Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

Este tema, es abordado de manera detallada y profesional en la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concepto, retos y perspectivas» que coordiné junto con el Mtro. Juan Carlos Guerrero Fausto y de la cual me permito compartirles los siguientes planteamientos en razón de los autores.

El acceso a la justicia, como derecho humano, es uno de los objetivos principales de todo sistema democrático. En México, el artículo 17 constitucional plasma explícitamente el derecho a la administración de justicia al establecer que debe ser pronta, completa, imparcial y expedita.

En teoría, los postulados enunciados deben ser cabalmente cumplidos por las autoridades encargadas de la administración de justicia, sin embargo, más allá de las estadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de esa función, el ciudadano como inicio y fin de ese servicio público, tiene una percepción negativa sobre el sistema de justicia y sus juzgadores, aún cuando reconoce su importancia para la existencia del Estado de derecho.

En efecto, la lectura de la obra denominada Los mexicanos vistos por sí mismos (2015), refleja que en la última Encuesta Nacional de Justicia, publicada por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), concretamente en el apartado de “confianza y respeto por los operadores del sistema de justicia”, el Poder Judicial del Estado de Jalisco fue posicionado en el los últimos lugares, de cinco operadores jurídicos públicos evaluados.

Lo anterior concuerda con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, donde se advierte que el nivel de percepción de confianza de la sociedad en los jueces sólo es de 55 por ciento de la población, posicionándose como una de las cuatro instituciones peores evaluadas.

La percepción de la sociedad entonces es de desconfianza, de tardanza, de corrupción e impunidad en las estructuras de impartición de justicia.

Mucho se ha estudiado respecto de la congruencia entre la percepción social y la realidad comprobada, lo que en el Poder Judicial adquiere mayor trascendencia cuando se le tilda de ser uno de los más corruptos y sin embargo no existen denuncias o quejas ante las instancias correspondientes que corroboren suficientemente esa percepción.

Por otra parte, la impunidad, entendida como una acción anómala sin castigo, también adquiere otra dimensión en lo que toca a las instituciones judiciales en razón que son precisamente éstas a las que corresponde aplicar los castigos a las acciones irregulares.

Así, cuando se habla de actos de corrupción que no existen en la estadística y que los pocos que se denuncian no alcanzan a ser sancionados, es lógico que la percepción generalizada sea que no es confiable el tribunal sancionador.

En ese sentido, no obstante que el derecho de acceso a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos a solicitar su impartición, sino que conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los tribunales para que, en los plazos y términos que marcan las leyes y con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su potestad, la realidad en la percepción ciudadana dista mucho del anhelo constitucional.

Ahora bien, en cuanto a la lentitud en los procesos, es necesario destacar que existen otros operadores del derecho, distintos a los funcionarios judiciales que también participan en la celeridad o tardanza de un juicio.

Ciertamente, la desconfianza a los abogados en el litigio se perpetúa generaciones tras generaciones, alimentada de constantes abusos legales, deslealtad procesal, falta de honestidad, abuso de confianza, evidente falta de pericia o conflicto de intereses.

Las consecuencias del abuso o mal uso del derecho por parte del abogado postulante tienen grandes efectos negativos para la sociedad en general, impactando perjudicialmente en el orden público y en la percepción de la justicia, confianza y celeridad procesal.

Para Calamandrei, el origen del descrédito en que ha caído la profesión del abogado estriba en que la falta de valores y el exceso de abogados ha implantado como base de la práctica, la negligencia y la mentira, hasta normalizar la deslealtad entre el mayor sector de abogados litigantes.

Alcanzar una verdadera mejora en el acceso a la justicia sin abordar la participación del abogado postulante resulta insuficiente, puesto que por más extensos que sean los mecanismos de supervisión a los operadores judiciales integrantes de órganos jurisdiccionales, debe atenderse el otro factor del binomio operativo del litigio, esto es, la labor del litigante, pues si impera el despliegue de conductas que redundan en artificios procesales u argumentativos, difícilmente se verán cristalizadas la celeridad procesal y la confianza en la sociedad al sistema de justicia.

Bajo esta línea de pensamiento, en México ha proliferado una cantidad excesiva de egresados que obtienen títulos de abogado y no ha sido atendida la calidad o eficacia en el ejercicio de la profesión que pudiera redundar en un beneficio para la sociedad.

Lo anterior implica que, en muchos casos, desde su egreso, el abogado carece de regulación eficaz que garantice el ejercicio de la profesión de manera responsable, sus requisitos formales son mínimos y poco controlados, hecho que incrementa la posibilidad de estar frente a operadores jurídicos indispensables que no respondan a las demandas sociales, a las exigencias de justicia y mucho menos a los excesos por parte del Estado mexicano.

