OPINIÓN
La decencia
Por Luis Manuel Robles Naya //
El diccionario de Google la define como: observación de las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual.
Honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables.
Por su parte el diccionario de uso del español de María Moliner define a “decente” como un adjetivo aplicado a las personas, sus acciones y sus cosas, honrado o digno, incapaz de acciones delictivas o inmorales.
Conceptualmente, la decencia es un valor, uno de muchos que son necesarios para la convivencia armónica en sociedad y que desafortunadamente han venido cayendo en desuso, en parte porque dejaron de ser enseñados en las escuelas y en otra más grave porque cada vez menos se observan en el seno familiar.
Los psicólogos dicen que la decencia se debe enseñar en todo momento a partir del propio ejemplo, tanto en conversaciones como en gestos, actitudes y vestimenta. Comportarse decentemente implica un comportamiento que refleje la calidad de la persona y el respeto por los demás.
En política, la decencia tiene que ver con la conducta que se asume ante los ciudadanos. En el contexto de la política, lo central no es solo si la persona es decente, sino si la orientación política seguida es decente y eso termina por calificar a la persona.
En 1954, el senador republicano por el Estado de Wisconsin en USA, Joseph McCarty, instauró una época de persecución y difamación sobre personalidades de la cultura, el cine y la política cobijada en la bandera del anticomunismo. Dicha campaña vino a menos cuando la notoriedad de ésta provocó que las audiencias fueran televisadas, dando lugar a un evento definitorio cuando el abogado Joseph Welch, después de una encendida acusación de McCarty se limitó a preguntar “¿no tiene usted decencia señor mío? ¿No le queda ya ni un rasgo de decencia?” Dicho cuestionamiento llevó a una reflexión colectiva que a la postre devino en la defenestración política del senador y su funesta campaña difamatoria. Años después, la misma argumentación fue usada por el ex presidente Carlos Salinas al hacerle la misma pregunta al entonces candidato Donald Trump por su campaña xenofóbica, sin que hubiera obtenido los mismos resultados, obviamente porque la sociedad americana ya no es la misma de 1954 y su moral colectiva es diferente o al menos se encuentra muy dividida.
En México es claro que la moral política de los últimos años está muy alejada de la decencia que debiera caracterizarla. Se privilegian los intereses y los acuerdos de beneficio y hasta de complicidad por sobre el interés colectivo entre políticos y entre partidos y se antepone el interés particular del gobernante en un presidencialismo autárquico. La corrupción permea en todos los ámbitos de la vida social y su persecución e intentos de erradicación son tan superfluos e inmediatistas que sus alcances son vagos y de dudosa permanencia. Hasta el momento, parece que el combate a la corrupción es solo un instrumento de propaganda selectiva con objetivos a modo para satisfacer el morbo colectivo.
Es justo y necesario que se persiga y sancione a quienes cometieron actos de corrupción, esto nos dará una satisfacción momentánea, pero resulta inexplicable que a la vez que se persigue se desmantele el aparato institucional que se había creado para detectar, prevenir y castigar la corrupción y la impunidad, sin crear algo que lo sustituya y lo perfeccione.
El afán de posicionar ese combate superfluo a la corrupción tiene al actual gobierno al borde del McCartismo con la Unidad de Inteligencia Financiera hurgando en cuentas y movimientos de empresas y ciudadanos, congelando cuentas sin orden o mandamiento judicial o solo por la presunción desprendida de una carpeta de investigación, filtrando acusaciones y elementos que provocan un juicio sumario mediático y social. Alarma esto por el precedente que se impone, por la indefensión en que coloca al ciudadano y por el poco respeto a la legalidad.
Sin embargo, es loable que se persiga a fondo y que se impriman miles de cartillas morales (aunque sean distribuidas por iglesias al margen de la secularidad del Estado), lo necesitamos porque se debe recuperar el sentido de la decencia y los valores en una sociedad cada vez más empobrecida ética y culturalmente. Pero, difícilmente se puede creer que van contra la corrupción y por la renovación moral, si por otro lado permiten que las organizaciones magisteriales sigan lucrando con las plazas, corrompiendo el sistema escalafonario y algunos de los más nefastos líderes sindicales gocen de la protección oficial, mientras se persigue selectivamente a otros.
Vale la intención del presidente López Obrador de recuperar los valores del “pueblo bueno” apelando a una constitución y a una cartilla moral, pero los hechos borran con la cola lo que se hace con el pico. Recuperar la decencia en la política es necesario pero se necesita más que una intención y un discurso.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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