OPINIÓN
La diplomacia se impone en Washington: El discurso conciliador de AMLO
Comuna México, por Benjamín Mora //
La decepción fue grande para quienes no entienden de cortesía y diplomacia entre gobiernos y naciones, y esperaban una cena de caníbales en el encuentro de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca; por fortuna, la forma y el fondo de la alta política prevalecieron y los duelos de sangre no se dieron.
No sé de qué hablaron López Obrador y Trump en los minutos en que estuvieron a solas; mi curiosidad es siempre discreta. Lo importante, en todo caso, es entre leer lo que Trump y López Obrador nos dijeron en su declaración conjunta, por una parte, y por la otra, desencriptar las muy cuidadas y selectas invitaciones a la cena en la Casa Blanca: Empresarios del más alto poder de México y Estados Unidos.
Trump se cuidó de no ofender a los latinos ante las elecciones presidenciales que podrían reelegirlo o castigarlo, mostrándole la puerta de la Casa Blanca. López Obrador hizo un recuento del valor de nuestra diáspora con más de 38 millones de hermanos allende del Bravo.
Pero, sobre todo, recapacitó sus posturas económicas desde las bondades del neoliberalismo, contenidas en el T-MEC, para rescatar los empleos perdidos en 2019, por sus torpezas, y en 2020 por ellas mismas y el Covid-19, y reactivar a la economía nacional. Es de destacar que no lo acompañaron quienes se identifican con Maduro y otros líderes de izquierda, y menos quienes, desde el Partido del Trabajo, admiran y siguen a Kim Jong-un, el dictador y criminal de Corea del Norte. Lo acompañaron la flor y nata de la cultura empresarial del esfuerzo. A ellos habló López Obrador desde el jardín de las rosas en la Casa Blanca, con respeto y dignidad.
Cuatro grandes hombres de ambas historias fueron recordados: Benito Juárez, Abraham Lincoln, Lázaro Cárdenas y Franklin D. Roosevelt que, sin duda, dieron dimensión al encuentro y luz sobre lo que podría ser la razón profunda e inconsciente del encuentro de López Obrador y Trump.
Quien ignora la historia, inevitablemente repite sus atrocidades.
Me llamó la atención que Lincoln fuese mencionado por López Obrador por su amistad con Juárez, pero AMLO no nos recordará su postura ante la invasión norteamericana a México en que nos fue “robado” más de la mitad de nuestro territorio. Lincoln, siendo congresista por Illinois, acusó a la Cámara de Representantes y al presidente James Polk de invadir México sin provocaciones; era 1847.
En aquel momento de vergüenza norteamericana y traiciones mexicanas, Polk y la mayoría en el Congreso norteamericano mintieron al acusar a México de derramar sangre americana en territorio americano, siendo que las muertes habían acaecido en territorio mexicano y que Estados Unidos había sido el agresor, como expuso Lincoln. Tras tan valiente defensa de la dignidad de México, Lincoln perdió popularidad y fue llamado spotty Lincoln. El general Ulysses S. Grant, quien participó en la invasión, declaró que fue la guerra más injusta jamás librada. Valdrá revisar la conspiración rastrera y traicionera que hubo de los altos jerarcas de la iglesia, generales, expresidentes de la República, gobernadores, diputados, senadores y empresarios de México; para ello recomiendo leer a Francisco Martín Moreno y su México Mutilado.
Konrad Adenauer alguna vez dijo: “La historia es la suma total de las cosas que se podrían haber evitado”. Polk pudo evitar la guerra en contra de México, pero no lo hizo; en cambio sí quiso quedarse con parte de nuestro territorio cual vil pirata y nos invadió. Mintió y nos invadió. En 2015, Donald Trump, como candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, mintió al acusarnos de enviar “drogas” y “violadores” a través de la frontera. Mintiendo, quiso ganar y ganó desde el engaño a un pueblo ávido de creer posible su renacimiento como nación desde un grito dolido: “Make America Great Again”, con las mismas argucias con que Hitler se hizo de Alemania que vivía el resentimiento de la clase media alta por la derrota en la Primera Guerra Mundial, el aumento de la violencia callejera y la depresión económica que tenía a cinco millones de alemanes sin empleo.
Quienes critican el discurso conciliador de López Obrador han de ser de esos salvajes que son invitados a la casa de alguien y aprovechan para insultar al anfitrión. De caer López Obrador en el insulto fácil, común en él, nos hubiera denigrado como nación y pueblo ante el mundo.
No puedo dejar de pensar en Tomas Transtromer quien dijera “Lo salvaje no tiene palabras”, que yo complementaria al señalar que los salvajes son siempre incultos. López Obrador fue impreciso al mencionar que Lincoln pertenecía al Partido Republicano cuando lo era del Partido Whig, y esto no lo advirtieron los salvajes por ignorantes.
Desde la Psicología se sabe que el comportamiento violento puede resultar de una mente distorsionada e irracional, que siente y ve las cosas de manera diferente a la de los demás. En esta historia hay mucha violencia reprimida, expuesta, añorada y deseada.
Probablemente, a invitación del Donald Trump, López Obrador fue a Washington a poner en orden su ideología y acciones de gobierno.
En los días posteriores a la expropiación petrolera (1938) decretada por Cárdenas, Roosevelt llegó a expresar su temor porque México se convirtiera en el camino para agredir a Estados Unidos si se le hostigaba por las medidas nacionalistas del 18 de marzo de aquel año. Roosevelt supo evaluar con gran sabiduría y diplomacia los hechos y decidió cuidar los intereses nacionales de su país y la seguridad hemisférica sobre los particulares de las empresas petroleras norteamericanas afectadas; hoy se repite la misma historia con Constellation Brands en Mexicali; los costos, daños y prejuicios por la cancelación de la obra los pagará México y, de hoy en adelante, es de esperar que no habrá más caprichos de izquierda que afecten a las empresas norteamericanos en México. Constellation Brands podrá postergar su inversión para mejores momentos futuros, cuando el Covid-19 haya sido superado, pero hoy ganará sin trabajar.
Paul Gaugin dijo: “Soy un salvaje. Y las personas civilizadas sospechan esto”. También sospechamos de López Obrador y Trump, pero eso es una historia para un mejor momento.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
