OPINIÓN
La bomba de tiempo en EEUU: Un gigantesco huracán en el horizonte
Economía Global, por Alberto Gómez R. //
El pasado jueves 11 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó un nuevo paquete de estímulos económicos por 1.9 billones de dólares, al cumplirse el primer aniversario del confinamiento por la pandemia del coronavirus en el país norteamericano.
A la fecha, han fallecido más de 530 mil habitantes estadounidenses, con más de 29 millones de personas contagiadas en ese país desde el inicio de la pandemia.
Además de los lamentables costos en vidas humanas, el coronavirus se ha manifestado por ser un mal que está acabando con las economías locales y familiares en muchos países alrededor del mundo. Cualquiera que haya sido el origen del virus que ha puesto en jaque al mundo entero, sus efectos siguen siendo devastadores: los millones de fallecidos debido a la enfermedad; los efectos secundarios y secuelas a largo plazo de los enfermos de covid-19, algo de lo que aún no se sabe con certeza; la paralización de la maquinaria de generar riqueza de las economías locales con el cierre temporal –en muchos casos definitiva- de decenas de millones de negocios alrededor del mundo; sectores de la economía cerrados por varios trimestres consecutivos, como la turística internacional, que les ha ocasionado un daño irreparable en muchos casos o que al menos tardarán hasta casi un lustro para recuperarse a los niveles previos a la pandemia; las restricciones para la movilidad humana, que ahora exigen garantías de que no se transporta al virus, y como resultado la casi obligatoriedad de inocularse una vacuna sin efectividad del 100 por ciento, y cuyos protocolos de consecuencias o efectos secundarios han sido dispensados so pretexto de acelerar la apertura de cruces fronterizos o como incentivo para volver a una vida “normal”, cuando eso está infinitamente lejano de ser, como lo comentó el presidente chino Xi Jinping en su discurso inaugural del Foro Económico Mundial –llevado a cabo virtualmente- “el mundo no volverá a ser lo que fue…”; la implantación de medios para monitorear más de cerca a los ciudadanos del mundo en pos de la seguridad biológica, cuyo discurso ha sido mayormente aceptado por las mayorías, azuzados por la pandemia… Sin embargo, el mayor de los daños está siendo y será el de la transferencia de la riqueza de las manos de los trabajadores hacia los grandes jugadores, los dueños del dinero, que son quienes toman las decisiones por más del 99 por ciento de la humanidad.
Durante las crisis suceden esas transferencias de riqueza, ya que son un instrumento de control, y obviamente ese menos del 1 por ciento mundial son quienes las generan a sabiendas del daño que ocasionan, pero que es precisamente mediante ese daño la mejor manera de ejercer el control, apretando el cuello y el estómago de las mayorías.
Las más recientes crisis financieras: la ocasionada por la “burbuja puntocom”, en el período comprendido entre 1997 y 2001, cuando las bolsas de valores occidentales –principalmente de Estados Unidos- tuvieron un rápido aumento de su valor, debido al avance de las empresas vinculadas al nuevo sector digital (internet), y a la nueva economía (basada en el conocimiento). Al paso de algunos meses, la mayoría de estas empresas dejaron de operar o quebraron.
La combinación de un veloz aumento de precios de las acciones, la especulación individual y la gran disponibilidad de capital de riesgo crearon un ambiente exuberante. El estallido de la “burbuja.com” marcó el principio de una relativamente suave, pero larga recesión en las naciones occidentales. En el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2003, desaparecieron casi 5 mil compañías de Internet, por haberse fusionado con otras o por quiebra.
Esta recesión y la creciente pérdida de valor del dinero –dólares estadounidenses para mayor precisión- se fue acumulando hasta encontrar un nuevo punto de fuga en 2008, con la burbuja inmobiliaria y de crédito que venía inflándose en EE.UU., junto con la creación de instrumentos financieros de alto riesgo (derivados), estalló una nueva crisis en 2008 y provocó graves daños a la economía globalizada.
La caída de Lehman Brothers, el banco de inversión que se declaró en bancarrota el 15 de septiembre de 2008, contagió a otras entidades financieras y supuso el inicio de la crisis de las hipotecas subprime. El Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 3.9% en las economías avanzadas, según un informe conjunto del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo.
El mismo informe indica que durante 2007 y 2009 se perdieron más de 27 millones de empleos.
Ahora, en el contexto mundial de la pandemia del coronavirus, se observan síntomas muy reconocibles de las más recientes crisis: precios de las empresas en bolsa sobrevalorados; gran capital de riesgo; volatilidad en los commodities (materias primas o bienes primarios); una altísima especulación financiera, y ahora un alto nivel de circulante (dinero), producto de la sobreimpresión de dólares del banco central de EE.UU., la Fed (Reserva Federal) con la supuesta intención de paliar la tan vapuleada economía del estadounidense promedio.
A diferencia de las anteriores crisis, esta no tiene precedentes ni comparativos debido a su complejidad. Los más de 10 billones de dólares que en EE.UU. se pusieron en circulación tan sólo en 2020, más 1.9 billones que comenzarán a ser repartidos entre la población y empresas, más los estímulos que se acumulen, se convertirán en una bomba de tiempo.
La inyección de liquidez (dinero circulante); las bajas tasas de interés para incentivar la inversión, en niveles nunca antes vistos en la historia -prácticamente con valores negativos- ocultan una hiperinflación que en algún momento se manifestará; y el crecimiento sostenido en el precio de algunos activos duros por el incremento de la demanda como el oro, la plata y las criptomonedas por particulares, pero sobre todo por entidades privadas de gestión de fondos de inversión, vaticinan un gigantesco huracán en el horizonte, gestándose y creciendo.
No es casualidad que algunos de los grandes detractores de las criptomonedas, estén cambiando radicalmente su postura al respecto, tal es el caso de algunos gigantes de las inversiones especulativas; los últimos en sumarse a la fila de interesados han sido BlackRock, el gestor de inversión más grande del mundo; Bank of New York Mellon, el banco más antiguo en Estados Unidos, y JP Morgan, de Jamie Dimon, quien calificara al bitcoin como un “fraude”, pero a quien ahora no le queda alternativa más que involucrarse en la cripto ante el creciente interés de los inversionistas, y para atraer nuevos clientes que buscan refugio en este activo.
El enrarecimiento de los mercados de valores, la incertidumbre financiera mundial, la gigantesca cantidad de estímulos que algunos países están emitiendo aparejado con el crecimiento de sus deudas públicas, y un creciente interés de las personas por informarse sobre lo que ocurre, están teniendo como resultado el continuar apostando -a decir de Paul Tudor Jones- por el caballo más veloz: el Bitcoin, cuyo nuevo histórico de precio alcanzó los $61,700 dólares.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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