-Opinión, por Iván Arrazola

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que alguna vez fue presentado como un modelo de gobernanza metropolitana, se ha convertido en los últimos meses en el centro de una tormenta política y mediática. Lejos de cumplir con su promesa de ofrecer un servicio eficiente y equitativo, el organismo enfrenta una crisis estructural, financiera y de legitimidad. El deterioro en la calidad del servicio, sumado a decisiones controvertidas y una gestión opaca, ha hecho evidente que el verdadero problema del SIAPA no es solo técnico, sino eminentemente político.

Uno de los puntos más discutidos recientemente fue el aumento en las tarifas del servicio de agua. Aunque la comisión tarifaria propuso inicialmente un alza del 10 %, el Congreso local aprobó finalmente un aumento ligeramente menor, del 9.65 %. Sin embargo, esta decisión no logró satisfacer a la ciudadanía ni a los actores políticos, quienes han cuestionado la pertinencia del incremento en un contexto de deficiencias graves en el servicio.

La polémica se intensificó con la contratación de la comunicadora Eli Castro como asesora técnica, decisión que fue ampliamente criticada no solo por su perfil, considerado inadecuado para el cargo, sino también por la ambigüedad en sus funciones dentro del organismo. La respuesta del director del SIAPA, justificando la contratación como parte de las labores de difusión institucional, no hizo más que alimentar las críticas y reforzar la percepción de que el organismo ha sido capturado por intereses políticos y clientelares.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la comisión tarifaria volvió a generar un amplio rechazo al aprobar aumentos de entre 40 % y 200 %. Esta medida generó reacciones inmediatas de diversos actores políticos. La situación financiera del SIAPA es alarmante: una cartera vencida que supera los 18 mil millones de pesos, adeudos por más de 4 mil millones con bancos y proveedores, colonias enteras sin acceso regular al agua, una red obsoleta con miles de habitantes sin conexión, inundaciones recurrentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una nómina onerosa y perfiles técnicos cuestionables.

Ante esta situación, el gobernador Pablo Lemus calificó el aumento como “fuera de toda proporción” y pidió revertir la decisión, prometiendo presentar una propuesta de reingeniería. En la misma línea, el presidente municipal de Zapopan declaró: “Definitivamente no podemos irnos a puros tarifazos. Lo que se necesita en el SIAPA es una reestructura total: financiera, administrativa y de infraestructura”. La presidenta de Guadalajara Verónica Delgadillo también exigió una reingeniería profunda del organismo.

Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano y de oposición anunciaron que votarán en contra del incremento cuando llegue la iniciativa al Congreso. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez (Morena), fue contundente: “Ni un peso más al SIAPA hasta que saquen la mano todos los políticos. El SIAPA debe de integrarse por verdaderos técnicos”. En la misma sintonía, la alcaldesa de Tlaquepaque afirmó que el organismo “debería devolverle al pueblo lo robado”.

La contradicción más evidente surgió cuando representantes del gobierno estatal y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, que votaron a favor del aumento en la comisión tarifaria, después rechazaron públicamente la propuesta. Este viraje socavó la credibilidad de la comisión tarifaria, conformada por representantes de universidades, cámaras empresariales y gobiernos municipales, y cuya decisión fue aprobada por mayoría.

Lo verdaderamente preocupante es que los problemas estructurales del SIAPA —como el desabasto, la mala calidad del agua, las fugas, socavones y fallas en la infraestructura— no se han abordado con responsabilidad ni visión de largo plazo. En lugar de discutir soluciones técnicas basadas en evidencia, el tema se ha transformado en una disputa política con altos costos para la ciudadanía.

Las decisiones se toman desde una lógica de cálculo electoral: nadie quiere asumir el costo político de subir tarifas, pero tampoco hay voluntad de construir consensos para reestructurar el sistema. Los actores políticos prefieren “patear el balón”, hacer declaraciones mediáticas y prometer reformas, pero sin avanzar hacia una solución integral y sostenida.

