OPINIÓN
La escuela es nuestra

Metástasis, por Flavio Mendoza //
Desde Oaxaca el Presidente de la República y el Secretario de Educación anunciaron el programa “La escuela es nuestra”, proyecto que pretende que las escuelas sean las que directamente ejerzan el presupuesto para infraestructura física educativa, a partir de la abrogación de la Ley de Infraestructura Física Educativa y con ello la desaparición del INIFED, se pretende que sean directamente las comunidades educativas quienes decidan qué hacer con el recurso federal en cada uno de los centros escolares.
El proyecto contempla una inversión inicial de 20 mil millones de pesos para 103 mil planteles educativos, es decir, si se distribuyera equitativamente correspondería a un poco menos de 200 mil pesos por escuela, con lo que se pretende que se construyan aulas, se reparen edificios, se de mantenimiento, se adquiera mobiliario y toda adecuación o reparación que se requiera. Pero este monto puede ser insuficiente si consideramos la diversidad de necesidades en escuelas donde ni siquiera cuentan con servicios básicos o funcionan en aulas provisionales.
Para ejercer el recurso, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma anticipó que será decisión de padres de familia y alumnos a partir del 4to grado, pero ignoró prácticamente a los docentes y directivos de las escuelas. Dijo que al momento del arranque del programa existían 24 mil comités constituidos que serán los encargados de decidir y operar en qué se invertirá el recurso.
Pará ello desde la nueva Ley General de Educación se establece una nueva figura como órgano de gobierno en las escuelas, el Comité Escolar de Administración Participativa, que ya tiene lineamientos y que debería estar ya constituido en todos los centros escolares. Se deberá integrar por 5 miembros de la comunidad educativa, el presidente que deberá ser madre o padre de familia, la tesorera que debe ser madre de familia, cumpliendo con el discurso del Presidente sobre la confianza para la administración de las finanzas públicas, un secretario que es el único espacio donde puede estar el directivo y dos vocales.
En dicho comité llama la atención que puede ser convocado por los servidores de la nación, adscritos a la Secretaría del Bienestar, los mismos activistas políticos que son los que llenan las convocatorias del Presidente, los que trabajan activamente en la entrega de las tarjetas del bienestar para recibir recursos públicos a través de diversos programas y que están bajo la orden de los super delegados, serán lo que podrán convocar en las escuelas para la Constitución y seguimiento del CEAP, quienes trimestralmente tienen que sesionar para determinar el uso de los recursos que lleguen a la institución.
El Presidente decidió suprimir programas y mejor entregar el recurso directamente a los padres de familia, marginando a la administración oficial escolar y con la posibilidad de convertir a las escuelas en centros de operación política electorales, este tema requiere especial atención al respecto, más allá de la confianza total en el pueblo bueno, está de por medio la infraestructura en las escuelas, la calidad y viabilidad de ellas, para esto servía el INIFED y sus homólogos en los estados.
NACIONALES
La batalla por el control de Morena: Chocan Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Lo que antes se murmuraba en voz baja, hoy resuena en los pasillos de Morena: una fractura interna que enfrenta a los seguidores de la presidenta Claudia Sheinbaum con los leales al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, liderados por su hijo, Andrés López Beltrán.
El epicentro de esta pugna se encuentra en la dirigencia del partido, donde la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de organización, Andrés López Beltrán, protagonizan un choque que refleja tensiones más profundas.
Un episodio que ha avivado el fuego es el reciente viaje de López Beltrán a Japón, un hecho que ha desatado críticas por contradecir el discurso de «austeridad republicana» que su padre predicó incansablemente, citando a Juárez como estandarte.
Este escándalo pone en evidencia las dificultades de mantener la congruencia entre los ideales de la Cuarta Transformación (4T) y las acciones de sus líderes. El momento es definitorio tanto para el movimiento como para el gobierno.
Desde su toma de posesión, Claudia Sheinbaum ha enfrentado el desafío de consolidar su liderazgo en un escenario donde su antecesor dejó estratégicamente colocados a incondicionales, con la aparente intención de mantener influencia.
Sin embargo, el poder no admite reparticiones, y la presidenta ha comenzado a mover sus piezas para gobernar con autonomía, buscando desmantelar las barreras que limitan su autoridad.
