OPINIÓN
La Gestalt aplicada a la bioética: Los límites de la investigación científica
Bioética, por Omar Becerra Partida //
El proceso de pensamiento de un individuo se conforma de dos procesos mentales, uno llamado conciencie y el otro el inconsciente.
Consciente, se relaciona con el conocimiento en el individuo de que siente, piensa y actúa, está asociado con el acto psíquico a través del cual un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo y con el que la podemos definir como conciencia.
La conciencia está vinculada a la actividad mental que sólo es accesible para el propio individuo y al conocimiento reflexivo de las cosas.
La psicología menciona que la conciencia es un estado cognitivo no-abstracto que permite al ser humano interpretar e interactuar con los estímulos externos que forman la realidad.
El profesionista de la neurociencia, no puede acceder a la conciencia del paciente, pero entonces sí puede interpretarla a partir de lo que el paciente relata o evidencia.
Es importante establecer que, dentro de la psicología, el médico austríaco Sigmund Freud determinó tres sistemas que dan forma al aparato psíquico. En concreto, habló de consciente, inconsciente y preconsciente, que van estrechamente unidos entre sí.
Según la filosofía la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y asumir la responsabilidad de las consecuencias según la concepción del bien y del mal.
Freud define al inconsciente de manera original. La observación de la vida normal de vigilia parecía validar esa concepción clásica del inconsciente. Pero el análisis de las formaciones psicopatológicas de la vida cotidiana y del sueño había hecho aparecer al inconsciente como una función de dos sistemas muy distintos.
En adelante, junto al consciente había que concebir dos tipos de inconsciente, ambos inconscientes en el sentido descriptivo, pero muy distintos en cuanto a su dinámica y al devenir de sus contenidos: los del inconsciente propiamente dicho no podían llegar nunca a la conciencia, mientras que los contenidos del otro, denominado por tal razón preconsciente, alcanzaban la conciencia en ciertas condiciones, sobre todo después de pasar el control de una forma de censura.
Para los científicos de la neurociencia, describen al inconsciente como la parte activa de la mente de la cual uno no está consciente, pero que puede manifestarse y entenderse por medio de la interpretación de los sueños y la conducta, del individuo
Esto es una ausencia total de lo que decimos y hacemos, como si el individuo estuviera dormido o en trance, en donde lo bueno y malo no puedes juzgarlo.
El ser humano en sí mismo es incompleto, la búsqueda del amor, de la felicidad y de la congruencia en la vida del mismo, son preguntas recurrentes en el proceso de vida, de cualquier ser humano, y más en el bioeticistas que solo puede comprender a través de la madurez y desgraciadamente la madurez solo se da con el dolor, no con el sufrimiento si no con el dolor.
El ser humano nace más dependiente de todos los seres vivos, tan es así que la primera palabra que dice un ser humano es Ma, según los especialistas, necesitamos amor, en todos los aspectos de la vida, y por ende el descubrirnos a nosotros mismos a través del proceso terapéutico sanando esas heridas de la infancia, podríamos hablar de un ser que toma conciencia de sí dispersando los miedos y haciéndolos nuestros aliados en vez de nuestros enemigos.
En este orden de ideas es vital para el Bioeticistas en proceso conocerse para poder aplicar la bioética a sus ámbitos externos.
Esto trae consigo que si tenemos un bioeticistas que ya está haciendo un proceso terapéutico o si ya lo realizó tendríamos un individuo pleno para la aplicación de la misma.
El bioeticistas necesita pasar por este proceso de madurez de reparación de identificación de un darse cuenta para poder resolver dilemas tanto éticos como bioéticos.
DE LA GESTALT A LA BIOÉTICA Y DE AHÍ AL BIODERECHO
A muchos nos gustan vivir en la fatalidad, quizá no de manera consciente si no inconsciente, mucho depende de cómo se define la felicidad, quizá muchos la dicten como algo inalcanzable, quizá, pero creemos que es la certeza de estar en paz.
Nosotros no discutimos quien tiene el conocimiento o como lo tenemos, pero sería interesante y por qué no negamos la posibilidad de la que la GestalT podría llegar al Bioderecho.
Pero ¿qué es el Bioderecho?, al Derecho lo definimos como el conjunto de normas que imponen derechos y obligaciones, que establecen las bases de convivencia social.
La Bioética ha cobrado autonomía académica, difusión social más no política, al abordar los problemas relacionados con el origen y final de la vida humana y las exigencias éticas derivadas de su protección. Su repercusión sobre el derecho plantea exigencias específicas, relacionadas con el embrión, con células madres, con el alquiler de vientres, etc.
Ha surgido así el Bioderecho, es el conjunto de normas jurídicas de interés público que se encuentran íntimamente ligadas a la protección de la vida desde su inicio y hasta su final respetando la dignidad humana.
Se ha confundido el término, ya que algunos autores afirman que el derecho se relaciona con el concepto de biología; quizá como ciencia sí se relacione, mas no en el ámbito gramatical, la Bioética es la parte troncal en la concepción natural del Bioderecho.
El objetivo que se busca es que el Bioderecho no se vea urgido por la política tradicionalista, en donde se queda solamente en palabras bellas que el político no lleva acabo; es decir, el político solo se mueve en el ámbito teórico y no llega a la acción, para que le sirva de instrumento de la sociedad misma.
Legislar es bueno y deseable cuando se persigue un orden de justicia social, pues las leyes justas aseguran la pacífica convivencia de todos. Sin embargo, es difícil sacudirse de encima la pesimista intuición de que no es práctico legislar en asuntos de Bioética, si se atiende a lo ocurrido a lo largo de la historia mexicana, una historia manchada de sangre.
La nueva imagen del derecho, que pretende el Bioderecho, es cambiante y lógica, como definición filosófica humanista; se puede entender como una mezcla de filantropía, positivismo y legalidad, bañada de justicia.
En contexto, el Bioderecho es el conjunto de normas jurídicas de carácter público, que se encarga de regular la biotecnología, la vida en su inicio tanto en su final, contemplando siempre la dignidad humana.
Ahora bien, su ámbito de acción más claro, pero no el más importante, es en la clonación y más cuando afecta al humano, la familia y la sociedad.
La clonación humana es producto del desarrollo científico tecnológico, que ha alcanzado la humanidad, pero vista la posibilidad, de que, en su aplicación, esta nueva tecnología de la vida, puede atentar contra la persona humana y su dignidad, se hace necesario su reglamentación, a través de un Estatuto Jurídico-Ético, cuyos principios y normas básicas nazcan de un estudio multidisciplinario de dos ciencias básicas: Bioética y Derecho.
No se trata de una limitación a la investigación científica, sino de establecer controles a la misma, partiendo de la idea de que las políticas y los principios no inciden sobre el descubrimiento sino sobre su difusión; no sobre la innovación sino sobre su aplicación; y que la libertad de investigación no es absoluta: está regulada por la Ley. Estos contenidos dan origen a una nueva visión y rama especializada del Derecho: El Bioderecho.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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