OPINIÓN
Justicia por mano propia
Opinión de Isabel Venegas //
Uno de los logros más grandes del ser humano, más allá de haber llegado a la luna o de crear grandes rascacielos, es el de renunciar a tomar justicia por mano propia. Es natural que se admire mucho más el invento del internet o la evolución de los celulares, pero nada de esto se habría logrado de no haber creado y creído en las instituciones; esas que sirven para fomentar la ciencia, la investigación y por ende la tecnología, más aún, para forjar la conciencia de ciudadanía, la organización social y la lógica del bien común.
Nuestra esencia más primitiva nos orienta a la lucha por la supervivencia, y es normal que active mecanismos de defensa en cuanto se ve atacado por cualquier miedo o ante la acechanza de una agresión. Hoy vivimos inmersos en espacios de gran inseguridad e injusticia, tal parece que no hay políticas esperanzadoras para que esto pueda mejorar, y como en otros gobiernos, los grupos de auto-defensa parecieran tener una justificación: “de algún modo nos tenemos que proteger, porque la autoridad no es capaz de controlar la situación”
¡Obviamente no puede hacerlo! No habría una cantidad suficiente de policías para cuidar a todos los ciudadanos de cada robo, abuso sexual, extorsión, trata de personas y la lista sigue, porque el crimen organizado ha encontrado cómo diversificar su empresa de muchas maneras, aunque en realidad no es tanta la creatividad, solo es una premisa “tomas lo que no es tuyo y lo usas como si sí lo fuera, con un poco de suerte y astucia nadie te va a castigar”
La crítica hacia los cuerpos policiacos, al poder judicial, los políticos con sus partidos, y a casi todas las instituciones, es enormemente generalizada y negativa. La mayoría piensa que no tiene sentido ir a poner una denuncia ante la procuraduría, llegando a un aproximado del 90% de los delitos sin ni siquiera un expediente de investigación abierto, pero por otro lado, te invito a que veas los escritorios y los legajos del 10% que sí lo hace, faltaría quintuplicar el presupuesto para tener más o menos al personal suficiente que diera seguimiento a cada caso y llevar al día esas investigaciones.
¿En qué momento la ciudadanía dejó de creer en las instituciones? En cierto sentido, eso sucedió cuando se empezó a perder la fe en las escuelas. Es lapidaria la frase, ¡pero es real! La escuela es la primera institución con la que te encuentras en la vida; tiene mecanismos de organización social que deberían ser factor de formación con una visión de ciudadanía global, el respeto al otro, en la necesidad de la armonía para el desarrollo óptimo, y por supuesto, en el cumplimiento de las normas básicas para conseguir esos anhelos. Podríamos decir que es el mejor simulador como antesala de la vida. Un niño de preescolar tiene una inmersión de por lo menos 4 horas diarias, 5 días a la semana, y uno de secundaria suele estar entre 6 y 7 horas, conviviendo o aprendiendo a sobrevivir al ambiente.
Si en ese ejercicio de práctica social, los estudiantes observan que las reglas que se han impuesto no operan o no tienen consecuencias, comienza a asumirse una actitud más o menos complaciente con la ilegalidad; tal vez por la necesidad de reducir el índice de reprobación-deserción, o simplemente por no tener conflictos de varios tipos, muchos profesores o directivos omiten la sanción a faltas graves de los estudiantes, a pesar de tener muestras claras de responsabilidad. No se trata de querer enjuiciar a los alumnos, ni querer que vivan en estados de represión, por el contrario ya quedó muy atrás la cultura de la violencia (o por lo menos eso deseamos).
Cuidar el cumplimiento de la normatividad significa hacer un ejercicio de reflexión y apreciación de la ciudadanía. Esa es la verdadera razón de ser de la escuela, generar ese espacio al que sólo se accede con la conciencia y la paz; pero si contrario a eso, y para quitarnos de problemas vamos “perdonando” conductas negativas en los alumnos, permitiendo que infrinjan los reglamentos, descuidando el respeto a sus compañeros y profesores sin consecuencia alguna, tarde o temprano queda grabado ese aprendizaje, negativo y desgraciadamente, muy bien afianzado.
En los fines de la educación que ha trazado el gobierno, habla de la intención de formar individuos que aprecien y respeten la diversidad, que rechacen y combatan toda forma de discriminación y violencia, -para ello- es preciso que los estudiantes aprendan a reconocerse como personas que actúan en lo local, forman parte de una sociedad global y plural, y habitan un planeta cuya preservación es responsabilidad de todos.
Justo ahora estamos cerrando el ciclo escolar 2018-2019, y no es nada sencillo hacer ver a los estudiantes, e incluso a muchos de los padres de familia, que no es tan importante aprobar un curso, como sí lo es llevar una formación sólida para la vida. Entender que el respeto a los demás y a su propiedad privada no es un bonito deseo, sino el mecanismo de organización que se ha querido establecer desde hace años, como la mejor vía para lograr una prosperidad sostenida.
En la Constitución, el artículo 3° (II,C) dice que la educación deberá contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos.
El pasado 22 de Mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe en el que mostraba cómo van a la alza los linchamientos, poniendo de manifiesto cómo la ciudadanía concibe un estado fallido.
La investigación de percepción sobre seguridad ciudadana y convivencia vecinal, mostró cómo el 77% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en golpear a una persona cuando es sorprendida en un acto delictivo.
A dos jóvenes que realizaban un estudio sobre hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz, es decir, que eran “encuestadores” alguien los llamó así, pero otros entendieron la palabra “secuestradores”, la población de la localidad se confundió, y eso bastó para que los lincharan quemándolos vivos, después de haberles propinado una tremenda paliza. Ese absurdo y escalofriante hecho sucedió en el 2015, lo más sorprendente es que ahora la CNDH venga a decir que este tipo de acciones se haya incrementado en los últimos cuatro años.
Los indicadores de una creciente ola de violencia, junto con los resultados de las pruebas académicas, ponen de manifiesto muchas carencias en la formación de los individuos, pero antes de querer linchar a la propia escuela, habrá que darle la mano para que se levante, abrazarla en una figura de reconciliación y ayudarla a retomar el paso.
Ya nadie debería seguir manejando la idea de que la formación escolar es el mecanismo para tener un estado económico mejor (hay quien gana mucho dinero siendo sicario o vendiendo drogas); la escuela es la que debería garantizar que en nuestro país, nadie podría ser ejecutado a media plaza como en el medievo. Este es otro argumento para luchar con todas nuestras fuerzas por cuidar los espacios académicos como el bastión del alma, el ágora para el espíritu.
Que este fin de ciclo y el receso escolar, sirvan para abrir la reflexión a la escuela que queremos; si los niños van felices a la escuela, los maestros tienen el espacio de realización personal y profesional, y la comunidad educativa marcha como debiera, la proyección de esas imágenes positivas, necesariamente irá construyendo el entorno en el que esos egresados habrán de ser los ejecutores de la realidad.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
Junio, 2019
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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Hacia el título de la Zona Norte de la LMB: ¡Qué forma de pelear de Charros!
