OPINIÓN
La democracia participativa debe ser constructiva y no disruptiva
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de los temas públicos más polémicos de los últimos meses ha sido el de la famosa revocación de mandato, que si todo sale según lo planeado, tendrá lugar el próximo 10 de abril.
Desde un inicio, este ejercicio ha estado rodeado de muchos debates y controversias; primero, porque como era de esperarse, fue motivo para que el Gobierno Federal se volviera a confrontar directamente con el INE y con Lorenzo Córdova y segundo, por el trabajo de muchos personajes para desacreditar este ejercicio e invitando a la ciudadanía a no participar.
También, este controversial tema se ha prestado para plantear una serie de teorías con las que se afirma que el ejercicio será todo un fracaso, pero que a su vez, este fracaso estaba presupuestado y en realidad solo será un pretexto para dar un golpe final a la autonomía del INE.
Mucho se ha dicho sobre este tema y definitivamente, mucho se continuará diciendo, especialmente mientras más se acerque la fecha del magno evento, sin embargo, en esta ocasión, no es mi intención como tal criticar, cuestionar o analizar el ejercicio de revocación de mandato per se, más bien mi objetivo el día de hoy es aprovechar este polémico evento para hablar de un tema importante para el desarrollo de cualquier democracia, y que ha sido relegado hasta el último lugar de la lista de prioridades públicas: la participación ciudadana.
Ciertamente no podemos hablar de democracia moderna ni de libertades, especialmente aquellas que atañen nuestra facultad para expresarnos, sin hablar de la participación ciudadana en los temas públicos, toda vez que esto constituye un pilar fundamental para el desarrollo democrático de cualquier nación ya que permite la consolidación de una verdadera democracia representativa.
En ese sentido, resulta preocupante que pese al rumbo que está tomando la democracia en el mundo occidental y pese a que es evidente como la sociedad se replantea cada vez más su papel en el proceso de cambio político, en México, los temas de participación ciudadana se han convertido meramente en herramientas que se sacan del congelador en vísperas de elecciones para preparar la ruta electoral de los comicios próximos.
Pero lamentablemente, esto no es nada más que el resultado de vivir en una época en la que el fanatismo hacia los líderes, sea cual sea su color, es una constante que ha alejado a muchos de la realidad, de forma tal, que las cúpulas, atrapadas en un ciclo sin fin, se encuentran cometiendo una y otra vez el error de creer que el sentir de sus militantes es el sentir generalizado de la ciudadanía, alejándose así de la realidad.
En razón de lo anterior, en aras de refrendar un verdadero compromiso político y democrático, debemos trabajar por crear, y posteriormente, consolidar mecanismos de participación ciudadana efectivos, con los que se pueda incentivar al electorado a jugar un papel más dinámico en la evaluación tanto del desempeño gubernamental, como de las políticas públicas planteadas dentro de un proyecto de gobierno.
De igual forma, debemos de tener muy presente que el objetivo de cualquier ejercicio de participación ciudadana tendiente a evaluar el desempeño de nuestros representantes no debe pensarse desde la idea radical de ‘’despedir’’ a nuestros representantes ya que esto, lejos de fortalecer nuestra democracia, únicamente logrará que nuestro sistema pierda legitimidad.
Un buen ejemplo de cómo esta idea de ‘’despedir’’ o deponer gobiernos es nociva, lo podemos encontrar en los cambios constantes de gobierno en distintos países del mundo, provocados por movimientos sociales que buscan tomar las decisiones propias de la representatividad social que el pueblo confiere democráticamente a sus gobernantes, situación que ha gestado una inestabilidad tan grande que ha logrado desvirtuar totalmente el valor de la participación ciudadana y la importancia de una democracia representativa.
Por ello, es fundamental que los esfuerzos para construir un mejor sistema de participación ciudadana partan de la necesidad de romper la lógica de la partidocracia de tal forma que se puedan impulsar mecanismos con los que se pueda compartir y expresar a nuestros representantes el pulso real, objetivo y generalizado del sentir de la ciudadanía respecto a su desempeño.
La participación ciudadana no debe plantearse desde una visión disruptiva, caótica y destructiva, al contrario, partiendo de la lógica de que una democracia implica disensos y consensos, esto debe plantearse desde una visión meramente constructiva y participativa.
Recordemos que la fortaleza de una democracia se mide con 3 parámetros: el primero, el nivel de libertad en el mercado; el segundo, la fortaleza, independencia y eficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia; y por último, el nivel en que los ciudadanos se involucran en temas de interés público.
En México tenemos una deuda enorme en los tres puntos.
En los últimos años, nuestros representantes no solo han fallado a la hora de garantizar el éxito de los primeros dos compromisos, sino que también han fallado en la tarea de crear y socializar de manera efectiva espacios de participación ciudadana, situación que nos permite entender que en cierta medida, la apatía que rodea al mexicano respecto a la política o a los temas públicos no necesariamente se debe a una falta de interés, sino más bien, se debe a la falta de información sobre el trabajo y las actividades que emprenden, o deberían emprender las instituciones encargadas de promover la participación ciudadana.
Es decir, un importante número de ciudadanos ven la política y los temas públicos lejos de su alcance, no creen que su opinión cuente y desconocen que tienen la oportunidad de participar.
En más de una ocasión lo he señalado en este espacio, pero es importante reiterarlo, la democracia, según nuestra Constitución, no es solamente un régimen político, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo y todos tenemos la responsabilidad ejercerla todos los días.
En ese orden de ideas, debemos tener muy presente que todo esto debe desarrollarse de tal manera que evitemos que estas actividades caigan en manos de la demagogia, toda vez que estas herramientas de participación ciudadanas no deben de plantearse desde la utilidad que pueden tener para el gobierno, para los partidos políticos o para una futura campaña electoral, al contrario, el desarrollo y planteamiento de estos cambios en la forma que vemos la participación ciudadana, deben de poner a la ciudadanía al frente para así poder devolverle al electorado la importancia que tiene tanto en la vida política de nuestro país y como en la tarea de construir una democracia más fuerte y participativa.
Es así, que solamente con ejercicios de esta naturaleza podremos alcanzar el objetivo de consolidar, como ya lo mencioné anteriormente, una democracia verdaderamente representativa que además sea capaz de abanderar las distintas causas de todas las expresiones sociales que conforman nuestro país.
La participación ciudadana debe de ser uno de los pilares para la prosperidad política y democrática, no más.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
Tlajomulco celebrará el primer Festival de Biodiversidad Etnomicológica
