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JALISCO

La corresponsabilidad de sus operadores con la justicia: Desconfianza histórica de la sociedad en jueces y abogados

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Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

Este tema, es abordado de manera detallada y profesional en la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concepto, retos y perspectivas» que coordiné junto con el Mtro. Juan Carlos Guerrero Fausto y de la cual me permito compartirles los siguientes planteamientos en razón de los autores.

El acceso a la justicia, como derecho humano, es uno de los objetivos principales de todo sistema democrático. En México, el artículo 17 constitucional plasma explícitamente el derecho a la administración de justicia al establecer que debe ser pronta, completa, imparcial y expedita.

En teoría, los postulados enunciados deben ser cabalmente cumplidos por las autoridades encargadas de la administración de justicia, sin embargo, más allá de las estadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de esa función, el ciudadano como inicio y fin de ese servicio público, tiene una percepción negativa sobre el sistema de justicia y sus juzgadores, aún cuando reconoce su importancia para la existencia del Estado de derecho.

En efecto, la lectura de la obra denominada Los mexicanos vistos por sí mismos (2015), refleja que en la última Encuesta Nacional de Justicia, publicada por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), concretamente en el apartado de “confianza y respeto por los operadores del sistema de justicia”, el Poder Judicial del Estado de Jalisco fue posicionado en el los últimos lugares, de cinco operadores jurídicos públicos evaluados.

Lo anterior concuerda con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, donde se advierte que el nivel de percepción de confianza de la sociedad en los jueces sólo es de 55 por ciento de la población, posicionándose como una de las cuatro instituciones peores evaluadas.

La percepción de la sociedad entonces es de desconfianza, de tardanza, de corrupción e impunidad en las estructuras de impartición de justicia.

Mucho se ha estudiado respecto de la congruencia entre la percepción social y la realidad comprobada, lo que en el Poder Judicial adquiere mayor trascendencia cuando se le tilda de ser uno de los más corruptos y sin embargo no existen denuncias o quejas ante las instancias correspondientes que corroboren suficientemente esa percepción.

Por otra parte, la impunidad, entendida como una acción anómala sin castigo, también adquiere otra dimensión en lo que toca a las instituciones judiciales en razón que son precisamente éstas a las que corresponde aplicar los castigos a las acciones irregulares.

Así, cuando se habla de actos de corrupción que no existen en la estadística y que los pocos que se denuncian no alcanzan a ser sancionados, es lógico que la percepción generalizada sea que no es confiable el tribunal sancionador.

En ese sentido, no obstante que el derecho de acceso a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos a solicitar su impartición, sino que conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los tribunales para que, en los plazos y términos que marcan las leyes y con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su potestad, la realidad en la percepción ciudadana dista mucho del anhelo constitucional.

Ahora bien, en cuanto a la lentitud en los procesos, es necesario destacar que existen otros operadores del derecho, distintos a los funcionarios judiciales que también participan en la celeridad o tardanza de un juicio.

Ciertamente, la desconfianza a los abogados en el litigio se perpetúa generaciones tras generaciones, alimentada de constantes abusos legales, deslealtad procesal, falta de honestidad, abuso de confianza, evidente falta de pericia o conflicto de intereses.

Las consecuencias del abuso o mal uso del derecho por parte del abogado postulante tienen grandes efectos negativos para la sociedad en general, impactando perjudicialmente en el orden público y en la percepción de la justicia, confianza y celeridad procesal.

Para Calamandrei, el origen del descrédito en que ha caído la profesión del abogado estriba en que la falta de valores y el exceso de abogados ha implantado como base de la práctica, la negligencia y la mentira, hasta normalizar la deslealtad entre el mayor sector de abogados litigantes.

Alcanzar una verdadera mejora en el acceso a la justicia sin abordar la participación del abogado postulante resulta insuficiente, puesto que por más extensos que sean los mecanismos de supervisión a los operadores judiciales integrantes de órganos jurisdiccionales, debe atenderse el otro factor del binomio operativo del litigio, esto es, la labor del litigante, pues si impera el despliegue de conductas que redundan en artificios procesales u argumentativos, difícilmente se verán cristalizadas la celeridad procesal y la confianza en la sociedad al sistema de justicia.

Bajo esta línea de pensamiento, en México ha proliferado una cantidad excesiva de egresados que obtienen títulos de abogado y no ha sido atendida la calidad o eficacia en el ejercicio de la profesión que pudiera redundar en un beneficio para la sociedad.

Lo anterior implica que, en muchos casos, desde su egreso, el abogado carece de regulación eficaz que garantice el ejercicio de la profesión de manera responsable, sus requisitos formales son mínimos y poco controlados, hecho que incrementa la posibilidad de estar frente a operadores jurídicos indispensables que no respondan a las demandas sociales, a las exigencias de justicia y mucho menos a los excesos por parte del Estado mexicano.

