OPINIÓN
La crisis geopolítica de Eurasia, impactos en la economía global: «No debe haber más expansión de la OTAN», Putin
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
En el horizonte global continúan conformándose nubarrones que presagian una tormenta de colosales dimensiones para el mediano plazo, que puede llevar a la humanidad al escenario más temido durante décadas: una guerra termonuclear.
Las tensiones en Eurasia siguen creciendo y los discursos de los líderes de las superpotencias se endurecen cada vez más, al tiempo que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) avanza hacia las fronteras territoriales de Rusia y China.
La primera cumbre de la OTAN en la era de Joe Biden, llevada a cabo en enero del 2021, colocó a China en la lista de principales desafíos junto al tradicional rival que era Rusia. La Alianza, además, estableció una nueva línea de defensa contra el riesgo de ciberataques a la vista del creciente número de incidentes y agresiones procedentes, en muchas ocasiones, de territorio ruso. Los 30 aliados occidentales entran así en una nueva etapa marcada por el impulso del nuevo presidente de Estados Unidos y por la necesidad de afrontar un escenario geoestratégico muy inestable y plagado de amenazas híbridas que van más allá de la estrategia militar tradicional.
Con la llegada de Joseph Biden a la Casa Blanca se anticipaba una nueva era de confrontaciones con las nuevas potencias –Rusia y China- que arrebataron a EEUU su hegemónico poderío y unilateralismo que tanto daño ha ocasionado a los países en vías de desarrollo y a los que osaron desafiar a esa otrora inigualable fuerza militar que tenía el poder de derrocar gobiernos y gobernantes genuina y democráticamente electos, manipulando a la opinión pública internacional para etiquetarlos de “terroristas”, “amenazas para la democracia internacional”, “obstáculos para la paz”, y “comunistas”, como los casos de Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Líbano, Panamá, Egipto, Siria, Afganistán, Irak, Libia, Túnez, Marruecos, Palestina, Barein, Somalia… sólo por mencionar algunos.
En las dos décadas más recientes esa ambición se ha situado en África y Eurasia; en el primero con la intención de apoderarse de sus inconmensurables recursos naturales que representan el botín que puede ser su salvación ante el precipicio económico-financiero que enfrenta, y del segundo por su estratégica posición geográfica desde donde podría tener el control del paso de Oriente a Occidente y cercar a sus dos principales rivales: Rusia y China; es por ello que Washington se ha enfocado en desestabilizar esa zona geográfica en años recientes, alienando gobiernos de los países de la extinta Unión Soviética –Estonia, Letonia, Lituania- o que formaban parte del bloque del Este (países europeos aliados de la Unión Soviética) como Albania, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Montenegro, Polonia, República Checa, Rumania, que ahora han sido sumados a ser aliados de EE.UU. como parte de la OTAN, mediante la compra de voluntades políticas de gobernantes inescrupulosos que eligen su avaricia antes que el bien común de sus conciudadanos, o bien, siendo vilipendiados por las mass media, y derrocados o expulsados si no pueden ser sometidos, para luego imponer en su lugar títeres políticos afines a los intereses imperialistas occidentales.
Tan sólo en 2021 se produjeron siete (7) golpes de Estado en el mundo, de los cuales solo uno (Myanmar) no ha ocurrido en África. De los seis africanos, cuatro han tenido éxito (Sudán, Mali, Guinea-Conakry y Chad) y dos han fracasado (Níger y Sudán en septiembre).
La reducción del número de golpes de Estado en las últimas dos décadas se había atribuido a los avances democráticos de muchos países africanos, pero algunos analistas alertan de que este proceso de democratización liberal ocultaba retrocesos igualmente significativos. Algunas de estas contradicciones incluyen, por ejemplo, el florecimiento de partidos políticos con un marcado carácter étnico, el enraizamiento de la corrupción en democracias aún débiles o un ensanchamiento de la desigualdad pese al contexto de crecimiento económico.
“Un golpe de Estado militar nunca es una buena señal y las condenas internacionales son necesarias, pero insuficientes”, asegura Gilles Yabi, coordinador del centro de investigación africano Wathi, “la mejor manera de evitarlos es no crear las condiciones para que sean posibles. Los militares saben que la clave para mantenerse en el poder no es solo triunfar desde el punto de vista operacional, sino verse dotados de una cierta legitimidad”. En Malí y Guinea-Conakry, por ejemplo, la población celebró de manera mayoritaria los recientes golpes de Estado en un contexto de fuerte deterioro democrático y corrupción.
