OPINIÓN
La crisis que vive el mundo: La pesadilla globalizadora vs el sueño bolivariano
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
Aunque el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) 2022 tuvo relativo éxito por el sólo hecho de volverse a reunir las élites económicas y políticas del mundo, luego de una pausa de dos años por la pandemia, no dejaron de aparecer posturas contrastantes de algunos invitados al Foro.
Por una parte, esta edición del evento procuró promover el regreso a la moribunda globalización, argumentando que se iba por buen camino y que durante los años que vivió, se lograron grandes avances en la lucha contra la desigualdad económica y disminuir los niveles de pobreza mundial.
La pandemia y las rupturas en las cadenas de suministro han provocado una revisión de la globalización agudizada por las tensiones geopolíticas derivadas de la agresión rusa a Ucrania. «Debemos resistir la fragmentación geoeconómica. Sólo la cooperación internacional puede abordar problemas mundiales urgentes como solucionar la escasez de alimentos y otros productos, eliminar las barreras al crecimiento y salvar nuestro clima», asegura la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, antes de intervenir este lunes en el Foro. Esta fragmentación «dañaría a todos sea cual sea su renta».
En un artículo junto a sus colaboradores, la búlgara hace un resumen desolador de la situación: «La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha agravado la pandemia de Covid-19, una crisis sobre otra, devastando vidas, arrastrando el crecimiento y haciendo subir la inflación. Los elevados precios de los alimentos y la energía están afectando a los hogares de todo el mundo».
En paralelo, «el endurecimiento de las condiciones financieras está presionando aún más a las naciones, empresas y familias altamente endeudadas. Y los países y las empresas están reevaluando las cadenas de suministro mundiales en medio de las persistentes interrupciones».
Agrega: «Si a esto le añadimos el aumento de la volatilidad en los mercados financieros y la amenaza continua del cambio climático, nos enfrentamos a un cúmulo de calamidades» que, en su opinión, someten «a la economía mundial a su prueba más difícil desde la Segunda Guerra Mundial».
La formación de bloques tras la guerra en Ucrania golpea la globalización, pero ya venía arrastrando problemas, según admite Georgieva. Sólo la incertidumbre en torno a ella en 2019 recortó en un punto el crecimiento de la economía mundial y actualmente «unos 30 países han restringido el comercio de alimentos, energía y otros productos básicos clave».
¿Cómo evitar este regreso al proteccionismo? El FMI recuerda el éxito de la globalización: «En las últimas tres décadas, los flujos de capital, bienes, servicios y personas han transformado nuestro mundo, ayudados por la difusión de nuevas tecnologías e ideas. Estas fuerzas de integración han impulsado la productividad y el nivel de vida, triplicando el tamaño de la economía mundial y sacando a 1.300 millones de personas de la pobreza extrema». Pero también admiten problemas que en el Foro, incluidos tiburones de Wall Street como Ray Dalio, asumen que hay que afrontar para que no se derrumbe el sistema. «Las desigualdades de ingresos, riqueza y oportunidades han seguido empeorando dentro de demasiados países durante mucho tiempo, y también entre países en los últimos años. Las personas se han quedado atrás a medida que las industrias tenían que adaptarse en medio de la competencia mundial», afirma la directora gerente del FMI. (elmundo.es)
La globalización, un complejo concepto que tanto prometió durante su época de difusión y expansión, tuvo argumentos convincentes que coadyuvaron en su implantación; sin embargo la realidad ha sido muy distinta a lo pregonado por sus precursores.
Noam Chomsky, uno de los intelectuales más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, definía en 2005 a la globalización:
“Primero aclaremos el concepto. Si usamos el término de forma neutra, «globalización» significa simplemente la integración internacional, sea o no bienvenida, dependiendo de las consecuencias. En los sistemas doctrinales de Occidente, predominantes en el resto del mundo debido al poder occidental, el término tiene un significado ligeramente diferente y más restringido: hace referencia a ciertas formas específicas de integración internacional cuya implantación ha sido promovida con especial intensidad en los últimos 25 años. Esta integración está concebida sobre todo en beneficio de ciertas concentraciones de poder privado; los intereses de todos los demás implicados son incidentales. Una vez establecida la terminología, la gran masa de la población mundial opuesta a estos programas puede ser categorizada como «antiglobalización», como se hace siempre. La fuerza de la ideología y del poder es de tal magnitud que la gente acepta incluso esta designación ridícula. Se les puede llamar «primitivistas» que quieren regresar a la «Edad de Piedra» para perjudicar a los pobres, y otros términos insultantes a los que ya estamos acostumbrados.