En este contexto, Luisa María Alcalde emerge como una figura clave. Su decisión de alinearse con Sheinbaum marca un punto de inflexión en Morena. Alcalde, una de las figuras más sólidas de la 4T, cuenta con una trayectoria impecable: desde su liderazgo juvenil en el movimiento hasta su paso por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y ahora la presidencia de Morena.
Su incorporación al círculo cercano de Sheinbaum es, sin duda, un acierto estratégico, comparable a un «fichaje estelar» en términos futbolísticos. Su misión inmediata será limitar la influencia de López Beltrán en la estructura partidista, un reto que pondrá a prueba su habilidad política.
Otro movimiento significativo se dio en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde Omar Reyes Colmenares, hombre de confianza de Omar García Harfuch, reemplazó a Pablo Gómez, un histórico líder de la izquierda mexicana. Gómez, ahora encargado de coordinar la reforma electoral por instrucción de Sheinbaum, deja un puesto clave en la lucha contra el lavado de dinero.
Este cambio ha generado especulaciones sobre posibles acuerdos con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, dado el papel crucial de la UIF en el seguimiento de flujos financieros ilícitos provenientes del narcotráfico, el huachicoleo de combustible y el fraude fiscal transfronterizo.
En el ámbito legislativo, el panorama es más complejo. La influencia de López Obrador persiste a través de figuras como Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, ambos leales al expresidente.
Sheinbaum, visiblemente incómoda con esta dinámica, enfrenta el desafío de reconfigurar estos espacios para alinearlos con su visión de gobierno, una tarea que se antoja ardua. Lo que estamos presenciando es una lucha por el poder en el corazón de la 4T: una presidenta que busca consolidar su liderazgo y un expresidente que, desde las sombras, parece resistirse a ceder el control.
El desenlace de este enfrentamiento definirá el rumbo de Morena y del país en los próximos años. Pronto veremos quién prevalece en este juego de estrategias y lealtades.
JALISCO
La última piedra de Carlos Ramírez

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La vida pende de un hilo tan delicado que, en un instante, puede romperse. Hoy compartimos risas, palabras y momentos con seres queridos; mañana, esos instantes podrían ser el último eco de nuestra existencia.
La muerte, impredecible y silenciosa, no avisa, como nos lo recordó la trágica pérdida de Carlos Ramírez Powell, politólogo y colaborador de Conciencia Pública, quien falleció en un accidente de bicicleta. Su partida abrupta nos confronta con la fragilidad de la vida y el valor de cada instante.
Conciencia Pública ha vivido dos épocas, la primera de ellas de 1987 a 1995, fueron poco más de 300 ediciones, iniciando publicación mensual y al poco tiempo se convirtió en semanario. Y la segunda época a partir del 2009 hasta hoy, con la presente edición, son 801 ediciones, entre los dos tiempos suman más de 1,100 ediciones.
Esto viene a colación a propósito de cómo llegó Carlos Ramírez Powell a las páginas de Conciencia y la amistad que entre ambos iniciaría y que trascendería en el tiempo, formando parte de estas dos épocas de nuestro semanario.
DANIEL CAMACHO Y LA ÚLTIMA PIEDRA
Quiero recordar que a Carlos lo conocí gracias a Daniel Camacho, quien hizo sus primeros trotes en el mundo del periodismo desde las páginas de Conciencia y hoy estelar cartonista de Reforma.
El pasado sábado, temprano y muy conmocionado Daniel me mandó un mensaje para recordarme aquel episodio de cómo Carlos llegó a Conciencia para escribir cada semana su artículo que publicamos y que llevó por nombre “La última piedra”. Así lo platica: “Recuerdo que estábamos Carlos y yo en un cafecito de Av. La Paz y le dije ponle nombre a la columna. Y me respondió algo así como “ha chirrión…pues como decía Jesús el que esté libre de culpa que aviente la primera piedra, pregúntale a Gabriel si le puedo poner “la última piedra”. Esto es expresión de la chispa y profundidad que distinguió a Carlos.
Así fue. Y así se mantuvo hasta el cierre de Conciencia Pública de su primera etapa, cuando nos agarró fuera de base la devaluación del 95, producto del error de diciembre de Zedillo y Jaime Serra Puche.
Camacho, joven inquieto en aquella época, estudiante de derecho, abrió las páginas de Conciencia Pública para jóvenes talentosos que soñaban con trascender en el mundo de la política y poder plasmar aquí sus inquietudes en el tránsito por encontrar su vocación. Por citar algunos casos, así llegaron Alberto Uribe y Rogelio Campos, que luego darían el paso a la administración pública y al complejo mundo de la política.
