OPINIÓN
INSABI, ¿condenado al fracaso?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Debemos aplaudir la decisión de Enrique Alfaro negándose a firmar el convenio para adherir el Estado libre y soberano de Jalisco al “Instituto de Salud para el Bienestar” INSABI, el cual viene a sustituir al “Seguro Popular” con el argumento, completamente cierto, que este nuevo instituto “esta condenado al fracaso”.
Aseguró además nuestro refundador gobernador: “Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la Federación, este modelo centralista, absurdo, que esta planteando, no va a ser acompañado por el Gobierno de Jalisco”, sumándose a otros siete estados que ya han anunciado el rechazo a la firma del Convenio de adhesión al naciente instituto.
Yo no dudo que en algún momento la idea anhelada por todos los gobernantes y mas por la población que es la de contar con un sistema de salud universal, sobre todo para aquellos que no gozan de seguridad social por su actividad laboral es correcta, recordemos que más de sesenta millones de mexicanos no gozan de servicios en el IMSS y el ISSTE. Sin embargo la implementación del INSABI, como todo lo que arrancan en este sexenio fue hecho, como se dice coloquialmente, “con las patas”.
Arrancó el primero de enero, con el propósito fundamental de enterrar al “Seguro Popular”, sin junta de gobierno, sin reglas de operación, sin manuales, sin una adecuada planeación de la transición del Seguro Popular a este nuevo ente en un periodo razonable de tiempo, las reglas para hacerlo funcional estarán listas en 180 días o sea junio de 2020, lo que demuestra una total irresponsabilidad.
Hablar de la salud de nuestros ciudadanos no permite improvisar, con la vida de los pacientes no se debe de jugar, y menos en momentos en que cada segundo cuenta para salvar su vida. El nacimiento del INSABI viene acompañado de una total desinformación y contradicciones entre lo que señala el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud” publicado el 29 de noviembre de 2019 y lo que declaran los políticos.
Es estúpido y criminal afirmar que se va a dejar sin servicios médicos a los beneficiarios de este sistema en Jalisco por la negativa de Alfaro a firmar la coordinación, ya que la misma es opcional y de todas formas Jalisco deberá recibir los recursos federales y aportar los propios para operar durante 2020, sin embargo el citado decreto establece obligaciones a los estados no convenientes, ya que al firmar el citado convenio Jalisco se obligaría no solo a entregar recursos económicos al naciente instituto para su operación sino además transferir: “recursos humanos, materiales y financieros objeto de los acuerdos de coordinación los cuales se deberán encontrar libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza; Régimen inmobiliario de las instalaciones que se aporten; La obligación de las entidades federativas de participar subsidiariamente en términos de la Ley; Obligaciones de transparencia, y el porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar. En caso de incumplimiento respecto de la aportación económica, las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación.
Lo anterior suena interesante, pero se presenta el mismo problema que con los ya obsoletos convenios de coordinación fiscal, donde los estados que mas aportan, como Jalisco, reciben de regreso mucho menos participación y además malos tratos de la Federación, nuestro estado debe contribuir en términos razonables al federalismo pero sin sacrificar a su población. Por eso digo que mientras no se establezcan reglas claras de que el INSABI garantice que tanto la participación federal, que de todos modos Jalisco recibirá, y la Estatal se quedará íntegramente en beneficio de los jaliscienses no se debe firmar el leonino convenio cuyo fondo deja ver atisbos electorales al permitir al presidente apoyar a estados pobres bajo la premisa de que primero los pobres, a la que nos sumamos, pero con la aclaración de que, primero los pobres, pero de Jalisco. Por ello el 100% de la aportación del estado y lo que le corresponde aportar al Gobierno Federal se debe quedar aquí.
La excusa presidencial de combate a la corrupción es solo una cortina de humo para sus seguidores, la realidad es que vuelve a ser un tema de pastoreo electorero. No dudo que al rato veamos también médicos cubanos en este instituto, de entrada ya nos van a dar chochitos ya que incorporarán médicos homeópatas y Licenciados en Enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.
Lo que sí le debe quedar claro a toda la población es que la totalidad de servicios médicos y tratamientos deben prestarse gratuitamente y en forma eficiente, y que los únicos requisitos que debo cumplir para gozar de este Nórdico servicio son: Ser una persona que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social me dará derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social; No ser derechohabientes de la seguridad social, y Contar con Clave Única de Registro de Población.
Para que vean que no hay pobreza y no hay motivo para pretender cobrar ilegales cuotas de recuperación, o justificar mala atención o desabasto, de entrada se recetan a favor del naciente instituto en los términos del artículo décimo transitorio del citado decreto, la friolera de cuarenta mil millones de pesos, que toman del fideicomiso ya existente “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud” para que se transfieran al Instituto de Salud para el Bienestar. Cuando mejorará el IMSS, pregunto.
Es tiempo que la población exija lo prometido al gobierno federal y de no cumplirse hay medios legales. No hay excusas. ¿Donde me inscribo?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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