OPINIÓN
La explotación de la mujer por otra mujer
Bioética, por Omar Becerra //
Como sabemos el arrendamiento lo definimos como una mujer que, previo acuerdo o contrato, cede su capacidad gestante para que le sea implantado un embrión ajeno, engendrado mediante fecundación in vitro, y se comprometa entregar el nacido al término de su embarazo.
Aprobado en varios estados de la república mexicana unos con la posibilidad de ganancia para la mujer que arrenda su vientre y en otros como es el caso de Jalisco es gratis.
En la actualidad el feminismo ha sido empoderado en todos sus ámbitos, entendemos como feminismo según el INMUJERES, como un movimiento político, social, académico, económico y cultural, que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas, y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres.
Pero las nuevas biotecnologías parece que no están interesados proteger los derechos humanos de la mujer como lo hemos visto con la fecundación in otro, ahora en el arrendamiento de vientre.
Interesante como las empresas destinadas a este procedimiento, tocan una fibra emocional delicada, por supuesto, la imposibilidad física de la mujer de tener un hijo.
En nombre de una visión feminista de la liberación de la mujer, la igualdad con el hombre y la promoción de su carrera, llegamos así a la autocensura ya la explotación de la mujer por la mujer.
Esta situación, se da por diversas causas por ejemplo a una malformación o extirpación del útero, muy dolorosa para las parejas afectadas, y un nicho de negocio para estas compañías.
Muy explotada por las empresas dedicadas a la gestación subrogada, que tocan así la fibra sensible ante mencionada, para presentar esta práctica como legítima y la única opción.
Sin que se pueda saber con precisión cuál es la proporción de tales causas médicas entre las personas que recurren a esta práctica, parece que se trata sólo de una situación entre muchas otras: parejas de hombres, hombres solteros y, como la actriz Jamie Chung, mujeres, casadas o no, que desean tener un hijo sin sufrir los inconvenientes de la maternidad.
Inconvenientes de la maternidad, así lo llaman las mujeres que no quieren perder su figura ante esta situación, aquí lo interesante es que, a través de la figura jurídica del arrendamiento de vientre de manera onerosa, es donde se da la explotación de la mujer a través de otra mujer, por el deseo de tener hijos.
Un ejemplo lo vemos a nivel a internacional con varias mujeres empoderadas como lo es la actriz Jamie Chung que En una entrevista con Padres de hoy se sincera sobre la discriminación por embarazo en Hollywood.
“Estaba aterrorizada de quedar embarazada. Me aterrorizaba poner mi vida en suspenso durante más de dos años. En mi industria, parece que te olvidan fácilmente si no trabajas dentro del próximo mes de tu último trabajo. Las cosas van muy rápido en lo que hacemos”, dijo Chung. “Así que es un compromiso que hicimos juntos como pareja”.
Bajo este concepto un poco mercadológico y tanto humanista dan la posibilidad de explotar a otra mujer claro con su consentimiento para realizar el procedimiento médico, pero con implicaciones más profundas en la vida de la mujer que arrienda su vientre como lo son las psicológicas y las físicas.
Interesante como en India las granjas de mujeres destinadas a arrendar vientres, han sido requeridas por mujeres de la Unión Europea para poder ser madres.
Otro aspecto es el bebe de este procedimiento médico que muy probablemente traería consecuencias psicológicas en su vida.
Es muy interesante observar mientras en Jalisco como en Europa la ausencia de remuneración de la gestante subrogada es un criterio de la naturaleza ética de la gestación subrogada donde es legal, los estadounidenses y otros estados de la república mexicana como Sinaloa, consideran por el contrario que, dado que la gestante subrogada es remunerada, no será explotada, por lo que es la retribución la que garantiza el carácter ético.
Utilitarismo puro, podemos esgrimir el consentimiento de la madre manifiesta su libertad y por tanto la ausencia de explotación, haya o no remuneración.
La remuneración económica en este procedimiento, puede verse como una compensación justa por los inconvenientes y riesgos sufridos, o como un medio de presión sobre una persona vulnerable.
Aquí lo interesante es tomar como incubadora a una mujer haciendo su dignidad un tapete por los suelos. Si bien la libertad atenúa este aspecto, el consentimiento no es suficiente para justificar un ataque a la dignidad humana.
En cuanto al niño, éste es concebido, portado y entregado de acuerdo con un acuerdo entre los padrinos y la madre sustituta, es decir, en ejecución de un contrato.
Se dispone de la mujer como mercancía, es decir, se ejerce sobre ella un atributo del derecho de propiedad, que podríamos decir que es la definición de la esclavitud.
¿No es algo extraño que esto lleve a una mujer a emplear a otra para dar a luz a sus hijos?
Es muy interesante que este llamado feminismo, niega la maternidad y la dimensión esencial de la mujer.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