La incapacidad de los gobiernos y representantes ha quedado en evidencia, al privilegiar intereses políticos por encima del bienestar colectivo. En lugar de funcionar como una entidad técnica especializada, el organismo ha sido convertido en un botín político y en un campo de disputa,

El SIAPA, más que una institución técnica, se ha convertido en un reflejo del fracaso político para gestionar servicios públicos de forma eficiente, transparente y sostenible. La ciudadanía paga las consecuencias de esta irresponsabilidad: con servicios deficientes, tarifas injustas y un sistema de agua colapsado. Mientras no se asuma el problema como lo que es —una crisis política disfrazada de técnica— difícilmente se podrá avanzar hacia soluciones reales. El reto no es solo arreglar el SIAPA, sino recuperar la confianza en las instituciones y devolverle al servicio del agua su carácter público y ciudadano.

-Por Mario Ávila

Por la realización del trabajo periodístico “Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos”, Miriam Ramirez, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), recibió el galardón Gabo 2025, en el marco del Festival en honor del escritor Gabriel García Márquez, en Bogotá, Colombia.

Se trata de un trabajo realizado entre la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de El Universal, donde ella labora, en colaboración con The Washington Post y Lighthouse Reports.

El trabajo ganador aborda, a través de un análisis forense, datos oficiales y testimonios sobre la migración en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos; revela cómo la militarización agrava los riesgos y criminaliza la movilidad humana.

Analiza también las políticas migratorias restrictivas que provocan hechos como el que entre 2017 y 2023, mil 107 personas murieron ahogadas al querer cruzar al lado estadounidense.

La integrante del consejo rector del Premio Gabo, Luz Mely Reyes, entregó el galardón a Miriam Ramírez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, quien pronunció un mensaje en la recepción junto al equipo mexicano del diario El Universal.

“Queremos dedicar este premio a las personas migrantes que han perdido la vida cruzando el Río Bravo: a quienes murieron sin nombre, sin despedida y sin justicia. Este trabajo nació de la urgencia de no dejarlos en el olvido, de no permitir que sus muertes sean una cifra más en una política de contención de una frontera cada vez más militarizada y militarizante”, dijo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

-Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

En los tiempos actuales y sobre todo en las grandes ciudades, es sustancial el servicio de coches de alquiler. Estos son denominados por lo general como “taxis” y su sinónimo es “carro o coche de sitio”.

El uso común de llamarlos “taxis” es porque originalmente su nombre es el de “taxímetro”, palabra compuesta de las palabras griegas «taxis» (orden o tarifa) y «metron» (medida), es decir, ese es el aparato que mide o debería medir el precio del servicio de transporte prestado por el coche que maneja el taxista, también conocido como conductor de taxis, es decir, el chofer del vehículo de alquiler.

El vocablo «taxímetro» ya casi no se usa, solo la apócope taxi y en algunos lugares, el término “libre”. Aquel aparato es un dispositivo que calcula la tarifa de un viaje basándose en la distancia recorrida, el tiempo transcurrido y si es nocturno o diurno. Por lo tanto, la palabra «taxi» se refiere al vehículo que utiliza ese dispositivo para determinar el costo del servicio.

La vida moderna exigió que las prestaciones de transporte particular se multiplicaran, y así surgieron las plataformas estilo Uber o DiDi. En estas, quien requiere ser trasladado a determinado lugar, llama a la central telefónica de la compañía que prefiere y luego se le informa el precio del traslado pedido, el nombre del conductor y los datos del auto que prestará el servicio.

El pago puede realizarse en efectivo o por tarjeta de crédito. Ordinariamente, estos automóviles son de modelo reciente, con aire acondicionado y un conductor presentable en lo físico y su indumentaria. En los “libres” eso no suele ser igual, dejando bastante que desear.

Los centros de transporte son puntos donde es prioritario obtener el servicio de transporte particular, o en su caso el de tipo colectivo para las personas que no pueden o no quieren pagar más allá de lo que el transporte público cobra oficialmente. Uno de esos parajes son los aeropuertos.

