OPINIÓN
La crisis geopolítica de Eurasia, impactos en la economía global: «No debe haber más expansión de la OTAN», Putin
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
En el horizonte global continúan conformándose nubarrones que presagian una tormenta de colosales dimensiones para el mediano plazo, que puede llevar a la humanidad al escenario más temido durante décadas: una guerra termonuclear.
Las tensiones en Eurasia siguen creciendo y los discursos de los líderes de las superpotencias se endurecen cada vez más, al tiempo que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) avanza hacia las fronteras territoriales de Rusia y China.
La primera cumbre de la OTAN en la era de Joe Biden, llevada a cabo en enero del 2021, colocó a China en la lista de principales desafíos junto al tradicional rival que era Rusia. La Alianza, además, estableció una nueva línea de defensa contra el riesgo de ciberataques a la vista del creciente número de incidentes y agresiones procedentes, en muchas ocasiones, de territorio ruso. Los 30 aliados occidentales entran así en una nueva etapa marcada por el impulso del nuevo presidente de Estados Unidos y por la necesidad de afrontar un escenario geoestratégico muy inestable y plagado de amenazas híbridas que van más allá de la estrategia militar tradicional.
Con la llegada de Joseph Biden a la Casa Blanca se anticipaba una nueva era de confrontaciones con las nuevas potencias –Rusia y China- que arrebataron a EEUU su hegemónico poderío y unilateralismo que tanto daño ha ocasionado a los países en vías de desarrollo y a los que osaron desafiar a esa otrora inigualable fuerza militar que tenía el poder de derrocar gobiernos y gobernantes genuina y democráticamente electos, manipulando a la opinión pública internacional para etiquetarlos de “terroristas”, “amenazas para la democracia internacional”, “obstáculos para la paz”, y “comunistas”, como los casos de Brasil, Argentina, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Líbano, Panamá, Egipto, Siria, Afganistán, Irak, Libia, Túnez, Marruecos, Palestina, Barein, Somalia… sólo por mencionar algunos.
En las dos décadas más recientes esa ambición se ha situado en África y Eurasia; en el primero con la intención de apoderarse de sus inconmensurables recursos naturales que representan el botín que puede ser su salvación ante el precipicio económico-financiero que enfrenta, y del segundo por su estratégica posición geográfica desde donde podría tener el control del paso de Oriente a Occidente y cercar a sus dos principales rivales: Rusia y China; es por ello que Washington se ha enfocado en desestabilizar esa zona geográfica en años recientes, alienando gobiernos de los países de la extinta Unión Soviética –Estonia, Letonia, Lituania- o que formaban parte del bloque del Este (países europeos aliados de la Unión Soviética) como Albania, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Montenegro, Polonia, República Checa, Rumania, que ahora han sido sumados a ser aliados de EE.UU. como parte de la OTAN, mediante la compra de voluntades políticas de gobernantes inescrupulosos que eligen su avaricia antes que el bien común de sus conciudadanos, o bien, siendo vilipendiados por las mass media, y derrocados o expulsados si no pueden ser sometidos, para luego imponer en su lugar títeres políticos afines a los intereses imperialistas occidentales.
Tan sólo en 2021 se produjeron siete (7) golpes de Estado en el mundo, de los cuales solo uno (Myanmar) no ha ocurrido en África. De los seis africanos, cuatro han tenido éxito (Sudán, Mali, Guinea-Conakry y Chad) y dos han fracasado (Níger y Sudán en septiembre).
La reducción del número de golpes de Estado en las últimas dos décadas se había atribuido a los avances democráticos de muchos países africanos, pero algunos analistas alertan de que este proceso de democratización liberal ocultaba retrocesos igualmente significativos. Algunas de estas contradicciones incluyen, por ejemplo, el florecimiento de partidos políticos con un marcado carácter étnico, el enraizamiento de la corrupción en democracias aún débiles o un ensanchamiento de la desigualdad pese al contexto de crecimiento económico.
“Un golpe de Estado militar nunca es una buena señal y las condenas internacionales son necesarias, pero insuficientes”, asegura Gilles Yabi, coordinador del centro de investigación africano Wathi, “la mejor manera de evitarlos es no crear las condiciones para que sean posibles. Los militares saben que la clave para mantenerse en el poder no es solo triunfar desde el punto de vista operacional, sino verse dotados de una cierta legitimidad”. En Malí y Guinea-Conakry, por ejemplo, la población celebró de manera mayoritaria los recientes golpes de Estado en un contexto de fuerte deterioro democrático y corrupción.
