OPINIÓN
La gran mentira: El México de AMLO y el Jalisco de Alfaro
Comuna México, por Benjamín Mora //
Vivimos en un estado -Jalisco- ausente de garantías de vida para todos, con un gobernador incapaz de brindar seguridad incluso a su familia como sucedió en hechos conocidos en que estuvo Mariana Fernández, su prima. En esta realidad dolorosa, fue asesinado Luis Ricardo Meier Rubio, en una de las zonas más concurridas de Guadalajara, a la vista de todos y en presencia de su familia… a Luis Ricardo yo lo veía en misa y sé de gente que lo conoció que fue hombre de bien, de trabajo y con honra; un hombre de familia.
Con conciencia y voluntad hay complacencia de la autoridad con los criminales de baja y alta estirpe. La autoridad, obligada por ley a brindarnos seguridad, conoce a los delincuentes, sabe en dónde, a qué horas y cómo operan, pero no tiene interés en detenerlos. En ello son posibles muchas y muy diversas las razones, pero sin duda, una de ellas es el concurso previo de voluntades mutuamente beneficiadas. No se prevén los delitos ni las causas de la formación de la mente criminal pues no hay un programa de formación de principios y valores sólido y sin grietas… el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actúa, por un lado, en contra de Rosario Robles Berlanga, pero mantiene en su gabinete, por el otro, a Manuel Bartlett, por dar un ejemplo de esa esquizofrenia de principios judiciales.
Este es el México de Enrique Alfaro y de Andrés Manuel López Obrador que nadie quiere y al que ellos no atienden ni entienden. Sus cifras son otras y sus causas también. En su mundo paralelo no cabemos quienes creemos en la honra y el honor, en el bien ser, en la dignidad; no cabemos quienes queremos y exigimos vivir en paz y con seguridad.
Hay, desde encubrimiento hasta complicidad del Gobierno federal cuando, en vez de usar la fuerza del Estado mexicano para detener, enjuiciar y castigar al delincuente, como sucede en todo gobierno responsable, le ofrece abrazos fraternos y perdón anticipado. Hay encubrimiento federal y estatal al desviar las investigaciones o extraviar las carpetas de investigación, y hay complicidad cuando se ausentan de los lugares en dónde se cometen delitos a sabiendas de que estos se llevarán a cabo; así, al encubrir y ser cómplice, ambos gobiernos también delinquen pues contravienen a la Carta Magna, la constitución local y los códigos penales federal y estatal, y quien delinque es delincuente.
La boda de Alejandrina, hija del Chapo Guzmán, es un claro ejemplo de esa complicidad evidente. Ella, médica cirujana y empresaria, puede ser una mujer de bien y nada hay que decir en su contra; sin embargo, según fotografías, a la boda asistió Ovidio, el hijo del Chapo que liberó el gobierno de López Obrador. ¿Alguna razón de ese “descuido”? ¿O qué, en este caso el presidente no estuvo informado como debió suceder según sostuvo el propio López Obrador a mediados de septiembre de 2019? ¿Acaso es posible que la prensa nacional supiera de la boda y no así el Gabinete de Seguridad Nacional? ¿Y si lo supo y no actuó, tuvo el visto bueno o la orden del presidente, como lo aseguró en aquel día de septiembre del año pasado ya mencionado? En los abrazos y perdones extrajudiciales de López Obrador hay una declaración implícita de colaboración y abono del delito. En la ineficiencia de Alfaro hay una manifestación evidente de no ser quien debería gobernar a Jalisco. Y en ambos casos, somos los ciudadanos quienes pagamos los platos que ellos han ayudado a romper.
No hay duda de que, en las complacencias delincuenciales de López Obrador como de Alfaro está el germen que nos tienen a merced de quienes no son dignos de estar en libertad ni de vivir entre nosotros. Las cárceles son para separar a quienes se niegan a vivir en armonía dentro de la sociedad. Pero soy claro, tampoco cumplieron con su cometido ni los presidentes anteriores de la República ni los gobernadores del pasado; todos, por igual, han sido cómplices de una manera y en un grado distinto. ¿O qué decir de los hijos de Martita, la de Fox, con sus negocios inmobiliarios; o qué decir de García Luna y sus vínculos con los carteles del crimen en el gobierno de Calderón; o de los servidores públicos que robaron a sus anchas con Peña Nieto? En el gobierno mexicano, en sus tres desórdenes, hay corrupción y de ello no tengo duda, como tampoco dudo de que hay gente de bien. Conozco a muchos de estos.
Sea como fuere, si López Obrador y Alfaro no son quienes revertirán la violencia ni detendrán a los criminales, entonces tampoco son quienes deben estar en tan altos mandatos. Estoy seguro de que los abrazos solo los merecen quienes nos quieren y queremos, y los delincuentes no son dignos de nuestro cariño; aunque, de acuerdo con López Obrador, sus abrazos y afectos son para los delincuentes y para quienes votaron a su favor, según sus palabras mañaneras de la semana que termina.
El Estado mexicano ha cedido su espacio al crimen organizado. Así, por ejemplo, éste cobra derecho de piso a todo aquel que invierte y genera riqueza bajo la amenaza de muerte a quien no se le sujete; es un SAT pero más extremo. Insisto, el Estado mexicano complace a los delincuentes. En palabras bíblicas, AMLO separa las espigas de la cizaña para que ésta –la cizaña- crezca libremente y aquella –la espiga- no le estorbe. Lo grave es que la malicia de unos infecta la bondad de los más. Cuando la cizaña no se arranca y arroja al fuego, sus semillas vuelan y germinan, y menoscaban la obra del sembrador.
Andrés Manuel López Obrador no ha comprendido que en sus abrazos al delincuente atenta en contra de buen discernimiento: ¿Qué es el bien y qué el mal?, ¿quién la persona buena y quién la mala?, ¿cuál el ejemplo a seguir y cuál el que debo menos preciar?
Quienes ayer escandalizaban por su manera de actuar, hoy son ejemplo, y quienes escandalizan son quienes no toman el camino de la deshonra y la concupiscencia con la malicia. La gran mentira hoy es que la malicia se confunde con la bondad y la bondad avergüenza.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
