OPINIÓN
INSABI, ¿condenado al fracaso?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Debemos aplaudir la decisión de Enrique Alfaro negándose a firmar el convenio para adherir el Estado libre y soberano de Jalisco al “Instituto de Salud para el Bienestar” INSABI, el cual viene a sustituir al “Seguro Popular” con el argumento, completamente cierto, que este nuevo instituto “esta condenado al fracaso”.
Aseguró además nuestro refundador gobernador: “Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la Federación, este modelo centralista, absurdo, que esta planteando, no va a ser acompañado por el Gobierno de Jalisco”, sumándose a otros siete estados que ya han anunciado el rechazo a la firma del Convenio de adhesión al naciente instituto.
Yo no dudo que en algún momento la idea anhelada por todos los gobernantes y mas por la población que es la de contar con un sistema de salud universal, sobre todo para aquellos que no gozan de seguridad social por su actividad laboral es correcta, recordemos que más de sesenta millones de mexicanos no gozan de servicios en el IMSS y el ISSTE. Sin embargo la implementación del INSABI, como todo lo que arrancan en este sexenio fue hecho, como se dice coloquialmente, “con las patas”.
Arrancó el primero de enero, con el propósito fundamental de enterrar al “Seguro Popular”, sin junta de gobierno, sin reglas de operación, sin manuales, sin una adecuada planeación de la transición del Seguro Popular a este nuevo ente en un periodo razonable de tiempo, las reglas para hacerlo funcional estarán listas en 180 días o sea junio de 2020, lo que demuestra una total irresponsabilidad.
Hablar de la salud de nuestros ciudadanos no permite improvisar, con la vida de los pacientes no se debe de jugar, y menos en momentos en que cada segundo cuenta para salvar su vida. El nacimiento del INSABI viene acompañado de una total desinformación y contradicciones entre lo que señala el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud” publicado el 29 de noviembre de 2019 y lo que declaran los políticos.
Es estúpido y criminal afirmar que se va a dejar sin servicios médicos a los beneficiarios de este sistema en Jalisco por la negativa de Alfaro a firmar la coordinación, ya que la misma es opcional y de todas formas Jalisco deberá recibir los recursos federales y aportar los propios para operar durante 2020, sin embargo el citado decreto establece obligaciones a los estados no convenientes, ya que al firmar el citado convenio Jalisco se obligaría no solo a entregar recursos económicos al naciente instituto para su operación sino además transferir: “recursos humanos, materiales y financieros objeto de los acuerdos de coordinación los cuales se deberán encontrar libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza; Régimen inmobiliario de las instalaciones que se aporten; La obligación de las entidades federativas de participar subsidiariamente en términos de la Ley; Obligaciones de transparencia, y el porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar. En caso de incumplimiento respecto de la aportación económica, las participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación.
Lo anterior suena interesante, pero se presenta el mismo problema que con los ya obsoletos convenios de coordinación fiscal, donde los estados que mas aportan, como Jalisco, reciben de regreso mucho menos participación y además malos tratos de la Federación, nuestro estado debe contribuir en términos razonables al federalismo pero sin sacrificar a su población. Por eso digo que mientras no se establezcan reglas claras de que el INSABI garantice que tanto la participación federal, que de todos modos Jalisco recibirá, y la Estatal se quedará íntegramente en beneficio de los jaliscienses no se debe firmar el leonino convenio cuyo fondo deja ver atisbos electorales al permitir al presidente apoyar a estados pobres bajo la premisa de que primero los pobres, a la que nos sumamos, pero con la aclaración de que, primero los pobres, pero de Jalisco. Por ello el 100% de la aportación del estado y lo que le corresponde aportar al Gobierno Federal se debe quedar aquí.
La excusa presidencial de combate a la corrupción es solo una cortina de humo para sus seguidores, la realidad es que vuelve a ser un tema de pastoreo electorero. No dudo que al rato veamos también médicos cubanos en este instituto, de entrada ya nos van a dar chochitos ya que incorporarán médicos homeópatas y Licenciados en Enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.
Lo que sí le debe quedar claro a toda la población es que la totalidad de servicios médicos y tratamientos deben prestarse gratuitamente y en forma eficiente, y que los únicos requisitos que debo cumplir para gozar de este Nórdico servicio son: Ser una persona que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social me dará derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social; No ser derechohabientes de la seguridad social, y Contar con Clave Única de Registro de Población.
Para que vean que no hay pobreza y no hay motivo para pretender cobrar ilegales cuotas de recuperación, o justificar mala atención o desabasto, de entrada se recetan a favor del naciente instituto en los términos del artículo décimo transitorio del citado decreto, la friolera de cuarenta mil millones de pesos, que toman del fideicomiso ya existente “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud” para que se transfieran al Instituto de Salud para el Bienestar. Cuando mejorará el IMSS, pregunto.
Es tiempo que la población exija lo prometido al gobierno federal y de no cumplirse hay medios legales. No hay excusas. ¿Donde me inscribo?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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