OPINIÓN
La historia que debemos enseñar
Educación, por Isabel Venegas //
En su libro de “México Insurgente”, John Reed dice:
«La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y la escuela, resolvería todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir: -Cuando pasé esta mañana por tal y tal calle, vi a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela».
En la hermosa terraza de un café en la colonia Providencia, me decía: ¿Te das cuenta de la complejidad que tiene revisar el plan de estudios de la asignatura de historia? Puede que sea complicado con matemáticas o español, pero para la historia es mucho mayor el reto de saber qué y cómo se debe enseñar en las escuelas.
La cientificidad con la que se almacenan los datos, las evidencias y el modo en el que se estructura la información para poder tener un acercamiento a los hechos con todas las implicaciones, no deja de tener una apreciación subjetiva, una interpretación con respecto de las circunstancias en las que se desarrolla, pero sobre todo, del cómo sigue impactando la vida de los que ahora debemos continuar aprendiendo lecciones y aprovechando los sucesos que vivieron quienes nos precedieron.
Grandes historiadores de nuestro estado y nuestro país, dedicaron sus vidas para recuperar los relatos con los que hemos construido la identidad nacional, la imagen con la que nos concebimos a nosotros mismos y con la que nos proyectamos ante el mundo, pero en muchas ocasiones esa postura es tan ambivalente como perniciosa; pongamos un ejemplo, la historia de Doroteo Arango es considerada una mezcla de misticismo y pasión revolucionaria que atiende tanto al imaginario positivo como al negativo. Hay para quienes él es el ícono del heroísmo mexicano, un verdadero estratega militar que colaboró en el triunfo de Carranza para expulsar las fuerzas federales de Chihuahua, que llegó a ser Gobernador de ese estado, exilió a los extranjeros, e impulsó un modelo socialista basado en la repartición de las tierras y la venta de productos de necesidad básica a mitad de precio.
Por otro lado, la imagen de Pancho Villa es para muchos la del vándalo fugitivo que, sin ninguna formación y con un desorden total, aprovecha las exacerbadas ganas de un pueblo por levantarse en armas debido a la serie de injusticias que seguían viviendo.
Un delincuente con las posibilidades y el patrocinio de quienes, a río revuelto querían llevar la ganancia del pescador, más aún cuando al paso del tiempo se vio como un gran fracaso la buena intención de repartir las tierras bajo el mecanismo que dejaba de nuevo a los campesinos tan pobres como al principio y empoderaba a ejidatarios como los nuevos terratenientes. La era de la revolución es un escenario lleno de contrastes, en los que nada es blanco o negro, por no decir que así es la historia toda, y que lo único que puede dar el juicio correcto es la contemplación de los componentes de manera completa.
Entender que las circunstancias de Pancho Villa realmente lo sitúan en la definición de un bandolero, ignorante y pobre, con grandes habilidades, pero por encima de eso, con la capacidad para visibilizar la injusticia y las necesidades que el sector obrero tenía, las carencias en la comunidad agraria y la posibilidad de transformar esas realidades a través del aprecio a la educación, la escuela. En su libro de “México Insurgente”, John Reed dice:
«La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y la escuela, resolvería todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir: -Cuando pasé esta mañana por tal y tal calle, vi a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela».
Para nuestras generaciones es fácil asumir este tipo de posturas y pensar que “obviamente” se debe luchar por una escuela pública, gratuita y laica, pero para poder entender ese contexto se debe imaginar lo que significó para los grandes hacendados renunciar a una serie de derechos adquiridos; ¿Puedes pensar en las jornadas de 16 horas de trabajo, que no había descanso dominical o que la tienda de raya implicaba una modalidad de esclavitud? La apuesta del Centauro del Norte era buena, transformar desde fondo, dotar a todos los niños de las mismas posibilidades, para que a partir de contar con las herramientas básicas, supieran exigir sus derechos y pudieran colaborar en la lucha por la justicia social.
Lograr entonces una evolución social de ese tamaño, requería contar con grandes estrategas e intelectuales de visión a largo alcance, que le dieran forma a esa nueva conciencia social y que más allá de solo pensar en erigir un edificio escolar o diseñar modelos pedagógicos, planes de estudio, en la organización y jerarquización de esos contenidos, se fuera construyendo una base en la que el sentir del pueblo se viera fortalecido en una sentimiento positivo con identidad nacional, con visión de institucionalidad, y cuya socialización fuera de la misma comunidad a través de la colaboración y la apropiación de esa empresa.