Dichos factores provocan en muchas de las ocasiones que en el ejercicio profesional, se inmiscuyan intereses netamente económicos que fomentan una judicialización excesiva y colisiona en forma directa con la cultura de la mediación, al introducirse en forma reiterada y como estrategia la presentación de demandas, promociones, incidentes y recursos, buscando cansar a la parte contraria para vencer u obtener un arreglo desproporcional a sabiendas que en sentencia no obtendrían resultados favorables, extendiendo así el juicio por temporalidades excesivas, hecho que desde luego, afecta a los tribunales, virtud de la saturación de trabajo a la que se enfrentan, principalmente los juzgados de primera instancia que se convierten en primeros respondientes, para los que el trabajo acumulado resulta excesivo para la capacidad tanto material como humana con la que cuentan, en este sentido, lidiar con más trabajo verdaderamente innecesario sólo entorpece y dilata el procedimiento, aun cuando para ello se alegue el irrestricto respeto de los derechos fundamentales de audiencia, defensa y debido proceso, que a la postre redundan en la formación de criterios rigoristas que, para evitar una catarsis en el sistema judicial, superpone aspectos de procedencia e interpretaciones que remiten a autorizar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa en momentos determinados, por ejemplo la denominada “técnica del juicio de amparo”.

Esa percepción, no parece haber mejorado al paso de los años, virtud a que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Justicia publicada en 2015, en la que se evalúa entre diversos factores, los índices de confianza de la población a los operadores de justicia, se arrojó como resultado que para los encuestados es preferible evitar los servicios de un abogado, al señalar que solo 20.1 por ciento de estos, equivalente a una de cada cinco personas, ha solicitado sus servicios, además, la encuesta arrojó datos alarmantes, como que, ante la pregunta explícita “si usted tuviera un problema legal, ¿qué preferiría: gastar dinero con un abogado o arreglar las cosas por su cuenta?”, la mayoría de los entrevistados, con 48.6 por ciento, contestó que preferiría arreglarlo por su cuenta, 11.9 confesó no saber, 4.9 preferiría otra opción, sin especificarla, y sólo 34.6 contestó que optaría por gastar en servicios de un abogado.

El ex ministro Gudiño aseguró que el principal problema se desprende de la nula existencia de disposiciones positivas que regulen el ejercicio del litigante, y conscientes de la carencia de responsabilidad prevista por la ley, los abogados postulantes aprovechan dichas lagunas para el abuso del derecho, al burlar en muchas ocasiones el sistema de justicia, lo que resulta en un incremento de desconfianza de la población, al dejar a sus clientes en muchas ocasiones, en un lamentable estado práctico de indefensión.

Con tales datos, es viable ponderar si para la franca mejora en la administración de justicia, basta con reformar a las instituciones encargadas de impartirla y exigir responsabilidad a las y los jueces por su desempeño o en su caso, si es indispensable reformar la manera y las condiciones en que se ejerce la abogacía en la actualidad, que se caracterizan, entre otras circunstancias negativas, por el casi nulo sistema de responsabilidades frente al cliente a que están sujetos los abogados.

Una medida idónea y razonable que estimamos para ello es la colegiación, que en nuestro país desafortunadamente no resulta obligatoria, sin importar los buenos resultados que en otros orbes ha presentado, por ejemplo el de la Barra de Abogados de New York, donde se reconoce la complejidad y depuración de perfiles para el libre ejercicio de la profesión, en el que, incluso, egresados de prestigiados institutos educativos como Harvard y Columbia, lo reprueban, provocando una capacitación constante del abogado para obtener la autorización profesional con altos estándares de calidad.

Resulta claro entonces, que todos y cada uno de los integrantes del sistema de administración de justicia, al encontrarse inmersos en el aparato estatal, deben ser regulados de forma exhaustiva, que su capacitación debe ser constante y su proceder ético, lo que se verá reflejado en resoluciones jurisdiccionales de alta calidad, con un gran nivel de entendimiento del derecho y su argumentación, dentro del plazo que fijan las leyes.

Por lo anterior, todo proyecto de mejora al Poder Judicial debe ser analizado, debatido y enriquecido por el aparato de impartición de justicia en su totalidad, es decir, sin perder de vista la incidencia directa que tienen los operadores del derecho como los servidores públicos judiciales, pero especialmente el abogado litigante que debe participar aportando sus conocimientos y experiencia en la discusión de los proyectos, puesto que su función también corresponde a una labor de interés público y su correcta formación es obligada para el correcto planteamiento de los asuntos, lo cual tiene vinculación directa en la operatividad del mandato constitucional de justicia pronta, completa, imparcial y expedita, al ser integrantes corresponsables en la función de impartir justicia.

En próximas fechas me permitiré compartirles más detalles sobre la obra colectiva “Gobernanza Judicial: concepto, retos y perspectivas”.