Dichos factores provocan en muchas de las ocasiones que en el ejercicio profesional, se inmiscuyan intereses netamente económicos que fomentan una judicialización excesiva y colisiona en forma directa con la cultura de la mediación, al introducirse en forma reiterada y como estrategia la presentación de demandas, promociones, incidentes y recursos, buscando cansar a la parte contraria para vencer u obtener un arreglo desproporcional a sabiendas que en sentencia no obtendrían resultados favorables, extendiendo así el juicio por temporalidades excesivas, hecho que desde luego, afecta a los tribunales, virtud de la saturación de trabajo a la que se enfrentan, principalmente los juzgados de primera instancia que se convierten en primeros respondientes, para los que el trabajo acumulado resulta excesivo para la capacidad tanto material como humana con la que cuentan, en este sentido, lidiar con más trabajo verdaderamente innecesario sólo entorpece y dilata el procedimiento, aun cuando para ello se alegue el irrestricto respeto de los derechos fundamentales de audiencia, defensa y debido proceso, que a la postre redundan en la formación de criterios rigoristas que, para evitar una catarsis en el sistema judicial, superpone aspectos de procedencia e interpretaciones que remiten a autorizar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa en momentos determinados, por ejemplo la denominada “técnica del juicio de amparo”.

Esa percepción, no parece haber mejorado al paso de los años, virtud a que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Justicia publicada en 2015, en la que se evalúa entre diversos factores, los índices de confianza de la población a los operadores de justicia, se arrojó como resultado que para los encuestados es preferible evitar los servicios de un abogado, al señalar que solo 20.1 por ciento de estos, equivalente a una de cada cinco personas, ha solicitado sus servicios, además, la encuesta arrojó datos alarmantes, como que, ante la pregunta explícita “si usted tuviera un problema legal, ¿qué preferiría: gastar dinero con un abogado o arreglar las cosas por su cuenta?”, la mayoría de los entrevistados, con 48.6 por ciento, contestó que preferiría arreglarlo por su cuenta, 11.9 confesó no saber, 4.9 preferiría otra opción, sin especificarla, y sólo 34.6 contestó que optaría por gastar en servicios de un abogado.

El ex ministro Gudiño aseguró que el principal problema se desprende de la nula existencia de disposiciones positivas que regulen el ejercicio del litigante, y conscientes de la carencia de responsabilidad prevista por la ley, los abogados postulantes aprovechan dichas lagunas para el abuso del derecho, al burlar en muchas ocasiones el sistema de justicia, lo que resulta en un incremento de desconfianza de la población, al dejar a sus clientes en muchas ocasiones, en un lamentable estado práctico de indefensión.

Con tales datos, es viable ponderar si para la franca mejora en la administración de justicia, basta con reformar a las instituciones encargadas de impartirla y exigir responsabilidad a las y los jueces por su desempeño o en su caso, si es indispensable reformar la manera y las condiciones en que se ejerce la abogacía en la actualidad, que se caracterizan, entre otras circunstancias negativas, por el casi nulo sistema de responsabilidades frente al cliente a que están sujetos los abogados.

Una medida idónea y razonable que estimamos para ello es la colegiación, que en nuestro país desafortunadamente no resulta obligatoria, sin importar los buenos resultados que en otros orbes ha presentado, por ejemplo el de la Barra de Abogados de New York, donde se reconoce la complejidad y depuración de perfiles para el libre ejercicio de la profesión, en el que, incluso, egresados de prestigiados institutos educativos como Harvard y Columbia, lo reprueban, provocando una capacitación constante del abogado para obtener la autorización profesional con altos estándares de calidad.

Resulta claro entonces, que todos y cada uno de los integrantes del sistema de administración de justicia, al encontrarse inmersos en el aparato estatal, deben ser regulados de forma exhaustiva, que su capacitación debe ser constante y su proceder ético, lo que se verá reflejado en resoluciones jurisdiccionales de alta calidad, con un gran nivel de entendimiento del derecho y su argumentación, dentro del plazo que fijan las leyes.

Por lo anterior, todo proyecto de mejora al Poder Judicial debe ser analizado, debatido y enriquecido por el aparato de impartición de justicia en su totalidad, es decir, sin perder de vista la incidencia directa que tienen los operadores del derecho como los servidores públicos judiciales, pero especialmente el abogado litigante que debe participar aportando sus conocimientos y experiencia en la discusión de los proyectos, puesto que su función también corresponde a una labor de interés público y su correcta formación es obligada para el correcto planteamiento de los asuntos, lo cual tiene vinculación directa en la operatividad del mandato constitucional de justicia pronta, completa, imparcial y expedita, al ser integrantes corresponsables en la función de impartir justicia.

En próximas fechas me permitiré compartirles más detalles sobre la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concepto, retos y perspectivas”.

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JALISCO

Proponen reforma penal en Jalisco para castigar fabricación de pruebas falsas

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Por Francisco Junco

La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.

La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.

Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.

Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.

La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.

Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.

Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.

El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.

También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.

“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.

La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.

“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.

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JALISCO

Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís

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Por Mario Ávila 

Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.

En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.

Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.

Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.

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JALISCO

Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco

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– Por Francisco Junco

El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.

Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.

El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.

“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.

El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.

“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.

El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.

Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.

Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.

“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.

Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.

“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.

En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.

“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.

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