OPINIÓN
Judas y autocomplacientes
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Con motivo de las recientes elecciones, y desde luego de sus resultados, se generaron muchas opiniones e interpretaciones de políticos, ciudadanos y empresarios, dejando a un lado a los comentócratas “abajo firmantes”, que por razón natural tienen puntos de vista sesgados.
Por un lado, debemos contemplar los números que arrojaron los comicios, en donde oficialmente la mayoría absoluta o simple de la Cámara Baja (que es la mitad de diputados más uno, o sea 251 de sus miembros) fue holgadamente para MORENA y sus aliados. De esa forma, podrá el presidente de la república lograr tener un presupuesto conforme a sus proyectos, y también aprobar leyes ordinarias.
En segundo término, debemos reconocer la suma importancia de que territorialmente la coalición de “juntos hacemos historia” apabulló a la oposición, pues de 15 gubernaturas en juego ganó doce, lo que permitirá al gobierno de la Cuatro T aplicar con más eficacia sus planes, durante el segundo tramo del sexenio lopezobradorista.
Debemos anotar que, en la ciudad de México, de 16 alcaldías, los morenistas solo ganaron 7, en tanto que la coalición “Va por México”, se anotó 8 y el panismo una. Por lo que ve a la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, MORENA no la ganó en 2018, pero la logró con sumas extemporáneas de diputados que se agregaron ya en ejercicio de la legislatura actual, y con negociaciones que en el Senado se llevaron a cabo.
También en las legislaturas estatales, se debe tener en cuenta que los partidarios del actual gobierno federal, alcanzaron mayoría en 19, de 32 entidades federativas. Finalmente es pertinente destacar que las oposiciones triunfaron en muchísimos municipios, lo que, si bien no tienen la contundencia de las gubernaturas y de los Congresos locales, no dejan de ser importantes.
Lo anterior es el resumen de resultados de la jornada electoral del 6 de junio, la “más grande de la historia política” nacional. Ahora veamos por qué la frase de “Judas y Autocomplacientes”.
Los integrantes de la alianza “va por México” (PAN, PRI y PRD), se prodigaron presumiendo sus números, afirmando que habían detenido la marcha de la política del presidente López Obrador, quitándole a sus coligados la mayoría calificada, avanzando en número de diputados y alcanzando 9 alcaldías de la ciudad de México. El panista Marco Cortés, declaró a Milenio: “Morena retrocede al perder su actual mayoría simple, y junto con sus aliados son derrotados al perder la mayoría calificada que tienen en este momento en la Cámara de Diputados”.
Por su lado el priísta “Alito”, pregonó su aumento de curules, sin hablar de la tremenda derrota tricolor en gubernaturas, en tanto que el inefable “Chucho” Jesús Zambrano, haciendo gala de doblez, exclamó que no obtuvieron muchos votos con el fin de salvar la alianza con panistas y tricolores, en aras de resguardar a México. (¡!).
Ante el triunfalismo anterior, el destacado expresidente nacional panista, Gustavo Madero Muñoz, publicó un sincero artículo en el cual afirma que muy poco tienen que celebrar los que buscaban vencer a MORENA y sus aliados; admite que, a pesar de adelantos en su bancada al Congreso, “aunque nos duela…MORENA” y aliados mantienen la mayoría simple que les permite hacer los cambios legales que quieran y elaborar el presupuesto.
Otro relevante blanquiazul, Damián Zepeda, afirma que la “Alianza opositora se autoengaña, nos derrotó Morena” y prosigue exclamando: “repetir una y otra vez una mentira, con eso no se va a convertir en realidad”, por lo que ambos exlíderes exigen actitud autocrítica a los dirigentes panistas y a sus correligionarios. Finalmente, el gobernador blanquiazul Javier Corral, de Chihuahua, escribió sobre el tema: “entre las peores cosas que hay en la política, es el autoengaño” y criticó la actitud triunfalista de los partidos de la Alianza, quienes como vimos, magnificaron y sofisticaron los resultados obtenidos el 6 de junio.
Ante tal panorama, el primer mandatario dijo en una mañanera que siguió a las elecciones: para lograr reformas constitucionales, se puede hablar con el PRI. La respuesta no se hizo esperar, y en tanto que el dirigente priísta manifestó que no romperían su alianza con los panistas, la diputada Dulce Ma. Sauri, expresidenta tricolor, dijo que ellos no son Judas, aludiendo al traidor de los evangelios.
La posición anterior la respondió el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, quien aclaró que hubo dos Judas, el Iscariote, que fue el traidor, y Judas Tadeo, el santo célebre por ser muy milagroso. Por ello buscarán llegar a acuerdos con priistas, pues entre ellos hay muchos que son sensibles a la transformación, es decir, no son Judas traidores.
Esperemos que realmente los panistas dejen su actitud de autocomplacencia, que es igual al autoengaño, y mejor reaccionen con sensatez para que logren mejorar y con ello consolidar la democracia mexicana. Y en cuanto a los tricolores, ojalá y actúen con civismo y verdadera perspectiva de políticos visionarios y nacionalistas, a efecto de que México avance en todos los órdenes.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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