Ahora tenemos que hacernos nuevas preguntas, como ¿En qué momento los niños aprenden el propio proceso que los ha llevado a tener esa construcción lograda a base de una lucha de tantos años? ¿Cómo ellos conciben la escuela como la gran oportunidad en la que confiaron nuestros antepasados, y por la cual muchos de ellos derramaron su sangre o entregaron toda su vida? Gracias a un continuo de esfuerzos, ahora casi la totalidad de mexicanos tiene la oportunidad de transformar su vida y su entorno de manera positiva; habría que revisar si realmente se aprecia de tal manera, o si se mantiene la idea de que a los niños no les está sirviendo la formación académica, pero por lo menos están “bien cuidados”.
Los doctores en historia, José María Muría y Angélica Peregrina dirigieron la obra documental de “La Historia de Jalisco”, y en su volumen V, se encuentra la narración del episodio revolucionario y su vinculación con la educación. En ese tomo se narra cómo desde la época del porfiriato había una disposición para que se erigieran escuelas cuyo sostenimiento estuviera dado por las empresas industriales y agrícolas para sus propios empleados y sus hijos, pero es hasta la llegada al gobierno de Jalisco de Manuel M. Diéguez, que se comenzó una operación real con la supervisión del gobierno para dar validez a esos centros de estudio.
Entre 1915 y 1920 se intensifican los esfuerzos por dar un impulso real a la educación, desde las políticas educativas de Diéguez hasta los enfoques de gestión de Ramos Praslow, así como la cosmovisión que se fue conformando de lo que debía ser la educación pública y laica (considerando que uno de los lineamientos dictaba que tendría que ser a-religiosa incluso para los colegios privados); al tiempo que se seguía librando un conflicto cristero que obligaba a ver los avances con mediciones confusas, con mucho ánimo y poco avance.
El trabajo de los historiadores dice que para 1920, Jalisco seguía teniendo a más de medio millón de analfabetas. En 1919 Manuel M. Diéguez había dicho en su informe de gobierno que en el estado se tenían 893 planteles educativos, pero un año después ya sólo se contaba con 784 escuelas que atendían a 70,895 estudiantes de ambos sexos, hecho que también hay que considerar dentro de un proceso de transformación porque es desde la Ley Orgánica de la Educación Pública que promueve Praslow, donde la unisexualidad de los planes de estudio se mantiene. En ese contexto a casi 100 años de distancia de mil setecientos ocho profesores, mil quinientos setenta y siete no tenían título, es decir el 92% representa a una plantilla académica que llevaba el espíritu de donación, de entrega e incluso -en la mayoría de los casos- de vida misionera, con lo cual (tal vez en el subconsciente colectivo) se seguía validando un cierto tipo de vinculación religiosa.
CIEN AÑOS, CUATRO GENERACIONES
Cien años puede parecer mucho, pero son nada más que cuatro generaciones. Son nuestros bisabuelos luchando por entender el mundo diferente, por aceptar y mejorar sus circunstancias, son héroes que se entregaron con todo el corazón pensando en que el mundo debería ser de mejor manera para sus hijos, nietos y bisnietos, son nuestros maestros luchando por un reconocimiento a su labor desde una mirada profesional. Somos ahora nosotros los que debemos aprender a ver la historia con mucha mayor generosidad y gratitud. Así como tenemos que reconciliar con nosotros mismos nuestros errores para poder aprovechar la lección, con ejercicios de evaluación muy honesta para identificar las áreas de oportunidad y mejora, pero sobre todo a apreciar los grandes beneficios que trajo consigo tanto esfuerzo y tanta lucha.
En unos días cumple años ese gran historiador jalisciense, que ha trabajado en el análisis de los acontecimientos de la Nueva Galicia, la evolución territorial del estado de Jalisco, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila. Escritor, museógrafo, catedrático, articulista, académico, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Recientemente presentó su obra “De no ser por México”, a propósito de seguir analizando las circunstancias actuales y los trabajos que en el caso de la diplomacia se hicieron hace más de 7 décadas, ejercicio que nos permitiría abrir el debate ante los problemas de migración que vive nuestro país y las posibilidades reales en función de experiencias ya probadas, pero poco conocidas. ¡Muchas felicidades, querido doctor José María Muriá!
Y aprovechando que ya hemos sacado los manteles largos, también me permito felicitar a un gran periodista, quien después de librar obstáculos en todos los sentidos, hoy tiene la enorme satisfacción de contar el número 500 de la edición de esta revista “Conciencia Pública” en la que tengo el enorme honor de colaborar, Gabriel Ibarra Bourjac, ¡Mis felicitaciones de todo corazón! Espero que los éxitos sigan, porque no son solo logros personales, o del equipo que comparte este gozo, sino acciones positivas para toda la comunidad que lee, que cuestiona, que replica y que participa en este diálogo escrito.
¡Gracias, totales!
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
Agosto de 2019
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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