OPINIÓN
La educación que queremos
Por Isabel Venegas Salazar //
Sigamos hablando de “evaluación educativa” porque lo que hemos dicho hasta este momento, queda claro que solo es el principio.
Decir que necesitamos mecanismos objetivos para medir el avance que contrasta con las metas planteadas, parece un argumento que nadie podría rechazar; lo que generó el tema de discusión fue que no debíamos quedarnos nada más en la estandarización, haría falta la parte subjetiva (aunque todavía no sepamos mucho de cómo hacerlo) más aún, antes de eso habremos de plantearnos: cómo es la escuela que queremos.
Es indispensable considerar los aspectos finos de cada espacio, del aula, de las condiciones en las que el profesor atiende a los alumnos, de los tiempos que le quedan para hacer más tareas, más estudios… o simplemente para relajarse y ser feliz, para luego contagiar a sus alumnos.
Hablar de escuelas de calidad, o de educación con calidad, nos adentra en temas mucho más complejos pero que justifica el porqué es necesario que sigamos hablando de perfeccionar la evaluación para orientar, corregir y enriquecer los ejercicios de cada día. No desestimar los errores que se han cometido en el pasado y tenerlos en consideración para no volverlo a hacer.
Comencemos pensando en cuántas veces hemos “importado” modelos educativos de otros países, que si bien es cierto allá son un éxito, no necesariamente lo tendrían que ser al implementarse en nuestro contexto geográfico. Finlandia es el país con el primer lugar en logros educativos, y no falta el político al que le parece buenísima idea implementar aquí esa forma de trabajar, aunque no haga las gestiones necesarias para que la economía de México y su clima se parezcan; por ejemplo, la población de Finlandia es casi la mitad de la que hay tan solo en el estado de Jalisco, en promedio, el invierno dura de 105 a 120 días en el archipiélago y 180 días en Laponia, significa que las regiones del sur están cubiertas por nieve entre 3 y 4 meses al año, y hay zonas al norte que lo están hasta 7 meses, además en cuanto a economía es uno de los diez países más ricos del mundo por renta per cápita.
¡Vaya!, no es la gana de no querer imitar al mejor, se trata más bien de tener la claridad de qué cosas son las que aplican, o porqué está funcionando un modelo allá, y cómo haríamos para que pudiera operar con las condiciones que tenemos acá.
He visto a los padres de familia buscar una “buena” escuela para sus hijos, y supongamos que por cualquiera de las razones, su búsqueda se delimita a la escuela pública. ¿Cómo podría saber cuál es la mejor? Es decir, no porque elija llevar a sus hijos a la educación que ofrece el estado, ésta debería quedar condicionada al plantel que se ubica a la vuelta de la casa.
Un padre de familia no suele llegar preguntando a la primaria o al preescolar si cuenta con ISO 9000, o si su modelo educativo se parece al de Finlandia o al de España, necesita más bien saber si su hijo va a aprender a leer, a escribir y a desarrollar habilidades para la vida; necesita sobre todo saber si su hijo va a ser feliz.
Debemos entonces dialogar sobre nuestra realidad, poner sobre la mesa con mucha mayor honestidad nuestra situación, para que a partir de ahí nos quede muy claro el criterio y el anhelo que se pretende en cada una de las aulas de la escuela mexicana. Mencionemos algunas de las premisas más plausibles:
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La evaluación de los estudiantes necesita ser medida por criterios objetivos y más o menos estandarizados, de acuerdo con el nivel escolar y deben estar alineados de acuerdo con los planes y programas a nivel nacional.
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La evaluación que acredita a los profesores frente a grupo, también requiere de un conjunto de elementos objetivos que lo califiquen para el ejercicio de la docencia. Estos criterios forman parte de un profesiograma, es decir, el perfil, parámetros e indicadores como mínimos requeridos para ingresar al servicio magisterial.
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Un conjunto de elementos subjetivos deberá enriquecer la evaluación, a fin de dar consideración a la serie de circunstancias que se vive en cada uno de los espacios educativos. Debe formar parte de la discusión en las academias y colectivos docentes, y construir documentos sólidos para nutrir la investigación educativa, pero no para condicionar laboralmente a los docentes.
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Los individuos capaces de hacer la evaluación subjetiva, son aquellos que “verdaderamente” se encuentran en contacto diario con la vida del aula; sin que hasta ahora hayamos planteado los criterios, los agentes y los juicios de valor que están en juego.
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Los padres de familia deben tomar un rol mucho más activo en la calificación de la escuela, considerar el perfil de egreso del estudiante y los anhelos de la formación para la que se está trabajando; eso es importante para la objetividad, pero en el plano de la subjetividad el tutor simplemente sabe cuándo sus hijos disfrutan de ir a la escuela, o no.
Para bien y para mal, la brecha entre la escuela privada y la pública en México, es la más corta de toda Latinoamérica; para bien porque hace que las posibilidades de mejora arranquen de un piso más parejo, para mal, porque ha sido la escuela de paga la que ha bajado sus estándares de calidad en lugar de que la pública hubiese hecho una serie de correcciones.
Si queremos que nuestro país avance, y que sea la educación el arma real para la transformación profunda y permanente, debemos apoderarnos de las aulas, participar comprometidos como comunidad y dejar de pensar que “el gobierno” no nos da la escuela que merecemos, porque luego se nos vuelve en contra aquella máxima de que el pueblo tiene “el gobierno que se merece”; recuerda que todos nuestros gobernantes pasaron por lo menos, en algunos años de su vida, por un salón de clases.
Correo electrónico: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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