Jalisco: La sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La actividad legislativa, implica más allá del cargo que representa a la sociedad, la obligación de generar procesos legislativos acordes a las necesidades de la ciudadanía y del Estado, la presente legislatura tiene por objeto crear y reformar leyes que en este Estado deberán permitir una sociedad que pueda cohabitar en armonía bajo el resguardo de la normativa adecuada, así mismo fiscalizar y vigilar e intervenir en el actuar del poder público.

En este sentido, el Congreso del Estado de Jalisco es nuestro representante popular elegido bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional durante el periodo electoral, pero en la práctica general y habitualmente es una asamblea con más intereses políticos partidistas que sociales, cada legislatura instaurada en Jalisco es una caja de pandora que pocas veces se abre a un efectivo proceso legislativo con resultados convenientes y eficaces.

En Jalisco, la actual actividad legislativa no ha involucrado reformas de gran impacto, he estado sometida por el poder ejecutivo, debido a que su conformación es de mayoría representativa para el partido en el poder público, por lo que es solo una extensión que se ha intentado usar para generar el proyecto de refundación que abandera el partido Movimiento Ciudadano, sin mucho éxito a la fecha ni para la actividad política gubernamental ni para la encomienda que corresponde a la actividad legislativa.

Nuestros diputados se acaban de incorporar después de un periodo vacacional y su agenda no implica asuntos legislativos transcendentes, es más común que nos enteremos de los aviadores y de compromisos políticos que dé una verdadera y real actividad legislativa, la más importante de los recientes días es quizás la solicitud al poder ejecutivo para incrementar presupuesto para diversas secretarías y una serie de peticiones en su mayoría de carácter presupuestal, la aprobación de la reforma para reducir a tres el número de magistrados electorales, incrementar las multas por el ruido excesivo para establecimientos comerciales y aprobar dictámenes con cargos fiscales por más de 286 millones de pesos.

En este contexto es importante aclarar, como sociedad deberemos estar atentos a la actividad legislativa y a las propuestas de nuestros diputados locales que son transcendentales para evaluar la capacidad de representación legislativa y por añadidura que esta sociedad tenga el Congreso que se merece y por el que votaron, sin embargo es muy distinta la campaña por distrito de un candidato a diputado vs un diputado en funciones, el cambio es dramático, el ciudadano del mismo modo pierde atención en sus representantes congresistas, normalmente centra su atención en el gobierno ejecutivo y municipal, es por eso que no resulta complicado hacer del poder legislativo un brazo extendido del poder ejecutivo, sin que se cuestione la profundidad la división de poderes ni el ondear de las banderas políticas del partido en el poder.

Resulta inquietante que las propuestas legislativas en un porcentaje significativo, sea completamente inaplicables e ineficaces que el gasto que producen los asesores jurídicos no se vea reflejado en reformas legislativas que impacten de fondo y no solo de forma a nuestra sociedad, para analizar a profundidad en materia jurídica está la propuesta que dice que despedir a un empleado público injustificadamente y sin el procedimiento legal adecuado, será responsabilidad de otro funcionario público y deberá pagar de su bolsa o aquella que formula reducir 75% el ingreso de los partidos políticos para financiar el subsidio al transporte público masivo; el congreso en esta legislatura ha resultado frágil, completamente alineado al poder ejecutivo, que en materia política no es nada despreciable, pero siguen siendo prácticas políticas que al final y como resultado de los gobiernos ejerciendo facultades de poder público, no amparan actividades legislativas enfocas al estado, sino un estado políticamente fuerte y organizado a ciertos intereses que no son del todo público.