En nuestro país, todo aeródromo cuenta con carros de sitio y, por lo general, no pueden prestar ese servicio las plataformas o taxis que se ubican en las ciudades. En pocas palabras, los que manejan la concesión del servicio aeroportuario de taxis gozan de un monopolio. Y esta clase de estructuras se caracteriza porque explotan un servicio o producto específico y es controlada por una sola empresa u organización.

El artículo 28 de nuestra máxima ley, precisa en su párrafo inicial: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas…” y luego agrega en un parte del segundo párrafo, que “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento… de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”. Más claro ni el agua.

Ahora pasemos a reseñar que el servicio desde el aeropuerto (en el caso nuestro, el de Guadalajara) está en manos de una empresa particular. Este organismo con la complacencia de autoridades de toda índole, impiden que una persona pueda solicitar un servicio de transporte particular, a una plataforma de taxis o a los mismos taxistas que operan en algún municipio de Jalisco. Pero de igual manera funciona este servicio en las terminales aéreas del país.

Estos consorcios controladores del transporte del aeropuerto no cumplen con los principios, no tan solo constitucionales que ya anotamos, sino con los que plantean los especializados en el ramo, para mejorar su prestación, pues al no tener competidores, poco les importa mejorar su actividad.

En cuanto al precio que se les debe pagar, no es libre (por lo tanto, lo del taxímetro es una ficción), ya que imponen severas tarifas que forzosamente debe cubrir todo derechohabiente. Luego viene lo peor: no existe la capacidad para brindar un pronto transporte cuyo coste ya fue pagado con anticipación.

Cuando se arriba a la terminal aérea tapatía, si no se tiene un pariente o amigo que acuda para llevarnos a nuestro destino, en vistas del pésimo servicio público que existe, hay que recurrir a los taxis “oficiales” del aeropuerto, y allí a veces nos indican: el tiempo de espera puede ser de una hora.

Durante el aguante correspondiente, consultados algunos viajeros, testimonian que a ellos les ha tocado esperar hasta más de dos horas, por lo que, si abordamos el respectivo coche en una hora o menos, ya es un ventajoso logro.

Consecuencia de lo anterior son los comentarios constantes: ¿por qué el gobierno federal permite que se perjudique a las personas de esa manera? Sobre todo, considerando que es totalmente anticonstitucional lo que hacen los operadores de ese servicio de transporte.

Preguntado alguno de los choferes de tales unidades sobre si los dueños de las unidades en que trabajan son políticos, contestan temerosos “que quizás sí”.

Tal como se estila en toda la república, no sería nada raro que picudos personajes que medran agraviando a la ley y al público estén metidos en este asunto, y claro está, con la condescendencia del gobierno.

La cuestión es que el espacio de los aeródromos es de competencia federal, y por lo tanto esta autoridad protege, contra el interés del pueblo, a los empresarios de los taxis aeroportuarios. Y las multas para el conductor que se atreva a desafiar tal medida son colosales, pues llegan hasta los 54 mil pesos. Por su parte, la Guardia Nacional, muy quisquillosa, está con los ojos abiertos para no permitir que se preste el servicio dentro del área que les corresponde vigilar.

En una reciente protesta frente a la Secretaría de Gobernación, en la capital de la nación, una persona allí presente manifestó: “Pedimos y exigimos que los usuarios tengan la libertad de elegir si toman un viaje por aplicación o un taxi; monopolizan todo”. (El Universal, 19/09/2024). Lo que fundamentalmente se exige es que haya piso parejo para todo taxista, y ello irá en beneficio de la población.

Ojalá que la máxima autoridad de la federación tome cartas en el asunto y acabe con este monopolio de los taxis aeroportuarios, con lo cual salvaguardará la Constitución que los prohíbe, protegiendo -como es su obligación- a los mexicanos y visitantes, que son millones en las terminales aéreas nacionales.