Esta es la manera en que cabe esperar que funcione un sistema de propaganda bien enfocado en su tarea, pero no deja de ser sorprendente en el sentido de que resulta tan eficaz que hasta sus víctimas lo aceptan, y no deberían. Ninguna persona en su sano juicio se opondría a la globalización. La cuestión es en qué forma se adopta.
La forma específica de integración internacional que se está promoviendo se llama «neoliberal», pero esto también es altamente engañoso. No se trata de orientaciones «nuevas» y de ninguna manera son «liberales».
Con el tiempo, tras una evolución que sin duda hubiera horrorizado a los fundadores del liberalismo clásico, un radical activismo judicial logró que las empresas adquiriesen los derechos de personas inmortales, y en recientes acuerdos económicos internacionales han adquirido derechos mucho más amplios que los de las personas. Por ejemplo, General Motors puede exigir un «tratamiento nacional» en México, pero un mexicano de carne y hueso no saldría muy bien parado si exigiera un tratamiento similar tras cruzar la frontera en Texas, suponiendo que lograra entrar vivo (muchos no lo logran).
Los derechos de estas tiranías privadas, –ya que eso es lo que son– se están ampliando en los acuerdos comerciales actuales, los cuales permiten que estas concentraciones privadas de poder ataquen las regulaciones gubernamentales sobre salud (sanidad), protección medioambiental, derechos laborales, etc. alegando que tales regulaciones son «equivalentes a la expropiación» ya que van en detrimento de las futuras ganancias. En un asalto aún más intenso a los principios del liberalismo clásico, estos enormes sistemas de poder privado, que no rinden cuentas a nadie, asumen la función de administradores de los mercados. Esto incluye transferencias intraempresariales (transferencias de fondos a través de fronteras dentro de una determinada entidad corporativa), subcontrataciones, alianzas estratégicas y toda una serie de mecanismos diversos para evadir la disciplina del mercado, los cuales, de hecho, constituyen la mayoría de lo que se llama erróneamente «comercio». Cuando nos dicen que el comercio está en aumento, lo más probable, en términos clásicos, es que esté disminuyendo. (Chomsky, N. 2005)
En América Latina, además de la disponibilidad de recursos financieros internacionales y de los ajustes en política monetaria, se requerirá de políticas oportunas para mitigar los riesgos expuestos y de estrategias extraordinarias para proteger a los grupos más vulnerables. Las respuestas que exige este complejo contexto no se podrán sustentar en retórica populista, sino que se requiere de un dialogo político que atempere la polarización y las divisiones ideológicas y permita consensos amplios. La calidad de los liderazgos latinoamericanos y la resiliencia de la región se pone a prueba en este contexto crítico y brinda una nueva oportunidad para renovar la confianza, promover una mejor cooperación local y una mayor integración regional. La acción colectiva es clave para responder a los desafíos emergentes con mayor efectividad e impulsar la recuperación sin dejar de lado la visión de largo plazo que permita avanzar hacia un desarrollo sostenible e incluyente en la región latinoamericana. (es.weforum.org)
El alejamiento del modelo neoliberal de los más recientes gobiernos progresistas de los países latinoamericanos cierra el camino al modelo globalizador para replantearse nuevas maneras de hacer frente a los retos ya presentes y futuros luego del desencanto del sueño de la globalización; un mayor entendimiento entre los pueblos hermanos busca ahora conformar una unión geopolítica y económica natural para expandir los mercados locales, fortalecer la cooperación mutua, y promover el bienestar general, para así poder materializar el Sueño Bolivariano ampliado, para que América Latina se consolide como uno de los bloques regionales más poderosos del siglo 21.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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