesario hacer un recuento de lo más relevante que ha sucedido a lo largo del primer año al frente del ayuntamiento de Guadalajara. Los resultados nos indican que no ha sido nada bueno para la ciudad, ya que el 87% de los tapatíos se siente inseguro, ha sido víctima de algún delito y no confía en las autoridades.
Es Guadalajara el municipio del país donde mas vehículos son robados. A esto sumemos el aumento en el pago del impuesto predial programado para el año 2023 y que no se refleja en el mejoramiento de servicios públicos.
Durante la administración del entonces presidente municipal de Guadalajara, Arnulfo Villaseñor fue cuando se adquirieron el mayor numero de inmuebles y espacios públicos que conforman el patrimonio de la ciudad, pero en los últimos años se han venido cediendo estos espacios, como sucedió con el entonces Registro Civil 1 ubicado en avenida Alcalde, donde hoy se construye el complejo habitacional Alcalde 960. Lo mismo sucedió con un predio en Av. De las Rosas que hoy es el desarrollo Margot, los terrenos en Huentitán denominados como Icónia corren el mismo riesgo de volverse un mega desarrollo, todo esto solo beneficia a las empresas que se les ceden o venden terrenos propiedad del municipio por abajo del precio comercial, sin reflejar beneficio al municipio.
Un total sin sentido fue el renegociar la deuda de Guadalajara con una entidad financiera por 1,400 millones de pesos a un plazo de 20 años incrementando en 700 millones de pesos los intereses a pagar por parte del municipio, un total absurdo que terminarán pagado varias administraciones por venir. Queda claro que un gran problema de la ciudad es la violencia y la inseguridad, no se debe escatimar en seguridad, por esto es que se optoó por arrendar patrullas para incrementar y mejorar el parque vehicular y equipamiento policiaco, el problema radica en que el arrendamiento de estas representoó un sobre precio por poco más de 300 millones de pesos, compra que no se detuvo, pero que tampoco se ha aclarado.
El municipio cuenta con una dirección de aseo público, la cual ha sido desmantelada con el paso del tiempo para así justificar el adjudicar a empresas privadas el negocio de la recolección de basura, la basura es un gran negocio por el que además de todo, el ayuntamiento paga a empresas privadas, pero el servicio deja mucho que desear ya que los tapatíos se quejan que en algunos casos los camiones recolectores no pasan por sus colonias a recoger la basura, se pagan 519 millones de pesos a dos empresas, CAABSA y SULO. Cuando lo ideal sería que el municipio contara con su propia dirección para realizar esta labor y así disminuir costos.
El Gobierno de México otorgoó al municipio de Guadalajara un excedente por 454 millones de pesos, recurso que al parecer se destinó para la promoción del alcalde, por tanto se fue directo a las empresas privadas que manejan la comunicación, no se destinoó al mejoramiento de servicios que beneficien directamente a las colonias, sino a promoción personal.
En la pasada administración se construyó y equipó el C5 en el que se gastaron cientos de millones, en esta nueva administración se decidió trasladar dicho centro de inteligencia y monitoreo a otro sitio, el simple movimiento representó no solo cientos de millones en equipamiento y acondicionamiento, sino además un sobre precio por poco mas de 34 millones de pesos. A inicios de año se incendió el Mercado San Juan de Dios, para lo que se adquirió una nueva deuda por 87 millones de pesos, que se suma a la deuda ya existente.
Guadalajara no necesita un carrusel, pero como si esto solucionara todos los problemas de la ciudad se decidió rentar un carrusel (rentar, no comprar) por un costo de 26 millones de pesos, una adquisición por demás innecesaria a una empresa ligada AlteaCorp que organiza Calaverandia y Navidalia, pero también el festival GDLuz, a la cual no solo se le han asignado millones de forma directa, sino también se le han cedido espacios públicos, como lo son el Parque Avila Camacho y el Parque Metropolitano, siendo este el último escándalo.
Otra es la remodelación de las estaciones de la Línea 3, que son estaciones nuevas, y se destinarán millones para su remodelación. Algo innecesario.
Es importante que la ciudad se administre de una mejor manera porque de lo contrario dejarán un daño al erario y deuda pública que por décadas, lo que atará de manos a futuras administraciones, pero además no ceder espacios públicos a privados.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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