Daniel llegó a cultivar una relación estrecha con Carlos Ramírez, que la mantuvo a pesar de la distancia y de cambiar su residencia de Guadalajara por la Ciudad de México donde se ha movido como pez en el agua en el mundo de los intelectuales, su mundo, donde consolidó su vocación.
Carlos también formó parte de la segunda etapa de Conciencia a partir de abril del 2009. Se integró al proyecto como integrante del Consejo Editorial y lo hizo con esa generosidad que lo distinguía para volver a publicar “La última piedra”, analizando temas de geopolítica, la problemática del petróleo, advirtiendo que México se convertiría de productor a importador de petróleo.
En una entrevista que aquí publicamos, expresó: “La exportación termina durante este sexenio y el dinero fue mal empleado, no se invirtió en transporte masivo: todo para el automóvil. El modelo de movilidad con base en el automóvil agoniza y México no ha comenzado siquiera a pensar en qué es lo que lo van a sustituir”.
LAS LUCES DE CARLOS
En el periodismo, caminamos con paso firme, sorteando obstáculos para informar, analizar y dar voz a la realidad. Carlos, con su pluma aguda y su mirada crítica, fue un ejemplo de esa vocación. Sus colaboraciones en Conciencia Pública dejaron una huella imborrable, con análisis que iluminaban las complejidades del entorno político y social de Jalisco y México.
Su trabajo, siempre riguroso, reflejaba un compromiso con la verdad y la reflexión profunda, una pasión que compartía con quienes, como él, han hecho de esta revista un espacio de pensamiento crítico.
El lunes pasado celebramos la edición 800 de Conciencia Pública, un hito que reúne las voces de quienes, como Carlos, han plasmado su visión del mundo en estas páginas. Cada artículo, entrevista y análisis es un testimonio de la lucha por comprender y transformar la realidad, aun sabiendo que nuestro tiempo es limitado.
La muerte de Carlos nos recuerda que, en este oficio, cada palabra cuenta, cada idea es un legado. No sabemos cuándo llegará nuestro final, pero sí podemos decidir cómo vivir cada día: con propósito, con valentía, como él lo hizo.
Su ausencia duele, pero su vida nos inspira. En este frágil sendero entre la vida y la muerte, su “Última Piedra” sigue resonando, recordándonos que el periodismo, como la vida, es un acto de resistencia y creación. Honramos su memoria reafirmando nuestro compromiso con un periodismo que ilumina, como él lo hizo, en línea con los valores de verdad.
NACIONALES
Del montaje a la ignominia: El caso Vallarta y el fracaso del Estado mexicano

-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay historias que condensan en un solo expediente toda la descomposición de un sistema. El caso de Israel Vallarta Cisneros es una de ellas. Después de casi veinte años de prisión, el 31 de julio de 2025 una jueza federal ordenó su liberación al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar las acusaciones.
Vallarta había sido acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, pero lo que en realidad evidenció su expediente fue el uso sistemático del montaje mediático, la tortura y las violaciones al debido proceso como herramientas de control político.
El calvario comenzó el 9 de diciembre de 2005, cuando Vallarta y su entonces pareja, Florence Cassez, fueron detenidos en el rancho “Las Chinatas” en Tlalpan, Ciudad de México. La Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, montó una recreación del operativo ante las cámaras de televisión. Tres víctimas de secuestro fueron “rescatadas” frente a los reflectores, en un espectáculo cuidadosamente guionizado que fue presentado como prueba de eficacia policial.
El 10 de febrero de 2006, García Luna reconoció que la detención y el rescate habían sido montados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Francia protestó por el trato a Cassez, su ciudadana, y tras años de litigio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación en enero de 2013, al considerar que su proceso estaba viciado de origen. Vallarta, en cambio, quedó hundido en la maquinaria judicial.
Durante años, Vallarta denunció torturas para arrancarle confesiones y la fabricación de pruebas. La reciente sentencia de la jueza Mariana Vieyra Valdés, Tercera de Distrito en Materia Penal del Estado de México, le dio la razón: el montaje televisivo y las violaciones al debido proceso invalidaron las pruebas en su contra. Vieyra anuló los testimonios de las víctimas, obtenidos bajo coacción, así como el parte informativo de la captura, las diligencias de reconocimiento en cámara Gesell y la confesión ministerial rendida bajo tortura en 2005. Incluso desechó las declaraciones de David Orozco Hernández “El Géminis” y Dither Camarillo Palafox “Tauro”, quienes confesaron ser miembros de “Los Zodiaco” pero no ratificaron sus dichos ante el juez.
