OPINIÓN
Hace lo que quiere
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
El flamante secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, demuestra que hace lo que quiere y sin importar el partido político que gobierne la entidad, él goza de todo el poder para imponer sus criterios que en la mayoría de los casos han salido muy costosos para la población, sobre todo para quienes tienen la necesidad de utilizar el sistema del transporte público que cada vez es más costoso.
Hace pocos días se giraron instrucciones, al parecer por parte del Señor Monraz, para elevar el costo del pasaje urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a 9.50 pesos, o sea a diez pesos ya que los choferes de las unidades no tienen cambio para dar la fracción de 50 centavos o les conviene no hacerlo.
Algunas unidades de distintas rutas fueron sacadas de circulación por no haber comprado primero e instalado las nuevas “alcancías” para el pago del pasaje, lo que presuntamente molestó mucho al prepotente funcionario, sin importarle el incremento de más del 35 % y si se quedan con los 50 centavos el aumento representa casi el 43 % un verdadero saqueo para los usuarios, mientras los dueños del transporte siguen enriqueciéndose más, gracias al gran aliado que siempre han tenido con Diego Monraz Villaseñor, por lo menos cuando tiene cargo en el Gobierno del Estado.
Vale la pena señalar que a éste funcionario le quitaron, supuestamente, el control del personal operativo de la policía vial, que es otra mina de oro, pero siempre se las ha ingeniado para lograr “implantar” modernos sistemas de captación de recursos para las arcas del gobierno estatal, sin importarle que se perjudique la población, o al menos así se ha notado desde hace varios años.
Como ejemplo están las recaudadoras fotomultas, las cámaras en los semáforos de algunas avenidas, el sistema del Macrobús que es propiedad de particulares pero que Monraz concesionó a unos cuantos dueños de unidades.
Por lo pronto el funcionario deberá de seguir haciendo acciones recaudatorias, sin importarle el partido político que lo pueda proteger hace años creo era panista y ahora puede que ya sea del MC y mañana será para donde más se le acomode recibir cargo público.
¡NO CABE DUDA QUE LA VIDA ES MUY INGRATA!
Hace pocos años ya querían linchar y hasta quemar con leña verde al entonces director del Instituto de Ciencias Forenses y reconocido catedrático de la Universidad de Guadalajara, Luis Octavio Cotero Bernal, quien tuvo que ser el “chivo” expiatorio de la renta de tráileres para almacenar cuerpos de personas fallecidas por diferentes acciones.
Entonces se le culpó al catedrático que haber utilizado unidades de carga refrigeradas para conservar cadáveres, lo cual se dijo además de inhumano era indebido y se le abrió un proceso administrativo sumarísimo, a tal grado que fue destituido del cargo, mientras que el gobernador en turno Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, nadó de muertito y no le importó que otro cargara con la culpa, pues él no destinó recursos suficientes para solucionare el problema en Medicina Forense.
Ahora, posiblemente como lo que está haciendo la 4T y sobretodo la protegida doctora en ciencias Claudia Sheinbaum Pardo, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y por el incremento en el número de cadáveres ya están rentando cajas de tráiler con sistema de refrigeración, con un costo de más de 10 mil pesos diarios.
Ahora nadie dice nada y supuestamente por la pandemia del Coronavirus, se están contratando otras cajas cerradas refrigeradas para los próximos días, entonces no es grave y supuestamente ni peligroso que lo estén haciendo, total ahora están en el poder y tienen todo el poder para hacerlo.
Esperemos que no se propague mayor contagio y se ponga en peligro a mayor población.
Lo que llama la atención es si son tan previsores desde hace varios meses de la pandemia que está afectando a todo el país, pero principalmente a la Ciudad de México, no implantaron recintos para albergar momentáneamente cadáveres y después darles cristiana sepultura, en lugar de estar queriendo apagar el “incendio” que se les ha estado propagando, a menos que tampoco quisieron creer que en verdad es grave el problema, ya vimos hace dos meses cuando el primer mandatario AMLO, decía que él avisaría cuando las cosas se agravaran y que la gente siguiera saliendo de sus casas, lo dijo en su natal Villahermosa, Tabasco, donde ahora hay gran número de enfermos d Coronavirus, o Covit 19 o como se le quiera denominar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