Según una encuesta realizada entre 2019 y 2020 por el Afrobarometer en 18 países de África subsahariana, un 59% de los encuestados percibía que la corrupción había aumentado en su país en el último año, y el 64% opinaba que no se estaba haciendo nada para atajarla. No es que los africanos amen las dictaduras militares, es que ante gobernantes que se aferran al poder, fuerzan su Constitución o imponen el nepotismo y el mal gobierno sin dar ninguna opción a una alternancia democrática, los militares emergen como la única opción de cambio. “No se pasa del autoritarismo a la democracia en unos pocos años, sabíamos que esta batalla no estaba ganada. Pero el retroceso reciente no es exclusivo del continente, lo vemos en todo el mundo”, añade Yabi. (elpais.com)
En el contexto actual de un incontrolable miedo global por la pandemia del covid-19, resulta fácil ocultar la realidad de lo que sucede fuera de los reflectores de los contagios y sus consecuencias, pero las ambiciones de poder y control absolutos no han cesado, al contrario, lejos de aminorarse se han facilitado al tener a buena parte de la población mundial estática y sometida por las supuestas medidas sanitarias, las restricciones de movilidad y el grave deterioro económico generalizado, ahora acentuado por una incipiente hiperinflación, que será el punto de inflexión para las sociedades de muchos países del orbe, llegando a una situación en la que tendrán que decidir entre la esclavitud y el control, o ponerse de pie y resistir los embates de quienes detentan el poder, ese menos del 1% que poseía más del doble de la riqueza total conjunta del resto de la humanidad, según el informe de enero de 2020 de la Oxfam, pero que, a partir de la pandemia del covid-19 esta desigualdad se acentuó, aumentando la pobreza mundial, y aumentando el número de milmillonarios en el mundo.
Tan sólo en 2020, la fortuna de tres de los hombres más ricos del mundo creció inusitadamente, como ejemplos: Mark Zuckerberg, de Facebook –ahora Meta- 34%; la de Jeff Bezos, fundador de Amazon 69%; Elon Musk, de Tesla, 482%.
Las inmensas fortunas de las élites político-económicas de Estados Unidos tienen su base y origen en la industria militar en gran medida. Las grandes empresas tecnológicas –la mayoría de ellas cotizadas en el Nasdaq- han crecido exponencialmente debido a contratos con las agencias militares o de inteligencia del gobierno de aquel país.
Estados Unidos es un país imperialista, guerrero, que forjó su poderío a través de intervenciones bélicas internacionales desde finales del siglo XIX. Sin embargo, los imperios no son eternos y sus ciclos de vida se acortan cada vez más, según la historia lo demuestra; es por ello que la aún potencia anglosajona está urgida de crear nuevas guerras, propiciando desestabilización en distintas zonas del orbe, como es el caso de Eurasia, y específicamente en fechas recientes a través de la república de Kazajistán, infiltrando movimientos sociales seudo-democráticos, implementando las mismas fórmulas y herramientas que les han sido útiles y exitosas desde hace décadas.
Sin embargo, en esta ocasión hay importantes diferencias a considerar, y que son factores que los halcones de Washington deberían evaluar detenidamente más allá de su ambición del avance en el cerco que pretenden estrechar sobre Rusia, específicamente a través de Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia, y Georgia, en los que ha provocado disturbios político-sociales a través de la manipulación mediática e infiltración de movimientos pro-occidentales anti-rusos auspiciados por ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que son los brazos operativos y financieros de las élites de poder occidentales.
El presidente ruso, Vladimir Putin, conoce perfectamente bien las artimañas de sus rivales y enemigos, y es por ello que ha actuado de manera rápida y efectiva para sofocar brotes de inestabilidad que representan una amenaza para Rusia.
LA POSICIÓN DE PUTIN
En diciembre del 2021, durante su conferencia de prensa anual, Vladimir Putin instó a los países de Occidente a satisfacer su demanda para tener garantías de seguridad que impidan la expansión de la OTAN a Ucrania y el despliegue armamentístico y militar en el este de Europa.
“Lo ponemos claro: no debe haber más expansión de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Fuimos nosotros los que desplegamos misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? No. Es Estados Unidos quien vino con sus misiles a la puerta de nuestra casa. ¿Es acaso una demanda escandalosa dejar de desplegar sistemas de misiles cerca de nuestra casa?”, dijo Putin el jueves 23 de diciembre.
Putin aseguró que la OTAN ha “engañado” a Rusia con cinco “oleadas de expansión” desde la Guerra Fría.
“‘Ni una pulgada hacia el este’ fue lo que nos dijeron en la década de 1990. ¿Y qué sucedió? Fuimos engañados descaradamente. Hubo cinco oleadas de expansión de la OTAN. Y ahora, sistemas (de misiles) están apareciendo en Polonia y Rumanía. De eso estamos hablando. Deben entender que no somos nosotros los que estamos amenazando. No llegamos a las fronteras de Estados Unidos o Reino Unido. Ustedes vinieron a nosotros. Y ahora nos están diciendo que Ucrania también estará en la OTAN”, declaró Putin.
Luego de esta declaración, el mandatario ruso se preguntó: “¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si de repente desplegáramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera entre México y Estados Unidos? (…) A veces parece que vivimos en mundos diferentes”, agregó. (france24.com)
Al tiempo que las tensiones internacionales crecen, los precios de los energéticos siguen en aumento; la escala de precios de los hidrocarburos, y su impacto en la cadena de suministros, aceleran el desencadenamiento de una casi inevitable hiperinflación global.
(…continuará…)
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
Se rasga bandera gigante en Guanajuato