El fallo es contundente: “Se advirtió un efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad, que violentó los derechos de los inculpados y de las víctimas”. Vieyra recordó que el montaje fue auspiciado por medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que contaminó el proceso de manera irreversible.
Pero mientras Vallarta pasaba casi dos décadas en prisión, los responsables directos de esas ilegalidades siguieron escalando posiciones o disfrutando de la impunidad. Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y Francisco Javier Garza Palacios, ambos exdirectores de la AFI, fueron señalados por Vallarta como los principales responsables de su calvario. También Jorge Rosas García, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SEIDO, y el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca. Algunos enfrentan procesos por otros delitos, pero ninguno ha rendido cuentas por el montaje que destruyó la vida de Vallarta.
Al salir del penal del Altiplano, Vallarta pidió perdón a las víctimas de los secuestros que se le atribuyeron. No por aceptar una culpa inexistente, sino porque entendía que ellas también fueron violentadas por la manipulación de las autoridades. “Las víctimas que son víctimas, porque hay algunas que no lo son, que se sientan lastimadas y agredidas, yo les ofrezco una disculpa, no por mí, sino por las acciones de los malos policías, que por sacar un trabajo que no hicieron, utilizaron las mentiras”, dijo.
Aseguró que no se esconderá ni abandonará el país. También adelantó que analiza interponer una demanda contra el Estado mexicano por los daños ocasionados por casi veinte años de prisión. “Si prospera la de tortura, pues le van a dar de 3 a 4 años a Cárdenas Palomino; yo estuve 20, ¿cómo que no es válida la balanza, ¿no?”, cuestionó. Vallarta lo tiene claro: su caso no es un triunfo, es apenas el reconocimiento tardío de una injusticia monumental.
El caso Vallarta es más que un expediente judicial: es la radiografía de un sistema que privilegia la narrativa sobre la verdad. En mayo de 2024, tras 18 años, se cerró la instrucción del juicio, y en julio la FGR pidió 430 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
La cifra era tan absurda como simbólica: una condena ejemplar para encubrir el fracaso institucional. Pero el castillo de naipes se derrumbó: la jueza concluyó que las pruebas eran insostenibles y absolvió a Vallarta.
El contraste con el caso Cassez es brutal. La Suprema Corte la liberó en 2013 por las mismas irregularidades, pero dejó a Vallarta en prisión. La diferencia era política y mediática: Francia presionó por su ciudadana; Vallarta era mexicano y pobre. La doble moral del Estado quedó exhibida.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a anticipar en 2021 que Gobernación podría solicitar la liberación de Vallarta si encontraba elementos suficientes. La Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero, anunció en 2019 que revisaría el caso. Pero pasaron seis años más antes de que un tribunal actuara.
La liberación de Vallarta no repara el daño, pero deja varias lecciones. La primera: el montaje mediático como herramienta de control sigue vigente. La segunda: las instituciones mexicanas, incluidas la FGR y el Poder Judicial, operan más como engranajes de simulación que como garantes de justicia. La tercera: mientras no haya consecuencias para los funcionarios que fabrican culpables, la historia se repetirá.
El caso Vallarta debe ser un parteaguas, pero el pesimismo es inevitable. La FGR ya ha demostrado que prefiere salvar la cara antes que reconocer errores. Los políticos, de cualquier partido, siguen usando la seguridad pública como espectáculo. Y los medios que transmitieron el montaje en 2005 apenas si han hecho un mea culpa.
El sistema judicial mexicano está enfermo, y el expediente Vallarta es su radiografía más cruel: un hombre destruido, víctimas revictimizadas, instituciones deslegitimadas. Nada de esto es nuevo. Lo grave es que todo sigue igual.
La pregunta incómoda es cuántos Vallarta más existen en prisión, sin cámaras ni embajadas que exijan su liberación. Y lo peor: a quién le importa. Porque en un país donde el espectáculo sustituye a la ley, la justicia no llega. Se administra, se negocia o, en el mejor de los casos, se concede como una gracia tardía.
En X @DEPACHECOS