OPINIÓN
La frontera de los 40 años: La nueva brecha de desigualdad laboral
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Hay un sector de la población en México que vive con miedo e incertidumbre, que se siente desprotegida, y cuyos días se han convertido en una moneda al aire, o bien, en un juego de ruleta rusa que reinicia cada 24 horas.
Y no, cuando hablo de miedo, incertidumbre e inseguridad, en esta ocasión no me refiero al producto de las malas políticas en materia de seguridad que han desatado olas de violencia en todo el país.
En esta ocasión me refiero a la incertidumbre por la que atraviesan miles de madres y padres de familia que salen a trabajar cada día para garantizar el sustento de sus hijos, pero que desafortunadamente saben que su trabajo pende de un hilo por un indeterminado número de factores que pueden o no pueden estar bajo su control.
Hablo también de la inseguridad y del miedo que viven muchos de esos padres y madres de familia que están totalmente conscientes de las dificultades que existen en el mercado laboral para encontrar una nueva fuente de ingresos que pueda proveer a su familia de lo indispensable para poder vivir.
Pero sin lugar a duda, lo más preocupante alrededor de estos sentimientos que embargan y atormentan a la clase trabajadora es que estos no se debe propiamente a su preparación o bien, a la falta de empleo, sino que se deben a que es cada vez más presente para ellos el hecho de que poco a poco su edad se convierte en un factor que a largo plazo, les puede impedir el poder desarrollar sus carreras profesionales o bien, ejercer sus respectivos oficios.
Para ponerlos en contexto, según cifras del INEGI, el desempleo en nuestro país afecta aproximadamente a 500 mil personas de 40 o más años de edad. Sin embargo se estima que esta cifra aumentará para el año 2050, cuando las personas de este rango de edad representen un mayor porcentaje de los mexicanos.
Ahora bien, aunque el INEGI también informó que en México cerca de un 40% de la población mayor de los 40 años se encuentra ocupada laboralmente, es importante destacar que ese porcentaje ha ido a la baja, especialmente durante la pandemia, cuando varios personas de este rango de edad perdieron sus empleos por una simple y sencilla razón: las dificultades que les representaron adaptarse al trabajo en linea a través de distintas plataformas.
Pero evidentemente, esto no solo se trata de analizar cifras y/o estadísticas, sino que también es necesaro remitirnos a las experiencias personales, ya que ellas nos demuestran el sufrimiento por el que está atravesando un sector de la población que pese a encontrarse en una edad altamente productiva para la economía, simplemente no han podido encontrar empleo debido al criterio con el que los empleadores valoran la edad de quienes postulan a un trabajo, así como las ‘’dificultades’’ que ésta puede traer para desarrollar un trabajo.
Tal es el caso de una contadora que en redes sociales habló sobre su experiencia en la empresa que laboraba de la cual fue despedida debido a que tuvo dificultades en el manejo de sistemas operativos, que aunque fueron diseñados para facilitar su trabajo, la falta de paciencia de sus empleadores y la falta de una orientación respecto al manejo de estos, fueron los factores que aceleraron su despido. Hasta la fecha, su edad le ha impedido ser contratada.
Sin lugar a duda, esta situación no solo refleja la ignorancia que rodea y contamina la cultura laboral en nuestro país o bien la discriminación que sufre un sector de la población, también refleja que la desigualdad social que reina en México, comienza a tomar nuevas formas.
De igual manera, evidencia que la desigualdad ciega y la insensibilidad nos hace olvidar que las carencias o dificultades de este grupo, algún día será la nuestra, o bien, como me decían a veces mis papás, como te viste, me vi, y como me veo, te verás.
La pirámide poblacional se invertirá y por esta razón, no basta con emprender acciones para enfrentar los prejuicios y los estigmas que algunos empleadores tienen respecto a ciertos grupos de la población como lo son las personas mayores o incluso las mujeres embarazadas, es necesario también emprender acciones legislativas que permitan garantizar un sistema de seguridad tanto social como laboral para las futuras generación.
En los últimos años, muchos países han puesto sobre la mesa de discusión el reto que implica atender los problemas referentes a la alta demanda de pensiones y de servicios de salud, de hecho, países como Francia han iniciado proyectos legislativos para reformar totalmente su sistema de pensiones de tal forma que éste sea solvente y pueda garantizar certeza y certidumbre a la fuerza de trabajo durante más años.
Ahora bien, aunque en México hubo cambios recientes en este tema, creo que es momento de voltear a ver el problema de desigualdad y de discriminación que sufre este sector de la población, ya que privarlos de empleos por el número de su edad, no solo afecta a las familias y a la clase media, sino que también, tendrá un impacto a largo plazo en nuestro sistema de pensiones ya que el mercado laboral está expulsando de la cadena laboral a personas con experiencia que pasan por su etapa más productiva.
En ese orden de ideas, resulta necesario que el Poder Legislativo comience a abanderar estos temas ya que estamos en el mejor momento para impulsar reformas que busquen disminuir la carga tributaria de los empleadores que contraten a personas pertenecientes a este grupo o bien, tomar las acciones necesarias para facilitar a este sector su reincorporación en la actividad económica o bien, mediante programas gubernamentales que faciliten el emprendimiento.
El envejecimiento y la innovación implican grandes desafíos, ya que tal y como lo ha señalado Yuval Noah Harari, el reto del mañana no será crear nuevos empleos, sino crear trabajos que los humanos puedan realizar mejor que los algoritmos.
No obstante, aunque esto representa un reto, no podemos perder de vista que esto también puede traer grandes oportunidades de desarrollo económico que podría permitir la generación de nuevos emprendimientos.
Recordemos que en un país como el nuestro, la discriminación laboral en razón de la edad no tiene cabida, sobre todo cuando la clase empresarial dominante está conformada por personajes como Carlos Slim de 82 años, Emilio Azcárraga de 54 años, y María Asunción Aramburuzabala de 59 años, que pese a su edad han sido puntas de lanza para nuestro desarrollo económico.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