Según una encuesta realizada entre 2019 y 2020 por el Afrobarometer en 18 países de África subsahariana, un 59% de los encuestados percibía que la corrupción había aumentado en su país en el último año, y el 64% opinaba que no se estaba haciendo nada para atajarla. No es que los africanos amen las dictaduras militares, es que ante gobernantes que se aferran al poder, fuerzan su Constitución o imponen el nepotismo y el mal gobierno sin dar ninguna opción a una alternancia democrática, los militares emergen como la única opción de cambio. “No se pasa del autoritarismo a la democracia en unos pocos años, sabíamos que esta batalla no estaba ganada. Pero el retroceso reciente no es exclusivo del continente, lo vemos en todo el mundo”, añade Yabi. (elpais.com)
En el contexto actual de un incontrolable miedo global por la pandemia del covid-19, resulta fácil ocultar la realidad de lo que sucede fuera de los reflectores de los contagios y sus consecuencias, pero las ambiciones de poder y control absolutos no han cesado, al contrario, lejos de aminorarse se han facilitado al tener a buena parte de la población mundial estática y sometida por las supuestas medidas sanitarias, las restricciones de movilidad y el grave deterioro económico generalizado, ahora acentuado por una incipiente hiperinflación, que será el punto de inflexión para las sociedades de muchos países del orbe, llegando a una situación en la que tendrán que decidir entre la esclavitud y el control, o ponerse de pie y resistir los embates de quienes detentan el poder, ese menos del 1% que poseía más del doble de la riqueza total conjunta del resto de la humanidad, según el informe de enero de 2020 de la Oxfam, pero que, a partir de la pandemia del covid-19 esta desigualdad se acentuó, aumentando la pobreza mundial, y aumentando el número de milmillonarios en el mundo.
Tan sólo en 2020, la fortuna de tres de los hombres más ricos del mundo creció inusitadamente, como ejemplos: Mark Zuckerberg, de Facebook –ahora Meta- 34%; la de Jeff Bezos, fundador de Amazon 69%; Elon Musk, de Tesla, 482%.
Las inmensas fortunas de las élites político-económicas de Estados Unidos tienen su base y origen en la industria militar en gran medida. Las grandes empresas tecnológicas –la mayoría de ellas cotizadas en el Nasdaq- han crecido exponencialmente debido a contratos con las agencias militares o de inteligencia del gobierno de aquel país.
Estados Unidos es un país imperialista, guerrero, que forjó su poderío a través de intervenciones bélicas internacionales desde finales del siglo XIX. Sin embargo, los imperios no son eternos y sus ciclos de vida se acortan cada vez más, según la historia lo demuestra; es por ello que la aún potencia anglosajona está urgida de crear nuevas guerras, propiciando desestabilización en distintas zonas del orbe, como es el caso de Eurasia, y específicamente en fechas recientes a través de la república de Kazajistán, infiltrando movimientos sociales seudo-democráticos, implementando las mismas fórmulas y herramientas que les han sido útiles y exitosas desde hace décadas.
Sin embargo, en esta ocasión hay importantes diferencias a considerar, y que son factores que los halcones de Washington deberían evaluar detenidamente más allá de su ambición del avance en el cerco que pretenden estrechar sobre Rusia, específicamente a través de Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia, y Georgia, en los que ha provocado disturbios político-sociales a través de la manipulación mediática e infiltración de movimientos pro-occidentales anti-rusos auspiciados por ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que son los brazos operativos y financieros de las élites de poder occidentales.
El presidente ruso, Vladimir Putin, conoce perfectamente bien las artimañas de sus rivales y enemigos, y es por ello que ha actuado de manera rápida y efectiva para sofocar brotes de inestabilidad que representan una amenaza para Rusia.
LA POSICIÓN DE PUTIN
En diciembre del 2021, durante su conferencia de prensa anual, Vladimir Putin instó a los países de Occidente a satisfacer su demanda para tener garantías de seguridad que impidan la expansión de la OTAN a Ucrania y el despliegue armamentístico y militar en el este de Europa.
“Lo ponemos claro: no debe haber más expansión de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Fuimos nosotros los que desplegamos misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? No. Es Estados Unidos quien vino con sus misiles a la puerta de nuestra casa. ¿Es acaso una demanda escandalosa dejar de desplegar sistemas de misiles cerca de nuestra casa?”, dijo Putin el jueves 23 de diciembre.
Putin aseguró que la OTAN ha “engañado” a Rusia con cinco “oleadas de expansión” desde la Guerra Fría.
“‘Ni una pulgada hacia el este’ fue lo que nos dijeron en la década de 1990. ¿Y qué sucedió? Fuimos engañados descaradamente. Hubo cinco oleadas de expansión de la OTAN. Y ahora, sistemas (de misiles) están apareciendo en Polonia y Rumanía. De eso estamos hablando. Deben entender que no somos nosotros los que estamos amenazando. No llegamos a las fronteras de Estados Unidos o Reino Unido. Ustedes vinieron a nosotros. Y ahora nos están diciendo que Ucrania también estará en la OTAN”, declaró Putin.
Luego de esta declaración, el mandatario ruso se preguntó: “¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si de repente desplegáramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera entre México y Estados Unidos? (…) A veces parece que vivimos en mundos diferentes”, agregó. (france24.com)
Al tiempo que las tensiones internacionales crecen, los precios de los energéticos siguen en aumento; la escala de precios de los hidrocarburos, y su impacto en la cadena de suministros, aceleran el desencadenamiento de una casi inevitable hiperinflación global.
(…continuará…)
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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