OPINIÓN
Horizonte próximo
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Tras el prolongado confinamiento, la autoridad ha fijado un horizonte cercano para reactivar las actividades, económicas y sociales, paralizadas por la estrategia dictada para controlar la epidemia del Covid19. Desafortunadamente, las decisiones del gobierno federal habrán modificado la realidad que existía y todo parecerá igual, pero no será lo mismo.
Durante al menos dos años habremos de vivir con el temor al contagio y la enfermedad pues el gobierno optó por buscar la “inmunidad de rebaño”, a sabiendas de que ello habría de costar vidas, calculando el riesgo en razón del índice internacional de mortalidad del virus, menor al 3%. Es decir, morirá ese porcentaje de mexicanos pero al final estará inmunizado el resto. En México, ese indicador de muertes se ha situado más cercano al 10%.
La negativa sistemática a realizar los cientos de miles de pruebas, necesarias para contener el virus y no solo controlar la epidemia, condicionará el contacto social. Cualquier transeúnte puede ser un portador y transmisor del mal y todos habremos de enfermar con diferentes consecuencias, particularmente graves en segmentos vulnerables, como ancianos, obesos, hipertensos y diabéticos, que en nuestro país son abundantes, así que, los abrazos ya no serán tan frecuentes, los saludos serán más distantes y pensaremos dos veces el acudir a eventos culturales, religiosos y sociales que impliquen altas concentraciones de personas, igualmente al usar transporte colectivo, el cual para ser seguro tendrá que implicar el uso de mascarillas, guantes y desinfectantes.
Al levantarse el confinamiento entraremos en la etapa del azar, esperando no ser parte de ese porcentaje que el gobierno calculó que podía morir al decidirse por la mitigación y el contagio generalizado. Existen diversas opiniones sobre lo procedente de esta estrategia, algunas contrarias a la misma, que señalan lo exitosos que fueron otros países que apostaron a reducir la presencia del virus y la mortalidad realizando pruebas, mientras el nuestro calculó las muertes y dejó que fueran, pero eso ya es parte del hubiera, ahora solo podemos esperar que no nos toque ser parte de la estadística mortal.
Habremos de encontrar al retomar nuestras vidas, otra realidad económica. La economía nacional ya estancada al finalizar el año, se anunciaba con crecimiento negativo del 3% del PIB. Ahora tras la epidemia, se espera un incremento de la tasa negativa desde el 8 y hasta el 15 por ciento, en parte por la economía mundial también en receso y por las decisiones de política económica del gobierno federal, que no cambiará sus criterios en materia energética, aunque PEMEX siga perdiendo dinero y el mercado petrolero esté a la baja y la CFE seguirá negada a la producción de energías limpias y pondrá en operación plantas obsoletas de alto costo operacional que funcionan con combustóleo, altamente contaminante. Aunado a lo anterior, el anunciado plan de reducir otro 75 por ciento el gasto corriente del gobierno federal pone en grave riesgo la capacidad institucional. Así es que podemos esperar un mayor desempleo, menor crecimiento económico, y deficientes servicios gubernamentales.
Lo que no habrá de cambiar, es el ambiente político nacional en el cual, la discordia, deliberadamente alentada desde el poder, habrá de seguir polarizando a la sociedad generando condiciones de explosividad social si, como se advierte, la economía no ofrece alternativas para la clase media, ni de superación para quienes hoy son beneficiarios de los programas sociales. La actitud gubernamental ante la crisis marcó su distanciamiento con el empresariado e hizo evidente el menosprecio a la clase media. El cálculo de quien detenta el poder lo ha llevado a canalizar los recursos a incrementar su base política de apoyo en aparente y peligrosa radicalización. La creciente desaprobación de la gestión gubernamental manda sin duda señales que le obligan a reforzar su posicionamiento con sus fieles seguidores y a seguir insistiendo con el discurso maniqueo de los buenos del gobierno contra los adversarios que no piensan igual.
Es de esperarse que este discurso y actitudes polarizantes se mantengan hasta la elección del 2021, de cuyos resultados seguramente dependerá el futuro que presenta algunas opciones: los votos y posiciones en contra obligan al ejecutivo a reconsiderar sus políticas, o la victoria electoral lo lleva a buscar el avasallamiento total de los factores de poder. Lo democráticamente aceptable es que se recupere el fin trascendental de la política, que es encontrar los acuerdos dentro de las diferencias y construir juntos un país aceptable para todos.
En fin, el país que encontraremos al término de la cuarentena será el mismo, pero nada será igual salvo la lucha por el poder que habrá de seguir en la deliberada confrontación para cobrar mezquinos rendimientos políticos, sin importar que el número de pobres a los que se busca redimir se reproduzca exponencialmente, como el virus que vino a sacudirnos a todos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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